Luis Rosero M.

En su discurso de posesión, Castillo, en su plan de gobierno, priorizó la lucha contra el coronavirus, la reactivación económica para generar empleo, lucha contra la corrupción y una fuerte política social para ampliar y mejorar los servicios públicos a fin de mejorar las condiciones de vida de los peruanos.

En cuanto a salud, señaló que ésta es un derecho que el estado debe garantizar. En primer lugar, la vacunación anticovid y la construcción de un sistema de salud que priorizará la atención médica primaria. Para ello construirá hospitales en las diferentes regionales, mejorará la atención de centros y postas de salud y un equipo móvil para atender a las familias.

Planteó el respeto a la propiedad privada, redistribución de la riqueza, control de los monopolios, en especial los del gas y las medicinas, crédito barato a través del banco de la nación, promoción de la inversión y la aplicación del criterio de la rentabilidad social en ésta.

Para la reactivación económica y generar empleo, realizará un programa de inversión pública en infraestructura regional y generación de empleo temporal, reprogramación de deudas de las pymes, programa de crédito para la protección del empleo y priorización de los sectores más afectados por la pandemia: agricultura, pymes, turismo y transportes. En los proyectos de inversión pública se priorizará los de agua, alcantarillado y saneamiento; en  vivienda, se impulsará el programa Techo Propio. Hará un reordenamiento del sector minero estableciendo reglas claras. En el sector pesquero asegurará la sostenibilidad. En cuanto a la agricultura asignará más recursos al Fondo Fae Agro y fortalecerá el Agrobanco para el impulso del pequeño agricultor y economía campesina. Fortalecerá del Programa Nacional Mujer emprendedora otorgando créditos. En cuanto a petróleo, la empresa petrolera nacional participará en todas las etapas del proceso incluyendo la comercialización de derivados y regular así sus precios. En transporte y comunicaciones, fomentará la construcción de caminos rurales y mejorará el transporte público. Protegerá el medio ambiente. En lo fiscal, aplicará mecanismos para reducir la evasión y elusión tributaria.

En cuando a la política social, plantea un aumento del presupuesto para la educación pública y superior. En la primera comenzará con el fortalecimiento de la educación parvularia y primaria. Establecerá en las zonas rurales, viviendas y centros de recursos pedagógicos para docentes; alimentación para estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria. En zonas rurales y urbanas implementará un programa de compras estatales con productos locales, para combatir el hambre. Fortalecerá la protección social con el acceso y derecho pleno a salud y pensiones.

En lo política, buscará la formación de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1993 para cambiar, entre otras, las disposiciones que benefician a las grandes corporaciones. Como un gran signo de cambio planteó que no gobernará desde el Palacio de Pizarro, para romper con ataduras de dominación y establecerá en éste el nuevo Ministerio de Culturas.

En síntesis, Castillo establecerá un plan de gobierno nacionalista (elaborado por Francke, su asesor económico) con fuerte énfasis en la política social, priorizando la salud, educación y protección social; una reactivación económica, impulsando la agricultura, pymes, turismo y transporte, para generar empleo, apoyo para las pymes, la mujer y sector informal; renegociará los contratos de inversión en sectores estratégicos con las transnacionales para mejorar los ingresos del estado y aplicará mecanismos para reducir la evasión tributaria. Para llevar a cabo su propuesta, tendrá que luchar en dos frentes. Uno, al interior de su propio partido y con su líder, quien ya le impuso un Jefe de Gabinete, que llevó a Francke a rechazar brevemente el Ministerio de Economía que finalmente aceptó, y, por otro lado, con los partidos de derecha, que dominan el Congreso, y los grupos económicos y sus aliados que buscarán defender sus intereses. Su plan está orientado a la redistribución del ingreso, con servicios públicos de calidad, para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los peruanos, reducir la pobreza y el hambre. Para financiar su plan, buscará obtener mayores ingresos para el estado con la renegociación de contratos que explotan recursos naturales y, por otro lado, reduciendo la evasión tributaria. Castillo tendrá un gran desafío económico –por la contracción de 11.1% del PIB en 2020-, social –para mejorar el bienestar debe reducir el déficit fiscal- y político –debe enfrentarse a los radicales de su partido, negociar por su minoría en el Congreso y con los empresarios-.

Luis Rosero M.

El maestro Castillo ganó, por escasa diferencia, generando un terremoto político, en un país dominado por el neoliberalismo en los últimos 30 años, representando un viraje de 360 grados, que implicará un cambio de rumbo en la política, economía y en lo social. También significará una dura batalla, contra la derecha, por mejorar las condiciones sociales de la mayoría de los peruanos. El resultado electoral demuestra que hay un país dividido entre los de arriba y los de abajo.

Castillo, un maestro de escuela rural, ganó en las urnas pero tuvo que enfrentar una dura batalla en el contencioso electoral para que se le reconozca su triunfo. Se enfrentó al poder detrás de Keiko Fujimori, financiada por grupos económicos y de la derecha. Al final, el organismo electoral rechazó las impugnaciones de irregularidades en las votaciones y reconoció el triunfo que significó una derrota de las élites, pues un sencillo maestro  rural las derrotó, que había colocado presidente en los últimos años. Es golpe duro para la derecha.  ¿Pero porque el triunfo? Veamos.

En lo político, en 4 años Perú tuvo 4 presidente y Castillo será el quinto, reflejando la inestabilidad política. Así, Kuczynski ganó la Presidencia en 2016 pero renunció en 2018 por escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht; Vizcarra vicepresidente asumió la Presidencia pero en 2019 el Congreso lo destituyó acusado de corrupción. Merino fue el sucesor y asumió el mando por 5 días y se vio obligado a renunciar por las protestas en su contra y, finalmente,  en Noviembre de 2020, asumió Sagasti como Presidente de transición, siendo el tercero en una semana. Pero recordemos, que Keiko Fujimori estuvo presa acusada de corrupción vinculados a Odebrech. Además, Toledo, ex presidente (2001-2006), fue detenido en EE.UU., por pedido de extradición a Perú, sobre el que pesa una orden de prisión por 18 meses acusado de sobornos de Odebrech y tiene otra causa por lavado de activos.

El informe de la ONU, El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021, señala que en 2020 de los 650 millones que pasaban hambre aumentó en 118 millones de personas. Recalca el informe que no solo hay mayor inseguridad alimentaria sino que en A. Latina hay 60 millones más. El informe señala que la inseguridad alimentaria estaba vinculada a la pobreza, la pandemia aumentó la duración del encierro en relación a la informalidad, en AL, que pasó de 54% a 70%, llevaron a que se sumaran a las estadísticas del hambre la clase media. En Perú, con la mayor contracción de la economía en A. Latina, por la pandemia, creció la inseguridad alimentaria y el hambre.

En efecto, entre 2010-2019, la economía peruana creció a un promedio anual de 4.8% y, en el periodo 2015-2019 alcanzó 3.2%. Por el coronavirus, en 2020, la economía se desplomó, registrando una contracción de -11.1% provocando efectos económicos y sociales graves. Así, a partir de Marzo de 2020 la variación de la demanda interna se volvió negativa, desde ese mes,  alcanzando su pico más alto en Abril con -39.1%, tornándose positiva después de un año. Esta contracción provocó efectos en el ingreso, el empleo y variables sociales. Así, en el área urbana el ingreso real promedio per cápita disminuyó 22.5% y el rural 9% lo que llevó a que el gasto real promedio per cápita mensual disminuyera 16%.  La tasa de desempleo, a nivel nacional, fue 7.8% en 2020, según la CEPAL.  La pobreza aumentó en 2020 a 30.1% casi diez puntos más que en 2019. %, mientras que la línea de pobreza extrema casi se duplica pasando  de 2.9 a 5.1%. El aumento de la pobreza no es solo por la pandemia, ha venido creciendo año tras año, así línea de pobreza total, en el periodo 2009-2020, creció 42.8%, medida por el acceso la canasta básica. La tasa de desempleo informal (los que viven de lo que hagan en el día), a nivel nacional, fue de 72.7%, la urbana 66.4% y la rural 95.2%. Solo basta mirar las zonas marginales de costa, en especial de Lima, las condiciones sociales rurales en general y de la sierra y amazonia en particular, en que reina la pobreza, la exclusión social y el hambre, que la pandemia agravó, para explicar la decisión de las grandes mayorías marginadas.

 En síntesis, la corrupción, la pobreza, la informalidad, el hambre y el deterioro de las condiciones de vida llevaron al triunfo de Castillo. Es el resultado de políticas neoliberales adoptadas por los últimos gobiernos que conducen a la concentración del ingreso y riqueza e injusticia social. Por eso, dado el nerviosismo de los empresarios, antes de asumir el poder, en una hábil estrategia,  nombró a Pedro Francke como asesor económico, respetado por empresarios y la academia, y, por otro lado, ratificó al Presidente del Banco Central. Francke ha declarado que Castillo aplicará una economía de libre mercado pero con redistribución del ingreso con aumento del gasto en salud y educación y mayor apoyo a microempresarios. Renegociará los contratos mineros y petroleros. Y llamará a una Asamblea Constituyente para cambiar la constitución. En otras palabras, redistribución del ingreso para aliviar la situación de pobreza y empeoramiento de las condiciones sociales de gran parte de los marginados. Este es el gran desafío de Castillo para lo cual deberá enfrentarse con los intereses de la derecha, a los partidos de esa orientación y el poder mediático. Las élites latinoamericanas no entienden que si no hay servicios públicos dignos, distribución del ingreso y la riqueza, los de abajo llegaran al poder para llevar a cabo estas políticas y aliviar la pobreza para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Luis Rosero M.

Si bien se conoce la ideología neoliberal, el gobierno arma pausadamente su modelo de política pero la protesta social frena la implementación de la libertad de mercado en todos los sectores de la economía.

En efecto, en el mercado de bienes del sector agrícola, en el caso del arroz la protesta de los agricultores de la costa llevo al gobierno a negociar y formar una mesa técnica para llegar a una propuesta consensuada. Recordemos que, en el gobierno de la revolución ciudadana, había un esquema de sostenimiento de precios y, en ese, era vital la Unidad Nacional de Almacenamiento, ente estatal que jugaba un rol importante en la regulación de precios de la gramínea. En consecuencia, el libre mercado en el arroz no pudo seguir aplicándose por la protesta de los arroceros. A esa protesta se unieron los productores de banano quienes demandan el respeto al precio oficial de la fruta. Se ha vuelto una tendencia que los exportadores paguen por debajo del mismo perjudicando a los productores. Existe una formula con el que se fija ese precio a varios factores que incluye el precio internacional de la fruta y los costos de producción de manera que no se perjudique tanto a exportadores y productores. Así mismo, respecto a la liberalización del precio de los combustibles los transportistas paralizaron este servicio, en Quito y Guayaquil, obligando al gobierno a un diálogo para tratar de establecer una focalización del subsidio a los combustibles que, como en banano, se fija en función de una fórmula que incluye el precio internacional de petróleo y otros factores. Pero desde que se estableció este mecanismo ha venido subiendo constantemente el precio del diésel, combustible que usa el transporte de pasajeros y carga, afectando los costos de los transportistas y sus ganancias.

En cuanto al comercio exterior, el gobierno expidió una reforma arancelaria que elimina o reduce el arancel de 667 productos. Los ítems incluyen algunos grupos de productos. Entre ellos están los de informática, piezas y accesorios; vehículos automotores, piezas y accesorios; aceites y grasas animales y vegetales; maquinaria agrícola, fertilizantes y algunos productos agrícolas, carnes, frutas, cereales importados, etc. entre los más importantes. La estrategia del gobierno apunta a reducir el costo de los insumos importados de los sectores señalados para ganar competitividad. Sin embargo, al reducir el arancel a algunos productos, por ejemplo agrícolas, que se producen en el país, afecta a la producción nacional. El gobierno continua con su intención de la liberalización del comercio exterior para supuestamente impulsar las exportaciones. Para ello, se ha fijado como meta que, a fines de año, este firmado el tratado de libre comercio con México, que sería importante para el ingreso del país en la Alianza del Pacifico, y luego seguirá con EE.UU. El riesgo de estos acuerdos comerciales que, si no son bien negociados, afectaría a algunos sectores, aumentaría las importaciones y saldrían dólares que sostienen la dolarización.

En el mercado monetario, el gerente del Banco Central anunció que en cuanto al precio del dinero, la tasa de interés, se establecerá un sistema de bandas. Actualmente, hay un esquema de fijación de esta tasa en función del promedio del sistema financiero más un porcentaje, pero hay un techo, más arriba se considera usura y es penalizada. Según el gerente, ese techo no responde a criterios técnicos y que con el nuevo esquema “Ecuador debería caminar a tasas de equilibrio por segmentos, en donde hay bandas superiores” Supuestamente, la aplicación del nuevo esquema, que regiría a partir del 1 de Agosto, llevará a una tendencia de la baja de la tasa durante el segundo semestre de este año. Ya algunos bancos, han decidido reducir en dos puntos la tasa de crédito de consumo. El mercado monetario está dominado por una banca oligopólica, que es controlados por 3 bancos más grandes, lo que complica la reducción de las tasas. Este es un sector clave por el gobierno por las relaciones con éste.

En lo que sí ha sido muy claro el gobierno es la reducción del tamaño del estado. El Presidente decretó la liquidación de Seguros Sucre, informó que venderá las gasolineras, el Banco del Pacifico y realizará la concesión de carreteras, telecomunicaciones, refinerías, hidroeléctricas, etc. En otras reformas estructurales como la del mercado de trabajo va despacio por las fuertes reacciones sociales que implican pero que seguramente estarán en los convenios que firme con otros organismos internacionales diferentes del FMI.

En síntesis, el gobierno toma precauciones en la liberalización de precios de ciertos bienes por la protesta social pero avanza rápidamente en la reducción del tamaño del estado y en la liberalización de la tasa de interés realiza estudios para implementarla, por lo pronto va por bandas. Lo que sí parece claro que, estas medidas, formarían parte del acuerdo con el FMI, y, en consecuencia el plan económico que aplique sería el de este organismo internacional lo que implica condicionamientos y efectos económicos y sociales. Pero nuevamente, el temor a la protesta social hará que el ajuste sea más lento y busque compensaciones sociales, a través de subsidios, que ayuden a reducir la desnutrición, el hambre y la pobreza.

Luis Rosero M.

La investigación sobre el caso Isspol avanza pero por acción de la justicia americana. Los procesos judiciales en el país caminan en función de la información derivada de ésta. Si bien se detuvo a algunos implicados aún no se recupera la inversión externa hecha por el Isspol. Y sigue la espera y suplicio para los afiliados al Isspol continua ya que no pueden recibir todas las prestaciones de seguridad social.

La Fiscalía dictó, el 22/06/2021, prisión preventiva a algunos de los implicados en el caso Isspol, entre ellos a Xavier Neira, gerente de Citadel, y 2 funcionarios de Decevale y arresto domiciliario a Rodolfo Kronfle, ex Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y Decevale, Carlos Cargo y Oreana Rumbea ex directivos de Decevale acusados por el delito de falsedad de información. Como ya hemos señalado parte de las inversiones, realizadas en el exterior, por el Isspol, fue canje de bonos de deuda externa del Estado, por 693 millones de dólares con IBcorp y HYBF, en dos operaciones, con empresas de Jorge Chérrez. Además, están sin recuperar cerca de 200 millones por inversiones internas.

Para las inversiones con las empresas de Chérrez, éste según declaraciones de John Luzuriaga, ex director del Riesgos del Isspol, lo sobornó para que diera criterio favorable para la inversión. Por otro lado, en la declaración a la justicia americana, Luis Alvaréz, ex gerente de operaciones de Decevale, se declara culpable de haber recibido sobornos de Cherréz por facilitar negocios con Decevale. Entre ellos un acuerdo con una empresa para custodia de los valores invertidos por Isspol en el exterior, de propiedad de Cherréz que, por este contrato logra tener en custodia los títulos de las inversiones que negocio con Isspol. Por otro lado, el año pasado la Ministra Romo declaró “que el hijo de la gerente de Decevale estuvo trabajando en la Intendencia de Valores y la hija del exintendente de Valores de Guayaquil estuvo trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que a su vez son accionistas mayoritarios de Decevale… Agregó que los representantes de Citadel, una de las casas de valores que participa en una de las operaciones del ISSPOL, tienen una relación familiar directa con los representantes de Decevale.” Se refiere a que Oriana Rumbea, gerente administrativa del DECEVALE, es esposa de Xavier Neira, gerente de CITADEL. Surgen algunos interrogantes: ¿Quién firmó los ¿contratos entre las empresas de Cherrez y Decevale? ¿si había claros conflictos de intereses porque no actuó el organismo de control?

Aún más, en un artículo que publiqué, en octubre del año pasado, sobre el tema, en la primera operación por 205 millones señale que: “el ex gerente de la casa de valores Valpacifico –hoy amenazado por ser testigo de investigación-, que intervino en la negociación, señaló que advirtió, por carta a David Proaño, director del ISSPOL en esa época, que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro”. La segunda operación  con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.”  En otro artículo expresé: “el Intendente de Valores -hoy depuesto- fue advertido sobre la existencia de los bonos negociados con los fondos de inversión de Cherrez -en Decevale- no realizó ninguna gestión para enfrentar las irregularidades ya denunciadas por el ISSPOL.”

O sea, Carlos Murillo, Intendente de Valores, de la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores, fue advertido de la irregularidades de las transacciones con Cherrez y tampoco tomó acciones. Por otro lado, el Isspol realizó inversiones locales con 36 cesiones de derechos fiduciarios con fideicomisos que, según Primicias,  son operaciones prohibidas para los fondos como el Isspol.  En otras palabras, la Superintendencia no actuó. O sea el organismo de control falló en la supervisión tanto en las inversiones externas e internas del Isspol. En la ley de mercado de valores y sus reformas se señalan las sanciones por infracción a dicha ley. Por otro lado, en  la ley de Defensa de Dolarización, se estipula que “La estructura y funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y del Banco Central del Ecuador (JPRMFBCE) se mantendrá según lo establecido en el Código Orgánico y Monetario y Financiero vigente hasta antes de la reforma, mientras se conforman dentro del plazo de 90 días, contados a partir de la a partir de la presente ley, la Junta de Política y Regulación Financiera, la Junta de Política y Regulación Monetaria…  “Dicho plazo vence el 3 de agosto, de este año, lo que significa que le toca, hasta esa fecha, a la  (JPRMFBCE) aplicar las sanciones correspondientes. La misma estará presidida, hasta la fecha señalada, por el Ministro de Finanzas, e integradas por Ministros y otros funcionarios gubernamentales.

Lo paradójico es que no se ha recuperado la plata de las inversiones del Isspol y sus afiliados (policiías) no pueden recibir las prestaciones de la seguridad social y hasta el momento ninguno de los implicados tiene sentencia. Como ya lo expresaron los últimos directivos del Isspol y  el ex gerente de Valpacifico, José Ibañez,  que “Las inversiones del ISSPOL las manejo una mafia delictiva.”