Luis Rosero M.
Por tercera vez el gobierno envía el proyecto de Defensa de la Dolarización, como urgente, en época de elecciones, y, cuando la legislatura actual está terminando sus funciones. Es más cosmética, pero mantiene el espíritu del primer proyecto de entregarle al sector privado el manejo de la regulación financiera y monetaria.
El proyecto crea la Junta Financiera y la Junta Monetaria. La primera se encargará de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Esto último no es parte de las actividades financieras, puede ser de seguros, pero no considero que sea adecuada incluirla aquí, cuando hay una ley específica en esta materia. Otro cambio del proyecto es que los 5 miembros de la Junta serán designados y posesionados por la Asamblea, cuando antes la primera facultad era del Presidente. La Junta mantiene las mismas funciones que en los dos proyectos anteriores que, en lo principal, son formular las políticas crediticias, financieras, de seguros, de valores y medicina prepagada así como la regulación para mantener la solidez, sostenibilidad y estabilidad del sistema financiero, seguros y valores así como de salud prepagada pero se le elimina sus facultades macroeconómicas. En efecto, el proyecto elimina el art. 15 y 16 del Código Monetario y Financiero, donde constaban éstas que se relacionan con los límites a la posición de activos externos de las entidades financieras, de valores y seguros o sea las normas que establecen condiciones y límites al endeudamiento externo que dichas entidades del país contraten en el exterior y la Junta podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas. O sea, la banca no tendría límites para sacar sus recursos o endeudarse en el exterior.
En cuanto al Banco Central se le devuelve su autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica. Su objetivo será instrumentar la política monetaria formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria. Se reimplanta el sistema de los 4 balances. En el primero, las especies monetarias, los títulos del Banco Central y los depósitos de la banca y otros estarán respaldados por la Reserva Monetaria Internacional (RMI). Esto es si hay algún problema con dichos depósitos serán cubiertos por la RMI, o sea los pasivos (deudas) de la banca serán cubiertos con los activos de la RMI. Es la segunda junta que estará integrada por 5 miembros que serán designados y posesionados por la Asamblea en función de los 5 miembros propuestos por el Presidente. Al igual que la Junta Financiera la de Política y Regulación Monetaria será integrada por miembros del sector privado. Entre las funciones importantes de esta última están formular la política monetaria, formular la política operaciones del Banco, contribuir y evaluar los riesgos a la estabilidad financiera y establecer las tasas de interés.
En el Código Monetario y Financiero, hay una Junta Monetaria y Financiera que define la política y regulación monetaria, del sistema financiero, de seguros y de valores. El proyecto crea dos Juntas. La Financiera regula al sistema financiero, seguros, valores y salud prepagada. La Monetaria regula la política Monetaria. Pero el cambio fundamental es que en el actual Código Monetario y Financiero la Junta Monetaria y Financiera está integrada por ministros y ejecutivos del sector público, presidida por el Ministro de Economía y Finanzas, el proyecto busca integrar las dos Juntas con miembros del sector privado. En otras palabras, la regulación financiera, de seguro y valores así como la política monetaria estará a cargo por técnicos del sector privado, con los consecuentes riesgos de cooptación y conflictos de intereses con dicho sector, en especial de la banca que tiene negocios en seguros y valores. En síntesis, el gobierno renuncia a la potestad de regulación y formulación de política, cuya naturaleza es pública por definición, y se la traspasa al sector privado. Se trata de cumplir con los condicionamientos del FMI, con teorías ultraliberales, para obtener 400 millones de dólares y otros recursos de organismos internacionales. Más deuda a cambio de traspasarle al sector privado (banca) la regulación financiera, monetaria, seguros y valores. O sea los regulados dictan la regulación.