Luis Rosero M.

Este mes finaliza el primer semestre del año con la cuarta alza seguida de combustibles (desde que empezó la guerra EE.UU. e Israel contra Irán), la probabilidad de reimplantación de aranceles por EE.UU. y con la posibilidad de inicio del fenómeno El Niño, lo que vislumbra una coyuntura económica y social muy compleja. De darse este fenómeno natural, los efectos configuran, según su intensidad, un desastre para el país que debe prepararse para paliar los daños en la infraestructura física, cultivos, consecuencias mortales, heridos y damnificados. El gobierno debe liderar, coordinar la prevención y auxilio sobre todo a la población afectada.

Desde que se acordó una tregua el 8 de abril, han ocurrido ataques tanto de EE.UU. e Irán que pone en duda la firma de un acuerdo para dar termino al conflicto e incluso ayer Irán atacó a Israel, y continúan las negociaciones estancadas. Como consecuencia, el precio del barril del Brent se cotizó, en la mañana del 1 de abril, en US$ 95.6 mientras que el WTI se valoró en 92.5, en tanto que, al 3 de junio, llegaron a 97.9 y 97.47 respectivamente. Esta alza va a aumentar el precio de los combustibles del país. Las gasolinas extra y eco tienen un precio de US$ 3.164 que regirá hasta el 11 de junio. El 12 de este mes, estos combustibles subirían alrededor de 5% o sea cerca de US$3.32 mientras que el diésel, que tiene un precio de 3.12, pasaría a costar 3.276. Esta nueva alza golpea a la clase media. El gobierno estableció el pago de una compensación para transporte urbano, intra e interprovincial cuya vigencia vence este mes. No se estableció compensación para el transporte de carga. Como consecuencia, a partir del próximo mes el diésel seguirá fijándose con una formula gubernamental que establece una banda de máximo de 5% al alza y 10% a la baja. Consecuentemente, tendremos un aumento del costo del transporte tanto de pasajeros como de carga que, con el alza del diésel, aumentará los costos empresariales, presionando hacia arriba la tendencia inflacionaria. A eso, se suma el aumento del precio de los fertilizantes, por la guerra, que incidiría en el costo agrícola y que se trasladaría a los precios. A abril, la inflación anual alcanzó 2.60% y llegaría a más de 3%.

Previa a la eliminación del arancel de 10% que impuso Trump, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.(USTR), inició investigaciones para buscar otras vías para reimplantar este impuesto. Como resultado, encontró que 60 países no bloquean el ingreso de bienes producidos con trabajo forzado lo que, según USTR, distorsiona el comercio y perjudica a productores de ese país. Este organismo tomaría la decisión de imponer al Ecuador un arancel de 10%. Antes de aplicar la medida, el USTR recibe comentarios del público, hasta el 6 de julio, y realizará audiencias al siguiente día para tomar la decisión final. La resolución de este organismo establece excepciones para las exportaciones de café, cacao y sus derivados, banano, piña, aguacate y mango. Consecuentemente, a los otros productos que exporta el país se le aplicaría esta tasa con lo que corre riesgo otros productos principales como el camarón, flores y aceite de palma

Para complicar la coyuntura económica del tercer trimestre del año, el meteorólogo Ben Noll, utilizando la información del aumento de la temperatura del mar en las costas de Perú y Ecuador y las ondas Kevin, que mide la cantidad de aguas cálidas en esa zona, advirtió que el fenómeno El Niño se iniciaría en dos semanas, lo asemeja al fenómeno de 1997(fuerte) y concluyó que podría ser más fuerte que el de 1997. En cambio, la ONU proyecta, con una probabilidad de 80%, el inició del fenómeno natural entre junio y agosto. En tanto que, la Organización Meteorológica Mundial señala que hay 80% de probabilidades del que el fenómeno podría llegar en los próximos meses y se alargaría hasta finales de 2026. Las lluvias de ayer y hoy en Guayaquil y antes de ayer en Babahoyo, inusuales en este mes, parece ser el preludio para la iniciación del fenómeno El Niño y, de ser fuerte como predice Noll, las consecuencias serían catastróficas para el país. Ya hemos experimentado las fuertes lluvias, inundaciones, destrucción de infraestructura, pérdida de cultivos y los efectos mortales sobre la población.

En síntesis, con el nuevo incremento del precio de los combustibles y fertilizantes, aumentarían los costos empresariales y agrícolas elevando los costos de los pasajes urbano (ya el Municipio de Quito y Guayaquil anunciaron esa posibilidad) y de productos agrícolas, lo que a su vez presionaría al alza la inflación y, en consecuencia, el costo de la canasta básica familiar impactando en la economía familiar. Si el USTR decide ratificar la imposición de un arancel, parte de las exportaciones serían afectadas (camarón, flores y otras), lo cual podría restringir el nivel de exportaciones que a su vez incidiría en la tasa de crecimiento. Si ocurre El Niño, en el segundo semestre, y es fuerte, las consecuencias serían desastrosas para el país, en su economía y población. Esperamos que se ponga en marcha, la prevención, coordinación y la preparación gubernamental para el auxilio de damnificados y sectores económicos afectados.

Luis Rosero M.

Los institutos meteorológicos y climáticos de EE.UU. y Europa alertan sobre el advenimiento del fenómeno El Niño que afectaría a países sudamericanos, en el que se incluye a Ecuador. Urge la prevención y los planes de contingencia para tratar de paliar los efectos sobre la infraestructura, cultivos y la población. Se torna urgente esta acción a fin de que el país pueda defenderse de este fenómeno natural y se prepare, sobre todo, para auxiliar a los damnificados. El gobierno debe prever los recursos económicos para cubrir todos los gastos que demande atender las consecuencias de este fenómeno.

El país sufre grave catástrofes cuando aparece este fenómeno. Recordamos El Niño de 1982-1983 y el reciente de 2023-2024, en que se produjeron fuertes impactos en la economía, infraestructura vial, cultivos, etc. causando muertes, heridos y damnificados, de los cuales tardó en recuperarse. El Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. informó que hay 82% de probabilidad que se surja en julio, en su fase cálida, y se prolongue hasta febrero de 2027 en el hemisferio norte. Con la utilización de un nuevo satélite la NASA, ha captado la presencia de agua cálida, en gran proporción, que ha llegado al Océano Pacífico frente a Sudamérica (se acumulan frente a las costas de Colombia, Ecuador y Perú) y, a mediados de mayo, el nivel del mar en Perú ha subido más de 15 cm por arriba del promedio. La primera tendencia ha sido confirmada por la agencia meteorológica brasileña Metsul, que pronostica un niño fuerte. Estas son dos tendencias de la formación de El Niño y predicen que suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y diciembre, lo cual podría afectar la celebración de las elecciones seccionales. En conclusión, la mayoría de los modelos predictivos del fenómeno apuntan a que se esta formando, pero no hay acuerdo sobre su intensidad.

Las medidas que ha tomado el gobierno por la posible llegada de EL Niño, hasta ahora, son tres. Declaró la alerta amarilla, dispuesta por la Secretaría de Riesgos que resolvió ordenar a los GAD activar los COE cantonales y provinciales, mientras que el COE Nacional dio un plazo de un mes a municipios y prefecturas para que presenten planes por el fenómeno de El Niño. Finalmente dispuso, a través del Ministerio de Energía, cortes de luz, en dos fines de semana, para mantenimiento preventivo del sistema eléctrico.

Respecto a los impactos del fenómeno en la generación de energía eléctrica, el experto Alejandro Jaya señala que, en los últimos tres niños, los caudales del Paute cayeron en los meses más críticos de la operación del sistema eléctrico nacional. Según sus datos “hay mayor demanda que llega a 5200 MW (día) y a 5400 (noche). Para sostener ese nivel de consumo, el embalse de Mazar, que es el regulador clave del sistema, necesita 100 metros cúbicos/s de manera sostenida. Pero los antecedentes no acompañan. En eventos fuertes de El Niño, los caudales han caído durante meses a rango de 50 a 80 metros cúbicos/s, insuficientes para la generación requerida hoy por el país.” A eso hay que agregar la erosión que causa el rio Coca, que pone en peligro a la central Coca Codo Sinclair y los oleoductos. Las fuertes lluvias de la semana pasada dañaron parte del dique permeable construido para atenuar la erosión de dicha central. Si hay intensas lluvias, en esas zonas, con el fenómeno de El Niño, aumentaría el riesgo de la central.

Respecto a la generación cuanta falta hacen, en esta coyuntura, los 251 MV que iban aportar los contratos fallidos con las empresas Progen y Austral. Pero no solo es un problema de generación, sino además de pérdida del 17% de energía en la transmisión y distribución eléctrica equivalente al 80% de la central Coca Codo Sinclair. Ecuador se ubica en sexto lugar de los países que pierden parte de la electricidad generada. La razón de esto es la sobrecarga de subestaciones, equipos obsoletos, robo de electricidad y falta de mantenimiento, lo cual requiere realizar con tiempo muchas acciones correctivas. Según un reporte de Primicias, el principal cuello de botella no esta en las líneas de transmisión, sino en las subestaciones, encargadas de transformar la electricidad de alto voltaje para que puede ser utilizada en hogares e industrias. O sea, en la distribución, por lo que Celec ordenó el mantenimiento del sistema eléctrico en dos fines de semanas. Pero eso, no parece ser suficiente pues requiere que se enfrente la sobrecarga de las subestaciones, cambio de equipos, tener stock de repuestos de transformadores y otros, así como más mantenimientos. Es importante que el gobierno vaya informando sobre la evolución del fenómeno para que la población pueda prepararse para enfrentarlo.

En conclusión, de acuerdo a la información de los organismos especializados en clima y la NASA hay probabilidades de un niño fuerte entre noviembre y diciembre. En consecuencia, las medidas tomadas hasta ahora, parecer ser, no suficiente para dicha magnitud del fenómeno. Se requiere recursos económicos y una acción coordinada entre la Secretaría de Riesgos, COE nacional y los GADs para que sea más eficiente las labores de prevención y auxilio cuando ocurra el fenómeno. Lo que muestran los datos y criterio de expertos es que el problema principal del sistema eléctrico no está en las líneas de trasmisión (que los cortes programados dieron mantenimiento) sino en la falta de generación y pérdida de energía en la transmisión y distribución (sobre todo) y que, si hay un niño fuerte, habría una baja de caudal en las zonas de la central Paute y Mazar, lo que podría llevar a una menor generación y, en consecuencia, la posibilidad de apagones.

Luis Rosero M.

El mandatario rindió su informe a la nación en su primer año de gobierno. Pero previamente, por la muerte cruzada, estuvo un año y medio completando el período de Lasso. Por ello, ya el país conoce la orientación y actuación del régimen. En su discurso Noboa destacó los logros alcanzados y ofreció una serie de obras y medidas que tomará en el siguiente año. En el contexto, la guerra contra los carteles de la droga y bandas criminales, sigue generando temor y zozobra a la población. En este artículo, nos referiremos a la economía.

La política económica del gobierno ha estado guiada por el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) del FMI, aprobado por este organismo en mayo de 2024, que exige el cumplimiento de metas establecidas por el FMI. En cuanto al sector externo, el mandatario señaló que la Reserva Monetaria Internacional (RMI) aumentó de 8277 millones en mayo de 2025 a 11836 millones al mismo mes de 2026, lo que superó las metas acordadas con el FMI. Por otro lado, aludió a la caída del riesgo país a 400 puntos y antes del informe había difundido que las ganancias de los bancos habían aumentado significativamente. Es positivo el incremento de la RMI pues contribuye a fortalecer la dolarización. El riesgo país es un indicador que mide el riesgo que un país no cumpla con el pago de la deuda externa. Se calcula con algunos factores económicos, políticos o sociales. En el primero, destaca la RMI. El incremento de la RMI fue una meta exigida por el FMI que además de reducir el riesgo país sirve para aumentar la capacidad de pago del país. Al mencionar las altas ganancias de los bancos, Noboa dio indicios de un sector que se ha beneficiado del crecimiento y la política económica gubernamental.

En el ámbito interno, entre las principales metas que el gobierno debía cumplir están las de crecimiento económico, inflación, déficit fiscal, saldo primario. En el 2025, el crecimiento fue de 3.7% superior a la meta de 3.4% por el dinamismo de la demanda interna y aumento de exportaciones no petroleras. Sin embargo, para 2026 la meta proyectada es de 2.5%, lo que implicaría una disminución de dinamismo de la economía en -1.2% lo que a su vez impactaría en el empleo. En efecto, de mayo de 2025 a marzo de 2026 (no se publica la de abril), el empleo adecuado o formal bajó de 35.5 a 32.1% (amparados por el código de trabajo y seguro social), el empleo no pleno creció de 29.7% a 32.1% (menor a salario básico o jornadas <40h), el desempleo de 4.1 bajo a 2.9% y el subempleo de 20.9% cayó a 19.6%. Estos datos del INEC muestran una tendencia a una caída del empleo adecuado, un aumento de la precariedad laboral con una ligera baja del desempleo y subempleo.  No hay datos del crecimiento del I trimestre de 2026, la explicación del deterioro del mercado de trabajo podría ser una baja de la tasa de crecimiento de dicho período. La economía no es capaz de generar suficiente empleo formal por lo que los trabajadores excedentarios se refugian en el subempleo o en el sector informal.

Respecto al costo de la vida, la inflación anual a mayo de 2025 alcanzó 0.46% mientras que a abril de 2026 se elevó a 2.60%. Los datos muestran una tendencia al alza de la inflación anual, que se impulsa desde mayo del año pasado. En efecto, la inflación mensual en mayo de 2025 fue 1.03% mientras que la de abril de 2026 sumó 0.53%. Las presiones inflacionarias se iniciaron desde abril de 2024 en el que subió el IVA de 12 al 15%. En 2026, hubo dos eventos que generaron efectos inflacionarios.  En marzo, la inflación anual alcanzó 2.33%. En abril, el SRI decidió que 58 bienes de la canasta básica debían pagar IVA y el alza del precio del petróleo por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocó a su vez un alza del precio de las gasolinas extra y eco y diésel aumentando al costo de las empresas, para evitar el alza del pasaje el gobierno entregó un subsidio a transportistas urbanos intra e interprovinciales, pero no lo hizo para el transporte de carga presionando a los precios de bienes.  

La inflación a su vez afectó al costo de la canasta básica familiar. Así, ésta en mayo de 2025 tuvo un valor de US$ 812.30 mientras que a abril de 2026 alcanzó US$ 828.97 (con una sorprendente baja en este mes), lo que implica un aumento de US$ 16.67 en 11 meses que puede parecer un valor reducido pero si consideramos los problemas en el mercado de trabajo donde cae el empleo formal y aumenta el empleo no pleno, hay centenares de familia que no alcanzan a comprar toda la canasta con el salario básico unificado de US$ 482 sobre todo de las familias pobres y, aun, de las de clase media cuyo número esta creciendo. El problema es el alto nivel de precios de los bienes de la canasta básica y, por otro lado, de la inflación que encarece la canasta. Así la inflación anual acumulada a abril ya alcanza 2.6%. El FMI estableció una meta de 3% para 2026. A abril, ha transcurrido un cuatrimestre y el gobierno no cumplió con la meta del déficit fiscal de 2025, por lo que deberá tomar más medidas fiscales, lo cual llevaría a la tendencia de una inflación cercana al 4%.

Respecto a las cuentas públicas, la meta del déficit del gobierno central (DGC) 2025 era – 4.3% del PIB y el real alcanzó – 5.5% (incumplió -1.2%, cuarta revisión) y en la quinta revisión incumplió -0.6% del PIB mientras que el déficit del sector público no financiero (SPNF) fue de -2.9% del PIB y la meta era -1.2% (incumplió -1.7%). Así, el gobierno debe realizar un ajuste, para 2026, para DGC de 1.2% del PIB y de 1.7% del PIB más las metas establecidas para 2026. Así, habrá un fuerte ajuste fiscal que se traduce en mayores ingresos fiscales (más impuestos) y menor gasto público. O sea, mayor austeridad fiscal en 2026. con reducción del gasto social y ajuste tributario, que explicaría la caída del crecimiento de 2026 a 2.5% de 3.7% del 2025. Por las elecciones seccionales de 11/2026, podría el ajuste ser en 2027.

En síntesis, es importante para la estabilidad económica y el crecimiento, el equilibrio macroeconómico. Si bien en 2025, en lo externo se ha logrado incrementar la RMI y, por el ende, la baja del riesgo país con saldos positivos en balanza comercial y cuenta corriente. En lo interno, se ha avanzado en reducir el déficit fiscal del gobierno central y SPNF que son importantes para la sostenibilidad fiscal, pero para ello se reducido el gasto social, por ejemplo, en salud en la que no hay medicamentos ni buena atención y, por otra, con cargar el peso del ajuste tributario a la fuerza laboral y familias, causando una reducción de su nivel de bienestar.  A más de los bonos sociales, créditos de vivienda y capacitación, la mayor parte de los beneficios del crecimiento no se trasladan al ciudadano de a pie y, en consecuencia, se produce un deterioro social que se vuelve insostenible. Según el Banco Mundial, la pobreza monetaria en 2025 alcanzó 30% que incluye a personas que tienen un ingreso menor a US$ 6.85 diarios. No solo importa una buena macroeconómica, se necesita una mejora de las condiciones sociales de la población vía la generación de empleo y reducción de la pobreza.

Luis Rosero M.

La tregua, de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, sigue generando efectos en la economía del país e incertidumbre sobre su fin. Esta generó un shock petrolero que junto las medidas fiscales han incidido en presiones inflacionarias y en el costo de vida en el empleo. A su vez, el deterioro del mercado de trabajo esta ligado a la evolución del nivel de actividad económica y a problemas estructurales que explican la incapacidad de la economía para generar empleo suficiente para la oferta de mano de obra.

Como consecuencia del shock se incrementaron los precios de las gasolinas y diésel y estos a su vez están provocando presiones inflacionarias. En efecto, la tasa de inflación anual, alcanzó 2.3% en marzo (la mensual 0.12%) mientras que en abril subió a 2.6% (la mensual 0.53%). Los efectos del alza de precios de estos combustibles, no se manifestaron en marzo de 2026, recién se expresaron en abril a lo que se suma la inclusión de 58 bienes con IVA en la canasta de consumo dispuestas por el SRI para cumplir con el acuerdo con el FMI. La meta establecida en éste es una inflación anual de 3%, que con la alcanzada en abril estaríamos cerca de alcanzar dicha meta y recién ha concluido el primer cuatrimestre.  En 2024, la inflación anual alcanzó 0.53% y en 2025 subió a 1.91%, mostrando que las presiones inflacionarias se iniciaron en 2025 (explicada por otros factores), la cual continuará este año impulsada por los precios de los combustibles y otras causas, que seguirá si el estrecho de Ormuz sigue cerrado. La fórmula de cálculo de los precios de los combustibles esta sujeta a una banda que permite un alza de hasta 5% y una baja de hasta 10%, que atenúa el alza de precios de combustibles a nivel internacional se trasmita enteramente a los precios de estos a nivel nacional. La otra variable que influye en la inflación es la incertidumbre sobre la terminación del conflicto, así el barril de crudo Brent llegó hasta US$ 109 y el WTI alcanzó a 104 a mediados de mayo. El ministro de Energía de EE.UU. declaró que podría ser posible su apertura en el verano (julio), por ende, continuará la incertidumbre y no se alcanzaría a cumplir con la meta de inflación anual acordada con el FMI.

La evolución de la inflación incide en el costo de la vida, que se mide por el costo de la canasta básica familiar. Según el INEC, en abril, esta fue de US$ 829.38 en marzo, mientras que en abril bajó ligeramente a 828,97, una disminución de 0,05%. Sin embargo, la tasa de inflación anual, a dicho mes, fue 2.6% y la mensual 0.53%. Hay un contrasentido pues con la presión inflacionaria de abril debió aumentar el costo de la canasta ya sea por el aumento del precio de los combustibles, el alza del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) y otros factores, pero atenuada por la compensación a los transportistas para evitar el alza del pasaje. La explicación podría estar por la no actualización de la base y canasta de consumo del IPC. El FMI y CEPAL recomiendan que debería realizarse cada 5 años, la de Ecuador tiene base de 2014. Además, si consideramos el INPP, con petróleo, resulta que la variación anual a abril de 2026 llegó a 8.7% y el INPP sin petróleo varió solo 4.8% o sea que alza de los combustibles aumentó el costo de las empresas productoras que, por ende, se traslada al consumidor. La otra hipótesis posible para explicar el menor costo de la canasta es que con precios tan altos de ésta. las familias reducen su compra o adquieren solo una parte de la canasta hasta donde alcance su presupuesto. Una encuesta, en Quito, de la consultora Oikonomics, del I trimestre de 2026, informa que los principales motivos que afectan el consumo son la inestabilidad económica 52%, la percepción de precios altos 19% y la falta de empleo 9%. En tanto que, en nuestro país, el salario básico unificado (mínimo) en 2026 se fijó US$ 482 mensuales que es inferior al costo de la canasta básica familiar.

El INEC no ha publicado las estadísticas laborales de abril de 2026, solo disponemos las del I trimestre de este año. Como he señalado, a marzo de este año, la tasa de empleo adecuado fue 32.1%, que representa una reducción de 5 puntos porcentuales respecto a febrero.  O sea, apenas cerca de un tercio de la PEA tiene un trabajo formal (amparado en el código laboral y afiliación al IESS), en tanto que el subempleo alcanzó 19.6%, una suba de 1.9 puntos porcentuales y el empleo no pleno (trabajaron menos de 40 horas e ingresos menor al salario básico unificado) llegó a 34.8%, un incremento de 1.9 puntos porcentuales, mientras que el empleo en el sector informal (empresas que no tienen RUC y < 10 empleados) registro el 56.3%. Según estas cifras oficiales, hay una caída pronunciada del empleo formal y un aumento del subempleo y el empleo no pleno reflejando un deterioro de las condiciones laborales para los trabajadores en estos dos últimos segmentos del mercado de trabajo. Esta baja del empleo podría, en cierta medida, ser atenuada por el programa de crédito subsidiado a la vivienda popular. Pero, aún así, si incluimos el sector informal la situación laboral es crítica para más del 60% de PEA que, a su vez, incide sobre el nivel de pobreza. La economía no es capaz de generar suficiente empleo formal, agravada por la austeridad fiscal impuesta por el FMI para reducir el déficit fiscal. Este alcanzó de 3% del PIB en 2025 y, en este año, el gobierno no ha podido cumplir con la meta establecida para este año.

En síntesis, hay una tendencia al alza de la inflación que viene arrastrándose desde 2025 y, en este año, el shock petrolero y medidas fiscales del gobierno siguen presionándola al alza. En tanto, que una baja en el empleo formal y precarización del empleo, que podría deberse a una reducción del nivel de actividad económica, en lo que va del año, a lo que se suma los factores estructurales que reafirman esta tendencia. Dado que el gobierno tiene que cumplir con reducción del déficit fiscal y la meta no cumplida en 2025, habría mayor ajuste fiscal. Por ello, la proyección del FMI, establece una tasa de crecimiento de 2.5% para este año que representa una caída importante respecto a 2025 en la que se alcanzó un 3.7%. El gobierno ha promocionado proyectos de inversión en minería, energía y petróleo. Sin embargo, solo ha atraído inversión extranjera en el primer sector. En este año, la inversión pública es muy baja y la nacional es leve. La falta de una especialización y diversificación de la economía restringe las posibilidad de una inserción eficiente en el mercado internacional y limita las posibilidades de crecimiento y, en consecuencia, la falta de empleo. Se esta reafirmando el modelo de crecimiento agro-acuiminero exportador (camarón, banano, metales: oro y otros) que exporta bienes primarios con poco valor agregado, sin muchos productos procesados y con impacto ambiental. La esperanza que el estudio contratado por el gobierno para incrementar exportaciones avance en ese sentido.

Luis Rosero M.

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocó un shock petrolero que, en una economía globalizada, trasmitió los efectos al resto del mundo. En el país, provocó un alza  del precio de los combustibles y otros bienes que, junto a las medidas económicas tomadas por el gobierno, basadas en metas del acuerdo con el FMI, afectaron el equilibrio fiscal y las condiciones de vida de la población incidiendo en la reducción de la clase media y aumento de la pobreza.

El ataque reciente de EE.UU. a instalaciones militares iranies, subió el precio internacional del petróleo Brent y WTI (referente del crudo ecuatoriano) pero el 6 de mayo cayeron a US$ 109,80 y 102.15 respectivamente, pero los precios de los derivados se mantuvieron altos y el precio internacional de las gasolinas, diésel y gas, incluyendo el precio de los fertilizantes, transporte de carga, etc. permanecieron elevados, a escala global.

Con la fórmula establecida por el gobierno, para fijar los precios de los combustibles, las gasolinas eco y extra subieron dos veces desde el inicio del conflicto y, el 12 mayo, volverían a incrementarse hasta cerca de US$3.17 el galón y el diésel, que siguió la misma tendencia, podría llegar a costar mañana hasta 3.11 el galón. Esto produjo que aumente el subsidio a estos combustibles que son importados. Esta suba llevó a transportistas de Manta y Guayaquil a presionar por un aumento de la tarifa de transporte. Por lo que, el gobierno se vio obligado a prorrogar, un mes más, la compensación al transporte a fin de evitar el alza de los pasajes urbano, intra e interprovincial y dejó abierta la posibilidad de ampliarla unos 4 meses más, para evitar que el escenario de elecciones seccionales no empeore.

Al subir el precio de los combustibles a nivel internacional, aumentan sus subsidios y el estado reduce los ingresos netos petroleros presionando al alza el déficit fiscal y provocando una falta de liquidez en la caja fiscal. Más aún, si el gobierno tiene que cumplir con las metas de déficit fiscal no alcanzadas en las dos últimas revisiones del acuerdo con el FMI. Para lograr estas, en febrero, el SRI puso condiciones más estrictas para la devolución del IVA a adultos mayores y discapacitados. Así, de 8 rubros que se podían incluir los bienes y servicios para la devolución del IVA, se redujeron a 5, entre ellos el transporte. En abril, se agregaron 58 bienes que pagaran IVA, que están dentro la canasta familiar. La escasa liquidez de la caja fiscal llevó al gobierno al lanzamiento de una nueva emisión de bonos por mil millones de dólares.

A su vez, la subida del diésel aumentó el costo de transporte de carga incluidos los de productos agrícolas de sierra y costa. Además, esto incrementó el costo de producción de la industria entre ellas la de alimentos. Tanto las medidas anteriores, el alza de transporte de carga de alimentos y la inflación subieron el costo de la canasta familiar básica. En el primer trimestre, de este año, esta subió a US$ 829.38, que representa un incremento de US$ 10.37 en solo 3 meses, en tanto que la inflación anual, a marzo de 2026, alcanzó 2.33%. La meta de inflación anual, en el acuerdo con el FMI, es de 3% por lo que estamos cerca de esta meta, implicando que, con las presiones inflacionarias de las medidas señaladas y futuras así como el aumento del costo del transporte, si no hay compensación del gobierno, habría una inflación anual muy superior al 3% en 2026 reduciendo la capacidad de compra de los hogares.

Las medidas fiscales disminuyen el ingreso disponible de las familias pobres y clase media que buscan formas de compensarlo buscando trabajo. Sin embargo, la tasa de empleo adecuado disminuyó 5 puntos porcentuales en marzo de 2026 respecto a diciembre de 2025. Mientras que, el subempleo fue 19.6% y el sector informal, en 2025, alcanzó el 53% de la población ocupada. Las estadísticas muestran que el mercado laboral esta deteriorándose y la posibilidad de encontrar empleo es en el sector informal o en el subempleo, donde predomina la precariedad laboral. Dadas estas condiciones, la clase media no puede encontrar empleo adecuado y, según proyecciones del FMI y Banco Central, la tasa crecimiento del país, en este año, caería a 2.5% una reducción apreciable respecto al año pasado (3.7%), tendencia que reduce aún más la posibilidad, de esta clase, de encontrar un empleo en el sector formal y al no poder acceder a todos los bienes de la canasta familiar caería en la pobreza. El BID creó el Índice de Fortaleza de la Clase Media. Daniel Suchar Z. publicó el Mapa de la Clase Media de Latam 2026 que clasifica a esta en cuatro categorías. El país se encuentra en la tercera, con un puntaje de 46.8, un poco más arriba de las economías más rezagadas, teniendo una clase media baja caracterizada por su fragilidad, vulnerabilidad a shocks económicos y con alta informalidad, que es precisamente la coyuntura económica por la cual pasa el país que empuja a dicha clase a la pobreza y, en consecuencia, a su reducción.

Según datos confiables, del Banco Mundial, la pobreza monetaria en 2025, en el país, alcanzó 30% que incluye a personas que tienen un ingreso menor a US$ 6.85 diarios. Los pobres son los principales miembros del sector informal donde hay un mercado de trabajo legal y otro ilegal. Según el artículo de Juan P. Luna “Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado” (N. Sociedad), cabría la posibilidad de que, por hipótesis, este último mercado podría convertirse en el camino hacia la delincuencia o a las economías criminales. El presidente de EE.UU. no aceptó la reciente propuesta de paz de Irán, lo que implicaría la continuación del conflicto y las tendencias señaladas continuarían reduciendo la clase media y aumentando la pobreza.