En Agosto de 2018, escribí el primer artículo sobre este tema donde advertía que el gobierno pretende realizar una amplia contrarreforma institucional y señalé que, con la consulta popular del año pasado, empezó en varias áreas. Se ha anunciado que en el proyecto de ley de fomento productivo dos se harían, en el área financiera y de control y supervisión monetaria-financiera, una reforma en la institucionalidad del Banco Central y cambios en la ley de mercado de valores.

En el área financiera y regulación y supervisión monetaria, el gobierno de Correa,  efectuó una profunda reforma que se plasmó en el Código Monetario Financiero. En la Revista Ecuador Debate # 79, de Abril de 2010, publiqué el artículo ´´Los cambios institucionales en el Banco Central del Ecuador´´ en el  que analicé las principales reformas que se efectuaron en la institucionalidad, funciones y actividades del ex instituto emisor. En ese artículo señalaba que, en la Constitución de 2008, respecto al Banco Central del Ecuador (BCE), se establecieron los objetivos de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. Señala la norma que dichas políticas las formulará el Ejecutivo y el Banco Central las ejecutará y con la ley Reformatoria a la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, de Octubre de 2009, se confirma que el ex instituto emisor tendrá como funciones instrumentar, ejecutar, controlar y aplicar las políticas monetarias. Esto significó que el BCE perdió su autonomía para dictar dichas políticas. Además dicha ley cambia la composición del directorio del BCE, disponiendo que sus miembros ya no serán elegidos por el Congreso, a propuesta del Presidente, sino que estaría conformado por 3 Ministros, 2 funcionarios públicos y un delegado del Presidente. Finalmente, con la aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en R.O, de Setiembre de 2014, se elimina dicho directorio y establece una Junta Monetaria Financiera que dictará las medidas en esa área.

La teoría económica ortodoxa y los organismos financieros internacionales, entre ellos el FMI, defienden la autonomía del Banco Central para manejar la política monetaria y financiera ya que así garantizarían la estabilidad de precios y, además, promoverían la credibilidad en dichas políticas. El proyecto de ley plantearía la independencia del BCE, lo que implicaría que retomaría el manejo de la política monetaria, cambiaria y financiera, lo que a su vez llevaría a que tenga un directorio independiente con delegados nombrados por la Asamblea o Consejo de Participación Ciudadana, propuestos por el Presidente, como era antes. Es posible también que se realicen cambios en las funciones del BCE respecto a la política de tasas de interés, reservas mínimas de liquidez, inversiones de las instituciones financieras públicas e inversión doméstica de la RMI (que antes se invertían en el exterior).

La otra reforma que se propondría, en dicho proyecto de ley, sería en la ley de mercado de valores. En el gobierno de Correa se hizo una reforma al mercado de valores que se plasmó en  LA LEY ORGÁNICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SECTOR SOCIETARIO Y BURSÁTIL (RO SUPLEMENTO 249. MAYO 20, 2014). Entre otros aspectos, está constitución de la Junta de Regulación del Mercado de Valores que sustituyó al Consejo Nacional de Valores, la obligación de las Bolsas de Valores de constituirse en sociedades anónimas, la formación de un Depósito Centralizados de Valores del BCE, etc. Dicha ley, en su art. 19, establece que la inversión o desinversión de valores que se realicen entre instituciones del sector público no requieren pasar por el mercado bursátil, pero si una inscripción gratuita en la bolsa de valores. Por otro lado, la Junta Bancaria, con resolución 2017-1973 obligó a los bancos a vender empresas que no tengan relación directa con su actividad, entre ellas sus casas de valores. Finalmente, como política, el BIESS restringió sus inversiones en el mercado bursátil. El proyecto de ley pretendería devolverle la potestad de los bancos a tener casas de valores. Y por otro lado, el BIES regresaría al mercado de valores. En efecto, la ex gerente del BIESS anunció que la institución tiene un presupuesto de inversiones, para 2019, de 300 millones en las bolsas de valores.

En síntesis, las reformas al BCE buscan devolverle la autonomía y el manejo de la política monetaria y financiera; por otro lado, los bancos podrían volver a tener casas de valores y el BIESS invertiría en el mercado de valores. Se trata, sin duda, de algunas de las condiciones del FMI para otorgale financiamiento al país.

En este artículo realizaré una descripción más detallada de las reformas estructurales que se implementarían con el convenio con el FMI, lo cual implicaría el condicionamiento cruzado con otros organismos multilaterales. Esto significa que el FMI determina la política de ajuste y, en coordinación con otro organismo,  obligaría que se aplique una reforma estructural.

Como señalé, en el artículo anterior, sobre este tema, uno de los problemas macroeconómicos acuciantes es la iliquidez pública. Un reflejo de esta situación son las protestas que realizan los proveedores demandando el pago de sus servicios y el atraso a los becarios. Esto conduce a que el gobierno siga endeudándose para aliviar los problemas de la caja fiscal. En efecto, el gobierno colocó en el mercado financiero internacional 1.000 millones de dólares en bonos a una tasa de 10.75%, que es alta por el elevado riesgo país. Dije que, la iliquidez señalada, lleva a condicionar ciertas áreas de la reforma estructural.

Dicha reforma buscaría, entre los aspectos principales, menos estado, liberalización de la economía y reajuste en sistemas de seguridad social. Respecto al primer tema, como señalamos en el artículo anterior, se concesionarían varias empresas del estado CNT, hidroeléctricas (Sopladora) y otras entidades. Según datos de prensa por CNT se obtendrían 4.000 millones en un plazo de 20 años. Eso implica 200 millones por año, lo que resulta paradójico pues dicha empresa es rentable y obtiene utilidades cercanas al pago anual que se obtendría por la concesión, lo que se explicaría por la necesidad de aliviar la iliquidez pública; nada se dice sobre TAME que tendría un déficit que bordearía 170 millones y tendría un patrimonio negativo. Pero la reforma va más allá, detrás estaría la reducción de personal de dichas empresas, reducción o eliminación de subsidios a la electricidad, la liberación total del mercado de telecomunicaciones y la eliminación del Ministerio de Telecomunicaciones, siguiendo la misma tendencia de concesiones y privatización de obra pública y servicios públicos que se está realizando en Centroamérica.

El recorte del estado se profundizaría con la eliminación de Senplades (que creció, superando los 1.000 empleados), la reducción de SERCOP (que paradójicamente autorizó compras públicas de 1000 más en año pasado), la salida de 45.000 empleados públicos contratados (que pasarían al banco de elegibles: asistentes y personal de apoyo), concesión de empresas eléctricas, cierre  o privatización de instituciones y empresas públicas, etc.

Habría reformas en el mercado de trabajo (flexibilización del mercado laboral, reducir costos de contratación y despido de trabajadores, nuevos tipos de contratación, reducir la asimetría de información en la contratación, etc.), liberalización del mercado eléctrico –que implicaría reducción de subsidios eléctricos y de la tarifa. Esta apertura del mercado a la libre competencia se inició con la liberalización del mercado de la gasolina super cuyo precio varía en función de varios factores, entre ellos el precio del petróleo.

La reforma al sistema de seguridad social, principalmente del IESS, incluiría la eliminación de la jubilación patronal –demandada por los empleadores- que a cambio aceptarían un incremento del aporte patronal; reducción de personal del IESS y de los beneficios a los usuarios del IESS, aumento de la edad de jubilación, recorte o topes a la pensión jubilar, concesión de los hospitales del IESS. Esta reforma sería la repuesta para enfrentar el déficit actuarial del sistema de pensiones, lo cual aumenta el déficit total del sector público,  –que según datos de prensa tendría ahorros hasta el año 2026 y desde el siguiente año le faltaría recursos para pagar pensiones- y de salud. Si se da dicha concesión habría un sistema de seguridad social mixto: el servicio de salud sería prestado (administrado) por empresas privadas y el resto de servicios continuaría los daría el IESS.

En suma, además de la política de ajuste se aplicaría la reforma estructural –de las características señaladas- que se complementaría con una contrarreforma institucional –tratada parcialmente en un artículo anterior- que formarían parte del proyecto de ley fomento productivo dos y contendría: independencia del Banco Central, reforma al mercado de valores, profundización de las alianzas público-privado, reforma a la ley de contratación pública, ley de repatriación de capitales, ley de emprendimiento, reforma ley de acuicultura y pesca, etc. algunas de las cuales serán tratadas en mi próximo artículo.