La segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Extendida, firmado con el FMI, flexibilizó los condicionamientos tanto en el ajuste fiscal como en las reformas estructurales. Estas se aplicarán entre 2020 – 2021.

En 2019, el déficit fiscal alcanzó 4% del PIB, por lo escasa reducción del gasto y una menor recaudación fiscal. En 2020, en el área fiscal, comenzarán a regir los nuevos impuestos creados con la ley de Simplicidad y Progresividad tributaria (principalmente el impuesto a las plataformas digitales, ICE a la telefonía móvil postpago a empresas,  impuesto temporal a grandes empresas e impuesto a las fundas plásticas, que se cobrará a partir del Abril) que aumentaría los ingresos fiscales en 0.5% del PIB en 2020 y 2021 y se espera una focalización moderada de los subsidios a los combustibles, principalmente de la gasolina extra y del diésel, que generaría un ahorro 0.2% del PIB en 2020 y 2021. En cuanto a la monetización de activos –concesión de entidades públicas- se otorgaría a la central hidroléctrica Sopladora, de la cual se espera ingresos por  800 millones. Se postergaría, para el siguiente año, la concesión de las líneas eléctricas de trasmisión (rendimiento de 800 millones), el campo petrolero Sacha (1.2 mil millones) y la refinería de petróleo Esmeraldas (300 millones).  Además se espera una reducción de 0.3% del PIB en la masa salarial, que incluye el despido selectivo de empleados públicos en varias instituciones, en tres de ellas se exige la eliminación de burócratas que irían hasta el 50% de su plantilla laboral. Así mismo, se seguirá reduciendo el gasto en bienes y servicios. Con todas estas medidas, se espera reducir el déficit fiscal a 1.7% del PIB. Las necesidades de financiamiento alcanzarían a 5.600 millones de dólares, cuyas fuentes de créditos serían multilaterales, préstamos interbancarios, emisión de bonos y CETES. Por otro lado, respecto a los atrasos a los acreedores del sector público de 1692 millones, se cancelarían en tres meses, que es una de las exigencias del FMI para el año 2020. Además, el gobierno llegó a un acuerdo con el Banco Central para pagar su deuda, por lo que en 2020 deberá pagar 181.3 millones por créditos que dio dicho banco a entes estatales, y el siguiente año deberá cancelar 420 millones.

En cuanto a las reformas estructurales, el gobierno enviará por separado los cambios normativos en el Banco central, a las normas presupuestarias y en la regulación y supervisión financiera. También se incluiría la reforma a la seguridad social y un proyecto de ley anticorrupción. El acuerdo no incluye la reforma laboral, pero el gobierno buscará que se apruebe ya que, según el FMI, ayudaría a mejorar la competitividad de la economía y reducción de la informalidad. Esta reforma cuenta con la asesoría del Banco Mundial y OIT que, como ya hemos comentado en artículos anteriores, buscará la flexibilidad laboral (trabajo por horas, labor de 40 horas en cualquier día de la semana, nuevos contratos, etc.). El FMI señala que reduciría el costo de contratación y le daría más dinamismo al mercado de trabajo. También se espera reforma en la ley de empresas públicas, en especial de la propiedad de éstas y. en las asociaciones pública-privada, que hasta ahora no ha funcionado.

La reforma al Banco Central, como ya hemos comentado en artículos anteriores, incluiría su autonomía, gobernanza, prohibición de la financiación del déficit cuasifiscal, recapitalización y restablecimiento del equilibrio en los balances

En lo social, si bien se espera un incremento para los distintos programas de asistencia subsidiados, se aplicarían los nuevos los requisitos de elegilibidad para aumentar la cobertura en 350.000 pobres a su acceso, según el FMI.

El propio FMI reconoce que el gobierno quedó debilitado políticamente con las protestas de Octubre y la no aprobación del mega proyecto de ley urgente en Noviembre del año pasado, por lo que pone en duda que puedan aprobarse, por parte de la Asamblea, los proyectos de ley de presupuesto y la reforma al Banco Central.

El FMI proyecta un crecimiento de apenas 0.2% para 2020 debido a efectos de la protesta social, la incertidumbre política sobre la inversión (por ser año electoral) y menor ajuste fiscal.

La segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Extendida, firmado con el FMI, flexibilizó los condicionamientos y metas relacionados con el área fiscal y política social pero mantiene las exigencias para las reformas estructurales en lo presupuestario, banco central y regulación y supervisión del sistema financiero. En este artículo me referiré a la situación macroeconómica y social de  2019.

Las protestas de octubre, de este año, echaron abajo la propuesta de eliminar totalmente los subsidios a los combustibles y, como efecto de ésta, la Asamblea rechazó, en Noviembre, el mega proyecto de ley que pretendía un fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales. Ante la presión indígena, el gobierno optó enviar por partes dicho proyecto y moderar el aumento impositivo (que analizamos en las entrega del 25 de noviembre y 3 de diciembre). Con la revisión señalada se moderaron las exigencias en las áreas señaladas, incluidas las reformas estructurales. Así, la consolidación fiscal, exigida por el FMI, redujo su objetivo de 5 a 4% del PIB para el saldo primario no petrolero. En otras palabras, se rebajaron las metas del déficit fiscal.

En la revisión, para 2019, se establece que el gobierno no alcanzó a cumplir la meta del déficit primario (no  logró la concesión de activos públicos) y en reservas internacionales. La iliquidez del sector público resultó latente.  Así,  la crisis de la caja fiscal se refleja en los atrasos a los acredores del sector público que serían, en este año, de 1.692 millones de dólares que incluye 628 a los proveedores, 477 a la seguridad social y 585 a los GAD. El gobierno continuó con su política de reducción de gastos, pero más que reducir los gastos corrientes redujo considerablemente el de capital.

Para poder pagar los gastos, el gobierno ha acudido a emitir deuda externa e interna, incluyendo el crédito de 5000 millones del FMI, lo que ha llevado a que la deuda pública alcance el 49.6% del PIB por arriba del 40% que señala la Constitución.

Según el FMI, el crecimiento económico, en el I Semestre de 2019, solo fue de 0.4% (vs. 1.1% en el mismo período de 2018), tanto por la reducción del consumo como de la inversión, lo que muestra la desaceleración de la economía. De acuerdo con el FMI, las protestas de Octubre impactaron en -0.4% en el PIB, aumento del riesgo país a 1400 puntos (después del rechazo del mega proyecto de ley) y se registra un déficit en la cuenta corriente (4% del PIB en 2018), en parte por el aumento de las importaciones a mayor ritmo que el de las exportaciones, financiado por el crédito al consumo. El FMI confirma que la economía se contraerá -0.5% en este año, habría un déficit en la cuenta corriente de 0.8% del PIB,  el déficit fiscal de 3.4% del PIB con un déficit primario no petrolero de 1.1% del PIB y las RMI brutas alcanzaría 4.215 millones de dólares.

Estos datos reflejan la delicada situación de la economía, con una contracción de la economía,  desequilibrios fiscal, en cuenta corriente, bajas RMI, etc. pero también con un deterioro social con aumento del desempleo (4.9% a Septiembre)  y subempleo (19.7% a Septiembre), una subida del sector informal, incremento de la pobreza multidimensional (36.6% a Dic. 2018) y la pobreza por ingresos (25.5% a Junio) que reflejan una reducción del nivel de vida y disminución del poder de compra por un alto costo de la canasta familiar básica que llegó a 715 dólares (Noviembre) cuando el salario básico solo es de 394 dólares, lo que refleja una brecha de consumo para las familias de -321 para una familia con un perceptor de ingreso.

El Congreso aprobó la ley de de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.  El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció, el 17/12/2019, que ésta contiene un conjunto de medidas sociales y económicas que intentan paliar la crisis, en estas áreas, y reducir los desequilibrios macroeconómicos. El proyecto contempla seis grupos de medidas: sociales, tributarias, reactivación, tarifas de bienes y servicios básicos, deuda pública y cambiarias

En lo social, debido al descalabro de la seguridad social, se entregará un bono de 5.000 pesos en Diciembre y Enero de 2020 para los jubilados con pensión mínima y, en el plazo de 6 meses, se reemplazará la fórmula del cálculo de las pensiones. El 70% de la recaudación del nuevo impuesto a la compra de dólares se destinará a financiar la seguridad social, con lo cual se cubren los pagos de los bonos y se apuntala la situación financiera de ésta. Se dispone el reintegro del IVA a los sectores más vulnerables. Se faculta al ejecutivo a que de forma obligatoria los empresarios realicen aumentos de los salarios mínimos. Se declara una emergencia sanitaria con un programa de vacunas para prevención y control de enfermedades, se reduce el precio de los medicamentos y se exonera de gravámenes a las importaciones del Ministerio de Salud. Además, el Plan contra el Hambre entregara tarjetas alimentarias. Aún más, el Ministerio de Trabajo anunció un aumento de salarios.

Para reducir el déficit fiscal, se plantea una serie de tributos. Se vuelve a la progresividad impositiva, que se había eliminado en 2015; para incentivar la repatriación de capitales se gravaría la tenencia de activos financieros en el exterior. Si vuelve una parte de estos, este impuesto adicional no se cobraría. Se elimina el impuesto para inversiones financieras, a plazo fijo y en bonos,  en pesos. Se aumentan las retenciones a exportaciones agropecuarias: en 3% a la soya, que quedaría en 33%, el mismo incremento para trigo y maíz, que pasarían al 15%. Se limita las retenciones a los productos agropecuarios a un 5%, que generan valor agregado. Se incrementa el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, la tasa estadística de importación de bienes de consumo

Para la reactivación productiva, se plantea ayudar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y su recuperación, muchas de las cuales quebraron y están en proceso de liquidación, se aplicará un plan de regularización de deuda y fundaciones sin fines de lucro. Se establece una remisión tributaria de intereses de mora y multas. Por otro lado, las importaciones de los sectores productivos se las exime del impuesto del 30% a la compra de divisas y, además, el 30% del impuestos a la compras de divisas, se destinará para obras de infraestructura y vivienda.

En cuanto a tarifas de los bienes y servicios básicos (gas, luz, transporte), que habían aumentado, algunas de ellas más de 1000% en el gobierno anterior, contribuyó,  según el Ministro, al deterioro de la gente y sectores productivos, se congelan por 6 meses hasta mediados de 2020, en el que se establecerá un nuevo esquema que combine la protección social, incentivo de la producción y fomento de inversión en energía. Se proyecta un sistema de tarifas reajustable.

Para la deuda pública, interna y externa, se propone que se le dote al gobierno de poderes especiales para renegociar la deuda en base a la capacidad de pago en un proceso de recuperación económica. En otras palabras, la renegociación apuntaría a pagar lo que se pueda lo que depende de los resultados fiscales y de balanza de pagos.

Para la situación cambiaria, se crea un impuesto de 30% a la compra de dólares, con lo que espera ahorrar divisas y se mantienen otras restricciones de estas compras (200 dólares mensuales), buscando frenar la influencia que tenía sobre el tipo de cambio. 

Según el Ministro, estas medidas son parte de un programa nacional con capacidad de ahorro y generación de capital. Es un programa integral que busca reimplantar la consistencia macroeconómica.

En síntesis, las medidas de corto plazo, del proyecto de ley, buscan en lo económico reducir el déficit fiscal, con esto y el impuesto a la compra de dólares frenar el aumento del tipo de cambio para reducir la inflación y ahorrar divisas; en lo social, si busca proteger y defender a los más vulnerables de la población –jubilados, trabajadores con salario mínimo, gente de escasos recursos, pobres- con bonos, congelamiento de tarifas de servicios básicos y con el control de la inflación. Se busca restaurar la confianza, calmar las expectativas inflacionarias y reducir los desequilibrios fiscales, cambiarios y monetarios y aplacar las condiciones de pobreza y hambre.

Asumió la Presidencia de Argentina, A. Fernández, con una pesada herencia social y económica, reflejado en los desequilibrios sociales y macroeconómicos: alta pobreza, una excesiva deuda pública y externa, una elevada inflación y déficit fiscal. El desafío es revertir este escenario

En efecto, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina la pobreza en el III Trimestre de 2019 llegó a 40.8%, pero la desgracia mayor es que en niños y adolescente ascendió a 59.5%, algo tristemente catastrófico. A eso hay que agregar que el nivel de inflación anual, a Octubre, de este año, trepó 50.5%. O sea, en un año, los argentinos perdieron la mitad de su poder adquisitivo agravando las condiciones de pobreza, a pesar del programa de precios cuidados que incluía el control a 500 productos. Contribuyó a aumentar la pobreza el desempleo, que al II trimestre de este año, llegó a  10.6%, producto de la contracción del nivel de actividad económica, cuya estimación, a septiembre, es de -1.6%. El origen de la elevada inflación es el ajuste de los precios de los servicios básicos, la devaluación de la moneda y elevación de precios de gas y gasolina. La devaluación es producto del fracaso de la intervención sucia del Banco Central, en el mercado de divisas, que además contribuyó a la pérdida de RMI que solo alcanzan a 43.731 millones de dólares. El dólar minorista, el 10/12/2015, asunción del mando de Macri, valía 9.85 pesos y el 9/12/2019 alcanzó 62.99 pesos, o sea una devaluación de 539%.

En lo económico, lo más urgente es disminuir el riesgo de default la deuda pública y, sobre todo la externa. La deuda externa, en dólares, a junio de 2019, alcanzó 283.500 millones de dólares, incluidos los 57.000 millones del crédito del FMI. La CEPAL advirtió, en ese mes, que los vencimientos en moneda local de la deuda pública superaba el 80% del PIB. Lo más dramático  es que el próximo año tiene vencimientos, a corto plazo,  por más de 26.000 millones de dólares, que deberán ser pagados hasta la mitad del 2010. En consecuencia, no tiene otra salida que renegociar la deuda externa lo que implica llegar a un acuerdo con el FMI y los tenedores de deuda argentina. Recordemos que en el 2001 se declaró en default y los tenedores de papeles de deuda perdieron alrededor del 80% de su valor. Estos datos macroeconómicos y sociales reflejan el fracaso de la política neoliberal implementada por Macri que aplicó los condicionamientos de política económica que le impuso del FMI para realizar tan alto préstamo.

El día de su posesión, 10/12/2019, Fernandez planteó algunos lineamientos de su política. En lo social, planteo un nuevo contrato social para lo cual creará el Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que implementará un programa de emergencia sanitaria y uno integral contra el hambre. La primera medida económica, dictada el sábado pasado, es el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias de 4 pesos a 9% del valor de ésta (que financiaría el aumento de los gastos sociales) y propone un proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que elevaría las jubilaciones, asignaciones universal por hijo, sueldos públicos y privados, aumento de impuestos a bienes personales. Además aumentó en 30% más del tipo de mercado el dólar para compras en el exterior- el dólar turista- para frenar importaciones. Busca en la emergencia aliviar la situación de los más pobres, reactivar la economía y reducir los desequilibrios macroeconómicos. En el fondo, se trataría de incrementar el nivel de actividad económica, con un proyecto nacional,  incentivando el consumo interno.

Para enfrentar el problema de la deuda pública y renegociarla nombró a Martín Guzman, doctor en Economía y colaborador académico de Joseph Stiglitz. Fernandez  ya le fijo lineamientos: “Para poder pagar hay que crecer primero”. Lo que implica una larga renegociación, una difícil negociación con el FMI y los tenedores de deuda que, dada las circunstancias, sufrirán una quita en sus papeles. Queda por ver qué tipo de política cambiaria adoptará, como reducirá el déficit fiscal y como controlará la inflación.

El nuevo gobierno enfrenta un desafío enorme en lo social y en lo económico. En los primeros 100 días se verá qué estrategia utilizará para revertir los desequilibrios macroeconómicos, en especial, el déficit fiscal, que en un gobierno progresista, resulta ser el talón de Aquiles. El aumento de subsidios debe ser coherente con dicho déficit. Debe mostrar coherencia la política social con la económica. Lo urgente es reducir la pobreza, el hambre, el desempleo; a corto plazo reactivar la economía y, a mediano plazo, renegociar la deuda pública, aumentar la competitividad externa que contribuirá a obtener divisas para poderla pagar. Lo que es socialmente inaceptable pagar la deuda mientras que gran parte de la población muere de hambre, está en situación de pobreza y pierde su calidad de vida.