Luis Rosero M.

El gobierno reenvío, el 23 de Febrero, proyecto de ley para la “Defensa de la Dolarización” que reforma el Código Monetario Financiero, con el carácter de urgente. Lo hace en medio de un escenario conflictivo: en el que se definirá el segundo lugar de las elecciones presidenciales, el escándalo  por la denuncia de vacunación anticovid a los familiares del Ministro de Salud y otros (que llevó a su renuncia y huida del país), y, la masacre en las cárceles del país.

El proyecto de ley, en lo principal, reforma la gobernanza de la Junta Monetaria y del Banco Central, reformando la forma de constitución del directorio de la primera y la reimplantación del directorio del segundo con miras a restaurar su autonomía. En su reenvío se cambia  y se amplía la exposición de motivos y el considerando pero mantiene intacto la propuesta de reforma. Esta es uno de los condicionamientos del FMI por el acuerdo crediticio, que debe cumplirse en el I Trimestre de este año, para recibir 400 millones.

En el gobierno anterior, se hizo una profunda reforma financiera estableciéndose una nueva arquitectura financiera doméstica basada en 4 pilares: 1. Una red de seguridad financiera que incluye la constitución de un fondo de liquidez, un seguro de depósito y la aplicación de la resolución bancaria, 2. Creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la supervisión y control de las cooperativas no financieras y las de ahorro y crédito, 3. Una reforma a la ley de mercado de valores para incentivar el desarrollo de éste y 4. El fortalecimiento de la banca pública. Para ello, se aprobaron las leyes respectivas. Después, en 2014, se aprobó el nuevo Código Monetario Financiero con lo que se concluye dicha reforma.

Respecto al Banco Central, la constitución de 2008 estableció que la formulación de dicha política es facultad del ejecutivo y se instrumentará a través del Banco Central. En una reforma a la Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado, de Octubre de 2009, se reafirma lo establecido en la constitución y se cambia la constitución del directorio del Banco Central, pasando a un directorio de 6 miembros: 3 ministros, el secretario de Senplades, un delegado del Presidente y otro por las instituciones financieras de desarrollo. En otras palabras, en vez de miembros del Directorio del sector privado se estableció que dicho directorio se constituya con funcionarios públicos. En otros términos, la política monetaria pasó a ser diseñada por el ejecutivo e instrumentada por el Banco Central, tal como lo establece la constitución de 2008. En el artículo “Los cambios institucionales en el Banco Central del Ecuador”, publicado por Debate No. 79, de Abril de 2020, analizó en detalle este cambio fundamental en la gobernanza del ex instituto emisor.

Con la publicación del Código Monetario y Financiero, en Setiembre de 2014, se establece una nueva institucionalidad para la regulación sistema financiero y monetario. Se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que norma y formula la política en  las actividades monetarias, crediticias, cambiarias, financiera, de seguros y valores. La constitución de la Junta serían: 3 ministros, el secretario del Senplades y un delegado del Presidente. Con este cambio, desaparece el directorio del Banco Central, y toda la regulación y política del sistema financiero, incluido lo monetario, queda bajo la responsabilidad de esta Junta. Esta estructura institucional cambiaría con la reforma al Banco Central y al Código Monetario y Financiero, según el proyecto de ley reenviado, restituyendo el directorio del Banco del Banco Central y modificando la constitución del directorio de la Junta, en ambos casos, con miembros del sector privado.

Luis Rosero M.

El CNE proclamó los resultados de las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, confirmando el triunfo del progresismo y, el segundo lugar, a la derecha, pero en medio de la incertidumbre que Yacu Pérez denuncia resultados fraudulentos, un consejero del CNE pide licencia, la marcha indígena para solicitar el reconteo de votos, la solicitud de la Fiscalía General (FG) a la Corte Nacional de Justicia (CNE) para el registro y la retención de la información en la base de datos del CNE a la que se sumaría una auditoria por parte de la Contraloría General del Estado.

Todos estos hechos siembran incertidumbre sobre la legitimidad y situación legal de los resultados electorales. A más de los problemas del mal manejo de la gestión de la pandemia, la aparente segunda ola de esta, las irregularidades en el proceso de vacunación anticovid de las que se acusa al Ministro de Salud se suma esta incertidumbre que deja en tela de duda dichos resultados. Se está gestando un escenario político conflictivo de incalculables consecuencias.

La delicada situación electoral comenzó cuando el candidato Lasso, de derecha, se retractó del acuerdo de reconteo de votos al que había llegado con Yacu Pérez, del movimiento indígena. Al parecer se trató de una estrategia de la derecha, Creo-PSC, para diluir y engañar a Pérez sobre la posibilidad del reconteo. Las acusaciones de Pérez sobre resultados electorales fraudulentos y la marcha indígena así como las denuncias del progresismo sobre un posible aplazamiento de la segunda vuelta generan mucha tensión política y la posibilidad de conflictos por la posibilidad de que la CNJ de paso a dicha solicitud que sería algo inédito en el proceso electoral ecuatoriano. Legalmente, el CNE es el único ente que puede proclamar y dar a la validez a los resultados electorales y cuando hay un proceso electoral en marcha es la máxima autoridad legal para proclamar estos resultados. La acción de la FG y la Contraloría produciría más tensión e incertidumbre electoral y, por otro lado, estas aumentarían si se conocieran las fuerzas que están detrás de estas acciones. El art. 16 del Código de la Democracia señala claramente que “Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales.” Más aún, podría desatarse enfrentamientos, conflictos políticos y sociales por las acciones que emprenderían los partidarios de las 3 fuerzas políticas a fin de defender el resultado en las urnas.

Aún más, el escenario político se complicó cuándo Omar Maluk, ex Decano del ICHE, ahora Facultad de Ciencias Sociales y Humanistas, de la ESPOL, en un tweet señala “Debido a una encuesta realizada por un medio de comunicación, en estos momentos pande, el cúnico …. Por lo que adelanto resultados de la encuesta virtual iniciada ayer con 1500 datos son: AA 63% GL 37% sobre votos válidos.” Maluk pronosticó el triunfo de Andrés Arauz si no participaba Noboa.

En síntesis, el escenario electoral es conflictivo y delicado  generado por los diferentes problemas en el CNE, la acción de la derecha al rectractarse del reconteo, la marcha indígena y la solicitud de la FG y Contraloría. Se puede desatar un conflicto político de imprevisibles consecuencias, por lo que le toca a las autoridades electorales, actores políticos y a las instituciones de justicia actuar con transparencia,  apegada a la ley y garantizar unos resultados electorales que reflejen la voluntad popular. Para abonar al clima de paz, la Misión de Observación Electoral de la OEA llamó ayer a las autoridades del Ecuador, a resolver las reclamaciones bajo el marco de la ley y proceder al cumplimiento del calendario electoral.

Luis Rosero M.

Las elecciones presidenciales, de Febrero 7, determinaron como ganador de la primera vuelta al candidato de la lista 1-5 (progresismo) y, en el segundo lugar, después de las  acusaciones de fraude del movimiento indígena (Pérez) hubo una negociación, con la derecha (Crep-PSC), para el reconteo de votos  a fin de determinar quién es contendor de Arauz; el resultado electoral también definió la fuerza electoral de las tendencias políticas en la asamblea.

Los resultados electorales determinan que, por el resultado de la elección presidencial y el número de asambleístas, el progresismo (Arauz) es la primera fuerza política. El segundo y tercer lugar se conocerá después del reconteo del 50% en |6 provincias y del 100% en Guayas y la cuarta posición es  la socialdemocracia (ID). De los 137 asambleístas, según datos preliminares, el progresismo habría obtenido 49; la derecha 29 (Creo 12 y PSC 17), Pachakutik 27 y la ID 18. En total estos partidos y movimientos habían obtenido 123 curules en la Asamblea, o sea el 90% del total de bancas de la Asamblea. En 2017, los partidos o movimientos señalados, por si solos o con alianzas, obtuvieron: Alianza País (AP) 74; Creo, 32 y PSC 15 y Pachakutik 4. Después de la destrucción de AP, por el actual gobierno, el resultado muestra que el correismo mantiene su voto duro de 33%, pero cobijado en la lista 1-5 logró, a pesar de la casi desaparición de AP, el mayor número de asambleístas; en cambio, la derecha, que obtuvo 47 asambleístas en 2017, en 2021, logró  solo 29, o sea una reducción significativa en las bancas de la Asamblea mientras que Pachakutik alcanzó un avance impresionante pasando de 4 asambleístas en 2017 a 27 en 2021.

El resultado de la elección presidencial también muestra el apoyo electoral según las regiones del país. Así, en la elección presidencial, Arauz ganó holgadamente en todas las provincias de la costa y en Santo Domingo; mientras que Lasso triunfo en Pichincha y quedó en segundo lugar en las provincias de la costa, excepto El Oro, mientras que Pérez quedó en primer lugar en las otras provincias de la sierra, excepto Carchi, y en toda la amazonia. Estos resultados se reflejan en la integración de la Asamblea por provincias. En efecto, en la costa,  en Manabí, el progresismo alcanzó 6 asambleístas y 1 el PSC; en Los Ríos, el progresismo se alzó con 3 asambleístas y el PSC 1 y en Guayas, el progresismo logró 9 asambleístas, mientras que el PSC 6 y Creo 4 (derecha).

Los resultados electorales para asambleístas muestran que cualquiera sea el que triunfe en la elección presidencial, en la segunda vuelta, tendrá que concretar alianzas en la Asamblea para viabilizar la aprobación de los proyectos de ley y, aun mas, deberá formar un gobierno con otras fuerzas políticas para viabilizar su plan de gobierno y  proyecto de país así como tratar de alcanzar la gobernabilidad. En otras palabras, el que triunfe en la segunda vuelta necesita formar un gobierno de unidad que es necesaria, aún más, pues los resultados de las elecciones presidenciales, de la primera vuelta, mostraron que las preferencias electorales son claramente regionales. Así, como ya señalamos, el progresismo quedó en primer lugar en la costa; la derecha logro el primer puesto en Pichincha y segundo lugar en las provincias de la costa y el movimiento indígena se alzó con el primer lugar en todas las provincias de la sierra, excepto Carchi y Pichincha, y en la amazonia.  El gobierno de unidad también se torna necesario para superar la triple crisis: económica, social y sanitaria. Sobre todo con esta última que, al parecer, llegó a la segunda ola en el país.