En este artículo realizaré una descripción más detallada de las reformas estructurales que se implementarían con el convenio con el FMI, lo cual implicaría el condicionamiento cruzado con otros organismos multilaterales. Esto significa que el FMI determina la política de ajuste y, en coordinación con otro organismo,  obligaría que se aplique una reforma estructural.

Como señalé, en el artículo anterior, sobre este tema, uno de los problemas macroeconómicos acuciantes es la iliquidez pública. Un reflejo de esta situación son las protestas que realizan los proveedores demandando el pago de sus servicios y el atraso a los becarios. Esto conduce a que el gobierno siga endeudándose para aliviar los problemas de la caja fiscal. En efecto, el gobierno colocó en el mercado financiero internacional 1.000 millones de dólares en bonos a una tasa de 10.75%, que es alta por el elevado riesgo país. Dije que, la iliquidez señalada, lleva a condicionar ciertas áreas de la reforma estructural.

Dicha reforma buscaría, entre los aspectos principales, menos estado, liberalización de la economía y reajuste en sistemas de seguridad social. Respecto al primer tema, como señalamos en el artículo anterior, se concesionarían varias empresas del estado CNT, hidroeléctricas (Sopladora) y otras entidades. Según datos de prensa por CNT se obtendrían 4.000 millones en un plazo de 20 años. Eso implica 200 millones por año, lo que resulta paradójico pues dicha empresa es rentable y obtiene utilidades cercanas al pago anual que se obtendría por la concesión, lo que se explicaría por la necesidad de aliviar la iliquidez pública; nada se dice sobre TAME que tendría un déficit que bordearía 170 millones y tendría un patrimonio negativo. Pero la reforma va más allá, detrás estaría la reducción de personal de dichas empresas, reducción o eliminación de subsidios a la electricidad, la liberación total del mercado de telecomunicaciones y la eliminación del Ministerio de Telecomunicaciones, siguiendo la misma tendencia de concesiones y privatización de obra pública y servicios públicos que se está realizando en Centroamérica.

El recorte del estado se profundizaría con la eliminación de Senplades (que creció, superando los 1.000 empleados), la reducción de SERCOP (que paradójicamente autorizó compras públicas de 1000 más en año pasado), la salida de 45.000 empleados públicos contratados (que pasarían al banco de elegibles: asistentes y personal de apoyo), concesión de empresas eléctricas, cierre  o privatización de instituciones y empresas públicas, etc.

Habría reformas en el mercado de trabajo (flexibilización del mercado laboral, reducir costos de contratación y despido de trabajadores, nuevos tipos de contratación, reducir la asimetría de información en la contratación, etc.), liberalización del mercado eléctrico –que implicaría reducción de subsidios eléctricos y de la tarifa. Esta apertura del mercado a la libre competencia se inició con la liberalización del mercado de la gasolina super cuyo precio varía en función de varios factores, entre ellos el precio del petróleo.

La reforma al sistema de seguridad social, principalmente del IESS, incluiría la eliminación de la jubilación patronal –demandada por los empleadores- que a cambio aceptarían un incremento del aporte patronal; reducción de personal del IESS y de los beneficios a los usuarios del IESS, aumento de la edad de jubilación, recorte o topes a la pensión jubilar, concesión de los hospitales del IESS. Esta reforma sería la repuesta para enfrentar el déficit actuarial del sistema de pensiones, lo cual aumenta el déficit total del sector público,  –que según datos de prensa tendría ahorros hasta el año 2026 y desde el siguiente año le faltaría recursos para pagar pensiones- y de salud. Si se da dicha concesión habría un sistema de seguridad social mixto: el servicio de salud sería prestado (administrado) por empresas privadas y el resto de servicios continuaría los daría el IESS.

En suma, además de la política de ajuste se aplicaría la reforma estructural –de las características señaladas- que se complementaría con una contrarreforma institucional –tratada parcialmente en un artículo anterior- que formarían parte del proyecto de ley fomento productivo dos y contendría: independencia del Banco Central, reforma al mercado de valores, profundización de las alianzas público-privado, reforma a la ley de contratación pública, ley de repatriación de capitales, ley de emprendimiento, reforma ley de acuicultura y pesca, etc. algunas de las cuales serán tratadas en mi próximo artículo.

El encuentro entre el Presidente y la directora del FMI, en Davos, y, las declaraciones del Ministro de Finanzas, sobre las relaciones con dicho organismo, parecen haber sellado la posibilidad de un crédito stand by, que a su vez tendría sus condicionamientos. Dado el elevado riesgo país y la dificultad de obtener más fondos en el mercado financiero internacional, dicho crédito le daría recursos para aliviar la iliquidez de la caja fiscal.

En efecto, las calificadoras de riesgo Moodys y Fitch, bajaron la calificación crediticia del país de estable a negativa. Según diario La Hora “La principal razón es que no ven una sustancial y sostenible disminución del gasto público y consideran que las necesidades de financiamiento son superiores a las presupuestadas”. En efecto, según el mismo diario, el Observatorio de Política Fiscal señala que las necesidades de financiamiento serían, para este año, 10.463 millones. Tal ha sido la necesidad de liquidez que, en Agosto de 2018, el gobierno realizó una operación crediticia para obtener 500 millones de dólares con un colateral de 1200 millones de dólares y a fines de diciembre de ese año obtuvo 300 millones con garantía de oro de la Reserva Monetaria Internacional. La iliquidez y la crítica situación de la economía llevó a que el riesgo país alcanzará 660 puntos (24/01/19), parecido al de Argentina de 657 puntos (25/01/19). En estas condiciones es difícil que el país pueda acceder a nuevos recursos en el mercado financiero internacional y, si lo hiciera, tendría que pagar una tasa adicional de 6.5% sobre la tasa de interés Libor o Prime.

En consecuencia, la vía que le queda es acudir a organismos financieros multilaterales. Entre ellos, está el FMI que, para prestar a los países, exige condiciones a la política económica. Dada la crítica situación de la economía, las principales exigencias serían la aplicación de una política de ajuste y una reforma estructural.

Las principales medidas de la política de ajuste del FMI incluye la disminución de desequilibrios macroeconómicos: Fiscal, que implica más ingresos y recorte de egresos; reducir el déficit comercial y fortalecimiento de la Reserva Monetaria Internacional.

La reforma estructural implicaría el achicamiento del estado (privatización de empresas públicas, concesiones, recorte de la burocracia, etc.), reforma laboral (nuevas reglas de contratación), reforma a la seguridad social (medidas para reducir el déficit actuarial), reforma al comercio exterior, etc.

Ante la eventual firma del convenio con el FMI, el gobierno de Moreno, ya ha venido cumpliendo con algunas de sus exigencias, como lo hizo Argentina, reduciendo subsidios a combustibles, fusionando entidades públicas, eliminación de contratos de empleados públicos y recorte de gastos públicos, pero que han sido insuficientes para reducir el déficit fiscal.

El ajuste fiscal estaría ligado a la reforma estructural. En efecto, ya se anuncia la concesión a 20 años de CNT (una de las empresas más rentables) que proporcionaría 4000 millones, de  centrales hidroeléctricas y de los nuevos hospitales del IESS. Se deja de lado a las empresas públicas con pérdidas (TAME, Trenes del Ecuador). Debido a que los recursos del FMI se entregan trimestralmente contra el cumplimiento de metas macroeconómicas y dadas las necesidades de liquidez, se opta por la concesión (ceder la administración de las empresas públicas) que proporciona recursos inmediatos que aliviarían la necesidad de fondos inmediatos (parte de los cuales se obtuvieron con la ley de fomento productivo que incluyó la remisión tributaria) necesarios para mantener en funcionamiento al sector público y cubrir atrasos a proveedores. Hemos llegado a esta crítica situación macroeconómica por la política gradualista y el aplazamiento del cambio estructural. Esta opción de privatización no solo se explica por razones de liquidez sino además, como lo han señalado las organizaciones de trabajadores públicos, “Santiago Cuesta Caputi es un lobista de la privatización”