En los tres artículos sobre este tema he señalado el ajuste fiscal y las principales reformas estructurales que se aplicarían. Del primero, se busca la reducción del déficit fiscal vía la reducción del gasto (eliminación de subsidios y recorte de gasto corriente e inversión) y aumento de los ingresos (impuestos). De las segundas, se aplicaría una reforma del estado (achicamiento de su tamaño vía privatización: concesiones), reforma a la seguridad social (aumento de la edad de jubilación y aumento del aporte al IESS), reforma laboral (nuevos tipos de contrato, reducción de coste de contratación y despido, limite al salario mínimo, etc.), reforma al Banco Central (restitución de su autonomía y reimplantar su directorio, etc.) y límites al endeudamiento externo.
Se aplicarían además medidas para velar por la estabilidad financiera y reforma al mercado de valores. Tanto el ajuste y las reformas estructurales tendrán un efecto recesivo por lo que habrá una contracción económica (-0.5% en 2019, según el propio FMI), lo que implicaría el aumento del desempleo. En efecto el desempleo, a Marzo de 2019, con respecto al mismo mes del año anterior, aumentó 3.2%, o sea 261.000 fueron a la desocupación pero además aumento el subempleo y el trabajo informal. Como consecuencia de la contracción económica se prevé el aumento del riesgo de la estabilidad financiera, por lo que el FMI exige limitar el endeudamiento de los hogares, lo que significa restrongir y reducir el crédito a este sector. Pero en una contracción, cae la demanda agregada, lo que implica menos ventas para las empresas y en consecuencia menor capacidad de pago, lo que llevaría al aumento de la morosidad crediticia, lo que significaría el aumento del riesgo de liquidez y solvencia de los bancos. Para enfrentar estos, el FMI recomienda revisar el papel de la red de seguridad financiera y mejora de la resolución bancaria (que se aplica en caso de quiebra o cierre de una institución financiera) y adecuación del fondo de liquidez (que hace prestamos cuando los bancos reducen sus fondos líquidos) y de la garantía de depósitos (que devuelve depósitos de las instituciones financieras –hasta el mondo de la garantía- cuando quiebran o son liquidadas). Pero también se busca apoyar al sistema financiero y hacerlo más competitivo con una posible revisión del sistema de tasa de interés que se aplica que tienen un techo para evitar la usura. Esa decisión está relacionada con la reforma al banco central en lo referente a la restauración de su Directorio que retomaría el diseño y regulación de las tasas de interés que podría implicar la liberalización del mercado del dinero, que llevaría a que cada banco establezca su tasa de interés. Como se señala en la Carta de Intención, el FMI dice que para hacer más competitivo al sistema financiero hay que eliminar los límites máximos de las tasas de interés y sustituir las regulaciones de liquidez por requisitos mínimos de liquidez.
Dentro del sector financiero privado, ante una contracción económica, el segmento que vería aumentado su riesgo de liquidez y de solvencia sería el de cooperativas de ahorro y crédito (COAC). En efecto, la política del primer Superintendente de Economía Popular y Solidaria, fue depurar las COAC para dejar solo las más financieramente sanas. Ante una crisis económica, las COAC que tengan debilidad en liquidez y solvencia, son las que más riesgo corren, por lo que se estima que se continuará con una política de mayor control y seguimiento a éstas a fin de mantener la estabilidad sistémica de las COAC y continuar con dicha política de depuración así como evitar el deterioro de los recursos del fondo de liquidez y seguro de depósitos, que son mecanismos para mantener dicha estabilidad y credibilidad en el sistema financiero. En la entrega final de esta serie de artículo sobre este tema trataré sobre la reforma al mercado de valores.
Pensamiento y comportamiento 