La coyuntura actual y la de corto plazo como la decisión sobre el proyecto de ley reactivación económica, la obtención de votos de la oposición para aprobar éste en la Asamblea, la realización de la consulta popular, etc. son temas que serán definidos por la política.

Como dijimos, en el artículo anterior, algunas de las propuestas originales del proyecto de ley de reactivación económica fueron modificadas por el Ejecutivo presionado por las Cámaras de Producción, la oposición y el ala correista de AP. Las primeras, han volcado, con mayor virulencia, su crítica,  conociendo que, según un diario capitalino, el gobierno no devolvería los valores pendientes por el drawback y certificado tributario, lo que les ha llevado a pedir un cambio de rumbo económico e incluso la renuncia del equipo de gobierno. A eso se suma la oposición que está en contra del aumento de la tasa de impuesto o creación de otros, lo que implicaría una posible decisión en contra de dicho proyecto o una negociación con el gobierno para su aprobación.

El llamado a asistir a la Convención Nacional, por parte del ala correista de AP, y el anunció del ex Presidente de asistir a la misma, muestra la lucha encarnizada en dicho movimiento y que definirá que pasará finalmente con AP. Como habíamos dicho, la estrategia del gobierno es quedarse con dicho movimiento, lo que obligaría a dicha ala a formar otro partido para conformar la oposición crítica. Si esto se diera, probablemente habría votos en contra al proyecto de ley por parte de esta ala o una negociación muy intensa.

Dada este escenario, el gobierno estaría en la cuerda floja para aprobar el proyecto de ley, lo que implicaría que tendría que ceder ante las Cámaras y la oposición. Ante las primeras el camino es espinoso ya que, sin conocer a fondo la estrategia del gobierno en los diálogos, creyeron que podían imponer condiciones, por ello la reacción virulenta del empresariado. Por otro lado, también tendría que negociar con la oposición respecto al alza de impuestos que establece el proyecto.

La coyuntura ha permitido conocer, en los hechos, la estrategia económica del gobierno. Se basa en mantener un alto gasto público, aunque con pequeños recortes, y ampliar la política de redistribución del ingreso. Lo primero, lo está financiado con deuda y, la segunda, con más impuestos. O sea, la misma orientación del gobierno anterior que adoptó cuando cayó el precio del petróleo. La mayor redistribución del ingreso se haría con el Plan Toda Una Vida que, paradójicamente, parte de esta no aparece su financiamiento en la Proforma 2018 pues, como lo ha señalado el Presidente de la Comisión Económica, al parecer, como en el caso de la vivienda gratuita, implicaría la carga del subsidio sobre la banca pública.

Si bien se redujo el gasto público en 2018 respecto al año anterior, sin embargo él déficit fiscal es casi el doble del calculado en la programación cuatrianual. En ésta, se estableció que en 2018 dicho déficit  sería 2.7 del PIB y en la Proforma aparece que es de 4.1% del PIB. Si a eso se sumamos, el déficit de las empresas públicas que, en 2016, fue de 1.5%, significa que el déficit del sector público no financiero sería mucho mayor. Como he sostenido, se posterga el ajuste posiblemente hasta ganar capital político

El ejecutivo envío a la Asamblea la Proforma Presupuestaria 2018 y el proyecto de ley de reactivación económica, sin embargo, este lunes planteó algunas modificaciones a éste último por presiones de sectores económicos y otros.

El valor de la proforma de 2018 alcanza 34.853 millones, que representa una disminución de 5.3% en relación a la del año pasado. Del lado de los ingresos, se proyecta un incremento de 1.318 millones, explicado principalmente por el aumento de impuestos de 3.9% o sea  algo más de 500 millones, que es  parte de lo que se esperaría recaudar con el proyecto de reactivación económica. Hay un leve incremento de los gastos totales, pero con un cambio en su estructura. Los gastos permanentes aumentan 9.3% por el incremento del gasto en burocracia y financiero. Hay un significativo aumento de 20.7% en el Consejo Sectorial de lo Social. La variable de ajuste, en la reducción de gastos, es la inversión que cae 715 millones. Lo preocupante es que el déficit fiscal sería, para el próximo año de 4.1% del PIB, que está muy lejos del 2.7% del PIB que se estableció en la programación cuatrianual adjunta a la proforma de 2017, que solo quedó en proyección. Es posible que el déficit sea mayor por la reimplantación del subsidio a gasolina de avión, a los nuevos programas sociales,  a los cambios del proyecto de ley de reactivación, etc. Algo positivo que muestra la proforma, de ese año, es la reducción del servicio de la deuda.

El proyecto de ley de reactivación económica es de carácter tributario, aduanero y monetario. Sin embargo, debido a presiones de las Cámaras Empresariales, de partidos de oposición y del ala correista de AP, el gobierno flexibilizó las medidas. La principal, en el campo tributario, es el incremento del Impuesto a la Renta (IR) a las Empresas con un incremento de 3%, que deberán pagar ahora 25%, y la creación de la tasa aduanera de 0.10 centavos. También constaba que la deducción de gastos para el Impuesto a la Renta a personas naturales se haría en función de las cargas familiares, y deducían menor porcentaje las familias que no tenían hijos. Sin embargo, con la flexibilización, se elimina este cambio propuesto inicialmente. En el proyecto original, se contemplaba cobrar una tasa por retiros cambiarios de más de 4.000 dólares, con la flexibilización se reduce la tasa. Este impuesto introduce una interferencia en sistema financiero que es parecido al que se creó hace algunos años por transacciones bancarias. Además, con el cambio de última hora, se plantea ampliar los incentivos de IR para nuevas inversiones y, vía decreto, se exonerara del saldo de anticipo de IR a las empresas según el nivel de venta de las empresas. También se mantiene el incremento del arancel a más de 300 productos.

En concreto, el proyecto no tiene mucho de reactivador pero si de tributario. Se busca obtener más ingresos fiscales para mantener todavía un gasto alto, para dinamizar la economía. En el área monetaria, además de la entrega del dinero electrónico a la banca, hay varios cambios que analizaremos en el próximo artículo.

Diversos factores han llevado a la ruptura de AP, entre los que destacan los políticos, la corrupción y la falta de compromiso y coherencia de algunos de sus miembros y dirigentes.

Entre los factores políticos, el nombramiento de Ricardo Patiño como Presidente de AP, en vez de Lenin Moreno, marca el inicio de la ruptura de AP y, al parecer, el nuevo rumbo del gobierno en relación al programa definido por este movimiento.

A nivel del bloque parlamentario de AP, según van los acontecimientos, unos 40 asambleístas apoyarían al gobierno y los 35 restantes serían leales a Correa y a la nueva directiva de AP. La declaración de L. Moreno de que se vayan los que quieren irse, muestra claramente la intención de quedarse con el movimiento con el apoyo de ex ministros, ex asambleístas, ex funcionarios, etc., ahora funcionarios del gobierno actual o asambleístas, nombrados en los gobiernos de Correa, mostrando su interés de seguir en el poder.

La ruptura de AP tiene sus antecedentes en su creación, estructura, manejo y dirección del movimiento. Cuando fue creado dicho movimiento, se confío en el líder, que no se preocupó o relegó  la formación de los que tomaran la batuta, cuando éste dejará el poder y  la tienda política. En toda organización de política, con estructura vertical, cuya cúpula toma las decisiones sin la participación de las bases, es un movimiento que no puede esperar apoyo de éstas en momento de crisis o conflictos internos entre sus dirigentes. El manejo de AP, por la cúpula, se evidenciaba cuando se nombraban a los candidatos para elecciones seccionales, parlamentarias y presidenciales, que las nominaba el líder y los dirigentes regionales. La dirección, en el territorio, de AP, nombrados por la cúpula, siguió las instrucciones de líder, formaron los llamados Comités de la Revolución Ciudadana, que sólo servían para movilizar adeptos para concentraciones y eventos de apoyo al líder y al gobierno, son realmente un cascarón que se resquebrajó al dejar el poder su líder y éste no tener un reemplazo capaz de dirigir el movimiento.

La corrupción de alto nivel, en los gobiernos de Correa, fue otro factor fundamental para el desmoronamiento de AP, que fue aprovechado por el actual gobierno para develar el entramado corrupto en varias instituciones del estado, para obtener apoyo político. Pero no solo eso, sino que denunció los errores en el manejo del poder (estructura vertical de AP, acoso a dirigentes de oposición, intervención en otras funciones del estado, obras inconclusas y con fallas, etc.) cuya lógica está orientada a tratar de obtener capital político.

La falta de coherencia de algunos miembros de AP, que se quedan con el gobierno, está en su oportunismo, búsqueda de poder y ambiciones políticas, que se evidenciará más adelante cuando tengan que votar en la asamblea y posteriormente participen como candidatos en elecciones seccionales y presidenciales. Con la ruptura de AP, se rompe su sueño inicial de luchar contra el uso del poder y la derecha en función de sus intereses, abriendo la posibilidad para que ésta última vuelva a Carondolet.