Luis Rosero M.
La renuncia de un presidente peruano, presionado por las protestas en las calles, así como las manifestaciones populares en Ecuador y Chile puede convertirse en un medio de presión para hacer retroceder a los gobiernos en sus decisiones así como presionar a la salida de los gobernantes corruptos o revertir situaciones sociales, políticas y económicas injustas.
Las manifestaciones en Ecuador, de Octubre de 2019, en la participó el movimiento indígena, sociales, estudiantes, maestros, etc., pese a la gran represión del gobierno que aplicó el gobierno que causo varios muertos, heridos y pérdidas de ojos mostró, después de 12 días de protestas, que la lucha popular obligó al gobierno a sentarse a negociar la eliminación del decreto de alza de las gasolinas. Fue una manifestación muy aguerrida, con un alto costo, pero que a la postre hizo retroceder y ceder al gobierno en sus pretensiones de aumentar los ingresos fiscales por esa vía que tenía fuerte impacto sobre el costo del transporte y la inflación. En Ecuador, la manifestación fue por defender el nivel de vida que se hubiera deteriorado si la medida se hubiera aplicado.
En Chile, desde Octubre de 2019, miles de ciudadanos salieron a protestar por el modelo económico chileno que, al implementar una economía de mercado, provoco la privatización de la educación, del agua, de la seguridad social, etc. así como un mercado de trabajo libre y con poca protección laboral al trabajador así como el mercado del dinero que aumentaba las tasas de intereses se convirtieran en una especie de ahorcamiento lento en que el poder de compra de los trabajadores y población en general se iba deteriorando causando que, al fin de mes, no les alcanzaba su salario e ingresos para poder comprar los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, a pesar de la política social de derrame, hubo un aumento creciente de la pobreza, marginalidad y miseria. En suma, un fuerte proceso de concentración del ingreso y la riqueza que causó una gran disparidad social. Se produjo un estallido social por la grave inequidad. Fueron precisamente, los habitantes de las comunas –pobres y marginados-, estudiantes e incluso la clase media, la que salió a protestar en las calles del centro de las principales ciudades del país. A pesar de la gran represión de los carabineros y las fuerzas armadas, la protesta continuó hasta febrero –en que la pandemia la atenuó-. Para tratar de parar la protesta el gobierno ofreció un paquete de reformas sociales hasta tal punto que el Congreso aprobó que se entregue el 10% de lo ahorrado en las AFG (seguro social privatizado). El éxito de las protestas se vio reflejado en el triunfo alcanzado en el plesbicito que aprobó por amplia mayoría (78%) el cambio de la Constitución de Pinochet y, más aun, que el mismo se dé por una Asamblea Constituyente. Una vez más, se demuestra que la protesta popular es el medio más poderoso, en democracia, para cambiar el status quo.
En Perú, el 9 de Noviembre de 2020, destituyó al presidente Vizcarra acusado de corrupción. Posteriormente, nombró a Manuel Merino, un terrateniente de derecha, como primer mandatario. De inmediato, surgieron las protestas de los jóvenes y población en general –convocándose y organizándose a través de las redes sociales- oponiéndose a tal designación por considerarla como una especie de golpe de estado. La represión fue cruenta que ocasionó 2 muertos, muchos heridos y varios desaparecidos. La presión social fue tan fuerte que Merino, duró 6 días en el poder, se vio obligado a renunciar. La gran movilización realizada sin la participación de los sindicatos y partidos políticos, muestra que la población llegó al estallido social a tal punto que explotó y no soportó la situación política del país y agravada la situación económica social por la pandemia, provocando el cambio en el poder político. Aún más, después irán por eliminar la constitución fujimorista.
En conclusión, estas tres experiencias de protestas en las calles señalan tres aspectos importantes de la lucha social: el único lenguaje que entienden los gobiernos es la protesta callejera; que los cambios sociales y políticos pueden provenir de lucha en las calles sin participación de sindicatos y partidos políticos y que la protesta en la calle tienen un alto costo humano: muertos, heridos y desaparecidos. Es el costo que tiene que pagar la población por revertir la situación social insostenible, gobiernos corruptos y cambiar un esquema económico-político-social impuestos por la fuerza.