Luis Rosero M.

Después de dos semanas de la protesta indígena, bloqueo de ciudades y carreteras, que ha agravado la crisis económica, social y política, se abrió la posibilidad de un diálogo indígenas-gobierno pero, para enturbiar más la coyuntura, UNES presentó, a la Asamblea, la petición de destitución del Presidente causando más inestabilidad política desembocando en una tensa calma hasta conocer la repuesta de la Asamblea y los resultados de una posible negociación entre el gobierno y los indígenas.

En la semana anterior, la violencia subió de tono de lado y lado. El gobierno aumentó el uso progresivo de la fuerza (más represión) que ha dejado ya 5 muertes y centenas de heridos. La protesta indígena elevó su tono con la muerte de un manifestante en el Puyo, el ataque a la Controlaría, la destrucción de camiones del ejército en San Antonio de Pichincha y la toma de dos gobernaciones en provincias de la Sierra. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik  acusó, por esta mayor violencia, a la infiltración de vándalos y la acción de grupos correistas. La apertura de las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Jueves 23 de Junio, dio esperanza de un diálogo, pero después de estos hechos de violencia, el Viernes 24, el régimen acusó a Iza, líder de la protesta indígena y CONAIE, de golpista y aumentó la represión desalojando a los indígenas de la Casa de la Cultura y Parque del Arbolito. Santi fue más allá, declarando que si el gobierno no dialoga apoyaría la destitución del ejecutivo. Este día, el correísmo presentó, ante la Asamblea, aprovechando la coyuntura, un pedido de destitución del Presidente, que comenzó a tramitarse el Sábado 25. Al mediodía de éste hubo un encuentro entre dirigentes indígenas y representantes del gobierno para un posible diálogo. En la tarde, de ese día, el Presidente envío al asesor jurídico de Presidencia para que lo defienda y presentar descargos ante dicha petición, previamente el ejecutivo derogó el decreto de excepción en las 6 provincias para atenuar el pedido de destitución. En definitiva, el Presidente está en una encrucijada: la resolución de la Asamblea sobre su destitución o el cumplimiento total o parcial de las demandas indígenas que implicaría un diálogo y negociación.

El desabastecimiento de productos agrícolas de la sierra, el aumento de sus precios, la falta de combustibles en algunas provincias de la sierra, la pérdida de leche, muerte de pollos en granjas, la paralización de industrias, el cierre de carreteras que ha impedido la exportación de flores (sierra), banano y camarón (costa) y otros de la amazonia ha causado un fuerte impacto en la población y empresas reflejado en un mayor costo de la canasta básica y reducción de la actividad económica que implica pérdidas económicas y reducción del empleo. La situación económica, política y social es ya insostenible, no puede seguir la paralización del país, ni la débil política social y la inestabilidad política so pena de un caos generalizado. A nivel externo, el riesgo país sigue subiendo más allá de los mil puntos reflejando la gravedad de la coyuntura social y política.

El gobierno se verá obligado a negociar con los indígenas. Su repuesta inicial fue aumento del bono de desarrollo humano de $ 50 a 55, condonación de créditos vencidos hasta 3000 dólares en Banecuador, subsidio del 50% del costo de la urea y declaración en emergencia de la salud. Ya en Mayo la inflación se situó en 3.38% la que subiría a más del 4% por la protesta indígena. La CONAIE considera insuficiente esta propuesta  e insiste en sus 10 demandas que, entre las principales, son reducción del precio de la gasolina super y ecopais, precios justos para productos del campo, aumentar el presupuesto para salud y educación, pago de la deuda al IESS, mejorar el empleo y no privatización. Posteriormente, el gobierno respondió con duplicar el presupuesto para la educación bilingüe y, después, ofreció con focalizar el subsidio de los combustibles a los sectores agrícolas. El domingo 26 de Junio, en cadena nacional, el Presidente anunció que bajaría en 10 centavos al galón de la gasolina extra, ecopais y diésel y más aún, como gesto para la negociación, que se compromete a cumplir con los 10 puntos de una manera realista.  Lo cierto es que tendrá que ceder a algunas de estas demandas para lograr paz social y cierta estabilidad política.

¿Por qué hemos llegado a esta crítica coyuntura económica, social y política? Uno, en lo social, lo más visible ha sido por falta de atención en los hospitales públicos y desabastecimiento de medicinas, los problemas de falta de adecuación de la infraestructura en escuelas y colegios fiscales, el impago de la deuda al IESS (de la que pago una parte); en lo económico, la poca importancia dada a los paros de los pequeños productores bananeros y de leche, que reclamaban por no respeto del precio oficial y ofrecer una subvención a los primeros que no cumplió, la repuesta inoportuna la los pedidos de la CONAIE realizadas meses atrás, la falta de empleo, etc. y, en lo social, una débil política social que no alcanza a atender los graves problemas de desnutrición infantil, pobreza, miseria y hambre de una buena parte de la población. La interrogante clave ¿es por la ineficacia en la gestión gubernamental o por continuar con una austeridad que no asigna presupuesto para estas demandas? Lo más paradójico es que el alza de los precios del petróleo ha generado recursos que se estiman en 1000 millones y, por otro lado, la reforma tributaria ha aumentado los ingresos fiscales más allá de lo proyectado. A más de eso, hay 1000 millones adicionales que el FMI donó en DEG al país. En medio de las protestas, el FMI ha autorizado la entrega de 1000 millones por el crédito después de pasar la cuarta y quinta revisión del programa de Servicio Ampliado. Al parecer, las prioridades del Ministerio de Finanzas, son cumplir al pie de la letra los condicionamientos del FMI. Ha anunciado que se usaran los recursos del FMI para aumentar el gasto social y la inversión pública. Sin embargo, al mismo tiempo, establece seguir con la austeridad fiscal buscando reducir contratos en el sector públicos y otros gastos relacionados con la burocracia. El aspecto fundamental son las prioridades del gobierno. Al parecer por atender lo económico, no se ocupa de las necesidad e inequidad social. El régimen, en la crítica coyuntura económica, social y política, está en una disyuntiva ¿O cambia de rumbo en la política social-económica o continuará la protesta social por varias vías? Mientras tanto seguirá la encrucijada y la tensa calma hasta que la Asamblea resuelva el pedido de destitución del Presidente y el régimen inicie la negociación con la CONAIE.

Luis Rosero M.

Se cumple una semana de la protesta indígena, liderada por la CONAIE, generando efectos económicos, políticos y sociales. El gobierno, presionado por la presión de esta, ha tomado medidas para acercarse a cumplir las diez exigencias de la organización indígena, que mantiene su medida de hecho. Queda claro la necesidad de una mediación para una negociación entre las partes. En este artículo, trataremos los efectos económicos de muy corto plazo.

La protesta indígena se expresa con marchas y cierres de carreteras, que afecta principalmente a las provincias de la Sierra como Pichincha, Tungurahua e Imbabura, en las que se ha visto reducido la actividad económica. Si bien la protesta ha sido pacifica ha habido vandalismo que, según la CONAIE, han sido infiltrados y, por otro lado, en Guayaquil, en los primeros días, hubo el cierre de locales por temor a los ataques de manifestantes a comercios y la bahía, causando zozobra principalmente en el centro del puerto principal.

Los más importantes efectos, en lo económico, ha sido la restricción de la actividad económica en las provincias señaladas de la Sierra y algunas de la Amazonía, por otro lado, la restricción de la movilización de vehículos y personas, por el cierre de las carreteras, sobre todo en Cayambe, generó que las empresas florícolas no puedan movilizar su producto y transportarlos a los aeropuertos para la exportación. En la capital, por no poder ingresar o salir, los camiones de carga desde las áreas de producción de flores, no se logró transportar al aeropuerto, que impidió el envío del producto al exterior.  Además, al restringirse el transporte de productos agrícolas componentes de la canasta básica, de la Sierra hacia la Costa, se ha comenzado a generar desabastecimiento de éstos en los mercados y supermercados de Guayaquil y otras ciudades de la costa. La consecuencia inmediata ha sido el aumento de precios de éstos.

Desde Setiembre, del año pasado, se ha registrado una presión inflacionaria. En efecto, ya a Mayo de 2022, la inflación anual alcanzó el 3.38% y la canasta básica se elevó a $ 793.33. Para Junio, como efecto, del cierre de carreteras, se espera un aumento de la inflación a alrededor del 4%, que adicionalmente aumentará el costo de la canasta básica afectando de esta manera el nivel de vida de la población, sobre todo en la clase de menores ingresos que incluye a trabajadores y empleados que reciben un sueldo básico. Ese nivel de inflación, al quinto mes del año, se explica, en parte, por la invasión rusa a Ucrania, que restringió las importaciones de minerales y fertilizantes para la agricultura, encareciendo el costo de los insumos para este sector, como medida compensatoria el gobierno decidió subsidiar 50% la urea.  Por ello, hay una inflación de costos en éste, pero además las empresas de alimentos procesados (entre ellas las de aceite vegetal, panificadoras, etc.), farmacéuticas, salud, etc. han incrementado sus precios aprovechando la coyuntura, que se ve reflejado en el aumento del índice precios al productor (IPP). En efecto, la variación anual, de la inflación de costos (medido por el IPP), ha aumentado fuertemente. Así, en Diciembre de 2021 ésta fue 1.72%, a Enero de 2022 alcanzó a 4.01% y, de ahí, ha continuado la tendencia alcista a tal punto que, a Mayo de 2022, dicha variación alcanzó 7.83%. Esta empuja, a su vez, al aumento del índice de precios al consumidor, con el que se mide la inflación. En lo externo, a mas de la reducción de exportaciones de flores, el riesgo país ha sobrepasado los mil puntos que refleja la inestabilidad política que vive el país en esta coyuntura.

Otra consecuencia es que, al caer la actividad económica, se afecta el mercado de trabajo. En Abril de 2022, la tasa de desempleo fue 4.7% y la de subempleo 23.9%.  Como efecto del paro indígena, al restringir el nivel de actividad económica, aumentará el desempleo, subempleo y sector informal. En este último, encontramos, entre otros, la venta ambulante y en las calles, los que viven del día a día, que vería afectado su nivel de subsistencia. En fin, lo crítico será aumento de pobreza, hambre y miseria. El paquete de medidas ofrecidas por el gobierno (que se analizará la próxima semana) no alcanza a compensar el incremento del costo de los insumos agrícolas y, por otro lado, el aumento de la asignación del bono de desarrollo humano (de 5 dólares), es mínimo e insuficiente para contribuir a mejorar la situación de los pobres. El tema de fondo es que la política social ha quedado relegada por tratar de equilibrar la economía. El Ministro de Finanzas busca cumplir a rajatabla el convenio con el FMI y bajar el déficit fiscal a costo de todo. Las consecuencias están ahí, menos asignación a salud y educación a pesar de que el aumento del precio de petróleo y por la reforma tributaria generó recursos adicionales.  De que vale mejorar los índices macroeconómicos si la población pobre y marginada se ve afectada en sus condiciones de vida y dado el aumento del desempleo y subempleo, aumenta la pobreza, hambre y la miseria que se expresan con la protesta social. La alerta de la protesta indígena, es o hay un profundo viraje en la política social y política económica, el gobierno se vea obligado a negociar, sobre todo porque la marcha indígena ya esta cerca de Quito, o de lo contrario puede darse un estallido social de proporciones.

Luis Rosero M.

La conflictividad social en el país depende de varios factores objetivos. La lenta repuesta, a ésta, del gobierno ha llevado a un paro indígena indefinido, por la falta de dialogo y repuestas a tiempo a las demandas sociales. En cambio, con los pequeños productores de banano ocurre que estos han hecho varias manifestaciones a las que no se los atendió hasta qué en la quinta protesta, se llegó a un acuerdo que el gobierno no ha cumplido. Todo esto se agravó por los efectos que dejo la pandemia y ahora la invasión rusa a Ucrania. En este artículo apuntamos algunas causas estructurales de la conflictividad social en el marco de la coyuntura económica actual.

Julio Berdegué, representante regional de la FAO, señala que “en América Latina hay hambre porque hay desigualdad, no porque falten los alimentos, y esta genera muchas personas en condiciones de pobreza”. Si a esta le agregamos la concentración de la riqueza e ingreso estamos apuntando a factores estructurales claves de la inequidad social y, en consecuencia, de la conflictividad social. Para atenuar el malestar social, los gobiernos buscan luchar contra la pobreza -que provocan estos factores- mediante política social y de redistribución del ingreso. El estado se convierte en un actor fundamental para poder equilibrar la polaridad entre riqueza y pobreza. En buena medida, los gobiernos, según su orientación económica e ideológica, con el uso de esas dos políticas pueden contener el conflicto social a fin de mantener la estabilidad social. En la medida que apliquen una política social fuerte inclinaran el péndulo  hacia la equidad social mientras que aquellos que dejan que solo el mercado, sin ninguna regulación, determine los precios claves de la economía, sin que medie una política social, se producirá mas concentración de la riqueza e ingreso y, como consecuencia mayor inequidad social como en el capitalismo salvaje. En este marco, el estado y sus administradores son claves para mantener la paz social.

En el caso del país, como en el mundo, la pandemia dejo como secuela un mayor nivel de concentración de la riqueza e ingreso, más desempleo y subempleo, sumo millones de gente a la pobreza y al hambre. En Ecuador, la familia para enfrentar estas condujo al incremento del trabajo infantil que en 2020 se incrementó en 11.8%. Esto fue porque en dicho año hubo una contracción muy fuerte de la economía la que se recuperó en 2021 con un crecimiento económico de 4.3% que compensó parcialmente la grave situación económica y social que dejó la pandemia. En la coyuntura actual, a eso se agregó la invasión rusa a Ucrania que en el mundo y A. Latina provoca efectos negativos en la economía y en lo social. Ya el Banco Mundial pronostica que el crecimiento mundial descenderá de 5.7% en 2021 al 2.9% en 2022, pero además anuncia que hay de riesgo de estanflación o sea bajo crecimiento con alta inflación.  En el caso del Ecuador, el BCE pronostica, para este año, un crecimiento de 2.8% mientras que la CEPAL, solo 2.6%, lo que implicará una contracción de la economía de 1.7 puntos lo que producirá efectos críticos.  En efecto, como secuela de dicha invasión, habrá caída de exportaciones, lo que va a generar una  caída del nivel de actividad económica y, por otro lado, hay restricciones de importaciones de insumos agrícolas que, entre otros factores, está provocando encarecimiento de insumos de productos básicos como la harina, aceite, etc. que se traduce en un mayor nivel de inflación, lo cual encarece la canasta básica, dejando fuera del consumo de ésta a algunas familias, que reducen su nivel de vida y, los que no pueden generar algún ingreso van a sumarse a la masa de pobres. A su vez, la caída del crecimiento, generará un aumento del desempleo y subempleo, lo que a su vez conducirá a mayor pobreza y hambre.

Estas se expresan en el deterioro de las condiciones de vida de la población que obliga a buscar fuentes de subsistencia de ahí que aparece los vendedores ambulantes, las ventas callejeras, etc. en síntesis el trabajo informal. Pero, por otro lado, estas también son fuente de la violencia que se expresa en la delincuencia, robos, asaltos, crimen organizado, sicariato, etc. Las cárceles se llenan de presos. En la coyuntura actual, las bandas organizadas manejan éstas y hay conflictos entre estas que conducen a masacres y perdida control de las cárceles en la que el gobierno hasta ahora no ha podido manejar el sistema carcelario a la que vez que ha crecido en nivel de la inseguridad ciudadana.

Lo cierto es que la política social es débil para atenuar el deterioro social, y, por otro lado, a pesar de haber crecido los recursos públicos, por aumento de los ingresos por la reforma tributaria y el incremento del precio del petróleo, no se utilizan para contener fuertemente el deterioro social que empuja a la conflictividad social. Esta se expresa por varias vías: una es la protesta social de los sectores afectados, otra a través de organizaciones sociales que la toman como bandera de lucha, otra alternativa es vía grafiti, etc. La interrogante es por qué se utilizan estos recursos, porque no se atiende o se tarda en responder a las demandas sociales. Pero la pregunta clave es: ¿esto es por falta o incapacidad de gestión o porque no se asigna los recursos o son insuficiente para atender dicha demanda? Según sea la repuesta a esta hipótesis sabremos que fracción al interior del gobierno se impone, los que bregan por política social o aquellos de las finanzas públicas. Lo cierto es qué si se desatiende, se desoye, se retarda la repuesta, hay dialogo qué se queda en promesa, no se asignan suficientes recursos para frenar el deterioro social la conflictividad social aumentará y se manifestará la protesta social por cualquier vía. La práctica ha demostrado que es ésta es el único lenguaje que entienden los gobiernos para obligarlos a cambiar de rumbo y prestar atención a la demanda social. La estrategia mediática del gobierno atribuirá a la protesta social a los aspectos políticos pero son en el fondo los factores estructurales que se expresan. El conflicto tiene al filo de la navaja al gobierno y, en consecuencia, mientras no se actué a profundidad ante deterioro social corremos el riesgo de un estallido social pero empujados más por los factores objetivos que por la política.