Luis Rosero M.

Después del 2020, con la pandemia, la triple crisis continuará en lo económico, social y sanitario a lo que se agrega lo político. Estas cuatro variables evolucionaran, a diferentes ritmos, pero de manera correlacionada. El 2021 será un año lleno de incertidumbre.

Empezaré por lo sanitario pues influenciará en las otras variables señaladas. En efecto, el gobierno anunció que en Enero de 2021 iniciará la vacunación contra el covid con 50000 unidades, del laboratorio Pfizer, para el personal médico de hospitales públicos, hogares de ancianos y enfemeras. A fin de Diciembre, del año pasado, anunció la compra de 2 millones de vacunas de Pfizer para iniciar su aplicación desde Marzo de 2021 que inmunizaría a parte de la población. También comenzará, en el país, los ensayos con voluntarios de la vacuna china. Las interrogantes que surgen son: serán efectivas, a cuanta parte de la población se aplicará, sobre todo si se requieren 2 dosis por persona y desde cuándo. La epidemióloga Catalina Yépez advirtió de un retraso en la repuesta a la epidemia y sugirió empezar a vacunar ya. El inicio de la vacunación y su efectividad, va influir en la recuperación económica, como ya lo han señalado organismos internacionales.

En cuanto a lo económico, hay 3 aspectos claves: los condicionamientos del FMI, la reactivación económica y las elecciones presidenciales. En efecto, con el acuerdo crediticio con el FMI el gobierno se comprometió al cumplimiento del ajuste fiscal y reformas estructurales. En cuanto a estas últimas, lo que busca este organismo internacional es continuar con la liberalización de la economía, la reducción del tamaño del estado y otras reformas. En cuanto a lo primero, se inició la liberalización del precio de los combustibles (gasolinas y diésel), ahora con restauración de la independencia y autonomía del Banco Central – con un directorio independiente- buscaría la liberalización del mercado del dinero. En efecto, ya hace 2 meses la Junta Monetaria anunció que, en seis meses, se revisaría la metodología para el cálculo de la tasa de interés que podría derivar en la eliminación de la tasa máxima de interés, de las multas por usura y libre mercado del dinero, o sea que la oferta y la demanda determinen la tasa de interés. En un mercado del dinero oligopólico, los grandes bancos determinarían la tasa marcadora de interés, lo que implica una subida de las mismas. Por otro lado, continuaría la reforma laboral que aumentaría la flexibilidad laboral y nuevas formas de contratación que marcarían la tendencia a la precarización laboral. A eso se suma, la reducción del tamaño del estado vía eliminación de otras instituciones públicas o la concesión o privatización de las mismas, lo que conduciría a echar a la calle a más empleados públicos. Además, por el ajuste, podría llegarse a una reforma en la seguridad social –en crisis- que implicarían medidas como el aumento de la edad de jubilación, el aumento de los aportes de los afiliados y recorte de servicios. En cuanto a la reactivación, resulta fundamental la aplicación de la vacuna, su cobertura y efectividad, para volver a la nueva normalidad y, por otro lado, los incentivos para la reactivación del consumo y la inversión. Como el gobierno no dispone de recursos difícilmente podrá seguir entregando bonos a los pobres y entregar subsidios a las empresas, por lo que la reactivación dependerá de la posible normalización de la actividad económica.

El otro aspecto clave –en lo económico- son las elecciones presidenciales –que tiene relación con lo político-. Los resultados de éstas son claves para determinar si se continúa con el acuerdo con el FMI y por las medidas económicas que podría tomar el nuevo gobierno. Las dos tendencias que dominan el panorama político son la derecha y el progresismo. Según sea la corriente ideológica que asuma el poder tendremos un cambio de rumbo en la economía. Pero en todo caso, en procesos eleccionarios presidenciales, se da una tendencia a que los empresarios se abstengan de invertir hasta conocer el nuevo plan económico del gobierno entrante y las medidas económicas inmediatas que tomará, lo que llevaría por lo menos hasta la mitad del año, lo que abstención de inversiones, espera para la reactivación económica e incertidumbre en este campo.

Finalmente, en lo social hay una grave crisis. Con el nivel de desempleo, subempleo, crecimiento del sector informal y con unos 1,8 millones de nuevos pobres y 1.4 pobres extremos más significa que, con la pandemia, habría 3.2 millones de ecuatorianos en condiciones pobres, lo que implica más violencia y delincuencia en el país.

En síntesis, el escenario para 2021 en los 4 aspectos señalados parecer ser muy crítico, con la continuación de la crisis económica y social. Esta última muy preocupante por la aparición del hambre y las consecuencias que esta genera para la sociedad. Este panorama podría variar dependiendo de que tendencia llegue al poder y las decisiones económicas y sociales que adopte incluyendo su relación con los organismos financieros internacionales y el tipo de política socioeconómica que lleve adelante en una situación de críticos desequilibrios macroeconómicos. En suma, la economía siempre cobra la factura, pero una visión pragmática y eficiente del manejo económico social puede recuperar las condiciones macroeconómicas y nivel de la población.

Luis Rosero M.

La crisis económica del país se venía gestando desde el 2019 y en 2020 se agravó por la pandemia que a su vez provocó una crisis sanitaria y social reflejada en una frágil infraestructura hospitalaria y tardía atención en emergencias así como un terrible deterioro del mercado de trabajo que produjo un gravísimo problema de desempleo, subempleo, crecimiento del sector informal, mayor pobreza y aparecimiento del hambre.

La crisis económica ya se reflejó en 2019 con una tasa de crecimiento económico de -0.5%. La pandemia apareció, en nuestro país, en Marzo de 2020, y el gobierno decretó el estado excepción a partir del 17 de ese mes. Las restricciones de la actividad de los sectores económicos, funcionando solo los esenciales, agravó la crisis económica. Así, ya en el I trimestre de 2020, la economía decreció interanualmente -2.3, y su mayor impacto se manifiesta, en el II trimestre, con una brutal contracción de -12.4%. El FMI estima que en 2020, la reducción del nivel de actividad económica será entre -7.3 y -9.6% y el Banco Central proyecta la contracción entre el mismo rango. Como consecuencia aumentaron los desequilibrios macroeconómicos. Con la contracción económica cayeron los ingresos por impuestos. Así, el IVA se redujo en 19.5%, hasta Noviembre, y el ICE 20.8%, en total, la reducción de ingresos tributarios hasta ese mes, fue de 14%. Esto significaría un déficit fiscal de 7.5%. Este menor desequilibrio fiscal se debe a las medidas para generar ingresos fiscales, dictadas por el gobierno, que recayeron principalmente sobre los trabajadores, y, por otro lado, al ajuste con la reducción de las horas trabajadas y recorte del tamaño del sector público y de la burocracia. Pero la principal fuente extraordinaria de ingresos públicos, y la más fácil,  fue el endeudamiento externo e interno. Solo con los acuerdos con el FMI, los ingresos por deuda externa alcanza 6500 millones que, a octubre de 2020, según boletín del MEF, esta alcanzaba 23258 millones de dólares a lo que se suma la deuda interna  siendo la deuda total de 59923 millones. Esta política de dinero fácil no solo aumentó la deuda pública por encima del límite del 40% sino que además condicionó al país a cumplir con una serie de objetivos y metas en política económica con la aplicación del ajuste fiscal y una serie de reformas estructurales.

Respecto al sector externo, la pandemia a nivel mundial, generó un desplome de las exportaciones petroleras del país, sin embargo, las exportaciones no petroleras aumentaron, hasta Octubre de 2020, en 1161 millones respecto al mismo periodo del año anterior, que junto a la disminución de importaciones, permitió un superávit de la Balanza Comercial de 2688 millones hasta ese mes. Otro indicador positivo, fue el nivel de RMI 7377 millones, al 23 de diciembre, en gran medida por el ingreso de deuda externa.

La brutal contracción económica condujo a un nivel de subempleo, mayo – junio de 2020 de 34.5% y desempleo de 13.3%, no visto antes, pero a Setiembre se redujeron a 23.4% de la PEA y  6.6% respectivamente, según las cifras oficiales. A eso, hay que sumar el crecimiento impresionante del sector informal, al que fueron a dar tanto desempleados y subempleados e inclusive la clase media. El deterioro del mercado de trabajo fue mayor con la política laboral que dictó el gobierno que aumentó la flexibilidad laboral y la precarización del mercado de trabajo. Pero lo más crítico, es el aumento de la pobreza. A diciembre de 2019, esta era de 25% y, a fines de diciembre de 2020, según estimaciones del Banco Mundial, alcanzaría 33%. Lo más grave es el aparecimiento del hambre que, a pesar de la operación de los bancos de alimentos, creció fuertemente incidiendo en los altos niveles de violencia y delincuencia.

En cuanto a la pandemia, el no tomar medida sanitarias, a tiempo contra el coronavirus agravó la situación, sobre todo en Guayaquil, que condujo a un número alto de muertes e incluso de gente que moría en las calles. El epicentro de la pandemia pasó luego a Quito en el que, al igual que Guayaquil, los hospitales no se dan abasto para atender a los contagiados por coronavirus. En esa tragedia, apareció la corrupción en los hospitales públicos y otras entidades que, aprovechando la pandemia, las empresas proveedoras de insumos médicos los vendieron con sobreprecios y otros mecanismos ilegales. Ni aún con las muertes, en la pandemia, los corruptos miserables, se condolieron de la tragedia del país, que aún, algunos de ellos, no han sido condenados.

En suma, 2020 fue el año de la más grave crisis económica, social y sanitaria, que haya vivido el país. Como siempre los más afectados fueron los pobres, desvalidos y marginados de la sociedad así como los trabajadores y empleados a los que el gobierno les hizo pagar la mayor parte del costo de la crisis. Lo más infame fue la corrupción que se aprovechó de la pandemia y, por otro lado, del gobierno que se entregó a los organismos financieros internacionales, para obtener financiamiento que deja al país hipotecado y con una serie de condicionamientos de política económica que pesaran en su economía y sociedad.

Luis Rosero M.

La disputa entre el CNE y el TCE genera incertidumbre electoral al no conocerse aún el número de candidatos presidenciales que participarían en las elecciones e incertidumbre sobre el posible aplazamiento  de las elecciones. En cuanto a la ley anticorrupción, si bien la Asamblea aprobó la misma no se hizo lo mismo con la ley de eliminación del dominio lo que significa que no se podrá quitarle los bienes mal habidos a los corruptos.

La pugna entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la no acatación de una sentencia del TCE por el CNE que se refiere a la aceptación de la candidatura de Álvaro Noboa como candidato presidencial por  Justicia Social, ha desatado una controversia jurídica en la que el TCE acusa al CNE de no cumplir dicha sentencia  mientras que el CNE planteó una demanda de conflicto de competencias a la Corte Constitucional y dos vocales del CNE presentaron una demanda contra el TCE acusándolo de intromisión en las funciones del CNE. Para complicar el escenario electoral, la Corte Nacional de Justicia determinó que se puede realizar investigaciones en contra de los vocales del CNE. Este intrilinguis jurídico genera incertidumbre electoral respecto a cuantos candidatos presidenciales participarían en las elecciones y el cumplimiento del cronograma electoral. Aún más, un Juez del TCE señaló una supuesta reunión entre vocales del CNE y altos dirigentes políticos. Las consecuencias de esta controversia entre los dos organismos electorales genera  una serie de interrogantes. ¿Los vocales del CNE estarían negando la participación de Álvaro Noboa porque le quitaría votos al candidato de la derecha de CREO y PSC? ¿hay posibilidades de aplazamiento de las elecciones presidenciales? ¿la repuesta de la Corte Constitucional al CNE tardaría, lo que justificaría una variación del cronograma electoral? ¿El aplazamiento de las elecciones anularía los resultados electorales? Todo este embrollo jurídico electoral pone incertidumbre electoral, lo que revela que detrás de los organismos electorales se mueven las fuerzas políticas para influir en las decisiones en función de sus intereses electorales.

Por otro lado, la Asamblea aprobó la ley anticorrupción que reforma el Código Orgánico Integral Penal,  presionada por los diferentes casos de corrupción en relación a hospitales públicos y compras de insumos y material médico que se dio durante la pandemia en este gobierno. Entre las principales reformas está el informe previo de la Contraloría como requisito a toda contratación pública, introduce nuevos delitos como elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado, obstrucción de justicia y aplicación al máximo de la pena cuando los delitos sean cometidos en un estado de excepción. Si bien esto implica un avance en materia de corrupción, sin embargo, no resulta tan efectiva si no es posible confiscar los activos de los acusados de corrupción. Si bien, se puede condenar a los corruptos, aún más con las reformas aprobadas, pero estos se pueden ir a la cárcel sin devolver los recursos robados al estado, o sea al pueblo. Si no se aprueba la ley de extinción de dominio y se la aplica a los corruptos éstos podrían estar presos pero gozando de los recursos mal habidos. Es lamentable que los legisladores no se preocupen por aprobar además dicha ley. Y más aún,  Centroamérica lleva algunos años desde que  aprobó la ley de extinción de dominio de los corruptos y narcotraficantes con lo que se les pudo despojar de los activos producto de sus actividades ilícitas. La razón de que los legislados no aprobaron dicha ley de extinción de dominio es que hay algunos acusados de corrupción y, en consecuencia, hay intereses en la no aprobación de la ley.

En síntesis, en la actual coyuntura política además de la crisis económica, social y sanitaria se agrega al escenario la incertidumbre electoral que genera dudas sobre el cumplimiento del actual cronograma electoral y, por otro lado, una ley anticorrupción incompleta, al no aprobarse la ley de extinción de dominio,  posibilita que aunque los corruptos y narcotraficantes vayan a la cárcel sigan gozando de los activos generados en forma ilícita.