MARCHA INDÍGENA FLEXIBILIZÓ LAS EXIGENCIAS DEL FMI Luis Rosero M.

La segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Extendida, firmado con el FMI, flexibilizó los condicionamientos y metas relacionados con el área fiscal y política social pero mantiene las exigencias para las reformas estructurales en lo presupuestario, banco central y regulación y supervisión del sistema financiero. En este artículo me referiré a la situación macroeconómica y social de  2019.

Las protestas de octubre, de este año, echaron abajo la propuesta de eliminar totalmente los subsidios a los combustibles y, como efecto de ésta, la Asamblea rechazó, en Noviembre, el mega proyecto de ley que pretendía un fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales. Ante la presión indígena, el gobierno optó enviar por partes dicho proyecto y moderar el aumento impositivo (que analizamos en las entrega del 25 de noviembre y 3 de diciembre). Con la revisión señalada se moderaron las exigencias en las áreas señaladas, incluidas las reformas estructurales. Así, la consolidación fiscal, exigida por el FMI, redujo su objetivo de 5 a 4% del PIB para el saldo primario no petrolero. En otras palabras, se rebajaron las metas del déficit fiscal.

En la revisión, para 2019, se establece que el gobierno no alcanzó a cumplir la meta del déficit primario (no  logró la concesión de activos públicos) y en reservas internacionales. La iliquidez del sector público resultó latente.  Así,  la crisis de la caja fiscal se refleja en los atrasos a los acredores del sector público que serían, en este año, de 1.692 millones de dólares que incluye 628 a los proveedores, 477 a la seguridad social y 585 a los GAD. El gobierno continuó con su política de reducción de gastos, pero más que reducir los gastos corrientes redujo considerablemente el de capital.

Para poder pagar los gastos, el gobierno ha acudido a emitir deuda externa e interna, incluyendo el crédito de 5000 millones del FMI, lo que ha llevado a que la deuda pública alcance el 49.6% del PIB por arriba del 40% que señala la Constitución.

Según el FMI, el crecimiento económico, en el I Semestre de 2019, solo fue de 0.4% (vs. 1.1% en el mismo período de 2018), tanto por la reducción del consumo como de la inversión, lo que muestra la desaceleración de la economía. De acuerdo con el FMI, las protestas de Octubre impactaron en -0.4% en el PIB, aumento del riesgo país a 1400 puntos (después del rechazo del mega proyecto de ley) y se registra un déficit en la cuenta corriente (4% del PIB en 2018), en parte por el aumento de las importaciones a mayor ritmo que el de las exportaciones, financiado por el crédito al consumo. El FMI confirma que la economía se contraerá -0.5% en este año, habría un déficit en la cuenta corriente de 0.8% del PIB,  el déficit fiscal de 3.4% del PIB con un déficit primario no petrolero de 1.1% del PIB y las RMI brutas alcanzaría 4.215 millones de dólares.

Estos datos reflejan la delicada situación de la economía, con una contracción de la economía,  desequilibrios fiscal, en cuenta corriente, bajas RMI, etc. pero también con un deterioro social con aumento del desempleo (4.9% a Septiembre)  y subempleo (19.7% a Septiembre), una subida del sector informal, incremento de la pobreza multidimensional (36.6% a Dic. 2018) y la pobreza por ingresos (25.5% a Junio) que reflejan una reducción del nivel de vida y disminución del poder de compra por un alto costo de la canasta familiar básica que llegó a 715 dólares (Noviembre) cuando el salario básico solo es de 394 dólares, lo que refleja una brecha de consumo para las familias de -321 para una familia con un perceptor de ingreso.