Luis Rosero M.
La tregua, de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, sigue generando efectos en la economía del país e incertidumbre sobre su fin. Esta generó un shock petrolero que junto las medidas fiscales han incidido en presiones inflacionarias y en el costo de vida en el empleo. A su vez, el deterioro del mercado de trabajo esta ligado a la evolución del nivel de actividad económica y a problemas estructurales que explican la incapacidad de la economía para generar empleo suficiente para la oferta de mano de obra.
Como consecuencia del shock se incrementaron los precios de las gasolinas y diésel y estos a su vez están provocando presiones inflacionarias. En efecto, la tasa de inflación anual, alcanzó 2.3% en marzo (la mensual 0.12%) mientras que en abril subió a 2.6% (la mensual 0.53%). Los efectos del alza de precios de estos combustibles, no se manifestaron en marzo de 2026, recién se expresaron en abril a lo que se suma la inclusión de 58 bienes con IVA en la canasta de consumo dispuestas por el SRI para cumplir con el acuerdo con el FMI. La meta establecida en éste es una inflación anual de 3%, que con la alcanzada en abril estaríamos cerca de alcanzar dicha meta y recién ha concluido el primer cuatrimestre. En 2024, la inflación anual alcanzó 0.53% y en 2025 subió a 1.91%, mostrando que las presiones inflacionarias se iniciaron en 2025 (explicada por otros factores), la cual continuará este año impulsada por los precios de los combustibles y otras causas, que seguirá si el estrecho de Ormuz sigue cerrado. La fórmula de cálculo de los precios de los combustibles esta sujeta a una banda que permite un alza de hasta 5% y una baja de hasta 10%, que atenúa el alza de precios de combustibles a nivel internacional se trasmita enteramente a los precios de estos a nivel nacional. La otra variable que influye en la inflación es la incertidumbre sobre la terminación del conflicto, así el barril de crudo Brent llegó hasta US$ 109 y el WTI alcanzó a 104 a mediados de mayo. El ministro de Energía de EE.UU. declaró que podría ser posible su apertura en el verano (julio), por ende, continuará la incertidumbre y no se alcanzaría a cumplir con la meta de inflación anual acordada con el FMI.
La evolución de la inflación incide en el costo de la vida, que se mide por el costo de la canasta básica familiar. Según el INEC, en abril, esta fue de US$ 829.38 en marzo, mientras que en abril bajó ligeramente a 828,97, una disminución de 0,05%. Sin embargo, la tasa de inflación anual, a dicho mes, fue 2.6% y la mensual 0.53%. Hay un contrasentido pues con la presión inflacionaria de abril debió aumentar el costo de la canasta ya sea por el aumento del precio de los combustibles, el alza del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) y otros factores, pero atenuada por la compensación a los transportistas para evitar el alza del pasaje. La explicación podría estar por la no actualización de la base y canasta de consumo del IPC. El FMI y CEPAL recomiendan que debería realizarse cada 5 años, la de Ecuador tiene base de 2014. Además, si consideramos el INPP, con petróleo, resulta que la variación anual a abril de 2026 llegó a 8.7% y el INPP sin petróleo varió solo 4.8% o sea que alza de los combustibles aumentó el costo de las empresas productoras que, por ende, se traslada al consumidor. La otra hipótesis posible para explicar el menor costo de la canasta es que con precios tan altos de ésta. las familias reducen su compra o adquieren solo una parte de la canasta hasta donde alcance su presupuesto. Una encuesta, en Quito, de la consultora Oikonomics, del I trimestre de 2026, informa que los principales motivos que afectan el consumo son la inestabilidad económica 52%, la percepción de precios altos 19% y la falta de empleo 9%. En tanto que, en nuestro país, el salario básico unificado (mínimo) en 2026 se fijó US$ 482 mensuales que es inferior al costo de la canasta básica familiar.
El INEC no ha publicado las estadísticas laborales de abril de 2026, solo disponemos las del I trimestre de este año. Como he señalado, a marzo de este año, la tasa de empleo adecuado fue 32.1%, que representa una reducción de 5 puntos porcentuales respecto a febrero. O sea, apenas cerca de un tercio de la PEA tiene un trabajo formal (amparado en el código laboral y afiliación al IESS), en tanto que el subempleo alcanzó 19.6%, una suba de 1.9 puntos porcentuales y el empleo no pleno (trabajaron menos de 40 horas e ingresos menor al salario básico unificado) llegó a 34.8%, un incremento de 1.9 puntos porcentuales, mientras que el empleo en el sector informal (empresas que no tienen RUC y < 10 empleados) registro el 56.3%. Según estas cifras oficiales, hay una caída pronunciada del empleo formal y un aumento del subempleo y el empleo no pleno reflejando un deterioro de las condiciones laborales para los trabajadores en estos dos últimos segmentos del mercado de trabajo. Esta baja del empleo podría, en cierta medida, ser atenuada por el programa de crédito subsidiado a la vivienda popular. Pero, aún así, si incluimos el sector informal la situación laboral es crítica para más del 60% de PEA que, a su vez, incide sobre el nivel de pobreza. La economía no es capaz de generar suficiente empleo formal, agravada por la austeridad fiscal impuesta por el FMI para reducir el déficit fiscal. Este alcanzó de 3% del PIB en 2025 y, en este año, el gobierno no ha podido cumplir con la meta establecida para este año.
En síntesis, hay una tendencia al alza de la inflación que viene arrastrándose desde 2025 y, en este año, el shock petrolero y medidas fiscales del gobierno siguen presionándola al alza. En tanto, que una baja en el empleo formal y precarización del empleo, que podría deberse a una reducción del nivel de actividad económica, en lo que va del año, a lo que se suma los factores estructurales que reafirman esta tendencia. Dado que el gobierno tiene que cumplir con reducción del déficit fiscal y la meta no cumplida en 2025, habría mayor ajuste fiscal. Por ello, la proyección del FMI, establece una tasa de crecimiento de 2.5% para este año que representa una caída importante respecto a 2025 en la que se alcanzó un 3.7%. El gobierno ha promocionado proyectos de inversión en minería, energía y petróleo. Sin embargo, solo ha atraído inversión extranjera en el primer sector. En este año, la inversión pública es muy baja y la nacional es leve. La falta de una especialización y diversificación de la economía restringe las posibilidad de una inserción eficiente en el mercado internacional y limita las posibilidades de crecimiento y, en consecuencia, la falta de empleo. Se esta reafirmando el modelo de crecimiento agro-acuiminero exportador (camarón, banano, metales: oro y otros) que exporta bienes primarios con poco valor agregado, sin muchos productos procesados y con impacto ambiental. La esperanza que el estudio contratado por el gobierno para incrementar exportaciones avance en ese sentido.
Pensamiento y comportamiento 