Los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PAS0) muestran un triunfo de largo del peronismo kirchnerista sobre Macri, lo que genera la posibilidad de triunfo de A. Fernandez y C. Fernandez en la primera vuelta (Octubre), lo que implicaría la posibilidad del cambio del modelo económico.

El Frente de Todos, peronismo kirchnerista, ganó las PASO con  49.2%, una diferencia de 16% sobre Juntos por el Cambio (Macri) que alcanzó 33.1% y, más aún, el candidato a gobernador Kicillof, en Buenos Aires, de este peronismo, ganaba por una diferencia de 17%, R. Lavagna y J.M. Uturbey de Consenso Federal obtuvo el 8% de los votos, lo que implica que sería la tercera fuerza política. Este resultado podría llevar a que dicho peronismo gané en la primera vuelta ya que, según la legislación electoral, si hay una diferencia de 15 puntos, entre los dos primeros candidatos, o el primero alcance 45% ganaría la primera vuelta.

Como habíamos dicho en artículos anteriores, sin duda, la economía y el deterioro social explicarían la derrota de la derecha. La política económica neoliberal de Macri, dio malos resultados a decir por los principales indicadores. En efecto, el jueves 9, el dólar llegó a 46,80 pesos, la inflación anual 55.8% (Junio), tasa de interés de letra de intervención del Banco Central (63.3%), tasa de desempleo  10.1% (I Trimestre), el índice de producción industrial manufacturero y el de la construcción tuvieron una caída interanual de 6.9% y 11.8%, respectivamente, lo que es un anticipo de la fuerte contracción de la economía en 2019.  Al parecer, la política implementada bajo los lineamientos del FMI está fracasando. Aún más si consideramos las variables sociales: la pobreza llegó a más de un tercio de la población, aumentó la indigencia, la concentración del ingreso y cayó significativamente el nivel de vida. Los factores económico y social incidirán en la elección de Octubre. La situación económica se agrava aún más por la guerra comercial entre EE.UU. y China, con la que el primero aumentó sus aranceles a ese país y China devaluó su moneda, que generó impacto en los países emergentes como Argentina lo cual se refleja en el tipo de cambio, salida de divisas y riesgo país que sigue alto en 860 puntos, reflejando la crisis estructural y coyuntural.

Este triunfo es un rechazo, de la mitad de la población,  a la política económica y social de Macri, bajo los condicionamiento del FMI y genera una gran incertidumbre de lo que pasará en esta semana en la economía. La variable fundamental es el nivel del tipo de cambio y las acciones argentinas. Estas últimas, hoy 12 de agosto, cayeron hasta 35% y los bonos hasta 15% en el mercado de New York. En tanto, en las primeras horas de hoy, el dólar se vende por arriba de los 50 pesos, lo que obligaría al Banco Central, para defender la moneda, a utilizar las reservas y aumentar aún más la tasa de interés de la letra para reducir la liquidez y frenar el alza del dólar. Con ésta, la inflación aumentaría y  dado el mayor costo del dinero se agravaría la caída del nivel de actividad económica o sea la profundización de la recesión en 2019. En este escenario, caería aún más el nivel de vida, aumentaría el desempleo y la pobreza crecería más allá del 33%.

Si bien, en las PASO se definen los candidatos a competir en las presidenciales, marcan una tendencia que definirían el triunfo del peronismo en la primera vuelta. Fuera de la disputa entre derecha y el peronismo kirchnerista, lo que está en juego es el modelo económico. Del lado de Macri, se apunta a una economía de libre mercado, desregulada, apertura externa, un modelo primario exportador, desindustrialización, apoyo capital financiero internacional y de organismos internacionales (FMI, BM, etc.), que conduce a concentración del ingreso y la riqueza, aumento de la pobreza etc. Los resultados del modelo están a la vista. En cambio,  el peronismo kirchnerista busca un modelo primario exportador con un esquema proteccionista industrial, retraso de precios de bienes y servicios básicos, redistribución del ingreso a través del presupuesto, política social agresiva,  tendencia al déficit fiscal, etc. Dos visiones opuestas de la economía, pero por el resultado de las PASO apunta a un cambio del modelo económico.

El mercado de valores del país sigue con dificultades para cumplir con su rol a lo que se agrega algunos  problemas que han surgido en su operatividad, una reforma que parece no cuajar y ya se anuncia otra reforma a dicho mercado.

En mayo de 2014 se aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, con la que se implementó una reforma al mercado de valores que parece no cuajar. Su rol principal de canalizar financiamiento a largo plazo, a menor costo y alternativo a la banca, no se logra, continúa su débil dinamismo y siguen los problemas de agencia en ambas bolsas de valores. Basta ver las estadísticas de éstas para constatar que la mayor parte del financiamiento está concentrado en corto plazo.

Por otro lado, han surgido problemas de confianza del inversionista por casos en que no se ha podido cumplir con el pago del capital y rendimiento. Un caso es la del grupo Ortega Trujillo que sus empresas: Inmobiliaria Terrabienes, Anglo Automotriz y Ecuafontes tuvieron problemas para cumplir con sus obligaciones en 2015. La primera no pudo entregar las viviendas y Anglo Automotriz incumplió con el pago de capital y rendimiento de obligaciones emitida. Lo extraño es que esta empresa comenzó a tener pérdidas desde el 2013 las que se acrecentaron en 2014, lo cual debió dar las señales de advertencia a las autoridades para cumplir con hacer cumplir la no afectación del interés público. La   intendencia de valores de la superintendencia de compañías.

Otro caso similar es de Almacenes Atu que en 2017 y 2018 emitió obligaciones, cuyos pagos se cumplieron hasta diciembre de 2018, pero en 2019 cerró y quebró por lo que no pudo cubrir sus compromisos de devolución del capital y pago de rendimiento de las obligaciones por alrededor de tres millones de dólares. ¿Cómo no pudo detectarse los problemas de insolvencia de la empresa? La repuesta la intendencia de valores de la superintendencia de compañías.

Otro problema distinto es el conflicto entre Seguros Sucre y la casa de valores Valpacifico. Según información de diario Expreso la aseguradora contrató a la casa de valores para administrar inversiones financieras relacionadas con el canje de bonos 2015 por bonos 2024 por 7.5 millones que estaban bajo custodia de Valpacifico en una cuenta del Westwood Capital Markets, en el Deutsche Bank. La aseguradora recibió de la casa de valores el pago respectivo de los intereses de los nuevos bonos hasta junio de 2017. Pero, según la denuncia de la aseguradora que los bonos pasaron a custodia de la empresa Madison Advisor, domiciliada en un paraíso fiscal, que le entregó 2 millones, quedando un saldo en bonos de 6.3 millones, pero su custodia no ha sido asegurada por dicha empresa por lo que Sucre reclama la devolución del saldo. Según información de prensa, al parecer no hubo autorización de las dos entidades para el cambio de la custodia de los bonos y dicha empresa fue disuelta por una corte de dicho paraíso. Lo cierto es que los bonos no aparecen. Surgen los interrogantes: ¿si los bonos fueron desmaterializados, que entidad la realizó? ¿Hubo participación en la desmaterialización de alguno de los dos depósitos centralizados del país? ¿las autoridades del mercado de valores del país actuaron ante las denuncias contra la casa de valores? ¿Cómo es posible que aparezca un conflicto de intereses entre dos entidades públicas cuya dueña es la CFN? ¿Cuáles fueron las acciones que tomaron los directivos de la CFN ante dicho conflicto? ¿Si hubo transacción de una casa de valores, que son supervisadas por la superintencia de compañia, la repuesta debe darla la autoridad del mercado de valores?

El aparente fracaso de la reforma al mercado de valores, estos problemas genera falta confianza de los inversionistas para comprar títulos en el mercado de valores y se lesiona el interés general. Lo cierto es que dicho mercado no despega, sigue con falta de dinamismo y no cumple con su rol principal. ¿tratará la nueva reforma estos problemas y la falta de desarrollo del mercado de valores?

En un artículo anterior, advertimos sobre los efectos sociales de la política económica del gobierno que se enmarca dentro de los lineamientos del FMI. Los datos recientes confirman la tendencia del deterioro del mercado de trabajo, pobreza y nivel de vida.

Según datos el informe de Cuentas Nacionales Trimestrales I Trimestre de 2019, del Banco Central, la economía apenas creció 0.6% en el I Trimestre de este año, explicada principalmente por una contracción de la inversión pública. Este débil crecimiento influyó en el comportamiento del mercado de trabajo. En efecto, a junio de este año, con respecto al mismo período de 2018, la tasa de empleo adecuado se redujo en 1%, ubicándose en 37.9% mientras que la tasa de desempleo aumentó a 4.4% y la de subempleo creció 0.9% llegando a 20.3%. Por la tendencia de la primera variable, aumentó el sector informal urbano. El pobre crecimiento, la austeridad y el ingreso de inmigrantes extranjeros influyeron en el deterioro del mercado de trabajo.

Si revisamos los datos del INEC, por ciudades principales, la tasa de empleo adecuado, el empleo tiene una fuerte caída en dos ciudades la sierra: de 3.9% en Quito y 4.2% en Ambato, en cambio en  la costa: Guayaquil aumenta 5.1% y en Machala se registra un incremento muy fuerte de 8.5%. Como consecuencia del comportamiento de la primera variable, la tasa de desempleo en Quito sigue alta en Quito (8.3%), que es donde se registra el mayor despido de empleados públicos e ingreso de extranjeros. En Ambato, se mantiene igual (4.7%) y en Cuenca disminuye levemente (4.5%). En la costa: Guayaquil registra una disminución llegando a 2.5% y en Machala cae a 5.5%. Así mismo, la tasa de subempleo sube fuertemente en Quito llegando a 14.3% y levemente en Ambato donde alcanza 15%.

Los datos de pobreza por ingresos, también reflejan un declive de la situación social. Así, a Junio de 2019, con respecto al mismo período, a nivel nacional, aumenta 1%, ubicándose en 25.5%, o sea un cuarto de la población. La pobreza urbana creció 0.9%, llegando a 16.8%, y la rural subió 0.8%, registrando un 43.8%. Paradójicamente, la pobreza se redujo en Quito y significativamente en Guayaquil. Respecto al grado de concentración del ingreso, medido mediante el coeficiente de Gini, aumentó en Quito y Guayaquil, pero se reduce levemente en Cuenca, Machala y Ambato.

De los datos, se comprueba la reducción de la tasa de trabajo adecuado y aumento de las de desempleo y subempleo que se explican por el débil crecimiento económico y la política de austeridad del gobierno. Sin embargo, este año, al parecer, según lo ha señalado un ex Ministro de Finanzas, no se ha realizado lo más fuerte del ajuste, y, por otro lado, el gobierno ha anunciado para Setiembre de este año el envío de dos proyectos de ley: reforma tributaria y reforma laboral, a los que se agregaría, en Agosto, de este año, otras reformas al Código de Finanzas Públicas, Empresas Públicas, Alianzas Público-Privadas y al mercado de valores.

En consecuencia, si lo más fuerte del ajuste se aplica en el siguiente año y entran a regir las dos reformas estructurales señaladas, en el 2020 se acentuaría la austeridad con lo que se augura un segundo año de contracción económica, y, por la vigencia de la reforma laboral, aumento del desempleo y subempleo, con un incremento de los niveles de pobreza, concentración del ingreso y, por ende, deterioro de los niveles de vida de la población.

En el reciente convenio con el FMI el gobierno se comprometió a realizar varias reformas estructurales, que implican cambios profundos, en varias áreas, entre ellas, al sector público. Incluso antes de que se firmará dicho convenio el gobierno aplicó una serie de medidas para reducir su tamaño. En este artículo revisaremos las medidas que vendrían y sus efectos.

La reducción del tamaño del estado, en el esquema del FMI, es por varias vías. Una es a través de la privatización, o sea la venta de propiedades y empresas del sector público o la privatización de la administración, o sea una concesión (eufemísticamente llamada monetización de activos públicos), mediante el cual una entidad pública pasa a ser dirigida por privados mientras que la propiedad queda en manos del estado. Una segunda forma, es la eliminación y fusiones de instituciones públicas. Una tercera, es la reducción del personal del sector público. De todas estas formas, al parecer, el único que no se ha comprometido el gobierno es la privatización de propiedades públicas.

Como señalé, al principio, el gobierno tomó varias medidas, para reducir el tamaño del Estado, incluso antes de la firma del convenio con el FMI. En efecto, se eliminaron los contratos ocasionales del sector público, luego vino la fusión y eliminación de varias entidades públicas. En febrero, se dispuso la reducción del 10% de empleados de Empresas Públicas (CNT y Petroecuador, ya la ejecutaron, incluso el IEES, que es autónomo). Con esto, se buscaba disminuir el número de burócratas que concuerda con el objetivo del achicamiento del tamaño del estado:  la reducción del déficit fiscal. En efecto, en la primera revisión del convenio con el FMI, el primer semestre, de este año, registra una reducción de 65 millones de dólares en la masa salarial.  Sin embargo, el déficit fiscal aumentó por el mayor gasto en pago de intereses de la deuda, gasto en mantenimiento y el 40% para pensiones jubilares. Para tratar de cumplir con la meta, pactada para este año a fin de reducir el personal del sector público, se debe reducir en 435 millones la masa salarial en el gobierno, IESS y empresas públicas. Con este propósito se dictó el acuerdo interinstitucional No. 0001 entre Senplades, Ministerio de Finanzas y Trabajo, de Junio de este año, mediante el cual se dispone la reorganización en el territorio (zonal, distrital y circuital) y en la Administración Pública Central. Para el primer caso, se establece la eliminación de la duplicación de la presencia en territorio (las unidades desconcentradas asumirá las funciones de las oficinas técnicas). Habrá una reestructuración orgánica, en unidades desconcentradas con cobertura zonal o pluricantonal,  mediante el cual se elimina personal, que será dirigida por un jefe de nivel jerárquico superior. Esta reestructuración incluye al sector salud, que implica la reorganización de hospitales que incluye su optimización en 3 meses. O sea, que si se van a ver afectados los gastos sociales.

El siguiente paso es la concesión de varias empresas y entidades públicas. Están en la lista CNT, hidroeléctricas (Sopladora y Coca Codo Sinclair), empresas eléctricas (distribuidoras), refinería de Esmeraldas, Banco del Pacifico e inclusive hospitales del IESS. En el caso de CNT e hidroeléctricas son empresas rentables y se las va a concesionar a largo plazo. En la primera, eso implicará reducción de personal y, posiblemente, la liberalización del mercado de telecomunicaciones, lo que implicará que el mercado determinará el precio de telefonía fija, celular, internet, y TV por cable. Respecto a las hidroeléctricas, es factible que aumente el precio de la electricidad, dependiendo del proyecto de unificación de las empresas de distribución, que concesionarían. Las entidades privadas que administrarían éstas establecen sus condiciones y el gobierno recibirá un canon por el alquiler de la infraestructura.