Luis Rosero M.

La guerra desatada por EE.UU. e Israel contra Irán ha generado una serie de efectos en la economía mundial y del país, provocando impacto en algunos indicadores y variables macro y microeconómicas. Los efectos principales tienen que ver con la variación del precio internacional del petróleo y derivados que inciden directamente en los costos de algunas actividades económicas y en la canasta de consumo.

Ha transcurrido más de una semana del conflicto bélico provocando un aumento en el precio internacional y restricciones al suministro de petróleo. En EE.UU., el aumento del precio del petróleo impacto en el precio de la gasolina. Para Ecuador, el WTI referencial del petróleo ecuatoriano, tuvo un alza que, al 6 de marzo, alcanzó cerca de 92 dólares el barril, una subida de 14%. El precio del viernes 27 de febrero había cerrado en $ 67.39 según datos del Banco Central. Hoy,  9 de marzo, el precio del crudo se disparó llegando a más de $ 101 dólares el barril. Así se ha iniciado una subida, no vista desde 2022, que durará cuanto más continue el conflicto y que podría ascender mucho más si sigue el cerco del estrecho de Ormuz.

El impacto del aumento del precio del barril de crudo, en el país, afecta, a nivel microeconómico, a los precios de los combustibles. La incidencia en éstos depende del sistema de bandas que fija mensualmente Petroecuador. Para el cálculo de los precios, se considera el precio internacional del petróleo WTI, costos de importación y margen de comercialización para el caso de la gasolina extra y eco. El precio se ajusta con límites de 5% máximo de alza y a la baja de hasta 10%. El precio se establece, para estos dos combustibles, el 12 de cada mes. Para el 12 de enero, la gasolina extra y eco, se fijaron en $ 2.67 dólares por galón, el 12 de febrero aumentó a $ 2.736, o sea, 9 centavos más. El 12 de marzo volverá a subir a alrededor de 5% como máximo. Estos dos combustibles casi ya no tienen subsidio. Estas dos gasolinas son las que se usan principalmente para el transporte liviano privado y transporte público. En cambio, la gasolina super premium (95 octanos) esta liberada su precio y varía mensualmente en base al costo internacional del petróleo, los costos de transporte, almacenamiento y un margen de comercialización. Esta gasolina el 12 de marzo tendría un alza de al menos de 20%. Este combustible lo utilizan los vehículos de alta gama. Los ataques a instalaciones petroleras y de suministro de Irán por parte de Israel y de Irán a sus vecinos que tienen instalaciones petroleras como las de Barein, Arabia Saudita y otros lleva a pronosticar que el precio del petróleo podría llegar hasta 150 dólares el barril.

El precio del diésel, se calcula con el costo del WTI, costos de transporte, almacenamiento, comercialización y tributos. Se ajusta también bajo el sistema de bandas. El precio del diésel, el 12 de enero fue de 2.71 el galón, el 12 de febrero bajó a 2.70. El 12 de marzo aumentaría alrededor del 5% como máximo. Además, los precios internacionales del diésel están aumentando más rápido que el de la gasolina. Mientras ésta aumentó 47 centavos de dólar (16%), desde el comienzo del conflicto, en cambio, el diésel subió 84 centavos (22%) llevando el galón a $ 4.60 dólares. En consecuencia, el alza del diésel va a ser de mayor impacto que el de la gasolina. En Ecuador al aumento será principalmente en las industrias que utilizan diésel 2 y premium como la agrícola, pesquera, acuacultura, petrolera, empresas de consumo masivo, construcción, papelera, de cerámica, transporte pesado y público. Un impacto directo va a tener el transporte público que verá incrementado sus costos que, consecuentemente, tendría efecto sobre los pasajes urbanos, interprovincial y provincial que en su mayoría usa diésel. Estas industrias verán aumentado sus costos que finalmente se trasladan a los distribuidores y al público en general. A nivel internacional, la industria camaronera y pesquera aumentará sus costos. En el caso de las exportadoras de camarón, además del 10% de arancel deben adicionar 3.78% de derechos compensatorios de subsidios que deben pagar por sus exportaciones a EE.UU. tendrán que cargar a sus costos el alza del diésel con lo cual pierden competitividad frente a los otros exportadores del crustáceo. La ventaja es que el Ecuador negoció un Acuerdo de Comercio Reciproco con ese país, que según el gobierno se firmaría el 13 de marzo. Según el ministerio del ramo, de lo que se conoce hasta el momento, el 33% de sus exportaciones agropecuarias estaría exonerado que incluyen camarones, flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café y cacao en grano y procesado, lomos de atún, pitahaya, yuca, malanga, jengibre, uvillas, palmito, banano y plátano procesados, oro, cobre, plomo y otros.

Entre los efectos macroeconómicos esta los ingresos por petróleo que incide en los ingresos no tributarios del Presupuesto del Estado de 2026. El precio promedio que se utilizó en este, para el cálculo de los ingresos petroleros, fue de $ 53.50 y una producción diaria de 453.424 barriles. Si sube el precio por arriba de este nivel, dichos ingresos aumentarían, pero hay que considerar el castigo que tiene el crudo ecuatoriano y los derivados que importa. El crudo Napo, que son el 37% de las exportaciones, tuvo un castigo de $ 16,50 en lo que va del 2026. En cuanto a los derivados, el país importa principalmente diésel premium y para el sector automotor, nafta de alto octano (para la producción de gasolina), gas licuado de petróleo (GLP), y, en menor proporción combustible para calefacción y otros lubricantes. En 2025, las exportaciones de petróleo alcanzaron 119.13 millones de barriles que representó 6985 millones de dólares y en derivados 764.2 millones. La producción nacional de derivados fue 110 y la importación alcanzó 50.5 millones de barriles respectivamente. Si suponemos que se exportará algo similar en 2026, tendríamos 119 millones de barriles de crudo – 50 millones de barriles de derivados importados lo que significa que el saldo neto en barriles sería solo el 42% del total de barriles exportados. En consecuencia, los ingresos petroleros netos del país sería el 42% del total de barriles exportados multiplicado por el precio WTI.

En síntesis, el alza del precio del barril de petróleo aumentará mensualmente  el precio de las gasolinas extra y eco, pero con un límite del 5% al alza por el tope de la banda, que usan principalmente el transporte liviano privado y parcialmente el público. En cambio, el aumento del precio del diésel impactará al alza mensualmente, pero con un tope de 5% de la banda, a las industrias diésel 2 y premium como la agrícola, pesquera, acuacultura, petrolera, empresas de consumo masivo, construcción, papelera, de cerámica, transporte pesado y público. El pasaje del transporte urbano, intercantonal  e interprovincial podría aumentar si los transportista trasladan el incremento del costo al pasajero dependiendo de las decisiones que tome la autoridad provincial y nacional. También al verse afectada la industria de consumo masivo por el alza del diésel habría la posibilidad de traslado al consumidor. En suma, podría haber aumento del costo de la canasta básica conduciendo a presiones inflacionarias. Los exportadores de camarón y pescado se verían afectado por el alza del diésel y perderían competitividad. El estado podría mejorar sus ingresos netos petroleros lo cual podría contribuir a disminuir el déficit fiscal.

Luis Rosero M.

La política comercial de EE.UU., va a variar ligeramente pues, con el dictamen de su Corte Suprema,  estableció límites al presidente para imponer aranceles. Se va a mantener la política arancelaria pero ahora utilizará la legislación que permita ponerlos en vigencia. La cuestión de fondo es que la Administración estadounidense busca enfrentar los desequilibrios económicos enmarcado en un cambio del comercio y financiero global que implicará usar además otros mecanismos y políticas que incluye en uso de los aranceles con fines no exclusivamente económicos y relacionarlos con la seguridad nacional.

Trump estableció una tarifa de 10%, basado en sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, como repuesta a la anulación de los aranceles recíprocos basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Al día siguiente, amenazó con subirlo a 15% (no lo hizo) y se comenzó a cobrar el porcentaje de 10%. En consecuencia, todos los aranceles que se impusieron con esa ley quedan anulados. Entre ellos el establecido por tráfico de drogas y migrantes a Canadá y México, por la sentencia a Bolsonaro a Brasil y por compra de petróleo ruso a la India.  Utilizó además la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, con el argumento de la seguridad nacional, con la que impuso aranceles a automóviles, aluminio, acero, el cobre y madera a los países exportadores de estos productos, que seguirá vigente. O sea, uso el arancel por un motivo no económico.

En el artículo anterior, sobre este tema, señale las vías que le quedan al presidente para imponer medidas arancelarias o de otro tipo usando la misma ley de Comercio. Así, con la sección 302 (por prácticas desleales), la sección 301 (investigación por la CCI por prácticas comerciales desleales o afectación de la industria), sección 232 (por seguridad nacional) y sección 338 (por discriminación de exportaciones de EE.UU.). También podría usar a la FDA y USDA (por razones sanitarias). Pero le quedan además la Oficina del Representante Comercial que ya señalo que puede iniciar investigaciones por exceso de capacidad, el trabajo forzado, los precios de los productos farmacéuticos, la discriminación contras las empresas tecnológicas de EE.UU., la contaminación de los océanos y las prácticas comerciales injustas contra el arroz y productos del mar. Estas investigaciones se pueden acelerar en base a la sección 301 de La Ley de Comercio. La Administración cuenta con una serie de mecanismos para imponer aranceles o medidas no arancelarias. En consecuencia, continuará la incertidumbre respecto a la política arancelaria estadounidense. Por el momento, Ecuador seguirá  con un 10% de arancel para exportaciones a EE.UU. y la posibilidad que este país imponga otros aranceles basados en las secciones señalas de Ley de Comercio de 1974 de EE.UU. u otra ley.

En consecuencia, con un arancel de 10% al igual que sus vecinos Perú y Colombia el país estaría en igualdad de condiciones para competir. Pero a Ecuador se le complica el panorama comercial con la repuesta de este último país al imponer un arancel de 30% a un grupo de exportaciones ecuatorianas y por una demanda en la CAN como reciprocidad al arancel de 30% ecuatoriano alegando motivos de seguridad en la frontera, imitando la práctica de EE.UU. Más aún sigue copiando la política arancelaria de EE.UU., al subir a 50% el arancel al país vecino a partir del 1 de marzo. Este arancel colombiano afectará principalmente al aceite de palma, ruedas de caucho, calzado impermeable y plátanos y cierre del transporte terrestre para arroz, camarón, tomate, legumbres secas y otras frutas. Sobre todo, la industria aceitera se le complica ya que las exportaciones a Colombia representan casi el 50% y también para el arroz en que se reclamaba que se respete el precio oficial y ahora no podrán vender al país vecino. Colombia esperó algunos días para imponer el mismo arancel que le impuso Ecuador. Dos ex ministros de Comercio Exterior de nuestro país han declarado que Ecuador tiene más que perder que Colombia. Este país, podría plantear una demanda a Ecuador por imponer un arancel no justificado en las normas de la CAN, también podría establecer arancel todos los productos que exporta Ecuador a Colombia y aumentar además este al 50%. En esta guerra comercial, mientras más dure, los dos países van a tener pérdidas. El gobierno ecuatoriano debe sopesar su política arancelaria con su vecino, ya que el último día de mayo se celebrarán elecciones presidenciales y dependiendo quien gané tomará medidas. La historia cuenta en estas negociaciones.

Respecto al arancel global, Ecuador tiene la ventaja de haber culminado un Acuerdo de Comercio Recíproco con EE.UU. que, según el ministro ecuatoriano del ramo, establecerá un arancel cero para algunos productos agropecuarios que cubre el 33% de las exportaciones con exoneración arancelaria. Falta firmarse el acuerdo hasta tanto, el Ecuador deberá pagar el 10% de arancel para exportar a EE.UU. y esta en igualdad de condiciones para competir con sus vecinos. Respecto a la exportación de camarón EE.UU. México paga un arancel promedio de 4.3% con lo cual tendría ventaja sobre el crustáceo ecuatoriano ya que este pagaría, al momento, un 10% de arancel global mas 3.78% por derechos compensatorios de subsidios. Además, nuestro país tiene barreras comerciales, arancelarias y exigencias sanitarias para exportar el crustáceo a China, Brasil y Colombia.

Luis Rosero M.

La Corte de Suprema de EE.UU. invalidó parte de la política arancelaria que había establecido Trump, en abril del año pasado, pero el presidente estadounidense se apresuró a dictar una nueva orden ejecutiva (decreto) que establece un arancel global de 15% (inicialmente de 10%). Con esta medida, las exportaciones de Ecuador podrían verse afectadas dependiendo de las excepciones de esta orden y de otras medidas que tome el presidente estadounidense.

La Corte Suprema dejo sin vigencia los aranceles recíprocos que había impuesto, en abril de 2025, a varios países y bloques comerciales del mundo basados en la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El alegato de la corte dictaminó que el presidente se excedió en sus poderes debido a que esa ley es para situaciones de emergencia. El presidente buscando un respaldo legal utilizó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que establece si hay problemas críticos de balanza de pagos el ejecutivo puede imponer aranceles temporales de 15% pero solo por 150 días, después de los cuales el Congreso tendrá que dar autorización para su continuación. La cuestión de fondo respecto a los aranceles es que solo el órgano legislativo de EE.UU. tiene la autoridad para imponer tributos. Pero la legislación estadounidense tiene legislación que le facultan al presidente a establecer aranceles de manera limitada. Así, Trump tiene algunas posibilidades de aplicar aranceles. Pues, dicha ley de Comercio señala, en la Sección 302, que podrían imponerse aranceles y medidas no arancelarias por prácticas comerciales desleales; la sección 301 faculta a la Comisión de Comercio Internacional a realizar investigaciones si el aumento de las importaciones desde Canadá o México, tras la reducción de aranceles, por discriminaciones o no justificables afecta la industria nacional pudiendo imponer aranceles o restricciones comerciales; la Sección 232 puede establecer aranceles por razones de seguridad nacional y la sección 338 también da la facultad al presidente de aplicar aranceles por discriminación contra las exportaciones estadounidenses. Además, podría utilizarse las agencias de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA) por temas sanitarios de los productos importados. Esto implica que el presidente estadounidense puede establecer aranceles por varias vías y que podrían ser paralelas a las del 15% de la Sección 122 o posteriormente a los 150 días. Consecuentemente, esto deja en incertidumbre a los países que exportan a EE. UU. sobre su política arancelaria, lo cual a su vez genera problemas de competitividad entre países que venden los mismos productos primarios a esa nación.

En el caso de nuestro país, si se impone el mismo arancel para nuestros vecinos (Colombia y Perú) estaríamos en igualdad de condiciones para exportar a EE.UU. productos agropecuarios. Con la nueva medida se elimina el arancel reciproco que había y comienza a regir el 15%. Colombia le exporta algunos productos agrícolas principalmente café, banano, plátanos, filetes de pescado, cacao y flores. Estas últimas ahora tendrían un arancel de 15% y las de Ecuador también, pero soportaran una sobretasa de 15% (8/2025) mas 6.8%, con lo que el país entraría en desventaja para competir con las flores del país vecino, pero hay la posibilidad que con el Acuerdo de Comercio Reciproco con EE.UU. las flores tengan cero arancel cuando entre en vigencia. Ecuador exporta a EE.UU. principalmente petróleo, camarón, banano, otras frutas, cacao, café, flores, oro y atún. En camarón el país tiene una sobretasa de15% (8/2025) más 3.78% por subsidios. Al eliminarse el 15% de (8/2025), con el nuevo arancel de la sección 122, el crustáceo seguirá pagando 18.78%, lo que lo pone en desventaja con los otros exportadores de camarón, pero estos recibirán el 15%, excepto los países del T-MEC, lo que pone ventaja a México que exporta el crustáceo a EE.UU.  En banano, cacao y plátano estaríamos en igualdad de condiciones para competir con Colombia, pero la ventaja que tiene Ecuadorcon el banano es la mayor calidad y sabor de la fruta. Sin embargo, hay que considerar las excepciones que tiene la Sección 122, con la que se aplicó el arancel del 15%. Las excepciones son para productos agrícolas no producidos por EE.UU.: café, té, cacao, especias y frutas tropicales (entre ellas banano) así como minerales críticos. Consecuentemente, en estos productos estaríamos en igualdad de condiciones para competir con Colombia y otros países. 

La ventaja de Ecuador es que negoció un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que se cerró justo unos días antes de que se impusiera el arancel del 15%. En el ART se estable que tendrán arancel cero los siguientes productos: flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café y cacao en grano y procesado, lomos de atún, pitahaya, yuca, malanga, jengibre, uvillas, palmito, banano y plátano procesados, oro, cobre, plomo y otros. Sin embargo, como todavía no esta firmado este acuerdo y hasta que no se rubrique estos productos seguirán pagando el 15%, pero el hándicap es que ya tenemos un ART negociado y solo falta que entre en vigencia.

Otra ventaja que tiene Ecuador es que el gobierno ecuatoriano considera a EE.UU. como aliado.  Aprovechando esa coyuntura, firmó un acuerdo para el suministro de tierras raras y materiales críticos con dicho país. Recientemente el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) publicó un estudio (septiembre 2025) en el que se detectó indicios de tierras raras (neodimio) en la provincia de Sucumbios y en Azuay y Loja (cerio). Los minerales críticos incluyen el litio, cobalto, cobre, gráfito y tierras raras. Son utilizados en la industria de energía limpia, vehículos eléctricos, defensa e inteligencia artificial.

En síntesis, si bien el arancel del 15% establecido por EE.UU. puede afectar a las exportaciones ecuatorianas hacia ese país, sin embargo, las excepciones de la ley 122 deja fuera de este gravamen a café, cacao, banano y otras frutas con lo cual estos productos tendrían arancel cero así como los minerales críticos que incluye a las tierras raras. Los otros productos tendrán que pagar arancel del 15% por 150 días a partir del 24 de febrero. Sin embargo, como el gobierno logró un Acuerdo de Comercio Reciproco, cuando entre en vigencia, la mayoría de las principales exportaciones agrícolas del Ecuador entrarían con arancel cero. Aún más como a EE.UU. le interesa los minerales críticos y los estudios muestran indicios de tierras raras tiene una ventaja adicional en el comercio con el país del norte. Además, el régimen seguirá fomentando el crecimiento con exportaciones agrícolas, de crustáceos y mineras que podrían en 2026 compensar el escaso aumento de 2% del PIB que apuntala un modelo agro minero exportador.

Luis Rosero M.

La coyuntura actual, en el contexto interno, se ha dinamizado por una serie de eventos relacionados con la seguridad, corrupción, libertad de expresión, política, economía, ambiente, sociales, etc. que muestra cómo van cambiando los soportes de la democracia, la gestión del gobierno y la evolución del país principalmente relacionado con su economía. Después de una prolongada ausencia en diciembre del año pasado y enero actual, el ejecutivo retoma su gestión, en el país, y con un panorama político despejado en el puerto principal, justo a los tres meses de la derrota en la consulta popular. Como había anticipado, en artículos anteriores, el telón de fondo son las elecciones seccionales del próximo año.

En el escenario del país, el problema principal sigue siendo la inseguridad ciudadana. En efecto, tiene 7 de 10 ciudades más violentas del mundo (Guayaquil, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Manta y Santo Domingo) según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Los datos reflejan que hay 6 ciudades que están en 5 provincias de la Costa y una sola de la sierra. Consecuentemente, el problema de mayor violencia se localiza en las 5 de 6 provincias de la costa. Siendo Babahoyo la segunda más violenta del mundo. El problema de la seguridad incluye las muertes violentas, el secuestro y la extorsión, pero además esta la pérdida de control territorial de parte del estado. Para enfrentar el problema, el gobierno anunció un nuevo plan de seguridad que mantiene la militarización del país, los operativos, pero introduce cambios en las acciones de inteligencia, etc. y agrega el control de los 3 ejes viales de Guayas, Pichincha y Manabí para disminuir la inseguridad en las carreteras de esas provincias, reconociendo la falta de control territorial en estas vías. Es una medida requerida por los transportistas, sin embargo, faltaría agregar el desvío de Quevedo, con su anillo vial, que conecta la vía con rumbo a Quito. A pesar de esa omisión resulta ser una acertada medida, esperamos que la medida tenga buenos resultados.

El escenario también contempla el problema de la corrupción. El informe sobre la corrupción 2025, de Transparencia Internacional, mostró que el índice de percepción de la corrupción del país en 2024 fue de 32 y se ubicó en el puesto 121, mientras que en 2025 el índice aumentó a 33 y puesto 116 entre 182 países. Esto muestra un aumento de la corrupción en el país, en el año pasado, según este organismo.

Los datos de la corrupción en el país se relacionan con la institucionalidad del país, entre ellas la de la justicia, salud y otros sectores. En la coyuntura actual destaca el juicio político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, impulsado por el correísmo. Su principal acusación, en este evento, es la presión ejercida indirectamente sobre el Juez Serrano para cambiar una sentencia y la defensa de su esposa en juicios de drogas que implicaría conflicto de intereses. Al parecer, por los criterios de juristas, colegio de abogados, ex presidente de la Corte Suprema, etc. Godoy debe renunciar y llevaría a votar por la destitución a ADN, RC, PSC, PKT y otros. Pero el tema no queda ahí, ya que debe elegirse  su reemplazo y el Fiscal de Nación. Alexandra Villacis, le tocaba reemplazarlo, sin embargo, apareció una deuda tributaria, que era un impedimento legal para posesionarse pero, el programa Primera Plana, señala que el SRI otorgó un certificado que descarta la deuda. Debido a esto, el presidente (e) de la Corte de Justicia, envía una terna al CPCCS para elegir a la vocal. Un conjunto de abogados y otros actores señalaron que debió esperar que se active la designación del vocal suplente. De los 3, aparece en primer lugar la jueza M. Caicedo que ha condenado a figuras correistas. El presidente del CPCCS, A. Fantoni, fue nombrado a pesar de los cuestionamientos en su contra y también asumió la jefatura de la Función de Transparencia del Estado. Además, Radio Capital reporta que en sus 5 años como servidor público tuvo un acelerado crecimiento de su patrimonio. Antes de su nombramiento, él y 3 consejeros enfrentan un juicio político, que esta en espera de la decisión del CAL. Lo importantes es que el CPCCS elige al Fiscal. Pero lo más crítico es que se publicó en medios una fotografía de un evento deportivo en la que aparece frente a altos miembros del gobierno.

Para complicar el panorama, el Comando Conjunto de las FF.AA. del Ecuador emitieron un comunicado en la que señalan la forma en que deben realizarse la cobertura de prensa de las FF.AA., al igual a lo que se hizo en EE.UU. Lo cual provocó un rechazo de los medios de comunicación nacionales, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que señaló: que “La libertad de prensa se agrava en A. Latina por censura y violencia” y la SIP que declaró: “Ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa”. Después de algunos días, las FF.AA. señalaron que las normas sobre los medios no esta vigente. A eso se agrega, la compra por Luis Alvarado C., asambleísta alterno de ADN, en agosto de 2025, de La Posta, medio digital, y el 80% de participación de Radio Centro a través de Galamedios y, por otro lado, el conflicto gubernamental con diario Expreso.

En síntesis, se agregó el control de 3 ejes viales para el control de carreteras en tres provincias a fin de ejercer vigilancia territorial y luchar contra el crimen organizado en esas vías. Sin embargo, es preocupante lo que sucede con los nombramientos de ciertos funcionarios de las instituciones de justicia tanto en el Consejo de la Judicatura y del futuro fiscal. Los principios de la democracia deben respetarse para su adecuado accionar, entre los que están la necesidad de mantener el equilibrio de poderes, la independencia y el contrapeso de las funciones del estado, el respeto a libertad de pensamiento y de expresión así como la participación accionaria en medios de comunicación por miembros del partido de gobierno pues genera conflicto de interés. Se requiere una reforma judicial profunda para evitar se llegue a una precarización de la democracia. Se torna indispensable garantizar la independencia de instituciones judiciales o del CPCCS (el quinto Poder). Hay que asegurar su autonomía para que tengamos una justicia justa, independiente y se encargue de hacer respetar los derechos de la ciudadanía y del país.