Tanto en la situación y política económica y social de Argentina y Ecuador hay coyunturas y acciones parecidas pero también en política. Macri enfrenta una coyuntura económica complicada por la subida del dólar, recesión, aumento del desempleo, pobreza e indigencia y convenio con el FMI. Moreno afronta una recesión, aumento del desempleo y pobreza, desequilibrios macroeconómicos y un convenio con el FMI. Ante esta difícil situación ambos gobiernos han propuesto el diálogo como una estrategia política para desviar la atención de los críticos problemas socioeconómicos.

En efecto, Macri presentó 10 puntos para ser discutidos entre las fuerzas políticas y alcanzar a un pacto de estabilidad, que son: equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, crecimiento de las exportaciones, seguridad jurídica, creación de empleo a través de legislación laboral moderna, reducir la carga impositiva, consolidación del sistema previsional que de seguridad a jubilados actuales y futuros, reglas para transferencias a gobiernos provinciales, sistema de estadística profesional y cumplimiento de obligaciones con los acreedores. Los puntos claves de este diálogo son la reforma laboral, alcanzar equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, la reducción impositiva y la reforma a la seguridad social. Es una estrategia política de Macri, que básicamente trata de obtener alianzas con otras fuerzas políticas y dividir al peronismo para buscar su reelección.

En el caso de Moreno, en cambio se trata de alcanzar un Acuerdo Nacional con la sociedad civil, gremios y partidos políticos sobre los temas de Educación, Seguridad Social; Competitividad, Empleo e Innovación; Democracia y Reforma Institucional; Sostenibilidad y Cambio Climático; Seguridad Ciudadana y No Violencia y Prevención de Adicciones. Según el Vicepresidente se trata de obtener consenso con varios sectores. El telón de fondo de dicho diálogo es el acuerdo con FMI y la contrarreforma institucional que está llevando a cabo el régimen. En el convenio con dicho organismo internacional hay el condicionamiento de varias reformas estructurales entre las cuales están la reforma laboral, lograr equilibrio fiscal, la reforma a la seguridad social,  la reestructuración del Banco Central y, algo implícito que es el pago de la deuda externa. Entre los aspectos básicos de la contrarreforma institucional se incluye la reforma judicial, los cambios en el CPCCS, reforma al Código de la Democracia, etc.

Entre estos, los temas más conflictivos son la reforma laboral, la reforma a la seguridad social y el equilibrio fiscal (que implica mayores ingresos públicos y recorte de gastos). Así como se hace en los proyectos de infraestructura que tienen impacto ambiental cuya primera actividad es la socialización del proyecto y detectar la reacción de la población a fin de viabilizar el mismo, el diálogo nacional lo que busca es sensibilizar y convencer a la gente de los beneficios de las reformas para aumentar el empleo, darle viabilidad financiera a la seguridad social y la necesidad de obtener más recursos a través de mayor recaudación de impuestos a la gente y no a empresarios (ya que desalentaría la inversión) y reducción del tamaño del estado. En otras palabras, el llamado Acuerdo Nacional es un camuflaje y manejo mediático para darle opacidad a los efectos sobre el bienestar de la gente del paquete de reformas exigidos por el FMI, así como las medidas que se aplicarían para desmontar la reforma institucional del régimen anterior y desbrozar el camino para el imperio del mercado libre en los mercados de trabajo, bienes y financiero. En suma, una política neoliberal que prepare el terreno para el funcionamiento, sin cortapisas, de una economía de mercado y darle más poder a un gobierno de derecha.

Es claro que se necesita un cambio estructural pero este no debe hacer recaer el peso de la crisis sobre los sectores mayoritarios, sino que debe implicar sacrificio sobre todo para  los sectores que más recursos tienen. Las reformas del gobierno conducen a mas concentración del ingreso y la riqueza, se requiere más bien desarrollo con equidad, reparto más equitativo del ingreso y riqueza, mayor empleo, reducción de la pobreza y aumento de la calidad de vida de todos, en particular de los más vulnerables. Se trata de la visión corporativa torcida que busca la implantación de un capitalismo salvaje.

El gobierno ha trazado un camino en lo político, económico y social que genera una serie de efectos en el país y en la sociedad que llevan a preguntarse ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera al final del camino? ¿Cuáles son las consecuencias de escoger este camino? En este artículo, tratamos de responder a estas interrogantes.

En lo político, el gobierno ha desbaratado al movimiento Alianza País y con las últimas elecciones seccionales ha logrado reducirlo a casi nada. En efecto, ha perdido espacio político que ha sido llenado por la derecha y movimientos nuevos, con sus políticas y errores ha terminado en un régimen débil y con escasa credibilidad, que marcan el ocaso del mismo. Ha pactado con la derecha para abrirle el camino del acceso al poder.

En lo económico, en el primer año, su aplazamiento del ajuste, llevó a una profundización de los desequilibrios macroeconómicos y endeudamiento externo. En este segundo año, antes y con el convenio con el FMI, dio un giro en la política económica hacia el neoliberalismo, aplicando medidas de austeridad, ajuste y reformas estructurales exigidas por este organismo internacional y con un cronograma estricto. Así, para Junio, de este año, se presentarán proyectos de ley para una reforma laboral (flexibilidad que, según el FMI, abarata la contratación y despido, incentivará el empleo) y  reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas que fortalecerá el papel del Ministerio de Finanzas, establecerá las reglas de austeridad y eliminará instituciones, entre ellas, Senplades. En Octubre, le tocará el turno a la reforma fiscal que aumentara tasa de impuestos (IVA) y/o ampliará la base de otros, eliminará exenciones de impuestos a la renta y otros, se establecerá una estructura impositiva en que predominará la tributación indirecta y se eliminará el ISD. A eso se suma la reforma a la seguridad social que, a fines de año o inicio del siguiente, implicará el aumento de la edad de jubilación, el incremento del aporte de los afiliados y la eliminación de algunos servicios prestados. Este conjunto de medidas y otras generaran un efecto recesivo (reconocido por el FMI, que establece crecimiento negativo para 2019), contrayendo la economía, aumentando el desempleo, crecimiento del sector informal, disminución del nivel de vida y aumento de la pobreza.

En lo social, como ya hemos señalado, el impacto de las medidas obliga a un reforzamiento de los programas sociales del Plan Toda una Vida, revisión del Bono de Desarrollo Humano, del programa para discapacitados y de la tercera edad. A eso se agrega, el plan de vivienda, que permitirá entregar a los más pobres viviendas subsidiadas.

En síntesis, el camino trazado, en lo político, destruyó Alianza País y abre el camino al poder a la derecha; en lo económico, para reducir los desequilibrios macroeconómicos implicará una política que busca favorecer la inversión privada, reduciendo impuestos y dando incentivo, un restablecimiento del mercado libre –mercado de trabajo y de combustibles-, concesiones de empresas públicas que favorecerán a los empresarios; la liberalización del mercado del dinero (eliminación de topes a tasa de interés) y reformas al mercado de valores que aumentaran la rentabilidad del sistema financiero y una reforma a la seguridad social cuyos costos lo pagaran afiliados y jubilados.  En lo social, se resume en que el peso de la crisis caerá sobre los sectores más débiles de la sociedad y la contracción de la economía sería de por lo menos de un cuatrieno.

Como he señalado, en los artículos anteriores sobre este tema, el acuerdo con el FMI tiene condicionamiento de reformas estructurales en varias áreas en las que se incluye la del mercado de valores. En este artículo, revisaré lo que estaría detrás de esta reforma específica que estaría ligada a intereses corporativos.

Señalé en un artículo en Setiembre de 2013, en el diario público, “El mercado de valores, es la fuente alternativa de financiamiento a la banca a menor costo y mayor plazo. Funciona con emisiones de valores de empresas (obligaciones, titularizaciones, etc.) que son vendidas a inversionistas captando recursos  para financiar sus proyectos de inversión. Actualmente dicho mercado está en declive principalmente por la menor participación del BIESS en el mismo.”…”En 2009 el Banco Central elaboró el proyecto de ley de mercado de valores y hasta Marzo/2013 el  Consejo Nacional de Valores, Superintendencia de Compañias (Supercias) y el Ministerio Coordinador de la Política Económica reelaboraron y recortaron  el proyecto original.” Entre los principales objetivos del proyecto del Banco Central constaban: la ampliación y dinamización del mercado de valores, democratización del capital y financiamiento, aumento de la confianza y seguridad del inversionista.

En Mayo de 2014 se aprueba la Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil, una reforma a ley de mercado de valores, que si bien mantiene los principios señalados elimina algunos mecanismos establecidos en el proyecto del Banco Central. Entre los principales cambios están: se elimina el Consejo Nacional de Valores y se lo sustituye por la Junta de Regulación del Mercado de Valores (integrado solo por ministros), se define la banca de inversión (BIESS y casa de valores), las Bolsas de Valores pasan a ser compañías anónimas, se dan incentivos a la emisión de títulos, se obliga a las dos bolsas a formar un solo mercado, se regula los conflictos de intereses, se crea el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central, etc.  La reforma además perseguía, como señalé en otro artículo sobre este tema, que “Hay también problemas de gobierno corporativo, se presenta el conflicto principal-agente y no ha habido renovación en la máxima autoridad del Directorio de las bolsas, sobre todo en el caso de Guayaquil, y los miembros de éste tienden a ser los mismos.  Se requiere una renovación en el máximo nivel directivo de las bolsas, de un CEO, agentes que dinamicen y le den un nuevo rumbo a este mercado. O sea  un recambio generacional.”  Esta reforma se complementa con otras disposiciones legales (Junta Bancaria, con resolución 2017-1973 y la ley de poder de mercado) que obligó a los bancos a vender sus casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros. En Setiembre de 2014, con la expedición del Código Monetario y Financiero, se realizan nuevos cambios a la ley de Fortalecimiento.

Los datos de la evolución del mercado de valores ecuatorianos muestran que, en 2010, la Oferta Pública Autorizada fue de 1500 millones, concentradas en papeles de renta fija y a corto plazo, si bien en 2012 aumentó a 2000 millones, sin embargo, en 2014 vuelve al nivel de 2010, para que en 2015 y 2016  baje a la mitad de lo emitido en 2010. En otras palabras, el mercado sigue siendo poco dinámico, concentrado en renta fija y a corto plazo, por lo que no ha significado el desarrollo del mercado de valores.

Si bien ya las propias Bolsas de Valores plantean una nueva reforma al mercado de valores para dinamizar dicho mercado, el gobierno enviará el proyecto de ley de Fomento Productivo dos que tendría detrás, como ya señale en artículo de Febrero de 2019, devolverle la potestad a los bancos privados de poseer casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros, con lo cual las instituciones financieras pasarían a controlar el mercado de valores y obtener recursos para sus actividades crediticias y de inversión en detrimento de la dinamización y crecimiento del mercado de valores.