Luis Rosero M.

En los dos primeros artículos, sobre este tema, tratamos el aspecto económico, en el presente analizaré lo social. La coyuntura que vivió el país, por el paro indígena, provocó una serie de cambios en el accionar del gobierno que solo fueron posible por la protesta social en las calles, la cual logró que se cumplan algunas de las demandas del movimiento indígena y necesarias para mantener la gobernabilidad.

La política social, principalmente salud y educación, fue muy pobre en el primer año de Lasso. En este período, dio más importancia al aspecto económico relegando la política social. El ex Ministro de Finanzas, Cueva, privilegió equilibrar las indicadores macroeconómicos, en especial el déficit fiscal. Tuvo éxito en alcanzar ese objetivo, basada en una reforma tributaria regresiva y aumento del precio del petróleo a más de la donación de 1000 millones en DEG por parte del FMI, pero el costo fue la protesta social que, liderada por el movimiento indígena, obligó al gobierno a sentarse a negociar las diez demandas de la CONAIE.

La prensa y los organismos internacionales reportan los problemas de la política de salud. El Universo publicó la declaración de un familiar de un usuario de un hospital público“Como juegan con la salud de un pobre, en más de dos años no conseguimos cita centro de salud para mi hermano que una sonda para orinar”, La Hora reporta que los ecuatorianos gastan más de 132 millones al año y  Unicef informa que en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 3 niños menores de 2 años, si a eso le agregamos el desabastecimiento en hospitales públicos y del IEES, tenemos una idea de la gravedad de la política de salud. Ha pasado mas de un año para que el gobierno inicie la externalización de la provisión de medicinas en farmacias privadas de forma gratuita y recién el 21 de Julio el Ministerio de Salud suscribió 125 contratos para adquirir medicamentos en el marco de la declaración de emergencia del sector salud. Además, el IESS firmó un convenio con el Ministerio de Finanzas para la entrega de 140 millones, lo cual sirvió para que el IESS le transfiera 22 millones a Solca. Esto muestra que solo la presión de la protesta social logró resultados. Si bien lo mejor que ha hecho este gobierno, en salud, es el plan de vacunación masiva anticovid, sin embargo hubo períodos en que se registró falta de vacunas infantiles para la prevención de la salud de los niños y la exMinistra de Salud enfrentaría una solicitud de juicio político en la que se alega la provisión de medicamentos con  una empresa privada a la que ARCSA ha suspendido temporalmente los Certificados de Buena Práctica de Manufactura a dos establecimientos de dicha empresa y no se realizaron los contratos de limpieza de hospitales públicos con las entidades de la economía popular y solidaria después de la pandemia. Aún más, hubieron algunas críticas, de parte de gremios profesionales, por el nombramiento del nuevo ministro de Salud, que fue del entorno de la ex Ministra.

Por otro lado, en la costa, se iniciaron las clases pero muchas escuelas y colegios públicos tenían problemas de infraestructura y de refacción de ésta y el gobierno sigue dando largas a la establecido en las reformas a la ley de Educación Intercultural sobre la equiparación salarial y la Corte Constitucional denegó los pedidos, según reporta El Comercio, “de aclaración, ampliación y modulación presentados por la Procuraduría y la Presidencia respecto del dictamen 2-22-OP/22. Con lo que ratifica una vez más la ejecución de la equiparación salarial docente en un plazo de 90 días.”

La protesta social ha permitido que hasta el momento a más de declarar la emergencia en el sector salud, se rebaje 5% más el precio de la gasolina extra y eco a lo establecido por el gobierno, se dio un subsidio de 50% a la urea, etc. Y en las mesas de dialogo indígenas-gobierno ha logrado, hasta el momento, y que cuenta con la resolución de Junta Financiera, la refinanciación o restructuración de crédito en segmentos microcrédito, productivo pymes y educativo, y, por otro lado, se logró la condonación de crédito de hasta 3000 dólares y, en otra mesa de diálogo, se avanza en la focalización del subsidio a los combustibles.

El aspecto fundamental, en la política pública, es definir prioridades. La política social debe hacer cumplir los derechos fundamentales de los ciudadanos como son el derecho a la salud y la educación, entre otros. De que vale que mejoren los indicadores macroeconómicos, lo cual es adecuado pero no afectando el nivel de vida de la población, cuyo deterioro social se refleja en la elevación del costo de la canasta básica y en el subempleo, sector informal, pobreza, hambre y miseria. Lo que en la práctica funciona para los movimientos sociales para exigir una buena de política pública, en lo social, es la protesta social, lo cual demuestra que, una vez más, es el único lenguaje que entienden los gobiernos para cambiar de rumbo en la política pública, como ha sido en el caso de Chile, Colombia, Panamá, etc.

Luis Rosero M.

Las negociaciones del gobierno con el movimiento indígena -después del paro de 18- se iniciaron para tratar los puntos pendientes de las diez demandas de la CONAIE. En el artículo anterior tratamos principalmente sobre los costos del paro, seguiremos en el aspecto económico, en este artículo, sobre los riesgos a que corre el país por las nuevas tendencias en la economía mundial.

En efecto, al 14/07/2022, el riesgo país alcanzó 1562 que refleja el nivel crítico de la economía visto desde la perspectiva de los mercados financieros internacionales. Así, el cumplimiento de las demandas indígena, reduce el margen de maniobra del gobierno para manejar las finanzas ya que debe asignar recursos para éstas, dejando menos recursos para el pago de la deuda social, reactivar la economía y reducir los atrasos en pago a los proveedores. Arosemena, el nuevo ministro de Finanzas, señaló que su plan consta de 3 ejes: asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida y atrasos e impulsar la construcción pública. En la coyuntura económica, en el corto y mediano plazo, se presentan al menos 4 riesgos.

Primero, hay la posibilidad contracción económica. El Banco Central sigue manteniendo su estimación de crecimiento en 2.8% para 2022. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento para el I trimestre, de este año, fue 3.8 %, el paro indígena significó perdidas de alrededor de 1% del PIB lo que reduciría la tasa de crecimiento proyectada. Más aún ya se anuncia una posible recesión en EE.UU así como en Europa, para este año, y el FMI informó que no se puede descartar una recesión mundial para 2023, lo que implicaría para el país que continue la contracción económica en 2023.

Segundo, hay la probabilidad de no cumplir con la mayor asignación de recursos para el gasto social. El ministro tendrá para cumplir con su propuesta económica tiene que realizar un fino manejo de las finanzas. Lo cierto es qué si no asigna recursos para una política social fuerte y activa aumentaría el malestar social y habría un deterioro del nivel de bienestar de la población y, si este no es compensado con transferencias sociales, habrá una reducción del nivel de vida de la población.

Tercero, aunado a lo anterior, si la inflación sigue aumentando, como muestra la tendencia, el costo de la vida crecerá, deteriorando aun más las condiciones de vida de la población lo cual, sin una compensación social, conducirá a más pobreza, miseria y hambre resurgiendo nuevamente la protesta social.

Cuarto, el alto riesgo país preocupa por la percepción de riesgo de los mercados financieros internacionales referente al pago de la deuda externa del país. De acuerdo con un reporte de La hora: “Según el ranking de vulnerabilidad de la deuda soberana, que mide las posibilidades a corto plazo de que una economía no tenga suficiente dinero para pagar todas sus obligaciones, Ecuador está en el puesto 19. Solo por debajo de otras economías regionales como Argentina y El Salvador” Ya hay algunos países que ya están en posibilidad de default y según Reuters “el aumento de los costos de los préstamos, la inflación y la deuda avivan el temor a un colapso económico…La suma de los costos es llamativa…los  analistas calculan que hay 400 mil millones de dólares de deuda en riesgo. Argentina es el país más expuesto con 150 mil millones de dólares; le siguen Ecuador …con 40 mil millones…”

En fin, el gobierno está en la encrucijada de responder a tiempo a la evolución de estos indicadores. Si hay contracción económica se generará desempleo, subempleo y mayor sector informal; si no se asignan suficientes recursos para el gasto social y sigue aumentando la inflación habrá deterioro social y, en consecuencia, manifestaciones sociales y, en el mediano plazo, hay una tendencia a la no sostenibilidad de la deuda. El gobierno está al filo de la navaja,  pues si no hay recursos adecuados para lo social y, trata de frenar la inflación así como reactivar la economía tendrá que enfrentar nuevamente la protesta social y, el país, en el mediano plazo podría verse abocado a una renegociación de la deuda externa no solo público sino también privada.

Luis Rosero M.

Después de 18 días, del paro indígena, el gobierno se vio obligado a sentarse a negociar con la CONAIE, ejecutó un cambio en el gabinete y prometió un cambio de rumbo en la política económica -marcada por el FMI- y en la pobre política social. Hay que esperar la actuación en práctica para ver si el gobierno comprendió el mensaje de la protesta social.

El ministro de economía saliente -Simón Cueva- se preocupó de cumplir los condicionamientos del FMI, estipulados en el acuerdo, poniendo énfasis en la macroeconomía restringiendo los recursos para el área social. Su objetivo principal era reducir el déficit, que alcanzó. con una reforma tributaria regresiva, el aumento del precio del petróleo -por la invasión rusa a Ucrania- y una fuerte reducción a la inversión pública y de los gastos sociales. Los dos primeros, más la donación de mil millones en DEG del FMI, permitieron que se genere 2000 millones de ingresos públicos adicionales a más de los desembolsos de 1000 millones del FMI de las ultimas cuotas del crédito. Mientras que los gastos sociales fueron reducidos y la menor inversión pública afectaron la estabilidad social y la actividad económica. Un alto funcionario del FMI declaró que dichos recursos podían utilizarse para la inversión pública, sin embargo el ex ministro los retuvo. Por lo estipulado en el convenio con el FMI, comenzó a reconocer la deuda con el IESS y redujo los retrasos. Pero también obtuvo recursos a través de deuda externa que aumentó ésta generando un peso en el presupuesto y riesgos para su sostenibilidad. Firmó un acuerdo de pago de con el IESS por 140 millones y transfirió a los GAD algunos recursos. A la par la disminución de los gastos sociales que, con los efectos de la pandemia, agudizó la crisis social se manifestia en desempleo, subempleo, pobreza y hambre. La CONAIE lo que abanderó fue la crítica situación social que, como ya he señalado, tiene factores estructurales que la explican. Ya 5 organismos de la ONU, señalaron, que en 2021, al menos 56 millones de personas sufrieron hambre en A. Latina y el Caribe a más de que cada 4 de 10 latinoamericanos viven en la inseguridad alimentaria. Y la crisis social ya lo reconocen los empresarios a decir de la nueva presidente del Comité Empresarial que declaró que una de las lecciones del paro indígena es que debemos preocuparnos mucho por lo social.

El gobierno fue obligado a sentarse a negociar con la CONAIE y cumplir parcialmente las 10 demandas sociales por esta organización. También agilizó el pedido, a la Conferencia Episcopal, de las mesas de diálogo para tratar las otras demandas -entre ellas la focalización de los combustibles y condonación de créditos- en un plazo de 90 días.

Varios fueron los costos del paro. El Banco Central (BCE) estima que alcanzaron 821 millones mientras que otros lo calculan en 1000 millones. Lo que implicaría un menor nivel de actividad de alrededor de 1% del PIB. A pesar de que la economía creció un 3.8% en el I Trimestre de este año, según el BCE, el crecimiento económico sería menor a lo estimado por esta entidad y aún más cuando el propio FMI señala la posibilidad de una recesión mundial en 2023. Sin embargo, en el I Semestre de este año se perdieron 300000 empleos, tendencia que seguirá como secuela del paro indígena. A más de eso, los niños indígenas que acompañaron a sus padres, estuvieron en la Universidad Central y atendidos por médicos de esta casa de estudio reportaron que la mayoría tenía desnutrición crónica, reflejo de un grave problema de salud pública del país. Si a eso le sumamos que la inflación anual, en Junio, alcanzó 4.23% y la canasta básica subió a 751 dólares que, en un año, se incrementó 52.77 dólares. En este marco, la Junta de Política y Regulación financiera estableció nuevas tasas de interés.

El cambio de gabinete fue obligado por la crisis política y social, agudizada por el paro indígena. Hubieron 4 cambios, en el Ministerio de Economía, Transporte, Vivienda y en la Educación Superior pero paradójicamente se aplazó y se nombró después de 4 días al nuevo titular de Salud, que es precisamente donde hay muchas carencias como la falta de medicinas y atención en los hospitales públicos. Pablo Arosemena, nuevo ministro de Economía, declaró que su prioridad va a ser el gasto social y la inversión pública. Declarado como el ¿¡tanque de pensamiento!? de la Fundación Ecuador Libre -de Lasso- es un economista liberal partidario de una economía de mercado sin restricciones. Tiene al frente muchos desafíos económicos, entre ellos, parar la tendencia al alza de la inflación, limitar el endeudamiento externo, asignar los recursos a la política social y movilizar la inversión pública. Los límites que tiene son los condicionamientos del FMI a la política económica renegociar las metas con el FMI para asignar más al gasto social y a la inversión pública. Si no hay cambio de rumbo en la política social volverá la protesta indígena -como ya lo anunció Lourdes Tiban, una de las lideresas del movimiento indígena-. Su pensamiento liberal lo obliga a seguir los lineamientos del FMI,  al que ya se acercó y a otros organismos multilaterales, pero si es pragmático buscará ciertos cambios. De ahí la interrogante ¿se impondrá su espíritu liberal o el pragmatismo? Lo cierto es que si no cambia la política económica y social tendremos nuevamente inestabilidad social, política y económica.

Luis Rosero M.

Después de haber superado la destitución del Presidente, tuvo que enfrentar la continuación del paro indígena y sentarse a negociar con la CONAIE, dejando claro las advertencias, lecciones y efectos en lo político, económico y social de la protesta. En el primer artículo tratamos algunos temas del segundo aspecto, en éste analizaré el primer tema.

Las principales advertencias que deja la protesta indígena son:

1.La Conaie había solicitado, hace más de un año, una serie peticiones y reunión con el gobierno para tratarlas pero éste no las tomo muy en cuenta hasta que el 13 de Junio la organización indígena declaró un paro nacional indígena con los resultados conocidos. Como ha sucedido con otras protestas, por ejemplo, el de los pequeños bananeros, lecheros y otros el gobierno tardó en considerar las peticiones de estos grupos y, en el primer caso, después de 5 protestas el gobierno acordó entregarle una subvención económicas y no cumplió, por eso este grupo plegó al paro con los indígenas. Lo que demuestra que el gobierno no atiende y da largas a las peticiones de los grupos y organizaciones indígenas hasta que se conviertan en protestas en las calle o carreteras. Lo mismo ocurrió con la CONAIE hasta que ésta, dado los efectos económicos y sociales del paro, llevó al gobierno a la mesa de negociaciones.

2. El gobierno no es capaz de tratar, negociar y llegar a un acuerdo con los conflictos sociales. O sea no procesa a tiempo y eficazmente la protesta social. No busca prevenirlo ni procesarlo en su momento sino cuando se agrava. Al parecer es un problema de gestión del conflicto pero, como ya hemos señalado, la solución a este pasa porque en los acuerdos se requieren recursos del estado y el Ministerio de Finanzas no suelta la plata.

3. Con el paro se confirma que la única forma de obligar a los gobiernos para, que atienda las peticiones de los grupos sociales y económicos, sentarse a negociar es mediante la protesta en las calles. En el caso de la CONAIE mostró, una vez más, la capacidad de movilización y de lucha para liderar la protesta a fin de obtener concesiones de los gobiernos, como ya lo mostró la protesta indígena de 2019.

4. Ni la más fuerte represión que causó 6 muertes y cientos de heridos, no fue capaz de detener la protesta indígena. Si bien hubo infiltrados en la lucha, se unieron a ésta otros grupos sociales, entre ellos estudiantes y organizaciones sociales.

Los más importantes efectos políticos del paro son:

1.El movimiento indígena logró su unificación y sus distintas organizaciones -a pesar de sus diferencias- apoyaron las 10 demandas de la CONAIE e incluso FENOCIN que no quería firmar el acuerdo fue obligado a hacerlo. Sin embargo, su brazo político: Pachakutik, no logra unidad después que éste apoyará a Guadalupe LLori, propuesta por Lasso, a la Presidencia de la Asamblea.

2.La CONAIE se consolida como una fuerza política que tiene proyecciones para disputar el poder ejecutivo como ocurrió en Bolivia y, en las próximas elecciones presidenciales y de la legislatura, estará muy cerca de conquistarlo y obtener una mayor bancada en la Asamblea.

3. El Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, salió fortalecido como dirigente político y puede convertirse en la principal figura, del movimiento indígena, en las próximas elecciones presidenciales y de la legislatura

4. El gobierno utilizó la represión para contener el conflicto, pero se vio obligado a negociar y ceder, en parte, a las 10 demandas sociales y económicas de la CONAIE, por los efectos económicos y sociales de la protesta, el desgaste que sufrió y el hartazgo de la población por las carencias y restricciones que tuvo que soportar.

5. Si bien superó la moción de destitución del Presidente, el gobierno salió debilitado con la protesta indígena, a tal punto que al siguiente día cumplió, en lo principal, con las exigencias inmediatas de la CONAIE y solicitó a la Iglesia, la mediadora, se convoque a la mesa a las negociaciones al movimiento indígena para tratar los otro puntos de sus demandas. Su falta de gestión del conflicto político y no obligar al Ministerio de Finanzas suelte los recursos para trasladarlos a la población se refleja en la caída de credibilidad del Presidente. Esto obligará al ejecutivo, a un cambio de gabinete, en lo político, social y económico. Por otro lado, la votación de dicha moción mostró que la oposición (correísmo y Pachakutik) tendrá fuerza legislativa para frenar el interés del gobierno de aprobar leyes para terminar de montar su proyecto económico de una economía de libre mercado.