Luis Rosero M.

La tregua, de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, sigue generando efectos en la economía del país e incertidumbre sobre su fin. Esta generó un shock petrolero que junto las medidas fiscales han incidido en presiones inflacionarias y en el costo de vida en el empleo. A su vez, el deterioro del mercado de trabajo esta ligado a la evolución del nivel de actividad económica y a problemas estructurales que explican la incapacidad de la economía para generar empleo suficiente para la oferta de mano de obra.

Como consecuencia del shock se incrementaron los precios de las gasolinas y diésel y estos a su vez están provocando presiones inflacionarias. En efecto, la tasa de inflación anual, alcanzó 2.3% en marzo (la mensual 0.12%) mientras que en abril subió a 2.6% (la mensual 0.53%). Los efectos del alza de precios de estos combustibles, no se manifestaron en marzo de 2026, recién se expresaron en abril a lo que se suma la inclusión de 58 bienes con IVA en la canasta de consumo dispuestas por el SRI para cumplir con el acuerdo con el FMI. La meta establecida en éste es una inflación anual de 3%, que con la alcanzada en abril estaríamos cerca de alcanzar dicha meta y recién ha concluido el primer cuatrimestre.  En 2024, la inflación anual alcanzó 0.53% y en 2025 subió a 1.91%, mostrando que las presiones inflacionarias se iniciaron en 2025 (explicada por otros factores), la cual continuará este año impulsada por los precios de los combustibles y otras causas, que seguirá si el estrecho de Ormuz sigue cerrado. La fórmula de cálculo de los precios de los combustibles esta sujeta a una banda que permite un alza de hasta 5% y una baja de hasta 10%, que atenúa el alza de precios de combustibles a nivel internacional se trasmita enteramente a los precios de estos a nivel nacional. La otra variable que influye en la inflación es la incertidumbre sobre la terminación del conflicto, así el barril de crudo Brent llegó hasta US$ 109 y el WTI alcanzó a 104 a mediados de mayo. El ministro de Energía de EE.UU. declaró que podría ser posible su apertura en el verano (julio), por ende, continuará la incertidumbre y no se alcanzaría a cumplir con la meta de inflación anual acordada con el FMI.

La evolución de la inflación incide en el costo de la vida, que se mide por el costo de la canasta básica familiar. Según el INEC, en abril, esta fue de US$ 829.38 en marzo, mientras que en abril bajó ligeramente a 828,97, una disminución de 0,05%. Sin embargo, la tasa de inflación anual, a dicho mes, fue 2.6% y la mensual 0.53%. Hay un contrasentido pues con la presión inflacionaria de abril debió aumentar el costo de la canasta ya sea por el aumento del precio de los combustibles, el alza del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) y otros factores, pero atenuada por la compensación a los transportistas para evitar el alza del pasaje. La explicación podría estar por la no actualización de la base y canasta de consumo del IPC. El FMI y CEPAL recomiendan que debería realizarse cada 5 años, la de Ecuador tiene base de 2014. Además, si consideramos el INPP, con petróleo, resulta que la variación anual a abril de 2026 llegó a 8.7% y el INPP sin petróleo varió solo 4.8% o sea que alza de los combustibles aumentó el costo de las empresas productoras que, por ende, se traslada al consumidor. La otra hipótesis posible para explicar el menor costo de la canasta es que con precios tan altos de ésta. las familias reducen su compra o adquieren solo una parte de la canasta hasta donde alcance su presupuesto. Una encuesta, en Quito, de la consultora Oikonomics, del I trimestre de 2026, informa que los principales motivos que afectan el consumo son la inestabilidad económica 52%, la percepción de precios altos 19% y la falta de empleo 9%. En tanto que, en nuestro país, el salario básico unificado (mínimo) en 2026 se fijó US$ 482 mensuales que es inferior al costo de la canasta básica familiar.

El INEC no ha publicado las estadísticas laborales de abril de 2026, solo disponemos las del I trimestre de este año. Como he señalado, a marzo de este año, la tasa de empleo adecuado fue 32.1%, que representa una reducción de 5 puntos porcentuales respecto a febrero.  O sea, apenas cerca de un tercio de la PEA tiene un trabajo formal (amparado en el código laboral y afiliación al IESS), en tanto que el subempleo alcanzó 19.6%, una suba de 1.9 puntos porcentuales y el empleo no pleno (trabajaron menos de 40 horas e ingresos menor al salario básico unificado) llegó a 34.8%, un incremento de 1.9 puntos porcentuales, mientras que el empleo en el sector informal (empresas que no tienen RUC y < 10 empleados) registro el 56.3%. Según estas cifras oficiales, hay una caída pronunciada del empleo formal y un aumento del subempleo y el empleo no pleno reflejando un deterioro de las condiciones laborales para los trabajadores en estos dos últimos segmentos del mercado de trabajo. Esta baja del empleo podría, en cierta medida, ser atenuada por el programa de crédito subsidiado a la vivienda popular. Pero, aún así, si incluimos el sector informal la situación laboral es crítica para más del 60% de PEA que, a su vez, incide sobre el nivel de pobreza. La economía no es capaz de generar suficiente empleo formal, agravada por la austeridad fiscal impuesta por el FMI para reducir el déficit fiscal. Este alcanzó de 3% del PIB en 2025 y, en este año, el gobierno no ha podido cumplir con la meta establecida para este año.

En síntesis, hay una tendencia al alza de la inflación que viene arrastrándose desde 2025 y, en este año, el shock petrolero y medidas fiscales del gobierno siguen presionándola al alza. En tanto, que una baja en el empleo formal y precarización del empleo, que podría deberse a una reducción del nivel de actividad económica, en lo que va del año, a lo que se suma los factores estructurales que reafirman esta tendencia. Dado que el gobierno tiene que cumplir con reducción del déficit fiscal y la meta no cumplida en 2025, habría mayor ajuste fiscal. Por ello, la proyección del FMI, establece una tasa de crecimiento de 2.5% para este año que representa una caída importante respecto a 2025 en la que se alcanzó un 3.7%. El gobierno ha promocionado proyectos de inversión en minería, energía y petróleo. Sin embargo, solo ha atraído inversión extranjera en el primer sector. En este año, la inversión pública es muy baja y la nacional es leve. La falta de una especialización y diversificación de la economía restringe las posibilidad de una inserción eficiente en el mercado internacional y limita las posibilidades de crecimiento y, en consecuencia, la falta de empleo. Se esta reafirmando el modelo de crecimiento agro-acuiminero exportador (camarón, banano, metales: oro y otros) que exporta bienes primarios con poco valor agregado, sin muchos productos procesados y con impacto ambiental. La esperanza que el estudio contratado por el gobierno para incrementar exportaciones avance en ese sentido.

Luis Rosero M.

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocó un shock petrolero que, en una economía globalizada, trasmitió los efectos al resto del mundo. En el país, provocó un alza  del precio de los combustibles y otros bienes que, junto a las medidas económicas tomadas por el gobierno, basadas en metas del acuerdo con el FMI, afectaron el equilibrio fiscal y las condiciones de vida de la población incidiendo en la reducción de la clase media y aumento de la pobreza.

El ataque reciente de EE.UU. a instalaciones militares iranies, subió el precio internacional del petróleo Brent y WTI (referente del crudo ecuatoriano) pero el 6 de mayo cayeron a US$ 109,80 y 102.15 respectivamente, pero los precios de los derivados se mantuvieron altos y el precio internacional de las gasolinas, diésel y gas, incluyendo el precio de los fertilizantes, transporte de carga, etc. permanecieron elevados, a escala global.

Con la fórmula establecida por el gobierno, para fijar los precios de los combustibles, las gasolinas eco y extra subieron dos veces desde el inicio del conflicto y, el 12 mayo, volverían a incrementarse hasta cerca de US$3.17 el galón y el diésel, que siguió la misma tendencia, podría llegar a costar mañana hasta 3.11 el galón. Esto produjo que aumente el subsidio a estos combustibles que son importados. Esta suba llevó a transportistas de Manta y Guayaquil a presionar por un aumento de la tarifa de transporte. Por lo que, el gobierno se vio obligado a prorrogar, un mes más, la compensación al transporte a fin de evitar el alza de los pasajes urbano, intra e interprovincial y dejó abierta la posibilidad de ampliarla unos 4 meses más, para evitar que el escenario de elecciones seccionales no empeore.

Al subir el precio de los combustibles a nivel internacional, aumentan sus subsidios y el estado reduce los ingresos netos petroleros presionando al alza el déficit fiscal y provocando una falta de liquidez en la caja fiscal. Más aún, si el gobierno tiene que cumplir con las metas de déficit fiscal no alcanzadas en las dos últimas revisiones del acuerdo con el FMI. Para lograr estas, en febrero, el SRI puso condiciones más estrictas para la devolución del IVA a adultos mayores y discapacitados. Así, de 8 rubros que se podían incluir los bienes y servicios para la devolución del IVA, se redujeron a 5, entre ellos el transporte. En abril, se agregaron 58 bienes que pagaran IVA, que están dentro la canasta familiar. La escasa liquidez de la caja fiscal llevó al gobierno al lanzamiento de una nueva emisión de bonos por mil millones de dólares.

A su vez, la subida del diésel aumentó el costo de transporte de carga incluidos los de productos agrícolas de sierra y costa. Además, esto incrementó el costo de producción de la industria entre ellas la de alimentos. Tanto las medidas anteriores, el alza de transporte de carga de alimentos y la inflación subieron el costo de la canasta familiar básica. En el primer trimestre, de este año, esta subió a US$ 829.38, que representa un incremento de US$ 10.37 en solo 3 meses, en tanto que la inflación anual, a marzo de 2026, alcanzó 2.33%. La meta de inflación anual, en el acuerdo con el FMI, es de 3% por lo que estamos cerca de esta meta, implicando que, con las presiones inflacionarias de las medidas señaladas y futuras así como el aumento del costo del transporte, si no hay compensación del gobierno, habría una inflación anual muy superior al 3% en 2026 reduciendo la capacidad de compra de los hogares.

Las medidas fiscales disminuyen el ingreso disponible de las familias pobres y clase media que buscan formas de compensarlo buscando trabajo. Sin embargo, la tasa de empleo adecuado disminuyó 5 puntos porcentuales en marzo de 2026 respecto a diciembre de 2025. Mientras que, el subempleo fue 19.6% y el sector informal, en 2025, alcanzó el 53% de la población ocupada. Las estadísticas muestran que el mercado laboral esta deteriorándose y la posibilidad de encontrar empleo es en el sector informal o en el subempleo, donde predomina la precariedad laboral. Dadas estas condiciones, la clase media no puede encontrar empleo adecuado y, según proyecciones del FMI y Banco Central, la tasa crecimiento del país, en este año, caería a 2.5% una reducción apreciable respecto al año pasado (3.7%), tendencia que reduce aún más la posibilidad, de esta clase, de encontrar un empleo en el sector formal y al no poder acceder a todos los bienes de la canasta familiar caería en la pobreza. El BID creó el Índice de Fortaleza de la Clase Media. Daniel Suchar Z. publicó el Mapa de la Clase Media de Latam 2026 que clasifica a esta en cuatro categorías. El país se encuentra en la tercera, con un puntaje de 46.8, un poco más arriba de las economías más rezagadas, teniendo una clase media baja caracterizada por su fragilidad, vulnerabilidad a shocks económicos y con alta informalidad, que es precisamente la coyuntura económica por la cual pasa el país que empuja a dicha clase a la pobreza y, en consecuencia, a su reducción.

Según datos confiables, del Banco Mundial, la pobreza monetaria en 2025, en el país, alcanzó 30% que incluye a personas que tienen un ingreso menor a US$ 6.85 diarios. Los pobres son los principales miembros del sector informal donde hay un mercado de trabajo legal y otro ilegal. Según el artículo de Juan P. Luna “Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado” (N. Sociedad), cabría la posibilidad de que, por hipótesis, este último mercado podría convertirse en el camino hacia la delincuencia o a las economías criminales. El presidente de EE.UU. no aceptó la reciente propuesta de paz de Irán, lo que implicaría la continuación del conflicto y las tendencias señaladas continuarían reduciendo la clase media y aumentando la pobreza.

Luis Rosero M.

Son tiempos difíciles. La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y el incumplimiento de las metas fiscales de 2025 del acuerdo con el FMI impactan en la economía nacional y obligan a un mayor ajuste fiscal en 2026 que afectan a las empresas y al bienestar social de la población que llevan a las a éstas y a las familias a ajustarse los cinturones. La coyuntura se torna crítica por las medidas económicas que se vienen y la inseguridad ciudadana.

El agravamiento de la coyuntura económica por el shock petrolero, causada por el conflicto bélico, aunque con una tregua alargada, provocó que el 28 de abril el precio de petróleo superará los US$ 110 de dólares el barril del crudo Brent en tanto que el WTI subió a US $ 98.5 el barril causado por la incertidumbre de la firma de acuerdo que ponga fin a la guerra, aunque al 3 de mayo bajo, el primero, a US$ 87.86. Las presiones al alza y las oscilaciones del precio del crudo se producen por el cierre de hecho del estrecho de Ormuz por EE.UU. e Irán. Pero además de la suba del crudo se incrementaron los precios de los derivados sobre todo del diésel y gasolinas a lo que se suma el alza del precio de los fertilizantes, de la carga internacional y seguro de buques.

En efecto, el 12 de marzo y el 12 de abril tanto el diésel como dichas gasolinas aumentaron de precio.  Hasta el 11 de marzo estas tenían un precio de US$ 2.76 el galón, el 12 de marzo subieron a 2.89 y el 12 de abril llegaron a US$ 3.02 o sea en dos meses subieron US$ 26 centavos, un incremento de 9.4%. Como continua la incertidumbre sobre la terminación del conflicto es probable que en mayo 12 estas podrían llegar a costar hasta US$ 3.17 o sea hasta un 5% más. Esto afecta el costo de movilización de la clase media.

Pero también el diésel sigue la misma tendencia. El de calidad premium se fijó, el 12 de febrero, en US$ 2.70 el galón, en tanto que, el 12 de marzo, subió a US$ 2.828 y, el 12 de abril, alcanzó US$ 2.962, un aumento de US$ 0.262 centavos que representa un incremento de 9.7%, consecuentemente si continua el conflicto, con el sistema de bandas, el 12 de mayo, podría llegar a costar hasta US$ 3.11 o sea hasta un 5% más. Para evitar el alza del transporte urbano, intra e interprovincial el gobierno pagó hasta abril una compensación a los transportistas. El ministro de Transporte declaró que el gobierno no seguirá pagando dicha compensación. Por lo que habrá un triple impacto en la economía. Uno, habrá presiones para el alza del pasaje urbano, intra e interprovincial. Dos, el costo del transporte de carga también subirá y aumentará el costo empresarial. Tres, como el precio internacional del diésel y los derivados aumentan, también subirá el subsidio a este combustible lo que presionará en el gasto fiscal. En consecuencia, el impacto se daría en un mayor costo del pasaje, mayores precios de los alimentos de la canasta básica familiar y productos no alimenticios y finalmente en la inflación.

El conflicto generó, ya en marzo de 2026, aumentos apreciables para el diésel premium, diésel 2 (utilizado por camiones de carga pesada, maquinaria agrícola e industrial), la gasolina nafta Ron 80 (utilizada como materia para la gasolina eco y extra), el GLP y la gasolina de avión Jet A-1 con lo cual se eleva el costo fiscal de los subsidios y, si bien, el estado tiene mayores ingresos petroleros, por el alza del precio del petróleo, el efecto neto de los ingresos petroleros se ve reducido por el alza de los derivados mencionados y que inciden en el déficit fiscal. Así, en cuarta revisión del convenio con el FMI el déficit del gobierno central + CFDD fue de 4.3% de PIB, superando en 1.2% la meta proyectada; en la quinta revisión este quedo debajo del objetivo en un 0.6% del PIB (noviembre 2025-enero 2026) y el déficit general supero el objetivo en 1.1% del PIB. En consecuencia, el gobierno debe cumplir con las metas del déficit en 2026, a la que debe sumársele los incumplimientos del déficit de la cuarta y quinta revisión. Por ello, el gobierno comenzó el ajuste en febrero de 2026 estableciendo condiciones más estrictas para la devolución del IVA a adultos mayores. Así de 8 rubros que se podían incluir los bienes y servicios con devolución del IVA, en febrero de 2026 se redujeron a 5 (se eliminaron transporte, cultura y deporte y se puso restricciones en vivienda aceptando solo materiales de mantenimiento básico).  Y, en abril, el SRI incluyó 58 bienes de la canasta familiar que comenzarán a pagar IVA . Así, además del atraso de la devolución del IVA que lleva más de 6 meses ahora se eliminó los tres rubros señalados lo que reduce el valor a recibir por la devolución del IVA. Si bien es necesario reducir el déficit fiscal, el tema es donde se recorta.

Además del aumento de las muertes violentas en el feriado (30 de abril – 3 de mayo), solo en El Oro se registraron 16 y otras tantas en Guayas, Manabí y Los Ríos, que refleja el grado de inseguridad en el país, las familias tienen que enfrentar el aumento del costo de la canasta básica, el posible aumento del transporte urbano, intra e interprovincial y una elevación mayor de esta por la inclusión de 58 productos alimenticios que deben pagar IVA y, cuando más dinero se requiere, el SRI lleva de atrasos en la devolución del IVA más de seis meses y, aún más, recorto 3 rubros que ya no se pueden incluir en la solicitud de devolución del IVA. Como el gobierno tiene que tomar medidas económicas, en este año, para cubrir los incumplimientos fiscales de las dos últimas revisiones del acuerdo con el FMI, la coyuntura se torna crítica tanto para las empresas y sobre todo de las familias de menores ingresos que ya no alcanza a comprar la canasta básica familiar.

Luis Rosero M.

El análisis de coyuntura económica de corto plazo (trimestral, semestre, anual) requiere de una serie de indicadores macroeconómicos, tanto internos como externos, que nos indican las tendencias del comportamiento de la economía, además debe evaluarse la política económica aplicada por el gobierno en sus distintas áreas (política fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, etc.) y cómo evoluciona la economía global y sus efectos en la economía nacional. Para ello, hay que contar con las estadísticas oficiales del Banco Central, INEC, etc. que son los organismos técnicos encargados de elaborar dichos indicadores, los cuales se publican con algún retraso.

Los principales indicadores macroeconómicos, a nivel interno, son la evolución del nivel de actividad económica (crecimiento económico de corto plazo), nivel de empleo, tasa de inflación, tasas de interés, equilibrio fiscal, etc. y, a nivel externo, la balanza comercial, balanza de servicios, balanza de capitales, la reserva monetaria internacional, el tipo de cambio real, endeudamiento externo, etc. Y, en una economía abierta, como la nuestra, es importante analizar el efecto de los shocks externos sobre la economía del país (por ej. la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán).

Si nuestro interés es analizar la evolución de la economía en el primer trimestre de 2026, hay que disponer de la tasa de crecimiento económico trimestral que solo es posible conocerla con las cuentas nacionales del I trimestre del Banco Central que todavía no se publican. Este se mide con la evolución del producto interno bruto, que es el valor de los bienes y servicios finales que produce la economía, o sea, no incluye los bienes intermedios. El nivel de ventas de un país, incluye los bienes intermedios, por lo tanto, no permite conocer el crecimiento económico del país en el corto plazo. Respecto a la ocupación, solo contamos con el dato del empleo del INEC, para febrero, que registra la tasa empleo adecuado de 37.1% (igual a la del 12/2025) que significa que solo casi 4 de 10 empleos son formales (que reciben beneficios sociales y están asegurados en el IESS). O sea, que el 60% restante del empleo se distribuye en desempleo 3.1%, subempleo 17.7% y el resto se ubican en el sector informal (personas que trabajan en empresas informales de 10 empleados que no tienen RUC y estos no están amparados en el código de trabajo ni reciben beneficios sociales). La generación de empleo depende significativamente del crecimiento económico. El año pasado, el crecimiento económico fue de 3.7% y las estimaciones de los organismos internacionales (BM, FMI) señalan una tasa de 2.5% para 2026 -que muestra los vaivenes de crecimiento del país-. O sea, que habrá un deterioro en el mercado de trabajo con menos creación de empleo adecuado y aumento del desempleo, subempleo y sector informal.

En cuanto al nivel precios, se dispone de la tasa de inflación, a marzo de 2026, de la que hay que diferenciar la mensual y anual. Esta última, para 2024 alcanzó 0.53% y en 2025 llegó a 1.91%, mientras qué, a marzo de este año, subió a 2.33% (la mensual fue 0.12%) que frente al 0.31% de inflación anual, de marzo de 2025, representa un gran aumento. Esto se visibiliza con el costo de la canasta familiar básica que, a marzo de 2026, fue de USD 829.38 lo cual representa un aumento de USD 28.78 respecto al mismo mes del año pasado.  O sea, desde 2025 hasta la fecha hay una tendencia fuerte al alza de la inflación. Con la guerra de EE.UU. e Israel contra Irak, el precio de las gasolinas y diésel ya ha aumentado dos veces (el 12/03/2026 y 12/04/2026). Así, en Quevedo, se registró un paro de transporte exigiendo el aumento del pasaje urbano. El gobierno, desde que eliminó el subsidio, el precio del diésel se fija por decreto. El gobierno para evitar el alza del pasaje, ha compensado, hasta abril de 2026, a los transportistas. Sin esta compensación, en mayo habría presión para el alza del pasaje, además el costo del transporte de carga aumentó y también subió el precio de los fertilizantes comenzando por la urea. A eso, se suma, la decisión del gobierno de imponer IVA a 58 productos alimenticios muchos de los cuales forman parte de la canasta de consumo familiar. Todo esto incrementará el valor de dicha canasta y, en consecuencia, aumentaría la inflación mensual y anual en abril de este año y hasta que la guerra termine. Las presiones inflacionarias reducirán la capacidad de compra de la población desde abril de este año.

El gobierno busca ahora reducir el déficit fiscal con el aumento del precio de las gasolinas y diésel, de acuerdo a la formula establecida, y, además imponiendo IVA a productos alimenticios que antes estaban exentos de este impuesto. Por la guerra, puede aprovechar el excedente que deja el precio del petróleo ($ 94.69), por la guerra, mayor que al que se señaló en el presupuesto del estado de 2026 (% 53.50) No solo, hay problema de déficit fiscal sino también de liquidez de la caja fiscal. El SRI ya dispuso que, a partir de junio de este año, el IVA retenido por las empresas debe ser entregado de manera inmediata al SRI, una vez cobrado. Las prioridades de la política fiscal son el aumento del gasto en seguridad y pago de la deuda externa. Ya antes, había logrado aprobar una ley que reduce el gasto en las GAD municipales, provinciales y juntas parroquiales.

Respecto al sector externo, a febrero de 2026, había un saldo favorable en la balanza comercial de 405,06 millones de dólares; el nivel de la RMI alcanzó, a marzo, 10.481 millones de dólares un nivel muy alto que respalda la dolarización y sirve para atender los compromisos con el exterior, entre ellos el pago de la deuda externa que alcanzó, a febrero de 2026, US 52.594 millones de dólares (saldo final más atrasos de intereses) que representa el 37.8% del PIB. El saldo positivo de la balanza comercial refleja el dinamismo de las exportaciones no petroleras entre las que destacan el camarón, banano, cacao y minería. Sin embargo, el 87% son exportaciones de productos primarios.

De la información económica del primer trimestre, se concluye que hay poca generación de empleo adecuado con importante subempleo y mucho peso del sector informal (50%); se están registrando presiones inflacionarias derivadas del aumento de precios de combustibles y eliminación de exenciones al IVA de productos de la canasta familiar. La política económica del gobierno esta orientada por el FMI que exige reducir el déficit fiscal y aplicar austeridad en el gasto. Hay problemas de liquidez de la caja fiscal. El sector externo esta fortalecido en el comercio de bienes gracias a exportaciones primarias, hay una elevada RMI que protege la dolarización y el país tiene una fuerte deuda pública (interna y externa) que, según los datos del Ministerio de Finanzas, está alrededor del 50% del PIB. Los principales problemas estructurales del país (de l. plazo) son la insuficiente generación de empleo, carencia de un crecimiento sostenido y estable, generación de energía eléctrica que no cubre la demanda y no realiza inversiones suficientes para incrementar la oferta, etc. todo lo cual frena el crecimiento económico.

Por ello, el IMD World Competitivenes Center que publica el Ranking de Prosperidad de A. Latina y El Caribe, concluye respecto a la economía de Ecuador “Con un PIB per cápita de apenas USD 16.805, muy por debajo de la media regional de USD 25.882, y una formación bruta de capital fijo de 18.86%, Ecuador exhibe una base productiva estrecha que limita estructuralmente su capacidad de generar prosperidad agregada. Una base productiva estrecha ocurre cuando la economía de un país depende de productos primarios, que en el caso de Ecuador son el camarón, el banano, el petróleo.” El informe destaca que el país tiene un rendimiento intermedio (B2), reflejando tensiones estructurales.