La coyuntura actual y la de corto plazo como la decisión sobre el proyecto de ley reactivación económica, la obtención de votos de la oposición para aprobar éste en la Asamblea, la realización de la consulta popular, etc. son temas que serán definidos por la política.
Como dijimos, en el artículo anterior, algunas de las propuestas originales del proyecto de ley de reactivación económica fueron modificadas por el Ejecutivo presionado por las Cámaras de Producción, la oposición y el ala correista de AP. Las primeras, han volcado, con mayor virulencia, su crítica, conociendo que, según un diario capitalino, el gobierno no devolvería los valores pendientes por el drawback y certificado tributario, lo que les ha llevado a pedir un cambio de rumbo económico e incluso la renuncia del equipo de gobierno. A eso se suma la oposición que está en contra del aumento de la tasa de impuesto o creación de otros, lo que implicaría una posible decisión en contra de dicho proyecto o una negociación con el gobierno para su aprobación.
El llamado a asistir a la Convención Nacional, por parte del ala correista de AP, y el anunció del ex Presidente de asistir a la misma, muestra la lucha encarnizada en dicho movimiento y que definirá que pasará finalmente con AP. Como habíamos dicho, la estrategia del gobierno es quedarse con dicho movimiento, lo que obligaría a dicha ala a formar otro partido para conformar la oposición crítica. Si esto se diera, probablemente habría votos en contra al proyecto de ley por parte de esta ala o una negociación muy intensa.
Dada este escenario, el gobierno estaría en la cuerda floja para aprobar el proyecto de ley, lo que implicaría que tendría que ceder ante las Cámaras y la oposición. Ante las primeras el camino es espinoso ya que, sin conocer a fondo la estrategia del gobierno en los diálogos, creyeron que podían imponer condiciones, por ello la reacción virulenta del empresariado. Por otro lado, también tendría que negociar con la oposición respecto al alza de impuestos que establece el proyecto.
La coyuntura ha permitido conocer, en los hechos, la estrategia económica del gobierno. Se basa en mantener un alto gasto público, aunque con pequeños recortes, y ampliar la política de redistribución del ingreso. Lo primero, lo está financiado con deuda y, la segunda, con más impuestos. O sea, la misma orientación del gobierno anterior que adoptó cuando cayó el precio del petróleo. La mayor redistribución del ingreso se haría con el Plan Toda Una Vida que, paradójicamente, parte de esta no aparece su financiamiento en la Proforma 2018 pues, como lo ha señalado el Presidente de la Comisión Económica, al parecer, como en el caso de la vivienda gratuita, implicaría la carga del subsidio sobre la banca pública.
Si bien se redujo el gasto público en 2018 respecto al año anterior, sin embargo él déficit fiscal es casi el doble del calculado en la programación cuatrianual. En ésta, se estableció que en 2018 dicho déficit sería 2.7 del PIB y en la Proforma aparece que es de 4.1% del PIB. Si a eso se sumamos, el déficit de las empresas públicas que, en 2016, fue de 1.5%, significa que el déficit del sector público no financiero sería mucho mayor. Como he sostenido, se posterga el ajuste posiblemente hasta ganar capital político
Pensamiento y comportamiento 