Luis Rosero M.

A fin de mayo de 2024, el directorio del FMI aprobó el acuerdo SAF, por 4 años, que le da acceso al país a un crédito de 4000 millones, con un desembolso inmediato de 1000 millones, y con opción para obtener unos 8000 millones de organismos multilaterales. La carta de intención con el FMI, suscrita por el gobierno, establece el condicionamiento de varias medidas económicas: fiscales, de estabilización macroeconómica, deuda pública externa, recuperar la liquidez, de estabilidad del sistema financiero y reformas estructurales. En este artículo solo analizaremos las medidas de carácter fiscal.

El SAF (por sus siglas en inglés) es el acuerdo de facilidad ampliada que se otorga a países con graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo.  A nivel técnico, se acordó el 19 de abril de 2024, que implicó claramente un precondicionamiento. En efecto, previo a este acuerdo, en el suplemento 520 se promulgó, en el R. Oficial, de Marzo 18 de 2024, el decreto ejecutivo 198, que aumenta el IVA del 12 al 15%, a partir de abril, según lo dispuesto en la reforma a la ley para enfrentar el conflicto armado. El texto inicial de ésta norma, además se estableció una contribución temporal a grandes empresas, a la utilidad de los bancos, el aumento del ISD al 5% y la remisión tributaria. Estas medidas rendirían 1.8% del PIB en 2024, de la cuales el 1.2% son transitorias.

Con el acuerdo se establece un ajuste adicional para reducir el déficit fiscal, que se estima para 2024 en alrededor de 2.5% del PIB, o sea cerca de 2500 millones de dólares. Las medidas serían, por el lado de los ingresos, a más de las señaladas anteriormente, la eliminación del subsidio a la gasolina extra y ecopaís que rendiría 700 millones, en 2024, lo que sumaría en total 2.5% del PIB. Por el lado, del gasto se limitarían los sueldos y salarios, compras de bienes y servicios y gastos de capital y sociales que se ajustarían, en términos reales, en 0.2% del PIB, con lo cual tendríamos un ajuste fiscal que daría un ingreso neto de 2.2% del PIB en 2024 y un 3.35% en el período 2025-2028.

El tema central del problema fiscal, son las necesidades brutas de financiamiento que alcanzarían en 2024 un nivel de 8035 millones, para lo cual la fuente principal de financiamiento serían los multilaterales de los cuales el fondo aportaría 1500 millones, las otras multilaterales de 3295 millones y el financiamiento interno de 2830 millones. En consecuencia, no basta el crédito del FMI para cubrir las necesidades de financiamiento sino que a éstas (BM, BID, CAF, etc.) aportarían, dos veces más que el FMI. los otros multilaterales De lo cual se desprende, que habría condicionamiento en la política económica no solo del FMI sino de los otros multilaterales, se trata de un condicionamiento cruzado. Pero, lo mas importante, es que el país enfrenta cada vez más sus problemas fiscales con más deuda pública, principalmente endeudamiento externo, que lo mantiene en un ciclo perverso de déficit fiscal creciente – reformas tributarias constantes para generar más ingresos fiscales – mayor deuda pública, sobre todo externa – renegociación de ésta. Este ciclo limita las posibilidades de crecimiento económico, dado que las medidas condicionantes tienden a ser recesivas y llevan al problema de aumento del riesgo en el pago de la deuda externa que a su vez genera un problema en el acceso al mercado a los mercados externos de capital lo cual tienden a culminar en una renegociación de ésta,.

Según el Boletín de Deuda Pública, del Ministerio de Finanzas, a marzo de 2024, la deuda pública alcanzó 60171 millones de dólares, de la cual el 21.4% corresponde a deuda interna (12925’) y el 77% a deuda externa (46345’). Ese monto de deuda representa el 49% del PIB, cuando la Constitución establece que este indicador no debe superar el 40%. El perfil de vencimiento de ésta contempla un pago de 2364 millones en 2024 y 1456 millones en 2025. Cuando el gobierno planteó la ley para enfrentar el conflicto armado interno argumento que el alza del IVA y las contribuciones temporales servirían para financiar las operaciones del ejército en la lucha contra el crimen organizado que, entre otras acciones, implica la presencia en las calles de las FF.AA. Sin, embargo, de acuerdo a las necesidades financiera para cubrir la deuda pública externa se revela que, la verdadera razón, es cumplir con los pagos de este tipo de deuda. El acuerdo con el FMI y con los otros organismos multilaterales aumentará las necesidades de financiamiento y el país tendrá que cubrir mas altos niveles de amortización de la deuda pública en los próximos años.

Además, de acuerdo a la Carta de Intención, el gobierno deberá enviar un proyecto de ley para convertir las contribuciones temporales en permanentes, lo que tendría vigencia en 2025. Por lo que, en el siguiente año, no solo seguiría rigiendo un IVA de 15% sino que además las contribuciones a grandes empresas y de las utilidades de los bancos y otras se convertirían en permanentes.

Hay otra serie de medidas que establece dicha Carta, por el lado fiscal, entre las que están aumento de ingresos petroleros, reducción del gasto no primario no petrolero, establecer límites de deuda, necesidades de financiamiento sostenibles, regularizar los atrasos, reconstruir las reservas fiscales, mejorar la red de apoyo social incluyendo a familias con tres deciles mas bajos de ingresos. Otras medidas serían mejorar la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza fiscal y la administración de ingresos.

En síntesis, en 2024 tendremos un ajuste fiscal, por el lado de los ingresos y gastos, que causará una serie de impactos.  Uno, reducirá el déficit fiscal entre 1.6 a 2% del PIB. Dos, será carácter contractivo que frenará el crecimiento y la supresión de los subsidios a la gasolina tendrá un efecto en cascada que impactará en la inflación como lo hizo el IVA que contraerá el consumo. Habrá impacto sobre los grupos más vulnerables y pobres En consecuencia, tendremos desaceleración económica. Las propias proyecciones del FMI establecen que, para 2024, el crecimiento será apena 0.1% que, si siguen los apagones en los próximos meses, podría ser cero o negativo, lo que implicaría más desempleo, subempleo y pobreza. En 2025 habría una leve recuperación con un crecimiento de apenas 1.2% y en 2026 de 1.8%. Habría que esperar para 2027 para la recuperación económica del país.

Luis Rosero M.

En un corto discurso el presidente resumió lo que ha realizado en sus primeros 6 meses de gobierno. Cuando asumió el mando, el país tenía una cuádruple crisis: económica, social, política e institucional. A eso se agregó, la crisis energética. El mandatario tomo algunas medidas para enfrentarla alcanzando ciertos avances y retrocesos, priorizando la económica, de seguridad y energética. En este primer semestre, los hechos configuran un estilo de gobierno, que se maquilla, pensado en la reelección. En éste juega un papel clave la política de comunicación, de una gestión claroscuro, que resalta lo primero y busca obnubilar lo segundo que lleva a la opacidad.

El presidente, en su discurso, destaco 4 ejes: seguridad, economía, crisis energética y lo social. En el primero, el gobierno ha aplicado 3 estados de excepción, sacó las fuerzas armadas a las calles para ayudar a la policía, que juntas han realizado operativos para capturar delincuentes y armas, entró a las cárceles y logró capturar a lideres de bandas criminales con el fin de reducir la violencia que se atribuye a la acción de carteles y sus aliados. Como resultado, a nivel nacional, se han reducido las muertes violentas pero han aumentado los secuestros y extorsiones (vacunas). En el ingreso a las cárceles de los militares encuentran armas, equipos de comunicación, droga, etc., por ello, el gobierno emitió un decreto para control de acceso de armas en éstas. Al parecer, hay problemas en la aplicación de la estrategia de seguridad, su táctica y las labores de inteligencia.  Como resultado, tenemos que sigue el estado de inseguridad en el país, con logros en ciertas provincias como la de Esmeraldas, persistiendo el temor, miedo y zozobra de la población. Al parecer, la política de mano dura no es suficiente para controlar la violencia y debería ir acompañada de otros tipos de políticas.

El gobierno recibió un país con varios desequilibrios macroeconómicos. El más crítico , es el déficit fiscal de cerca del 5%, seguido del pago de la deuda externa. Para ello, la Asamblea aprobó una ley que aumentó el IVA al 15%, una contribución temporal a las empresas y remisión tributaria. Se justificó, esta ley, por la necesidad del financiamiento de la lucha contra la delincuencia, con el apoyo de las FF.AA. Como resultado, los ingresos del IVA aumentaron 58 millones más que en abril de 2023, la remisión de intereses y multas 208 millones y la contribución temporal 328 millones. De ésta, última la Asociación de Bancos Privados planteó una demanda de inconstitucionalidad, evidenciando que los que más tienen no quieren aportar. También hubo un efecto, en el aumento de la inflación mensual y anual y del costo de la vida además de un efecto recesivo. Revisando los altos montos del servicio de la deuda externa -capital+interés-, en el período 2024-2026, al parecer, el verdadero motivo de estas medidas tributarias ha sido el pago de la deuda externa y reducir el riesgo de default. No se habló en el discurso, de la aprobación, a nivel técnico, del acuerdo con el FMI, para obtener un crédito de 4000 millones que servirá, en parte, para pagarle a este mismo organismo. Como es conocido, el gobierno tiene que firmar una carta de intención con el FMI, que trae aparejado un condicionamiento en la política económica, por la que el país se verá obligado a aplicar medidas económicas que exige este organismo y que son de carácter recesivo.

Sobre la crisis energética, que llevaron a apagones, el gobierno culpó a la exministra de energía quien señaló en una carta que a su ministerio no le realizaron las transferencias de recursos para cubrir los gastos de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y ahora el gobierno quiere revivir el concurso de las barcazas de generación eléctrica, que son costosas. Aún más, el ex secretario de comunicación declaró que hubo un cierre de las compuertas de la hidroeléctrica Mazar lo que fue desmentido por el Gerente de Celec Sur señalando que, en esta, no existen compuertas. Este gran error, le costo el puesto al primero. Si bien, ya no hemos tenido apagones por algunos días, por la exportación de energía de Colombia y las condiciones atmosféricas favorables que han permitido llenar los embalses de las hidroeléctricas, el presidente salió con una imagen limpia del problema y se encontró quien era la supuesta causante de la mala gestión energética.

En lo social, se dijo que no se abandona “Ni a los adultos mayores, ni a los jóvenes, ni a las madres. A nadie. …Mejoramos el acceso equitativo y oportuno, a la educación, al empleo, al emprendimiento, a la vivienda, a la tecnología, a la cultura, a la recreación; en definitiva, a una vida digna, de calidad.” Lo cierto es que las personas de tercera edad no reciben la devolución del IVA, el desempleo juvenil es el más alto y un informe de migración a EE.UU. señala que más 16.000 migrantes ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados en abril de 2024, fenómeno que se da por la falta de empleo en el país, no hay programa de vivienda pública, hay problemas con el impago a la empresa proveedora de diálisis -que afecta a los diabéticos- y otras, el subempleo, el hambre y la pobreza siguen creciendo. Si no fuera por las remesas de los migrantes, muchas familias de escasos recursos no podrían comer.

En síntesis, si bien este gobierno ha mejorado la gestión en seguridad, respecto al gobierno de Lasso, han bajado las muertes violentas pero se han incrementado otros delitos, hay dificultades en aplicar la estrategia de seguridad y no hay control completo de las cárceles, a pesar que se ha reducido la inseguridad persiste el miedo y el temor de la población; en lo económico, el alza del IVA provocado efectos negativos sobre las mayorías y con el convenio con el FMI se espera que se afecten aún más y se manifieste, la desaceleración de la economía y termine en recesión; en lo energético, no se vislumbra, a muy corto plazo, solución para los apagones y se opta por alternativas costosas y se descarta las que generan energía limpia; en lo social, a más de que no hay muchos recursos asignados para la política social hay deterioro de las condiciones de vida de la población y falta de empleo que explica, en buena medida, la migración. Finalmente, en cuanto a la política de comunicación, Expreso publicó, en relación al informe a la nación, una noticia con el título: Daniel Noboa, master en noticias falsas. Y, por otro lado, El País, tituló una noticia “La popularidad de Noboa cae 12 puntos entre dudas sobre las cifras de seguridad y empleo” refiriéndose al proyecto inmobiliario que se iba a construir en Olón -después de conocerse los favores gubernamentales que recibió la iniciativa- y la confusión de las cifras de empleo y seguridad le hayan afectado en los últimos 30 días, según señala este diario. Salió a la luz, el conflicto de interés entre el interés privado vs. el público. Una cosa son los discursos y otros los hechos. Se muestra la punta del iceberg, no se ve lo que esta debajo de este, pero hay hechos que salen a la luz mostrando los intereses detrás. Un gobierno debe velar por el bienestar de la mayoría, llevar adelante un proyecto país, no cargar la mayor parte de la carga tributaria a los de abajo,  buscar el interés público y no el privado, mostrar transparencia, etc.

Luis Rosero M.

En febrero 9, de este año, el CNE aprobó el calendario electoral que, la primera vuelta presidencial, sería en febrero 9 de 2025. O sea, faltaría alrededor de 8 meses para dicha elección. Los medios de comunicación, a fines de febrero e inicios de marzo de 2024, mencionaban algunos de los precandidatos. Por lo que se conoce, en la práctica, al parecer ya se inició la pre campaña electoral para la próxima elección presidencial en 2025. En ésta, el presidente actual optaría por la reelección y tendría como rivales a candidatos de varias tendencias entre ellos los del PSC (derecha), de la Unidad Popular (izquierda), RC5 (progresismo), etc.

En la pre y campaña electoral son importantes el jefe de campaña, el consultor político y el diseñador de imagen. Los dos primeros establecen la estrategia política de campaña y, el tercero, construye la imagen del candidato. En la campaña se ofrece satisfacer las demandas sociales para convencer a los electores pero no solo en base al plan de gobierno sino además en los atributos personales del candidato para cumplir con estas demandas. En el proceso electoral, también juega un rol importante el marketing político, las fake news, la manipulación de las necesidades, etc. Como señala Hugo Haime, en su libro Que tenemos en la cabeza cuando votamos, las demandas de los ciudadanos son fundamentalmente sobre trabajo, seguridad, salud y ética pública. Cada segmento de la sociedad (clase media y popular) tiene demandas específicas. También pesa mucho el contexto, la coyuntura y la situación económica, social y política del país, o sea el escenario. El asesor de imagen, en cambio, construye la imagen pública para convertir al candidato (a) en el ideal.  La campaña, cuando hay un candidato en el poder, se diferencia de sus rivales porque el gobierno puede difundir, a través de instituciones públicas, la gestión que realiza. También juegan un papel importante la calificación de la población de la gestión gubernamental, la popularidad del presidente, etc.

Por Decreto Ejecutivo 46 de Julio de 2013, la Secretaría de Imagen Gubernamental (SIG) se fusionó por la absorción a la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM; en abril de 2014, se expide el estatuto orgánico de gestión y posteriormente se le otorga personería jurídica propia y autónoma pero manteniendo la SIG hasta la actualidad. En el acuerdo SGPR-2019—0027, se establece que la misión de ésta es: establecer y administrar la imagen gubernamental, el diseño de campañas gubernamentales y material publicitario ….a ser difundido a través de los medios de comunicación que generen sinergia entre el Gobierno Nacional, instituciones del estado y ciudadanía. En función de esta normativa, según Primicias, el gobierno lanzó un proceso de contratación por 2.5 millones para el servicio de pautaje y difusión de los mensajes y campañas del gobierno nacional.

El énfasis que ha puesto el gobierno, en sus primeros 6 meses de gestión, según declaración de Noboa a EFE, ha sido en seguridad, ordenar las finanzas y leyes para la crisis económica. Ahora, continuará la lucha contra la inseguridad (cárceles, desmantelar la estructura del crimen organizado y transnacional), pero que se enfocara en lo social al garantizar la educación y empleo de los jóvenes; en lo económico, señaló que el acuerdo con el FMI no existe pre condicionamiento y que los recursos de los acuerdos internacionales se convertirán en obras, inversión, salud y educación. En otras palabras, la política económica, por los condicionamientos que tradicionalmente impone el FMI, va a estar determinada por este organismo.

Si bien, en el primer semestre, la popularidad del presidente aumento por la reducción de la criminalidad, ha habido una disminución de esta por el aumento del IVA, los apagones, el desempleo, los picos de violencia, etc. Según Primicias, basado en una encuesta de Comunicaliza, los dos primeros factores hicieron que la aprobación del presidente caiga más de 20 puntos en pocas semanas hasta 59%. En efecto, el alza del IVA aumentó la inflación mensual que paso de 0.29% (marzo) a 1.27% (abril 2024) mientras que la inflación anual se incrementó, entre esos dos meses, de 1.66% a 2.75%, lo cual implica que el costo de la canasta básica, que, en marzo de 2023, valía $ 767.31 aumentó en abril de 2024 a $ 797.39, lo que representa un incremento de $ 30.38 dólares en un año, o sea un encarecimiento del costo de la vida. Para explicar el por qué de los apagones, se acusó a la ex – ministra de energía. Para compensar a la población por los cortes de energía, el gobierno ofreció reducir en 50% la factura de electricidad de abril, que se efectivizaría a fines de mayo de este año. Lo mas preocupante es la situación en el mercado de trabajo que si bien es baja la tasa de desempleo, la problemática se centra en la tasa de subempleo que, en el I trimestre, alcanzó 20.5%, mientras que la tasa de otro empleo no pleno llegó a 28.6% que explicaría por qué hay 5 millones de informales y genera migración. El dato preocupante que, refleja los efectos de esta problemática, es el reporte de EE.UU. desde donde más 16.000 migrantes ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados en abril de 2024.

Por ello, el presidente declaró en España que la lucha contra la inseguridad, en lo social, se enfocará en el empleo. Ahora, anunció el Ministerio de Finanzas que ha transferido 300 millones a los GADs y se prometió la devolución del IVA a personas de la tercera edad en abril. Esto es posible por el aumento de los ingresos tributarios, por la contribución temporal de empresas y personas naturales y alza del IVA. O sea, el régimen responde a los efectos de las medidas económicas que ha tomado y apagones porque, en precampaña, se ve afectada la imagen gubernamental.

Esta imagen también se afectó por el proyecto inmobiliario que iba a construir la empresa Vinazin en Olón, en la que el presidente y su esposa son accionistas, que fue cancelado, por protestas de comuneros y ambientales, por el daño ambiental que generaría. Las variables implicadas aquí son los conflictos de intereses e influencia de poder en el trámite de permisos ambientales que salpicó a 3 ministros.  La ética pública y la transparencia de los actos gubernamentales son fundamentales en el accionar de un gobierno y la imagen de un mandatario así como de los miembros gabinete que tienen participación accionaria en empresas. Más aún, para enturbiar el panorama, el Ministerio de Finanzas emitió una política para la clasificación, registro y custodia de información pública, reservada y confidencial, aplicable a los funcionarios de dicha cartera de estado, que fue publicada en el Registro Oficial del 13 de Mayo, justo días antes de que el directorio del FMI apruebe el acuerdo con el FMI con lo cual el país recibiría 4000 millones de dólares y que a cambio se obliga a aplicar las medidas económicas, cumplir objetivos y metas macroeconómicas que exige este organismo.  El riesgo es que no solo no se pueda conocerse el contenido de la carta de intención que firmó el gobierno sino que exista opacidad en que dichos recursos sirvan para pagar deuda a ese organismo y, más aún, ese acuerdo sirva de aval de una posible renegociación de la deuda externa. Nuevamente entra en juego la transparencia y la entereza de hacer conocer al país la problemática de la capacidad de pago de la caja fiscal para cumplir sus compromisos internacionales y sus consecuencias.

Luis Rosero M.

El país vive una crisis económica, energética y social. Pero además enfrentamos el cambio climático, la epidemia de dengue, corrupción y el aumento de cierto tipo de delitos en la zona 8. El cumplimiento de funciones públicas así como la gestión gubernamental debe estar orientada al interés público y guiarse por principios éticos y morales. Por ello, el gobierno debe aclarar sobre el polémico proyecto inmobiliario de la conyugue del presidente al que se acusa de afectar una zona protegida y, por otro lado, transparentar la crisis energética que conduciría a posibles cortes de energía. Además del temor por la inseguridad ciudadana, este cúmulo de problemas agrava el estrés y condiciones de la gente. El problema de fondo radica en la motivación de la acción gubernamental.   

La coyuntura actual es complicada. La población además de soportar la intensa ola de calor ahora tiene que soportar una epidemia de dengue que ya alcanza a 27.000 casos. Si bien, a nivel nacional, han disminuido las muertes violentas. Sin embargo, en mayo, de este año, ha recrudecido la violencia, en la zona 8, un ejemplo de ello son los 19 asesinados, el 9 de este mes, en Bastión Popular y otras, zonas populares de Guayaquil. En Duran, a mayo 7, se registraron 177 muertes violentas que, en relación al año pasado, aumentó 302.2% la criminalidad.  También, en Chanduy, Santa Elena, se registró una masacre con la muerte de 8 personas. Pero además de esto, ahora también están aumentado los secuestros y extorsiones en dicha zona., así en el distrito metropolitano de Guayaquil se han dado, hasta la fecha, 462 casos de extorsiones y, a nivel nacional, 1697, mientras que los secuestros ya suman 355 en todo el país. La policía para combatir estos delitos creo la Fuerza de Investigación contra la extorsión (FICE). Aún, con estado de excepción, crece la violencia en dicha zona. Esto nos lleva a interrogarnos ¿esta funcionando la mano dura? ¿la estrategia de combate al crimen organizado de la FF.AA. es efectiva?

Respecto al proyecto inmobiliario (ECHO), que se pretende construir en Oloncito, el acuerdo ministerial # 072, de 2002, las 2,25 Has., que conforman el área del bosque Esterillo Oloncito, Olón, Manglaralto, fueron declaradas como Área de Bosques y Vegetación Protectores por el Estado ecuatoriano. En este acuerdo se señala que toda actividad no compatible con los fines del área queda restringida. Por lo tanto, si dicho proyecto esta ubicado en esa zona habría daños ambientales. Más aún, como existen zonas de manglar, en el área de ese bosque la Corte Constitucional, en septiembre de 2021, dictó una sentencia que restringe las construcciones en dichas zonas. Los servicios ambientales de los manglares son fundamentales para mantener la biodiversidad y defensa contra mareas y cambio climático.

El ex ministro de Ambiente, del gobierno anterior, aclaró que dicho proyecto no se tramitó en ese gobierno. Según Teleamazonas, el Ministerio de Ambiente aprobó el registro ambiental para la construcción del proyecto ECHO el 5 de diciembre, solo a 12 días de la posesión de Noboa. La reacción de los afectados: comuneros y ambientalista ha sido la defensa de la zona. La empresa Vinazin, que promueve el proyecto, tiene como socios al presidente y a su esposa. Hay varias implicaciones. Una, la posible influencia del poder en el trámite del registro. Al respecto, El Universo publicó una noticia titulada “Varios integrantes del círculo íntimo del presidente Daniel Noboa están salpicados por el problema de Olón”, que incluye a tres ministros, lo que dice mucho de la utilización del poder en este gobierno.

Dos, más crítico es el posible conflicto de intereses. Por un lado, la gestión gubernamental debe estar enfocada en función del interés público y no a favor del interés privado. A eso hay que añadir, que un gobernante debe observar principios de ética. Noboa había dictado un Código de Ética, después de asumir el cargo, que prohibía el nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (esposa tiene primer grado de afinidad) en las funciones del poder ejecutivo. Pero, en febrero 23 de 2024, derogó por decreto dicho código. Aún más, si el proyecto afectaría a la biodiversidad y funciones del estero del bosque protegido, habría que aludir a la conciencia y principios ambientales. El daño a los recursos naturales afecta a la comunidad ya que los priva de beneficiarse de las funciones ambientales de la biodiversidad y del estero. En este último, se encuentra el manglar, que ayuda a la protección costera, recursos pesqueros y limpieza del agua, así como la captura de carbono que contribuye a reducir la temperatura.

Por otro lado, la ex ministra de Energía, de este gobierno, publica en la red X una carta, diciendo haber recibido un sector en crisis, que aportó con 220 MW de generación térmica, realizó mantenimiento de 8 centrales hidroeléctricas, que se declaró desierte por el gobierno de Lasso el concurso para adquirir una barcaza, que instaló el Comité de Crisis Interministerial para cumplir requisitos para el funcionamiento de la barcaza, que el Ministerio tenía un presupuesto de 59 millones pero el Ministerio de Finanzas no hizo las transferencias y que trabajo una estrategia a largo plazo para que el sistema energético del país sea resiliente. El ministro de Energía encargado dijo que no había hecho investigación sobre el sabotaje eléctrico del que se acusa a la ex ministra y la Asamblea tramita un juicio en su contra. La ex ministra en su carta señala “Dejar el sector privado para servir desde lo público tiene sus complejidades, entre ellas, saber que lo técnico no es suficiente en un país donde manda lo política.” Y esta variable no sólo la utilizan los partidos sino además los gobiernos.

El problema de fondo es la motivación de la toma de decisiones en la gestión pública. Así, por ejemplo, día antes de la consulta popular se ordenó la captura, en la embajada de México, del ex vicepresidente Glas, justo antes de la consulta popular; para los apagones se acusó a la ex ministra de Energía de sabotaje que podría ser la culpable y, ahora con el polémico proyecto inmobiliario en Oloncito, se ha revelado un conflicto de interés. La repuesta del gobierno fue que son ataques políticos de opositores y el presidente y su esposa viajan, en una gira internacional que durará 10 días, para calmar las aguas. Más aún, ante las protestas y vigilia de comuneros, por el daño ambiental del proyecto, la empresa se ha visto obligada a desistir el proyecto, pero remarcando que se perderían 2783 empleos. Hay que recordar que toda inversión, como esta contemplada en las leyes, debe respetar los recursos naturales y medio ambiente, por más que se quiera favorecer el empleo, emprendimiento y el turismo

Reiteramos que las motivaciones en las decisiones en la gestión gubernamental deben estar orientadas en función del interés público, no en función de interés político ni de interés económico. La lección que deja el polémico proyecto es que la protesta y la consulta popular le ponen límites al poder. Así, en esta última, la población voto no al trabajo por horas y no al arbitraje internacional. Ahora, hay algunas experiencias y efectos que han dejado en sus países los presidentes empresarios. Uno de ellos es la transparencia en el manejo de la cosa pública y privada. Para ello, debería seguirse el ejemplo del ex presidente chileno Piñera que, antes de asumir su segundo mandato, creo un fideicomiso ciego que administró su patrimonio y activos de su familia. La transparencia en el ejercicio de un cargo público es un elemento fundamental para generar credibilidad, velar por los intereses del país y respeto de los principios de ética. En otras palabras, el uso del poder en función del interés público y de la nación.

Luis Rosero M.

Con el primer paquete de medidas económicas, el gobierno aplicó un DNU para la liberalización de precios, ajuste fiscal draconiano y devaluación. Ahora busca con una ley combo (ómnibus) ajustada privatizar y concesionar empresas públicas, flexibilización laboral e incremento de ingresos tributarios gravando a trabajadores y empleados. Con esto se completaría su esquema económico ultra neoliberal, que va en línea con lo promovido por los organismos multilaterales (FMI y otros), aplicado vía shock que, en el primer cuatrimestre, ha logrado un superávit fiscal pero ha asfixiado a trabajadores, empleados, clase media y grupos vulnerables.

A más de la recesión, el mayor impacto económico de este conjunto de medidas ha sido el aumento de la inflación anual que, a marzo de 2024, alcanzó 287.9% y, si bien la inflación mensual bajo a 11%, ha incrementado el costo de la canasta básica drásticamente que ha provocado un deterioro del nivel de vida de las mayorías. Por otro lado, si bien el gobierno liberó los precios en todos los mercados, se vio urgido de liberar las importaciones de alimentos para reducir los precios de la canasta básica y en la medicina prepagada se ha visto obligado a exigir que dichas empresas reduzcan sus precios debido al malestar de la clase media.

La Cámara de Diputados aprobó, en general, proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, denominada ley ómnibus, cuyos puntos centrales son la privatización de empresas públicas, pero quedaron fuera de esta algunas como el Banco Nación y otras; régimen de incentivos para grandes inversiones que establece una serie de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. En lo fiscal, impuestos a las ganancias (ingresos) que reimpone la cuarta categoría de trabajadores que ganen entre 1800.000 (solteros) y 2200.000 pesos, o sea que perciban entre 1900 a 2000 dólares; una alícuota creciente para activos que ingresen a fin de desalentar el blanqueo de capitales; moratoria en obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas; monotributo, mediante el cual se unifica el pago de algunos impuestos en uno solo para pequeños empresarios,  aumentando el monto de facturación y la cuota mensual y, en lo laboral, se amplía el periodo de prueba hasta de un año y un fondo de cese laboral, como alternativa a las indemnizaciones, y se constituirá con convenios colectivo de trabajo siendo aportando únicamente por el patrono con 8% del sueldo del trabajador. Lo más importante, en términos del poder presidencial, es que se autoriza, por un año, que pueda tomar medidas, sin pasar por el Congreso, sobre emergencias administrativas, económica, financiera y energética.

Este proyecto de ley fue rechazado por el Senado, como estrategia el gobierno lo reajusto a fin de que pueda ser aprobado. Con este se completaría la política económica que está aplicando. Tendría tres objetivos principales. Uno, se vendería empresas públicas al sector privado o se entregarían en concesión. La idea es reducir el tamaño del estado. Dos, se busca además una reforma fiscal para obtener mas ingresos tributarios, a través de reintroducir el impuesto a las ganancias a los que ganen entre 1900 a 200 dólares; se aumenta el nivel de ventas y el aporte mensual de los pequeños negocios monotributistas y se perdona las multas y mora en ingresos tributarios, aduaneros y seguridad social para obtener liquidez. En lo laboral, se aplica una débil flexibilización laboral aumentado el periodo de prueba y se establece un fondo por cese laboral. El gobierno, en este tema, no fue más allá debido al temor de las protestas de las poderosas centrales obreras. Lo fundamental, en cuando al poder del ejecutivo, de este proyecto, es que puede adoptar decisiones de emergencia administrativas, económicas, financieras y energética  directamente sin pasar por la legislatura congresil.

El esquema de política económica está basado en reducir a rajatabla el déficit fiscal y lograr superávit, al que se le culpa principalmente ser el causante de la inflación. Esto se realizó con un ajuste y liberalización de precios internos brutal que los ha igualado a los internacionales. A tal punto ha sido el ajuste, que el gobierno corto la provisión de medicamentos a hospitales públicos para enfermedades críticas muriendo, en los últimos 4 meses, 7 pacientes. Pero, si hay recursos para compra de aviones de guerra a Dinamarca. Como es evidente, este ajuste no lo pago la casta sino trabajadores, empleados, clase media y grupos vulnerables. Con la exigencia de la reducción de precios a las empresas de medicina prepagada y abrir las importaciones de alimentos se revela que hay, en el aumento de la inflación, un poder oligopólico empresarial. El gobierno aplica una teoría de inflación por demanda cuyo efecto, en la práctica, es que al subir demasiado los precios de la canasta básica cae su demanda.

Con este proyecto de la ley ómnibus, el gobierno busca aplicar reformas estructurales: reducción del tamaño del estado, completar su reforma fiscal y una liviana flexibilización laboral. Esto completa su esquema de política económica basada en el imperio del libre mercado (liberalización de precios), un ajuste fiscal draconiano y una fuerte devaluación para reducir el diferencial entre el dólar oficial y el dólar blue. Este modelo establece dos anclas una fiscal y otra cambiaria. Hasta ahora es creíble la fiscal y espera que se acorte el diferencial cambiario para lograr credibilidad de la segunda. Para esperar la sostenibilidad del esquema de política económica habría que esperar, en las próximas semanas, la evolución de la inflación, podremos conocer si se comprueba la hipótesis de que la inflación es causada por el financiamiento del déficit vía emisión. Si bien el gobierno ha logrado superávit fiscal, este ha sido alcanzado reduciendo drásticamente el bienestar de trabajadores y empleados, clase media y ahorristas. El ajuste y los efectos de estas medidas no lo paga la casta. Otros de los efectos de las mismas es la recesión que se traduciría en un crecimiento negativo de 2.8% en 2024. La calificadora de riesgo Moody’s estimó que la economía caerá un 5% en 2024. El tema clave hasta cuando puede mantenerse este esquema de política económica, pues la pérdida del nivel de bienestar de las mayorías, expresado en el aumento de la pobreza, el hambre y crecimiento del sector informal, tiene sus límites, que está dado por la protesta en las calles: la explosión social. Esta presión puede aumentar por el paro declarado por la CTG, a la que todos los sindicatos plegaron a la central obrera y el gobierno ha señalado que lo reprimirá. Dada esta presión, habría que esperar si el Senado aprueba el proyecto de ley ómnibus.

El objetivo económico central del gobierno es dolarizar la economía, pero que está limitado por el bajo nivel de RMI, la iliquidez en divisas, el pago de la deuda externa -que va hacia su reestructuración-, la reducción del diferencial cambiario, la recesión, etc. En lo político, la repuesta de la calle es la limitante fundamental.