Luis Rosero M.
De las declaraciones de funcionarios públicos e información de medios se desprende que, con el nuevo convenio con el FMI reajustado, se aplicaría un fuerte ajuste fiscal en 2022 y algunas reformas estructurales orientadas a seguir implementado la libertad del mercado y reducción del tamaño del estado así como medidas de compensación social.
El acuerdo reajustado le permitirá acceder del FMI unos 2.500 millones (1500 en este año y 1000 en 2022) y otros 2000 millones vendrían de organismos multilaterales. El déficit fiscal sería alrededor del 6% del PIB, del que se aspira que en 2025 llegue a cero. Para disminuir éste, el ajuste fiscal en 2021 sería de cerca de 1500 millones de los que 430.8 millones serían en sueldos (lo que implicaría despedir a empleados públicos) mientras que en 2022 sería alrededor de más de 2000 millones que llevaría más despidos tanto por la terminación de contratos como por la reducción del tamaño del estado. El gobierno optó para reducir el déficit disminuir el gasto público más que incrementar los ingresos del estado. Hasta el fin del gobierno se aplicaría una reducción del gasto de 4000 millones, de los cuales más del 50% se realizaría en 2022.
Entre las reformas estructurales estarían una reforma tributaria, reforma laboral, recorte del tamaño del estado, apertura económica, reforma al mercado de capitales y mejora del entorno empresarial para incentiva la inversión.
En cuanto a la reforma tributaria, se esperaría no aumento del IVA, crecimiento de la recaudación en impuesto a la renta a los que ganen más 1000 dólares (empleados públicos y clase media), una contribución especial a la clase alta, eliminación del impuesto a la herencia, reducción gradual del impuesto a la salida de capitales y medidas contra la evasión y elusión tributaria.
La reforma laboral está orientada a continuar con la flexibilidad en el mercado de trabajo. Al parecer se establecerían unas normas legales para un grupo de este mercado que implicaría nuevas formas de contratación (incluye emprendedores, los del sector informal y otros). Al parecer para ellos se modificaría la ley de reparto de utilidades, el pago de beneficios sociales y formas de afiliación a la seguridad social. Por otro lado, para los trabajadores del sector formal se mantendrían amparados con el actual código de trabajo.
El recorte del tamaño del estado mediante despidos, iniciado en 2021, continuaría hasta el fin del gobierno. Mientras que en 2022 comenzaría la concesión (carreteras, hidroeléctricas, refinerías y otras) y la privatización de instituciones públicas, entre ellas, CNT, banco del Pacifico, etc.
La apertura comercial está enfocada en celebrar acuerdos de libre comercio. Está en proceso el que se firmaría con México que continuaría con Rusia, China, EE.UU y otros países. Estos acuerdos tienen su pro y contra. En lo primero estaría el aumento de las exportaciones y, en lo segundo, la afectación de la agricultura, industria y otras actividades económicas.
El mercado de capitales en el país está estancado y desprestigiado por los casos ISSPOL y otros, a pesar de que hubo una reforma en el mismo. El gobierno anuncia otra reforma al mercado de capitales la cual debe estar orientada a cambiar la estructura de financiamiento de corto a largo plazo, mejora de su funcionamiento y restructuración de los esquemas de supervisión y regulación que han sido irrespetados como lo muestra el caso ISSPOL.
Finalmente, se buscaría mejorar las alianzas público-privado y dar incentivos para incentivar la inversión privada y extranjera, tanto por el lado tributario como mejorar el entorno empresarial.
En síntesis, el acuerdo pone acento en un fuerte ajuste basado en el gasto público, varias reformas estructurales que darían más libertad a los distintos mercados y reducir el tamaño del estado pero también trae aparejado compensaciones sociales para mitigar el hambre y la pobreza vía subsidios y reactivación económica para generar empleo.
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