Luis Rosero M.

La iliquidez del ISSPOL, por no poder recuperar inversiones financieras internas y externas, llega a tal límite que no puede realizar ciertas prestaciones lo que perjudica a sus afiliados. El horizonte de la posibilidad de recuperación de estas inversiones es a mediano plazo, por lo que seguirán afectados sus afiliados.

En varios artículos he analizado la problemática de la falta de recuperación de las inversiones del ISSPOL. Según el diario digital Primicias, el portafolio de este instituto, a diciembre de 2019, era de 1.373 millones de dólares. De ese monto,  de las operaciones externas, 327 millones  de dólares corresponden a la operación swap con HYBF  con bonos de deuda interna y 216 millones por una operación con bonos globales con IBcorp, ambas empresas de Jorge Cherrez; en lo interno, invirtió en obligaciones, por un monto inferior a 30 millones, emitidas por Delcorp y Ecuagran, compra de factura comerciales a Delcorp por más de 22 millones, inversión en fideicomiso de inversión (entre ellas a UTE por 8.8 millones), según Vistazo más de 100 millones se invirtieron en cesión de derechos fiduciarios,  compra de una hacienda por 14 millones que tenía un avalúo de 500.000 dólares, etc. inversiones que no han sido recuperadas en su totalidad o tienen atrasos. Solo en inversión externa, con las empresas de Cherrez, hay 543 millones. Según El Comercio, las inversiones impagas suman 318 millones. Con la captura en EE.UU. de Luzuriaga, ex director de riesgos del ISSPOL, y la orden de arresto contra Cherrez, en ambos casos por lavado de activos, se revelan los primeros datos de que Luzuriaga fue sobornado por Cherrez. Pero aún más, este último compró, según Expreso, acciones de empresas ecuatorianas, entre ellas, Sumesa. También han sido detenidos otros ex funcionarios del ISSPOL, incluido un ex director. En los artículos que escribí señalé que las inversiones externas pasaron por la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y Decevale;  las inversiones internas recibieron la autorización de parte de la Superintendencia de Compañias y pasaron la supervisión de la Superintendencia de Bancos. En estas inversiones, tanto externas e internas, con irregularidades, falló el control de las Superintendencias y de la BVG así como del Decevale. Respecto a éste último, el nuevo presidente de la BVG declaro que el Decevale no tenía controles y de eso se aprovecharon. No solo eso, sino que no tenía oficial de cumplimiento (que detecta el lavado de activo en las operaciones) ni auditor interno. Pero no solo eso, además hay graves problemas de gobierno corporativo tanto en la BVG, Decevale y los organismos de control. En el caso de Delcorp y Ecuagran ahora se conoce que son empresas vinculadas.

La veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre el caso del ISSPOL, solicito información al ISSPOL pero su director ha entregado información parcial y pide prórroga para el envío de la información restante. Esta veeduría investiga la problemática del ISSPOL por sus inversiones, busca aclarar el embrollo, encontrar alguna solución y a los culpables que todavía siguen libres.

La falta de recuperación de estas inversiones ha llevado a un grado de iliquidez tal que el ISSPOL tiene problemas para seguir atendiendo las prestaciones de sus afiliados. Hace pocos días, el director del Isspol declaró que la falta de liquidez impide dar todas las prestaciones. Expreso reportó, que por falta de recuperación, “El ISSPOL  ya siente el grave impacto en sus finanzas: no hay dinero para prestaciones” entre ellas la concesión de créditos a sus afiliados, atención en el hospital de la Policía, etc. Esto ha generado malestar en los afiliados hasta tal punto que, según el mismo diario, los jubilados del Isspol, Issfa y otras entidades se unen para exigir soluciones, denuncian deudas impagas y prestaciones de servicios desatendidas.

En el caso de las inversiones externas, como revelan los primeros datos, hubo corrupción por parte de las empresas de Cherrez para aprobar las mismas pero además hay principios de finanzas, sobre las inversiones,  que señalan una relación de riesgo y rentabilidad así como no concentración de las inversiones en operaciones riesgosas y en un solo fondo de inversión. Además, el riesgo aumenta en empresas relacionadas como son HYBF e IBcorp (de Cherrez) así como Delcorp y Ecuagran. La corrupción –tanto pública como privada-, la falta de un manejo técnico adecuado de las inversiones, las fallas de los organismos de control en la supervisión de las inversiones y la carencia de un gobierno corporativos (ISSPOL, BVG, DECEVALR) son, entre otras, las causas de inversiones inadecuadas y las consecuencias la están pagando los afiliados al no poder acceder a las prestaciones del ISSPOL.

Luis Rosero M.

El informe del INEC, del IV trimestre de 2020, muestran un grave deterioro del mercado de trabajo, crecimiento de la pobreza y mayor desigualdad como producto de la crisis de 2019 y de la triple crisis económica, social y sanitaria de 2020 que se traduce en un reducción de la calidad de vida de la población. Eso explica porque no se publicó dicho informe a tiempo, aduciendo el cambio de la metodología para la estimación de los indicadores laborales.

La tasa de empleo adecuado se reduce de 38.8%, en diciembre de 2019, a 30.8%, en el mismo mes de 2020. O sea, una reducción de 8% de los empleados y trabajadores que cuentan con seguridad social, pago de beneficios sociales y contrato laboral. Este resultado explica el aumento de la tasa desempleo de 3.8 a 5% (401.305 desempleados). En términos de género, las más afectadas han sido mujeres ya que, a diciembre de 2020, su tasa de desempleo fue de 12.8% mayor que la de los hombres.  En tanto que la del subempleo pasa de 17.8 a 22.7% en el mismo período (1’833.700 subempleados). Estos datos influyeron para que creciera el sector informal urbano, a nivel nacional, de 46.7 a 51.1% en el periodo nacional. La triple crisis se refleja en un gran deterioro del mercado de trabajo en términos de aumento del desempleo, subempleo y sector informal, siendo las mujeres las sufrieron el mayor impacto laboral. Esto fuera de la reducción del salario y aumento de la jornada por la reforma laboral y  por el teletrabajo.

El deterioro del mercado de trabajo incidió en un agravamiento de las condiciones de pobreza de la población. En efecto, a nivel nacional, la pobreza, medida por ingresos, pasa de 25 a 32.4% mientras que la pobreza extrema de 8.9 llega 14.9% de diciembre de 2019 al de 2020. O sea, el grave deterioro de las condiciones de subsistencia pues casi un tercio de la población se encuentra en la pobreza y el 15% en pobreza extrema. En cifras, aumentaron los pobres en 1.3 millones. Pero lo más crítico es que la pobreza rural alcanzó el 47.9% y la extrema pobreza llegó 27.5% a Diciembre de 2020. En otras palabras, los dos tipos de pobreza son más graves en el campo pues casi la mitad de la población rural es pobre mientras que más de una cuarta parte es extremadamente pobre. El INEC define como pobres a los que reciben un ingreso familiar per cápita de  $84.05 y como pobres extremos si perciben 47.37 dólares mensualmente.

Pero más aún, la concentración del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, aumento más. En efecto, dicho índice pasa de 0,454 a 0,485. En otras palabras, la desigualdad también aumentó pues lo que tienen más ingresos ahora estos son mayores. Dicho en otros términos, los ricos se hicieron más ricos y los pobres crecieron.  La encuesta del INEC determina también que el ingreso laboral fue $ 345,5 a diciembre de 2019 y en el mismo mes de 2020 se redujo a $ 309,9 en el caso de los hombres mientras que para las mujeres este pasa de $ 292,7 a 262.6 en dicho periodo. Estos datos muestran que hay desigualdad entre los ingresos laborales entre hombres y mujeres.

 A más de la mala gestión de la pandemia, vacunación preferencial ante el covid, crisis carcelaria, etc. la población sufrió el deterioro del mercado de trabajo traducido en un mayor desempleo, subempleo y sector informal urbano. A lo que se suma el aumento de la pobreza y pobreza extrema. Los que perdieron su empleo y no lo recuperaron pasaron a ser pobres entre los que se encuentran tanto la clase popular así como la clase media. Pero además aumentó la desigualdad. La política de subsidios del gobierno, a través de bonos, no alcanza a cubrir a la mayoría de pobres y pobres extremos. Estamos en una grave situación social, que implica un crítico deterioro de las condiciones de vida de la población que a su vez produce un aumento de la violencia y la delincuencia. Esto significa un retroceso de 10 años respecto al aumento de las condiciones de vida de la población, que se obtuvo en el gobierno anterior. Lo peor es que, en el I Trimestre de 2021, por la segunda ola de la pandemia, seguirá aumentando el desempleo, subempleo y el sector informal así como la pobreza, lo que lleva al país al riesgo de un estallido social si no atiende adecuadamente el grave deterioro de las condiciones de vida.

Luis Rosero M.

El gobierno reenvío, el 23 de Febrero, proyecto de ley para la “Defensa de la Dolarización” que reforma el Código Monetario Financiero, con el carácter de urgente. Lo hace en medio de un escenario conflictivo: en el que se definirá el segundo lugar de las elecciones presidenciales, el escándalo  por la denuncia de vacunación anticovid a los familiares del Ministro de Salud y otros (que llevó a su renuncia y huida del país), y, la masacre en las cárceles del país.

El proyecto de ley, en lo principal, reforma la gobernanza de la Junta Monetaria y del Banco Central, reformando la forma de constitución del directorio de la primera y la reimplantación del directorio del segundo con miras a restaurar su autonomía. En su reenvío se cambia  y se amplía la exposición de motivos y el considerando pero mantiene intacto la propuesta de reforma. Esta es uno de los condicionamientos del FMI por el acuerdo crediticio, que debe cumplirse en el I Trimestre de este año, para recibir 400 millones.

En el gobierno anterior, se hizo una profunda reforma financiera estableciéndose una nueva arquitectura financiera doméstica basada en 4 pilares: 1. Una red de seguridad financiera que incluye la constitución de un fondo de liquidez, un seguro de depósito y la aplicación de la resolución bancaria, 2. Creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la supervisión y control de las cooperativas no financieras y las de ahorro y crédito, 3. Una reforma a la ley de mercado de valores para incentivar el desarrollo de éste y 4. El fortalecimiento de la banca pública. Para ello, se aprobaron las leyes respectivas. Después, en 2014, se aprobó el nuevo Código Monetario Financiero con lo que se concluye dicha reforma.

Respecto al Banco Central, la constitución de 2008 estableció que la formulación de dicha política es facultad del ejecutivo y se instrumentará a través del Banco Central. En una reforma a la Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado, de Octubre de 2009, se reafirma lo establecido en la constitución y se cambia la constitución del directorio del Banco Central, pasando a un directorio de 6 miembros: 3 ministros, el secretario de Senplades, un delegado del Presidente y otro por las instituciones financieras de desarrollo. En otras palabras, en vez de miembros del Directorio del sector privado se estableció que dicho directorio se constituya con funcionarios públicos. En otros términos, la política monetaria pasó a ser diseñada por el ejecutivo e instrumentada por el Banco Central, tal como lo establece la constitución de 2008. En el artículo “Los cambios institucionales en el Banco Central del Ecuador”, publicado por Debate No. 79, de Abril de 2020, analizó en detalle este cambio fundamental en la gobernanza del ex instituto emisor.

Con la publicación del Código Monetario y Financiero, en Setiembre de 2014, se establece una nueva institucionalidad para la regulación sistema financiero y monetario. Se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que norma y formula la política en  las actividades monetarias, crediticias, cambiarias, financiera, de seguros y valores. La constitución de la Junta serían: 3 ministros, el secretario del Senplades y un delegado del Presidente. Con este cambio, desaparece el directorio del Banco Central, y toda la regulación y política del sistema financiero, incluido lo monetario, queda bajo la responsabilidad de esta Junta. Esta estructura institucional cambiaría con la reforma al Banco Central y al Código Monetario y Financiero, según el proyecto de ley reenviado, restituyendo el directorio del Banco del Banco Central y modificando la constitución del directorio de la Junta, en ambos casos, con miembros del sector privado.