A las medidas señaladas, en el primer artículo, sobre este tema, agregamos otras que han señalado algunos ministros y que completarían el paquete de reformas estructurales que exigiría el FMI. Se buscaría un cambio del modelo económico pasando de una economía dinamizada por el gasto público a otra en que sea la inversión privada y condiciones de libre mercado que impulsen el aparato económico.

Otra de las reformas estructurales, sería una reforma tributaria. En la revista Vistazo, en una entrevista, el Ministro de Finanzas, señaló que simplificaría el esquema impositivo eliminando algunos impuestos que no son muy rendidores y genera costos su recaudación  En el gobierno anterior se realizó una amplia reforma tributaria, creando algunos impuestos, por lo que la reforma dejaría solo los impuestos que más recaudan (IVA, impuesto a la renta, impuesto a la contaminación, etc.). Parte de esta reforma conllevaría a que las empresas públicas paguen impuestos, para ponerlas en iguales condiciones que a las empresas privadas. También el Viceministro de Economía, ha señalado que se pretende reducir las deducciones del Impuesto a la Renta, eliminar exenciones del IVA e ICE a ciertos sectores y nueva reducción del esquema de subsidios. El Ministro de Comercio Exterior planteó la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), pero de manera gradual. Recordemos que dicho impuesto se creó en Diciembre de 2007 y fue incrementando su tasa de 0.5 a 5% y se ha convertido en la tercera fuente de recursos públicos. El objetivo sería estimular la inversión extranjera principalmente. Así como se incrementó la tasa periódicamente se la rebajaría, de la misma manera, de manera de que no se incremente el déficit fiscal. Sin embargo, el Viceministro de Economía, se opone a tal reforma por los desequilibrios de la Balanza de Pagos. Incluiría además una reducción del subsidio al diésel al sector pesquero y camaronero con el que se creará un fondo que trasladará recursos, al primer sector, para renovar la flota pesquera y, en el caso de los camaroneros, se financiará redes eléctricas para sustituir el diésel por electricidad.

Además se busca eliminar las regulaciones a los mercados. En el caso de los combustibles, se liberalizará la importación para que  a través de la oferta y demanda se fije el precio, como ya se ha hecho en el caso de la gasolina super.

La reforma al mercado de trabajo no solo tendrá como objetivo el empleo en el sector formal sino que incluirá a los emprendedores y al sector informal. La teoría económica, plantea una serie de concepciones. Así la política activa de empleo busca aumentar la inserción laboral de jóvenes. Por otro lado, como ya señalé, se buscaría la flexibilidad del mercado de trabajo, cuya rigidez, según esta teoría, conduce a desempleo. Una de ellas, es la asimetría de información de los puestos vacantes y características técnicas requeridas para estos, por lo que se requeriría adecuar los sistemas de información  y orientación ocupacional. Por otro lado, los salarios fijos afectan el empleo que se da en función de la productividad del trabajo, por lo que la reforma estudiaría la posibilidad de establecer un salario de reserva. A más de es, los altos costos de contratación y despido inciden en el desempleo, por lo que se buscaría nuevos tipos de contratos laborales que reduzcan estos costos, lo que implica reformar la legislación sobre  la estabilidad del puesto de trabajo.

En suma, se trata de un conjunto de reformas estructurales que son condicionamientos del FMI y el BM, para conceder el acceso a recursos del crédito del servicio ampliado del primer organismo.

El presidente anunció un acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales que permitirán obtener financiamiento por 10.200 millones de dólares. De ese monto, 6.000 serían de esos organismos y 4.200 del FMI. Se aplicaría un Servicio de Crédito Ampliado, que es para países que tienen problemas de balanza de pagos, lo que implicaría un condicionamiento que se traducen en medidas para equilibrar la economía (principalmente de ajuste) y de reforma estructural. En el primer caso, implicará metas cuantitativas en agregados monetarios, las reservas internacionales, déficit fiscal y el endeudamiento externo. En el segundo las principales reformas son sobre el tamaño del estado, la laboral, de competitividad, de seguridad social, del sistema financiero, independencia del banco central y la dolarización.

Anna Ivanova, jefa de la misión del FMI para Ecuador señaló que los objetivos del acuerdo serían: “impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización; así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción”. En la política de ajuste, se exigiría austeridad: la reducción del déficit fiscal, para lo cual se establecen dos condiciones, una reducir el gasto y otra incrementar los ingresos. Pero se trata del déficit fiscal global que incluye al sector público, empresas públicas e instituciones de seguridad social.

Para la sustentabilidad fiscal,  se aplicará la política de ajuste, por el lado del gasto, en el que ya el gobierno redujo el subsidio a los combustibles, eliminó una parte de la burocracia y se apresta a terminar con los contratos temporales de empleados públicos. Antes había reducido el nivel de inversión pública. Se revisaría el subsidio de combustibles a artesanos, pequeños agricultores e industriales.

Respecto a la reforma estructural, una sería el recorte del tamaño del estado, por lo que ahora está por reducir 10% de la plantilla de las empresas públicas, además estaría por ejecutarse la eliminación de algunas instituciones públicas que implicaría desaparecer SENPLADES, Ministerio de Telecomunicaciones, etc. y la privatización, ya sea de la propiedad o de las administraciones de instituciones y empresas públicas. Se opta por las concesiones de CNEL, CNT, algunas hidroeléctricas, hospitales del IESS, ciertas instalaciones relacionadas con el Ministerio de Agricultura, etc., como señalé en un artículo anterior. Esto básicamente por razones de la iliquidez fiscal que, entre otros efectos, provoca los atrasos a los proveedores del sector público.

Una segunda reforma estructural es respecto a la seguridad social. La información de prensa ha reportado los problemas de liquidez y déficit actuarial del IESS, pero también del ISSFA e ISSPOL, que tendrían problemas similares. En un artículo anterior señale, que se está negociando la eliminación de la jubilación patronal para no optar por un incremento del aporte empresarial al IESS, lo que deja la posibilidad que se opte por afectar a los afiliados y jubilados. Respecto a los primeros se recortarían determinados servicios a familiares y los del seguro campesino verían incrementados sus aportes y eliminado algunos servicios. Se incrementaría la edad de jubilación, se pondría más tope al monto máximo de la pensión y se cambiaría la fórmula de cálculo del ajuste anual del incremento de la pensión, tal como se hizo en Argentina.

A fin de atraer capitales y fomentar el regreso de capital nacional se dictaría la ley de Repatriación de Capitales y se reduciría el impuesto a la salida de capitales Sin embargo, como el proceso de concesiones no es tan rápido, podría optarse también por la posibilidad de un aumento del IVA del 12 al 15% y así poder alcanzar la meta de un déficit primario de 0% en 2021.

La reforma estructural también incluiría la reforma al mercado de trabajo que comprendería: flexibilización laboral, nuevos contratos laborales, reducción de la asimetría de información en la contratación, reducción de los costos de contratación y despido, una política activa de empleo para jóvenes, etc. Esta reforma ha sido reconocida por el Viceministro de Producción y estaría vinculada con la crítica situación del mercado laboral y la generación de empleo, sobre todo del primer empleo  ocupación para los jóvenes y sector informal.

Para fortalecer la dolarización, una parte del crédito del FMI iría a incrementar la RMI y, por otro lado, se buscaría la independencia del Banco Central, devolviéndose su autonomía, el manejo de la política monetaria y financiera y topes a la deuda, ello implicaría, la restitución de su Directorio para que diseñe dichas políticas y supervise el funcionamiento de la dolarización. A eso se suma, el establecer topes a la deuda y, una posible, reestructuración de la misma, muy necesaria pues en el año 2020 le toca al país pagar una fuerte suma por las emisiones de bonos internacionales realizadas anteriormente.

Finalmente otra reforma,  para contribuir al financiamiento a través del mercado de capitales, es la de la ley de mercado de valores. Con ésta, se le devolvería la facultad a los bancos de poseer casas de valores, administradoras de fondos y compañías aseguradoras (se tratará en un siguiente artículo). Se posibilitaría también la participación del BIESS en inversiones financieras en dicho mercado y se restituiría la facultad de que toda emisión del sector público deba pasar por las bolsas de valores y deberá pagar una valor por cada emisión.

En síntesis, se trata de cumplir con el ajuste fiscal y reformas estructurales (recorte del estado, reforma laboral, independencia del banco central, reforma al mercado de valores) que serían las condiciones impuestas por el FMI y además la reforma al Código Monetario Financiero que está pidiendo la Asociación de Bancos a fin de liberalizar los mercados monetarios y financieros. Esta última es una contrarreforma monetaria-financiera que devolvería poder e influencia a los bancos en dichos mercados. En síntesis, se trata de un viraje de la política económica hacia una orientación ortodoxa-neoliberal.

Por una decisión del gobierno de Correa, los fondos previsionales cerrados de algunas instituciones públicas y de cesantía del Magisterio (FCME) fueron trasladados al BIESS, a partir de mediados de Mayo de 2015, para su administración, con el argumento de que había fondos públicos en los mismos. Esta decisión tuvo implicaciones políticas. La Contraloría realizó una auditoría en el período Junio de 2014 a Junio de 2018 y realiza observaciones al manejo de dichos fondos por el BIESS.

Según diario El Comercio, la auditoría de la Contraloría del traspaso de los fondos previsionales cerrados de 60 instituciones públicas, en 4 de ellas no se habríacumplido con los requisitos exigidos para dicho traspaso, como los resultados finales de las auditorias, entre ellas los fondos de Cesantía del Magisterio y los fondos previsionales complementarios cerrados de las universidades Nacional de Loja, Central del Ecuador y Técnica Estatal de Quevedo. Además, en algunos de los fondos, se entregaron préstamos a empleados que no eran participes del fondo. Según diario La Hora “También, Contraloría encontró que los comités de inversiones, en la mayoría de los fondos, no funcionaron, e incluso todavía no tienen reglamentos para su accionar. Esto según Juan José Castelo, representante del magisterio y presente en la lectura del borrador, provocó que se pierdan más de 200 millones de dólares de más de 200.000 participes.”

Las administradoras de fondos utilizan principios de finanzas para realizar una inversión financiera, entre ellos, los de rentabilidad, seguridad y riesgo, para ello establecen una política de inversiones entre valores de renta fija y variable, definida por un Comité de Inversiones. De la información recogida por los diarios señalados, al parecer no se contaba con comités de inversiones, ni al parecer política de inversiones, lo que implicaría que no se tomaron decisiones de inversión o, en otras palabras, no se invirtieron los fondos, lo que afectaría el rendimiento de los fondos. Por otro lado, con los fondos previsionales complementarios cerrados, administrados por el BIESS, se concedieron préstamos a no participantes del mismo. Esto podría implicar problemas de recuperación de cartera o sea morosidad, lo que afecta también a la rentabilidad del fondo. De acuerdo a las disposiciones legales, el BIESS debía cobrar hasta el 2% de los activos por la administración de los fondos. Si se dejaron de invertir, por un período los fondos, si hubo morosidad, esto reduce el rendimiento y si se deduce la tasa de administración de los fondos, la rentabilidad sería mucho menor. El representante del Magisterio señala que perdieron 200 millones de dólares. En síntesis, no se manejaron los fondos adecuadamente según los principios de finanzas señalados. El caso más crítico sería el fondo de Cesantía del Magisterio que, según declaraciones de sus ex directivos, habría tenido un capital de 400 millones y ahora, por los problemas de la caída de la rentabilidad, tendría mucho menos de esa cifra, lo que implicaría que se habría perjudicado financieramente a miles de maestros participes de dichos fondos. Pero además, el organismo supervisor habría fallado en el control de la administración por parte del BIESS.

Las finanzas, también establece principios, para los administradores de fondos e inversionistas, como los de responsabilidad y manejo técnico de los mismos, respetando las condiciones del mercado financiero. De la información de prensa recabada, se puede inferir que no hubo manejo adecuado de los fondos, afectando financieramente a los partícipes de los fondos, lo que puede tener implicaciones éticas y legales no solo para los directivos del BIESS sino a los funcionarios del organismo supervisor relacionados con el control a la administración de dichos fondos.

De información de los medios de comunicación, también se pudo recabar que la Contraloría habría pedido el reverso de dichos fondos en los 4 casos en que incumplieron los requisitos para el traspaso.

Más aún, el Presidente del Consejo de Administración, del Fondo del Magisterio Ecuatoriano, convocó a Directorio Nacional Ampliado, el 16 de Febrero, para tratar sobre la lectura del Informe definitivo del examen especial del FCME y al Superintendente de Bancos para coordinar el traspaso del BIESS al FCME. Alguien tiene que responder por la afectación del interés público, daño a los partícipes de los fondos, tanto los directivos y funcionarios BIESS como del organismo supervisor. La supuesta mala administración de dichos recursos provoca ahora esta reacción de los legítimos dueños del fondo de Cesantía del Magisterio. La decisión de revertir los fondos tiene también implicaciones políticas.