Además del ajuste fiscal (tratado en el artículo anterior) el convenio con el FMI, para acceder al crédito de servicio ampliado, impone reformas estructurales en: el estado, mercado de trabajo, sistema financiero, banco central y mercado de capital, que habíamos señalado, en artículos anteriores, exigiría el FMI.
En cuanto a la reforma del estado hay dos aspectos claves: la reforma tributaria y el achicamiento de su tamaño. Respecto a lo primero, como ya dijimos en el artículo anterior, por el lado de los ingresos, lo clave es el aumento del IVA, la eliminación del ISD (de forma gradual), de algunos impuestos con escaso rendimiento recaudatorio y aumento de precio de precios de servicios públicos (entre ellas de la luz, agua, etc.). Por el lado de gasto tributario, se reduciría el subsidio al diésel y gasolina extra y eliminaría algunas exenciones a impuestos (incluye las del IVA), regímenes especiales y preferencias para algunos sectores. Por el lado del tamaño del estado, se liquidaría a 50.000 burócratas con contrato temporales y se daría en concesión algunas empresas públicas (CNEL, hidroeléctricas, hospitales, etc.). Como ya hemos señalado estas medidas tienen un efecto recesivo y aumentarían el desempleo.
Respecto a la reforma al mercado de trabajo se busca actuar por el lado de la oferta que, según la teoría microeconómica, afecta la contratación de empleados por la rigidez en la contratación y el alto costo de contratación y despido. Para el primer caso, se exige el aumento del plazo del período de prueba (actualmente de 3 meses, los empresarios piden 3 años) y ampliación de la flexibilidad en los contratos según el plazo (contratos por horas y a tiempo parcial) que ya se aplican en ciertos subramas del sector agrícola (florícola, etc.). En relación al costo, se plantea la reducción la indemnización al trabajador cuando su renuncia sea voluntaria. También se busca incentivar el empleo de jóvenes y mujeres, para ello está por incluirse en la legislación laboral el teletrabajo. El gobierno inició inicio los programas de Primer Empleo y Empleo Joven.
En relación al Banco Central, habría una reforma en su marco institucional, se le devolvería la autonomía financiera y administrativa, lo que implicaría reestablecer el directorio que se haría cargo de la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria. En el fondo, respecto a la primera se buscaría que el mercado monetario se liberaría. Actualmente hay un techo para las tasas de interés, la reforma implicaría que se eliminaría dicho techo y habría mercado libre en lo monetario, lo cual, según el FMI, implicaría fomentar la competencia y cada banco establecería su tasa de interés, para de esa manera la asignación de los recursos financieros se realice en función del riesgo y plazo. Además se reimplantaría la auditoría interna fuerte, con las mejores prácticas internacionales, con un Comité de Auditoría, y la rendición de cuentas. Todos estos cambios, también implicaría devolverle al Banco Central el control de la liquidez de la economía. La reforma al marco institucional de dicho banco implicaría cambios en el Código Monetario Financiero, entre ellas, las funciones de la Junta Monetaria que tendría solo a cargo la regulación del mercado de capitales, del sector bancario público y algunas funciones macroeconómicas.
En síntesis, las reformas estructurales exigidas por el FMI implicarían echar abajo algunas reformas instituidas por el correismo como las realizadas en el Código de Trabajo, ley de Empresas Públicas, Código de Finanzas, Código Financiero y reformas tributarias.
Pensamiento y comportamiento 