El Congreso aprobó la ley de de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció, el 17/12/2019, que ésta contiene un conjunto de medidas sociales y económicas que intentan paliar la crisis, en estas áreas, y reducir los desequilibrios macroeconómicos. El proyecto contempla seis grupos de medidas: sociales, tributarias, reactivación, tarifas de bienes y servicios básicos, deuda pública y cambiarias
En lo social, debido al descalabro de la seguridad social, se entregará un bono de 5.000 pesos en Diciembre y Enero de 2020 para los jubilados con pensión mínima y, en el plazo de 6 meses, se reemplazará la fórmula del cálculo de las pensiones. El 70% de la recaudación del nuevo impuesto a la compra de dólares se destinará a financiar la seguridad social, con lo cual se cubren los pagos de los bonos y se apuntala la situación financiera de ésta. Se dispone el reintegro del IVA a los sectores más vulnerables. Se faculta al ejecutivo a que de forma obligatoria los empresarios realicen aumentos de los salarios mínimos. Se declara una emergencia sanitaria con un programa de vacunas para prevención y control de enfermedades, se reduce el precio de los medicamentos y se exonera de gravámenes a las importaciones del Ministerio de Salud. Además, el Plan contra el Hambre entregara tarjetas alimentarias. Aún más, el Ministerio de Trabajo anunció un aumento de salarios.
Para reducir el déficit fiscal, se plantea una serie de tributos. Se vuelve a la progresividad impositiva, que se había eliminado en 2015; para incentivar la repatriación de capitales se gravaría la tenencia de activos financieros en el exterior. Si vuelve una parte de estos, este impuesto adicional no se cobraría. Se elimina el impuesto para inversiones financieras, a plazo fijo y en bonos, en pesos. Se aumentan las retenciones a exportaciones agropecuarias: en 3% a la soya, que quedaría en 33%, el mismo incremento para trigo y maíz, que pasarían al 15%. Se limita las retenciones a los productos agropecuarios a un 5%, que generan valor agregado. Se incrementa el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, la tasa estadística de importación de bienes de consumo
Para la reactivación productiva, se plantea ayudar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y su recuperación, muchas de las cuales quebraron y están en proceso de liquidación, se aplicará un plan de regularización de deuda y fundaciones sin fines de lucro. Se establece una remisión tributaria de intereses de mora y multas. Por otro lado, las importaciones de los sectores productivos se las exime del impuesto del 30% a la compra de divisas y, además, el 30% del impuestos a la compras de divisas, se destinará para obras de infraestructura y vivienda.
En cuanto a tarifas de los bienes y servicios básicos (gas, luz, transporte), que habían aumentado, algunas de ellas más de 1000% en el gobierno anterior, contribuyó, según el Ministro, al deterioro de la gente y sectores productivos, se congelan por 6 meses hasta mediados de 2020, en el que se establecerá un nuevo esquema que combine la protección social, incentivo de la producción y fomento de inversión en energía. Se proyecta un sistema de tarifas reajustable.
Para la deuda pública, interna y externa, se propone que se le dote al gobierno de poderes especiales para renegociar la deuda en base a la capacidad de pago en un proceso de recuperación económica. En otras palabras, la renegociación apuntaría a pagar lo que se pueda lo que depende de los resultados fiscales y de balanza de pagos.
Para la situación cambiaria, se crea un impuesto de 30% a la compra de dólares, con lo que espera ahorrar divisas y se mantienen otras restricciones de estas compras (200 dólares mensuales), buscando frenar la influencia que tenía sobre el tipo de cambio.
Según el Ministro, estas medidas son parte de un programa nacional con capacidad de ahorro y generación de capital. Es un programa integral que busca reimplantar la consistencia macroeconómica.
En síntesis, las medidas de corto plazo, del proyecto de ley, buscan en lo económico reducir el déficit fiscal, con esto y el impuesto a la compra de dólares frenar el aumento del tipo de cambio para reducir la inflación y ahorrar divisas; en lo social, si busca proteger y defender a los más vulnerables de la población –jubilados, trabajadores con salario mínimo, gente de escasos recursos, pobres- con bonos, congelamiento de tarifas de servicios básicos y con el control de la inflación. Se busca restaurar la confianza, calmar las expectativas inflacionarias y reducir los desequilibrios fiscales, cambiarios y monetarios y aplacar las condiciones de pobreza y hambre.