Luis Rosero M.

Por tercera vez el gobierno envía el proyecto de Defensa de la Dolarización, como urgente, en época de elecciones, y, cuando  la legislatura actual está terminando sus funciones. Es más cosmética, pero mantiene el espíritu del primer proyecto de entregarle al sector privado el manejo de la regulación financiera y monetaria.

El proyecto crea la Junta Financiera y la Junta Monetaria. La primera se encargará de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Esto último no es parte de las actividades financieras, puede ser de seguros, pero no considero que sea adecuada incluirla aquí, cuando hay una ley específica en esta materia. Otro cambio del proyecto es que los 5 miembros de la Junta serán designados y posesionados por la Asamblea, cuando antes la primera facultad era del Presidente. La Junta mantiene las mismas funciones que en los dos proyectos anteriores que, en lo principal, son formular las políticas crediticias, financieras, de seguros, de valores y medicina prepagada así como la regulación para mantener la solidez, sostenibilidad y estabilidad del sistema financiero, seguros y valores así como de salud prepagada  pero se le elimina sus facultades macroeconómicas. En efecto, el proyecto elimina el art. 15 y 16 del Código Monetario y Financiero, donde constaban éstas que se relacionan con los límites a la posición de activos externos de las entidades financieras, de valores y seguros o sea las normas que establecen condiciones y límites al endeudamiento externo que dichas entidades  del país contraten en el exterior y la Junta podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas. O sea, la banca no tendría límites para sacar sus recursos o endeudarse en el exterior.

En cuanto al Banco Central se le devuelve su autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica. Su objetivo será instrumentar la política monetaria formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria. Se reimplanta el sistema de los 4 balances. En el primero, las especies monetarias, los títulos del Banco Central y los depósitos de la banca y otros estarán respaldados por la Reserva Monetaria Internacional (RMI). Esto es si hay algún problema con dichos depósitos serán cubiertos por la RMI, o sea los pasivos (deudas) de la banca serán cubiertos con los activos de la RMI.  Es la segunda junta que estará integrada por 5 miembros que serán designados y posesionados por la Asamblea en función de los 5 miembros propuestos por el Presidente. Al igual que la Junta Financiera la de Política y Regulación Monetaria será integrada por miembros del sector privado. Entre las funciones importantes de esta última están formular la política monetaria, formular la política operaciones del Banco, contribuir y evaluar los riesgos a la estabilidad financiera y establecer las tasas de interés.

En el Código Monetario y Financiero, hay una Junta Monetaria y Financiera que define la política y regulación monetaria, del sistema financiero, de seguros y de valores. El proyecto crea dos Juntas. La Financiera regula al sistema financiero, seguros, valores y salud prepagada. La Monetaria regula la política Monetaria. Pero el cambio fundamental es que en el actual Código Monetario y Financiero la Junta Monetaria y Financiera está integrada por ministros y ejecutivos del sector público, presidida por el Ministro de Economía y Finanzas, el proyecto busca integrar las dos Juntas con miembros del sector privado. En otras palabras, la regulación financiera, de seguro y valores así como la política monetaria estará a cargo por técnicos del sector privado, con los consecuentes riesgos de cooptación y conflictos de intereses con dicho sector, en especial de la banca que tiene negocios en seguros y valores. En síntesis, el gobierno renuncia a la potestad de regulación y formulación de política, cuya naturaleza es pública por definición, y se la traspasa al sector privado. Se trata de cumplir con los condicionamientos del FMI, con teorías ultraliberales, para obtener 400 millones de dólares y otros recursos de organismos internacionales. Más deuda a cambio de traspasarle al sector privado (banca) la regulación financiera, monetaria, seguros y valores. O sea los regulados dictan la regulación.

Luis Rosero M.

Este artículo no se refiere a la obra de García Márquez, usamos el título del gran escritor para referirnos a la pérdida de confianza y credibilidad del gobierno con el último caso de corrupción como es el de las vacunas anticovid y su aplicación de manera privilegiada entre funcionarios, amigos y partidarios del gobierno antes que a los médicos y personal de salud de primera línea y personas vulnerables.

Al reparto de hospitales como cuota política, la corrupción en hospitales públicos (sobreprecios en pruebas anticovid, en funda para cadáveres, en insumos médicos, etc.), la mala gestión de la pandemia –que causó miles de muertes-, la crisis carcelaria ahora se conocen las irregularidades en el el plan de vacunación anticovid y el privilegio en su aplicación. A eso se suma el Informe de la Comisión de la Verdad sobre la protesta indígena de 2019 que revela la grave violación a los derechos humanos. Todo esto en el contexto de la crisis económica, social y sanitaria provocada, en parte por la pandemia, que ha generado una fuerte contracción de la economía, con el consecuente aumento del desempleo, subempleo, del sector informal y pobreza que llega a un tercio de la población y la rural a más del 40%. A eso se agrega la renuncia de 5 ministros y otros funcionarios, en un mes, que resume la crónica del final de un gobierno con un grave deterioro ético y moral por los hechos recientes.

El plan de vacunación anticovid, diseñado por Zevallos, ex ministro de salud, presentó una serie de irregularidades que, entre otras, está la aplicación de la vacuna a familiares, periodistas y otros. Con un juicio político en su contra sale del país sin rendir cuentas sobre su actuación en el Ministerio de Salud. El nuevo ministro de Salud, Rodolfo Farfán, siguiendo la misma política de su antecesor en la vacunación, renuncia, cuándo una jueza le pide que entregue la lista de vacunación, no entregándola para encubrir la vacunación privilegiada. Previo a ello, el dr. Robert Tandazo, Gerente Institucional de la Gestión del Plan de Vacunación renuncia denunciando que él y su equipo técnico “no ha sido parte activa del Plan de Vacunación contra la Covid-19, en donde existe injerencia directa de entes superiores en el desarrollo del plan, la distribución del biológico y la ejecución de la campaña…Es preocupante la situación de la estrategia nacional…..falta de respaldo técnico, contratos suscritos, falta de articulación con organismos internacionales, ausencia de registro de información e inclusive hostigamiento a funcionarios”. En otras palabras, el gerente de la gestión del plan de vacunación no manejaba el mismo y que otros decidían y, aun más grave, denuncia hostigamiento a funcionarios. El allanamiento a las oficinas del Ministerio de Salud, por la Fiscalía, aunque tarde, confirma la existencia la lista de vacunación.

La filtración de la lista de vacunación revela que la primera dama y funcionarios cercanos al Presidente fueron vacunados, argumentando seguridad nacional,  lo que significa que el gobierno conocía la lista de los vacunados.  El diario digital La Posta, denuncia que fueron vacunados, O. Hurtado, el consultor político Duran Barba (asesor de la campaña de Lasso), su hermano, Pablo Beter (ex ministro de Mahuad), el Ministro de Defensa Jarrin, Ricardo Izurieta y Sebastián Pérez (de 2 bufetes de abogados), Carlos Larreategui (Rector UDLA), Roberto Calisto (Pasteurizadora Quito),  Liz Giler (secretaria de despacho del gobierno), Rodrigo Paz, Gonzalo Rosero (radio Democracia), Emilio Najas (Telesucesos), un chef chileno, tiktokers, 2 estudiantes de medicina, 560 miembros del Club Rotario de Guayaquil y 750 personas del Club de Leones de Quito.  Por otro lado, Jorge Wated revelo una lista de 27 vacunados entre funcionarios del gobierno y ex funcionarios. Constan 5 ministros y 2 ex ministros. Entre los primero figura el Ministro de Finanzas, Defensa, Energía, entre otros. En síntesis, entre los vacunados hay miembros del poder político y personajes de la élite de Quito. En total, según La Hora, suman 1329 vacunados de forma privilegiada, sin constar en las listas oficiales. Para agravar el hecho, el registro para la vacunación, etapa 1, tercera edad, en la página web del Ministerio de Salud, no funcionó y el gobierno optó por otras opciones de registro.

La vacunación privilegiada, llamada VIP, revela la insensibilidad, la falta de criterio ético y moral en el Ministerio de Salud, y, del propio gobierno al permitir este hecho,  y aún más al ocultar la información Es grave que, el personal de primera línea: médicos y personal de salud,  en gran parte, así  como los de la tercera edad, no haya sido vacunado y se lo haya hecho a funcionarios y amigos del gobierno. El rector de la Universidad Central y Andina rechazaron la invitación a vacunarse antes que los de primera línea demostrando su dignidad y humanismo. La vacunación Vip ha sido un atentado a los que están más expuestos y un grave problema de salud pública. Revela como el régimen esta relacionado con las élites relegando a los que requieren urgentemente la vacuna. Me hace recordar la novela de Víctor Hugo Los Miserables. Precisamente, en la emisión del programa A Primera Hora, del 18 de Marzo de este año, de Radio Majestad, el conductor tildó de miserables a los funcionarios encargados del plan de salud. Esperamos que la justicia actúe y se revele la lista completa que, por al ser ocultada por dos ex ministros de salud,  reflejaría la gravedad de irregularidades, sería otro golpe a la credibilidad y confianza del gobierno pero un riesgo a la salud de la población vulnerable. Una crónica no de una muerte, sino de la agonía de un gobierno, con una gestión de salud que privilegio a los poderosos y amigos, relegando a los más expuestos al coronavirus. Un desenlace y oprobioso final de un gobierno.

Luis Rosero M.

La iliquidez del ISSPOL, por no poder recuperar inversiones financieras internas y externas, llega a tal límite que no puede realizar ciertas prestaciones lo que perjudica a sus afiliados. El horizonte de la posibilidad de recuperación de estas inversiones es a mediano plazo, por lo que seguirán afectados sus afiliados.

En varios artículos he analizado la problemática de la falta de recuperación de las inversiones del ISSPOL. Según el diario digital Primicias, el portafolio de este instituto, a diciembre de 2019, era de 1.373 millones de dólares. De ese monto,  de las operaciones externas, 327 millones  de dólares corresponden a la operación swap con HYBF  con bonos de deuda interna y 216 millones por una operación con bonos globales con IBcorp, ambas empresas de Jorge Cherrez; en lo interno, invirtió en obligaciones, por un monto inferior a 30 millones, emitidas por Delcorp y Ecuagran, compra de factura comerciales a Delcorp por más de 22 millones, inversión en fideicomiso de inversión (entre ellas a UTE por 8.8 millones), según Vistazo más de 100 millones se invirtieron en cesión de derechos fiduciarios,  compra de una hacienda por 14 millones que tenía un avalúo de 500.000 dólares, etc. inversiones que no han sido recuperadas en su totalidad o tienen atrasos. Solo en inversión externa, con las empresas de Cherrez, hay 543 millones. Según El Comercio, las inversiones impagas suman 318 millones. Con la captura en EE.UU. de Luzuriaga, ex director de riesgos del ISSPOL, y la orden de arresto contra Cherrez, en ambos casos por lavado de activos, se revelan los primeros datos de que Luzuriaga fue sobornado por Cherrez. Pero aún más, este último compró, según Expreso, acciones de empresas ecuatorianas, entre ellas, Sumesa. También han sido detenidos otros ex funcionarios del ISSPOL, incluido un ex director. En los artículos que escribí señalé que las inversiones externas pasaron por la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y Decevale;  las inversiones internas recibieron la autorización de parte de la Superintendencia de Compañias y pasaron la supervisión de la Superintendencia de Bancos. En estas inversiones, tanto externas e internas, con irregularidades, falló el control de las Superintendencias y de la BVG así como del Decevale. Respecto a éste último, el nuevo presidente de la BVG declaro que el Decevale no tenía controles y de eso se aprovecharon. No solo eso, sino que no tenía oficial de cumplimiento (que detecta el lavado de activo en las operaciones) ni auditor interno. Pero no solo eso, además hay graves problemas de gobierno corporativo tanto en la BVG, Decevale y los organismos de control. En el caso de Delcorp y Ecuagran ahora se conoce que son empresas vinculadas.

La veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre el caso del ISSPOL, solicito información al ISSPOL pero su director ha entregado información parcial y pide prórroga para el envío de la información restante. Esta veeduría investiga la problemática del ISSPOL por sus inversiones, busca aclarar el embrollo, encontrar alguna solución y a los culpables que todavía siguen libres.

La falta de recuperación de estas inversiones ha llevado a un grado de iliquidez tal que el ISSPOL tiene problemas para seguir atendiendo las prestaciones de sus afiliados. Hace pocos días, el director del Isspol declaró que la falta de liquidez impide dar todas las prestaciones. Expreso reportó, que por falta de recuperación, “El ISSPOL  ya siente el grave impacto en sus finanzas: no hay dinero para prestaciones” entre ellas la concesión de créditos a sus afiliados, atención en el hospital de la Policía, etc. Esto ha generado malestar en los afiliados hasta tal punto que, según el mismo diario, los jubilados del Isspol, Issfa y otras entidades se unen para exigir soluciones, denuncian deudas impagas y prestaciones de servicios desatendidas.

En el caso de las inversiones externas, como revelan los primeros datos, hubo corrupción por parte de las empresas de Cherrez para aprobar las mismas pero además hay principios de finanzas, sobre las inversiones,  que señalan una relación de riesgo y rentabilidad así como no concentración de las inversiones en operaciones riesgosas y en un solo fondo de inversión. Además, el riesgo aumenta en empresas relacionadas como son HYBF e IBcorp (de Cherrez) así como Delcorp y Ecuagran. La corrupción –tanto pública como privada-, la falta de un manejo técnico adecuado de las inversiones, las fallas de los organismos de control en la supervisión de las inversiones y la carencia de un gobierno corporativos (ISSPOL, BVG, DECEVALR) son, entre otras, las causas de inversiones inadecuadas y las consecuencias la están pagando los afiliados al no poder acceder a las prestaciones del ISSPOL.

Luis Rosero M.

El informe del INEC, del IV trimestre de 2020, muestran un grave deterioro del mercado de trabajo, crecimiento de la pobreza y mayor desigualdad como producto de la crisis de 2019 y de la triple crisis económica, social y sanitaria de 2020 que se traduce en un reducción de la calidad de vida de la población. Eso explica porque no se publicó dicho informe a tiempo, aduciendo el cambio de la metodología para la estimación de los indicadores laborales.

La tasa de empleo adecuado se reduce de 38.8%, en diciembre de 2019, a 30.8%, en el mismo mes de 2020. O sea, una reducción de 8% de los empleados y trabajadores que cuentan con seguridad social, pago de beneficios sociales y contrato laboral. Este resultado explica el aumento de la tasa desempleo de 3.8 a 5% (401.305 desempleados). En términos de género, las más afectadas han sido mujeres ya que, a diciembre de 2020, su tasa de desempleo fue de 12.8% mayor que la de los hombres.  En tanto que la del subempleo pasa de 17.8 a 22.7% en el mismo período (1’833.700 subempleados). Estos datos influyeron para que creciera el sector informal urbano, a nivel nacional, de 46.7 a 51.1% en el periodo nacional. La triple crisis se refleja en un gran deterioro del mercado de trabajo en términos de aumento del desempleo, subempleo y sector informal, siendo las mujeres las sufrieron el mayor impacto laboral. Esto fuera de la reducción del salario y aumento de la jornada por la reforma laboral y  por el teletrabajo.

El deterioro del mercado de trabajo incidió en un agravamiento de las condiciones de pobreza de la población. En efecto, a nivel nacional, la pobreza, medida por ingresos, pasa de 25 a 32.4% mientras que la pobreza extrema de 8.9 llega 14.9% de diciembre de 2019 al de 2020. O sea, el grave deterioro de las condiciones de subsistencia pues casi un tercio de la población se encuentra en la pobreza y el 15% en pobreza extrema. En cifras, aumentaron los pobres en 1.3 millones. Pero lo más crítico es que la pobreza rural alcanzó el 47.9% y la extrema pobreza llegó 27.5% a Diciembre de 2020. En otras palabras, los dos tipos de pobreza son más graves en el campo pues casi la mitad de la población rural es pobre mientras que más de una cuarta parte es extremadamente pobre. El INEC define como pobres a los que reciben un ingreso familiar per cápita de  $84.05 y como pobres extremos si perciben 47.37 dólares mensualmente.

Pero más aún, la concentración del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, aumento más. En efecto, dicho índice pasa de 0,454 a 0,485. En otras palabras, la desigualdad también aumentó pues lo que tienen más ingresos ahora estos son mayores. Dicho en otros términos, los ricos se hicieron más ricos y los pobres crecieron.  La encuesta del INEC determina también que el ingreso laboral fue $ 345,5 a diciembre de 2019 y en el mismo mes de 2020 se redujo a $ 309,9 en el caso de los hombres mientras que para las mujeres este pasa de $ 292,7 a 262.6 en dicho periodo. Estos datos muestran que hay desigualdad entre los ingresos laborales entre hombres y mujeres.

 A más de la mala gestión de la pandemia, vacunación preferencial ante el covid, crisis carcelaria, etc. la población sufrió el deterioro del mercado de trabajo traducido en un mayor desempleo, subempleo y sector informal urbano. A lo que se suma el aumento de la pobreza y pobreza extrema. Los que perdieron su empleo y no lo recuperaron pasaron a ser pobres entre los que se encuentran tanto la clase popular así como la clase media. Pero además aumentó la desigualdad. La política de subsidios del gobierno, a través de bonos, no alcanza a cubrir a la mayoría de pobres y pobres extremos. Estamos en una grave situación social, que implica un crítico deterioro de las condiciones de vida de la población que a su vez produce un aumento de la violencia y la delincuencia. Esto significa un retroceso de 10 años respecto al aumento de las condiciones de vida de la población, que se obtuvo en el gobierno anterior. Lo peor es que, en el I Trimestre de 2021, por la segunda ola de la pandemia, seguirá aumentando el desempleo, subempleo y el sector informal así como la pobreza, lo que lleva al país al riesgo de un estallido social si no atiende adecuadamente el grave deterioro de las condiciones de vida.