Luis Rosero M.

La Proforma 2023 genera más dudas que certezas por sus supuestos macroeconómicos, gastos e ingresos poco informados y el ajuste. Refleja el tipo de política fiscal que el gobierno aplicará y los efectos económicos y sociales de la misma.

El monto total de la proforma es de 31502 millones de dólares, un incremento de 6.5% respecto a la de 2022, pero solo de 3.4% en relación al Presupuesto del Estado Codificado del año anterior. Un aspecto relevante es la reducción del déficit fiscal, pues de 3783, en 2022, se espera que llegue a 2629 millones, en 2023, que representa una reducción significativa de 30%. La pregunta clave es ¿por donde se ajusta dicha variable?

En cuanto a los supuestos macroeconómicos, la proforma 2023 establece un crecimiento de 3.1%, basado en la proyección del Banco Central, lo que resulta muy discutible considerando que todas las proyecciones de los organismos financieros que estiman una posible recesión mundial para el próximo año o al menos una desaceleración económica. El FMI lo proyecta en 2.7% mientras que la CEPAL solo prevé 2%.  La OCDE pronóstica, para 2023, una desaceleración para las principales economías. Esta estimación es clave pues, si no produce ese crecimiento para el país, los ingresos presupuestarios pueden ser menores a los previstos. En el caso de la inflación acumulada, se estima que sería 2.5%, sin embargo la inflación anual a Octubre, de este año, fue de 4%. Dados que continúan los problemas logísticos y de abastecimiento en el mercado mundial, en parte por la invasión de Rusia a Ucrania, la tendencia es que siga en aumento esta variable si consideramos que, además, hay ajuste por parte de las empresas por variación de costos y reetiquetado de precios. Por el lado del precio del petróleo se incrementa, en la proforma 2023, de 59.2 a 64.8 dólares el barril o sea un incremento de sólo 0.16% que no es compatible con la proyección de la economía mundial en 2023. La clave está en qué, si el precio real del crudo supera el precio presupuestado, la diferencia va a un fondo de ahorro que puede ser utilizado para rubros sociales y obligaciones.

Por el lado de los gastos, hay una serie de rubros que no son muy conocidos y poco difundidos en la Proforma recursos. Así tenemos que para pagos de laudos arbitrales se proyecta, entre ellos la de la petrolera Perenco, 2478 millones de dólares. Además, se incluye 1008 millones por venta de activos (o dicho claramente privatización), como parte de los ingresos no permanentes. Entre ellos se menciona el Terminal Marítimo Monteverde y la eléctrica Sopladora. A lo que posiblemente habría que agregar la venta de las distribuidoras de combustibles de Petroecuador y otros bienes públicos. Ya se descartó la venta del Banco del Pacifico por haberse declarado desierto el concurso.

Por la parte de los ingresos, se confirma la tendencia de ir dependiendo cada vez menos del petróleo, que han seguido los últimos gobiernos incluidos el actual. Para ello, han utilizado las reformas tributarias. Así, el aporte del petróleo a la proforma de 2023 alcanza solo 3372 millones mientras que los impuestos 15145 millones. Sin embargo, resulta muy preocupante qué, para financiar el déficit fiscal, se acuda cada vez más a deuda pública. Pues, el financiamiento público, en la proforma 2023, alcanza 7577 millones, 6.1% del PIB, del cual el 49.2% corresponde a deuda externa y 50.7% a la interna. Si bien para 2023, baja el financiamiento externo se compensa con mayor deuda interna. Ya a Agosto de 2022, la deuda pública representaba 55% del PIB, siendo 40.7% el peso de la externa respecto al PIB. Con la proforma 2023 se agrega más deuda externa en relación al PIB con lo cual el peso de ésta sigue creciendo. El total de la deuda pública se convierte un peso cada vez mayor al presupuesto, lo que exige cada año, ir asignando, cada vez más recursos para el pago de la amortización de la deuda, dejando menos recursos para otros rubros. Esta tendencia se acentuó en los gobiernos de Moreno y Lasso y, en buena parte, con recursos de organismos financieros que han condicionado la política económica aplicada.

En síntesis, la proforma 2023, reduce el déficit fiscal, lo cual para el equilibrio macroeconómico es saludable. Sin embargo, esconde que el ajuste viene de lado de la inversión pública, de solo 1871 millones, y no por el lado del gasto corriente. Aún más, resulta paradójica esta política, ya que no se registra nueva inversión privada y, por otro lado, Lasso continúa apostando a las maquilas para atraer inversión sobre todo extranjera, pero ya va año y medio de su gobierno y la inversión no crece ni llega. Por el lado del gasto, aumenta entre otros factores por el pago de laudos arbitrales. Por parte de los ingresos, habría una sobreestimación debido a un crecimiento estimado de 3.1% que, si no se cumple, reduciría los ingresos y aumentaría el déficit. Por el lado de los gastos, es preocupante el aumento de la deuda pública, sobre todo externa, siendo el financiamiento público 7576 millones representa el 24% y  el 14% la  deuda y la amortización de la proforma respectivamente, que cada año va dejando menos recursos para otros gastos y presiona para conseguir más financiamiento.

Luis Rosero M.

La Proforma del Estado 2023 refleja la política fiscal, tanto del lado de ingresos como de los gastos, y cuáles son las prioridades que el gobierno establece en su aplicación, la cual tiene efectos sobre la economía y la población en general.

En primer lugar, el documento establece para 2023 un déficit fiscal de 2629 millones de dólares, o sea 2.6% del PIB, que implica que tendrá que buscarse financiamiento tanto interno como externo para cubrir dicho déficit. La deuda pública si bien, temporalmente, contribuye a las necesidades de financiamiento, después, cuando se pagan las amortizaciones (capital e intereses), se vuelve una carga para el presupuesto. Así, a Agosto de 2022, el saldo de la deuda externa fue 46273.8 y la interna 14.295.1 millones de dólares respectivamente. Su total Representó el 55% del PIB, siendo 40.7% y 14.3% la externa e interna respectivamente. La amortización de la deuda pública total en la Proforma alcanza a 4424.8 millones de dólares.

De los ingresos hay una reducción notable de 17.3%. La mayor parte, de los ingresos permanentes, se genera por impuestos (84.2%). La proforma por grupos de ingresos, detallan un incremento de 6.8% en el monto. Los mayores generadores de estos son el IVA y I. Renta (en alrededor 30% c/u). Los dos se incrementan. El primero por la reforma tributaria que redujo las deducciones de gastos que aumentó la base imponible con lo que trabajadores y empleados terminan pagando más I. Renta. Y el segundo, porque es un impuesto indirecto que se cobra sin considerar el nivel de ingreso. Muestra una estructura impositiva regresiva y más I. Renta por estos dos últimos grupos de contribuyentes. Los créditos externos alcanzarían a 3732 millones de dólares, que también disminuyen (32.8%). Sin embargo, los créditos internos 3844 millones, tienen un incremento de 23.6%. El total del financiamiento requerido es de 7576 millones de dólares, o sea el 24% de los ingresos de la proforma que revelan el peso de la deuda por el lado de los ingresos pero que también muestran el efecto por el lado de gastos cuando se pague la amortización de la deuda.

Por el lado de los gastos, en millones: 9886 son en burocracia, los gastos financieros alcanzan 2405,(intereses), la amortización de la deuda 4424, que representa el 14% de los gastos totales, mostrando la fuerte presión que ejerce la deuda pública sobre el presupuesto del estado; las transferencias corrientes corresponden a bonos que se entregarían por 1306 y los institutos de seguridad social  5130 y solo el IESS recibiría 2354 (45.8%), pero a cambio, como hacen los gobiernos, tendrá que comprar bonos del estado, lo que aumenta la deuda del Estado con el IESS sigue siendo la caja chica del Estado.

Por el lado de la inversión pública, en infraestructura física, solo llega a 398 millones de dólares, que muestra que la austeridad fiscal, el ajuste viene dado en esta variable. En la Función Ejecutiva (ministerios y otras instituciones públicas), hay una reducción del gasto de 3896 millones de dólares. En Educación se asigna 5.583, que aumenta crece 12.1%, Salud 3601 (aumenta 13.3%), Bienestar Social 1686 (crece 1.9%) y a Defensa se le otorga 2666 millones de dólares. A pesar de estos incrementos, el monto asignado en los dos primeros sectores esta muy por debajo de lo estipulado en la Constitución de aumento del 0.5% anual del PIB. Es necesario subrayar que, dada la situación de inseguridad que vive el país, al gabinete de seguridad se le otorgado 3364 millones de dólares, un aumento de 3.3%. Mientras que en el plan de Inversiones Totales se asigna 1871 millones, una reducción de 7.3%.

En síntesis, la proforma 2023 refleja un déficit reducido en un 1% del PIB, baja inversión pública y presión de deuda pública. Hay una reducción del crédito externo pero es una estrategia para que el siguiente año se pueda incrementarlo para cubrir un aumento de amortizaciones por compromisos contraídos en gobiernos anteriores. Otra novedad es que al declararse desierta la venta del Banco del Pacifico, según el Ministro de Finanzas, restaría 200 millones de ingresos que puede ser compensada con venta de otros activos, como es el caso de la venta de las gasolineras de Petroecuador. La proforma ha sido calculada con un crecimiento de 3.1%, variable clave para proyectar los ingresos públicos, aunque la mayoría de las organismos internacionales señalan que habría una recesión mundial. El incremento del gasto en educación incluye aumento de sueldo de maestros, que el gobierno objeto por ser inconstitucional pero la Corte Constitucional no le dio la razón y el Ejecutivo se vio obligado a incluir el aumento en la proforma establecida por la ley de educación intercultural. Por otro lado, el gobierno después de los 90 días, de las mesas de dialogo con indígenas, aún no define la focalización del subsidio a combustibles. La CONAIE exige que se focalice, lo que afectaría a ciertos sectores productivos que usan combustible subsidiado, y al reducirse o eliminarse éste se lograría un ahorro que, según la organización indígena, se lo debe trasladar a salud y educación. Se ve claramente que el ajuste del gobierno es por el lado de la inversión pública, que es insignificante y sigue aumentando la presión de la deuda pública ya que, al crecer ésta, se incrementa el pago de la amortización: intereses y comisiones. Ambos factores, con la posible recesión generaran más efecto recesivo en la economía.

Luis Rosero M.

Los actos de violencia, a inicios de Noviembre, han hecho crisis la paz social, ante lo cual el gobierno recurrió nuevamente al estado de excepción y acciones tibias para enfrentar la situación. Ante la crisis de la seguridad, no se conoce la estrategia para enfrentar la violencia, que parece no tiene fin así como el temor de la población que ve debilitada, cada vez más, la seguridad ciudadana.

La grave crisis de seguridad social, que tiene en zozobra a la población, se manifestó con atentados, asesinatos de policías, explosiones en UPC, coches bombas y ataques en estaciones de servicio, recibimiento a bala a los miembros de la policía y fuerzas armadas que entraron a la Penitenciaría del litoral,-que esperaron tres días para poder ingresar-, etc. Los hechos de violencia fueron 8 en Guayaquil y varios ataques en Durán. Estos hechos no solo se registraron en la provincia del Guayas sino además en Esmeraldas. La repuesta gubernamental fue declarar estado de excepción en éstas y que se extendió a la provincia de Santo Domingo. Al parecer, la repuesta de la violencia criminal fue por el traslado de reos desde dicha Penitenciaría a otras prisiones. Hoy, en el programa A Primera Hora, de Sonorama, Patricio Vela entrevistó a Ana Minda, periodista especializada en grupos criminales,  señaló  que esta medida fue propuesta en Europa en la lucha contra dichos grupos, lo que da indicios de falta de estrategia.

Los expertos señalan que los estados de excepción no son suficientes sino se toman otras medidas. Nelsa Curbelo, en su artículo “Reconocer la derrota frente a la violencia” señala claramente que la lucha contra la violencia en las cárceles y en las calles se está perdiendo. Patricio Acosta, militar en servicio pasivo, en entrevista, señaló que “Sin un plan nacional de seguridad, el estado de excepción en Guayas y Esmerladas no dará resultado”. El exministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Gándara señala que es necesario un duro plan de seguridad. El gobierno ha informado que tiene una estrategia elaborada, pero por razones legales no puede ser revelada. Pero lo importante, es que se tomen medidas eficaces contra esa violencia.

A nivel internacional, los medios de comunicación informan que Ecuador es un país en guerra. Diario El País reporta que los carteles de droga mexicanos se disputan territorio. Sin embargo, en las redes apareció una advertencia de atentados y sabotajes colgado por bandas criminales locales que han realizado varios actos de violencia.

Los efectos del incremento de la violencia no solo son económicos ej. (contracción de ventas en varios sectores productivos; en el comercio, baja asistencia a locales y centros comerciales; en el turismo caso de reducción de la asistencia en las playas de Santa Elena y Esmeraldas, pérdida de empleo, reducción del nivel de vida, etc.) sino además en la seguridad ciudadana. Buena parte de la población vive en zozobra, con miedo, temor generalizado, etc. que se ve obligada al confinamiento en casa para reducir el riesgo de pérdida de vida. Afecta su calidad de vida por la menor movilidad social y reducción de las actividades de entretenimiento.

El gobierno convocó al Consejo de Seguridad Pública, no se conoce que resolvieron. Hemos llegado a alto nivel de violencia que hace invivible esta situación y que requiere que, de una vez por todas, el gobierno aplique una estrategia efectiva contra la violencia. Para ello, entre otras acciones, es necesario la coordinación del gobierno central con los gobiernos descentralizados, o sea con gobiernos provinciales y locales que tienen policías metropolitanos. Pero no sólo se trata de lo urbano, a nivel rural el nivel de delincuencia criminal ha aumentado y tiene en vilo a agricultores y pobladores, por ello también es importante la coordinación con las Juntas Parroquiales Rurales.

El tema no solo pasa por el uso de las armas e insumos para éstas que, además, según una periodista de El Comercio, en un video informó, que algunos miembros de la policía no tiene municiones ni chalecos, tienen armas -al parecer por la austeridad fiscal- que confirma Ana Minda y se corrobora con la rebaja del presupuesto para 2023 a la Policía Nacional, sino también de tratar de paliar aún mas la situación de pobreza y hambre que va en aumento y son fermento de la violencia. Es hora de la Unidad Nacional para frenar la violencia, que es un flagelo nacional.

El riesgo es que como dijo Ana Minda, en dicho programa, que la violencia avance mucho mas para seguir sitiando territorios, ganar poder y llevar al pánico a la población como ocurrió en la época crítica en Colombia y México. Los hechos muestran una mala calidad en la gestión pública, no solo en seguridad, que se puede resumir en una palabra: ineficacia. Ahora, el Presidente acusa a narcopolíticos de defender a las bandas criminales para tratar de desestabilizar la democracia y volver al poder. Nuevamente, otra cortina de humo para camuflar en la ineficacia en la gestión pública en varias áreas. La Conferencia Episcopal llamó a una jornada de oración para pedir por la paz y, al parecer, no nos queda más que rezar para pedir por el freno y reducción de la espiral de violencia.

Luis Rosero M.

En 2022, la tendencia de la economía es hacia la desaceleración, aumento de la inflación y mantenimiento del ajuste económico, tratando de alcanzar las metas del FMI, que contribuye a la primera tendencia. A su vez, el gobierno insiste en su esquema de reformas estructurales, para tratar de incentivar la actividad económica, pero ha logrado muy poco. Lo cierto es que hay incertidumbre sobre el rumbo económico.

En cuanto al ritmo de la actividad económica, el crecimiento fue apenas de 1.7% en el II Trimestre, en relación al mismo trimestre del año anterior, que comparado con el 3.8% del I Trimestre de 2021 marca una tendencia a la deceleración. El comportamiento económico del II Trimestre, de este año, se explica principalmente por el gasto de consumo de los hogares de 4.9%, del gasto de consumo del gobierno de 2.4% e inversión con 3.1%. Sin embargo, las exportaciones de bienes y servicios se contrajeron -0.1% mientras que las importaciones se incrementaron 7%. El Banco Central, por este comportamiento de la economía, redujo su proyección de tasa de crecimiento para 2022 a 2.7%. La tendencia a la desaceleración de la economía se profundiza por la continuación del ajuste. Pero en cambio, estima que el crecimiento, en 2023, sería de 3.1%, a pesar de que la mayoría de los organismos financieros internacionales prevén una recesión mundial en el siguiente año.

El ajuste continúa, de acuerdo a lo pactado en el convenio de crédito con el FMI. Un dato importante, sobre este tema, es el comportamiento de la inversión pública. En periodo, enero-agosto, la inversión pública solo fue 509 millones de dólares, que es sólo el 18% de lo programado para esta variable que alcanza a 2.800 millones. Ya estamos en el IV trimestre del año, como marca la tendencia histórica, no se alcanzará a ejecutar los programado. El gobierno sigue a la espera que aumente la inversión nacional o atraer la inversión extranjera, pero no hay nueva inversión y la segunda no llega. Además, el ajuste, se reforzó con la reforma tributaria, al reducir la base imponible de asalariados y empleados que incidió para que paguen más impuesto a la renta, lo cual ralentizó el consumo de las familias. Por otro lado, están cayendo, en lo que va del II semestre, algunos productos de las exportaciones tradicionales, que reforzaría dicha tendencia.  Por ello, el gobierno insiste en presentar a la Asamblea la ley de inversiones reformulada, pero ésta, aún se apruebe en este año, solo podría incentivarse en 2023.

En cuanto, a la inflación, la invasión de Rusia a Crimea, afectó la provisión de insumos y materias primas agrícolas aumentando sus precios a lo que se agrega los problemas logísticos y de abastecimiento que dejó la pandemia. Estos factores externos incidieron en el aumento de la inflación nacional a los que se agregan los incrementos de costos y márgenes de ganancias de las empresas locales. Así, la tendencia al alza de la inflación se inicia en octubre de 2021 alcanzando, en diciembre, de ese año, 1.9%. A partir de enero de 2022 la tendencia continua y, en ese mes alcanzó 2.5%, ya en abril llegó a 2.8% y, en junio repunta a 4.2%, en la que influyó el paro indígena. Si bien disminuye, en los dos siguientes meses, en septiembre alcanza nuevamente 4.2%. Esta tendencia afectó el costo de la canasta básica. Así, en diciembre de 2021, alcanzó $ 719,6% y, a septiembre de 2022, llegó a $ 756,9%, o sea un incremento de 5.1% en dicho periodo.

Finalmente, el gobierno insiste en su propuesta de reformas estructurales que busca implementar una economía de mercado más libre. Logró que se aprobará la reforma tributaria y, ahora, está intentando para que la Asamblea apoye la ley de inversiones. Para eso, llegó a un acuerdo con ésta para negociar los términos del proyecto de ley. Ya se conoce un anteproyecto. El gobierno insiste, como parte central de éste, en reformar las zonas francas para que puedan, con una serie de incentivos tributarios, el ingreso de maquila, preferentemente con inversión extranjera, para dinamizar la actividad económica y el empleo. Ligado, a este proyecto, está el de la reforma al mercado de trabajo, para que se reduzca el costo de contratación de la mano de obra.

En síntesis, la tendencia que muestra la economía, hasta el momento, es la desaceleración económica, la continuación del ajuste. La actividad económica del IV trimestre es clave para revertir esta tendencia. Continuará el aumento de la inflación y tratar de lograr de aprobar reformas estructurales para incentivar el crecimiento y aumentar el empleo. Sin embargo, en este año, aún se apruebe el anteproyecto tendrá efectos en el siguiente año. Hay incertidumbre, hasta la fecha, del rumbo económico.