La Comisión Económica de la Asamblea se allanó a 8 de las 16 objeciones y en las otras 8 se ratificó en texto que reelaboró ésta, que deberá decidirr el Pleno si se allana al veto, para lo cual necesita mayoría más uno, o ratifica el texto, que requiere dos terceras partes de la votación. Parece ser que lo más probable es que se apruebe dicho proyecto de ley con los cambios propuestos por el ejecutivo.
El punto central de la objeción del ejecutivo es el traspaso del manejo del dinero electrónico del Banco Central a la banca privada y cooperativas que fue una de las promesas que hizo el Presidente al sistema financiero privado. Además se delega la regulación a la Junta Monetaria y Financiera mientras que el Banco Central se encargará del control. Adicionalmente se establecen una serie de incentivos para el uso de dicho medio de pago, como devolver 2% del IVA a los usuarios que lo utilicen. A pesar de dicho traspaso fue aprobado en la Comisión señalada, los asambleístas correistas se opusieron, pero ganó la mayoría de derecha y asambleístas morenistas.
La Comisión también se allanó al artículo que dispone que las exportadoras, turismo receptivo y productoras de bienes con 50% de componente nacional se les reduzca 10% en el Impuesto a la Renta (IR). Por otro lado, también que se reduzca al ICE en las cocinas de gas, para incentivar la compra de éstas. En cambio, la Comisión se ratificó en exoneración de IR, durante 3 años, para microempresas nuevas, no aceptando la propuesta del ejecutivo condicionada a que generen empleo y agreguen componentes nacionales en la producción. También se ratificó en que se amplíe el límite de endeudamiento de los GAD para diversos proyectos.
Un aspecto importante del veto es que traspasa el Registro de Datos a la Superintendencia de Bancos que antes lo manejaba una entidad privada. Estos datos son importantes para establecer el riesgo crediticio de un cliente del sistema financiero privado. Éste se opone a tal medida.
En la objeción 16, entre otras, en las disposiciones transitorias, se propone que se puedan recontratar empresas para concluir obras inconclusas del gobierno anterior; se dispone que ARCOTEL pueda cobrar acreencias de planillas de energía eléctrica; se da facilidades a los deudores del SRI para que puedan pagar hasta con un plazo de 4 años y, finalmente, se establece una reducción de 3% en el IR para inversiones que se realicen en la explotación minera de gran y mediana escala.
Lo más importante de este proyecto de ley es el traspaso del dinero electrónico a la banca privada y el aumento del IR en 3% a las empresas así como disposiciones para cobrar deudas a entidades públicas. Si bien el proyecto, según proyecciones, tendría ingresos fiscales de 50 millones, no es menos cierto que contribuye, en parte, a financiar el déficit fiscal que, según un diario, ascendería, a fines de diciembre a 4.6% del PIB, y también el aumento de la producción y precio del petróleo. Sin embargo, el panorama fiscal resulta preocupante sin un ajuste, lo cual implica seguir postergando dicho desequilibrio.
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