Luis Rosero M.

La filtración de información de bufetes de abogados revela los mecanismos utilizados por políticos, millonarios y personajes públicos ocultan su fortuna con fines de evadir impuestos o lavado de activos. En A. Latina hasta los presidentes aparecen en la lista filtrada y que refleja el uso que se dan a las empresas creadas en paraísos fiscales.

En Abril y Mayo de 2016, publique, en el diario público, dos artículos sobre los Papeles de Panamá, año en que se filtraron. En el segundo artículo decía: “Si bien es legal constituir una empresa offshore, en un paraíso fiscal, deja dudas que se quiera ocultar las inversiones, negocios u operaciones que realiza. No se conoce a su dueño o accionistas, ya que son anónimos. En el primer artículo anterior dije, “con las offshore es posible evadir impuestos, ocultar fortunas, encubrir la corrupción, tapar el enriquecimiento ilícito, lavado de activos, realizar actividades ilegales contra países, etc”

Resulta que los primeros datos de los Pandora Papers, en A. Latina, constan Guillermo Lasso (Ecuador), Sebastian Piñera (Chile) y Luis Abidaner (R. Dominicana), aparecen en la lista; además constan en Brasil Paulo Guedes (Ministro de Economía) y Roberto Campos, presidente del Banco Central; a los que se agregan 11 ex presidentes de varios países,

En el caso de nuestro país, El País reporta que “Lasso recurrió hasta a 14 sociedades financieras opacas en Panamá y EE.UU… Actualmente, 11 de las 14 empresas están inactivas y sobre las otras 3 el presidente niega cualquier relación o beneficio. ….A finales de 2017 se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur (EE.UU.), Liberty Trust y Bretten Trust, que se hicieron con las acciones de la mayoría de las sociedades disueltas.” El Presidente ha declarado que no tiene relación con dichas empresas. Además, Durán Barba, su ex asesor de campaña, también aparecen en la lista y además el Viceprefecto de Samboróndon, Yunes. Lo cierto es que Lasso reconoció que antes tenía dichas empresas y que las liquido para ser candidato presidencial.En el proyecto de ley Creando Oportunidades hay una sección en que se señala que se quiere promover la repatriación de los activos en el exterior, lo significa que se reconoce que hay capital de personas y empresas ecuatorianas en el exterior. Hay que analizar la declaración de dichas sociedades financieras que hizo Lasso en 2017. Precisamente, la Asamblea ya nombró dos comisiones que van investigar a Lasso por la información de dichos papeles. Según las fuentes de los medios, los dos fideicomisos de Dakota tienen como beneficiarios a su esposa e hijos.

En el caso de Chile, Piñera, afronta una indagación por parte de la Fiscalía; en Brasil, que el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central, tengan empresas offshore es un asunto grave, pues son autoridades en ejercicio y más aún el primero, su ministerio tiene relación con la recaudación impositiva. Y si hubo  11 ex presidentes que tienen empresas offshore resulta ser una situación aún más crítica.

El punto central de este tema es que hay un aspecto ético que todo político o funcionario debe respetar. El esconder las fortunas, a través de offshore, implica ocultar riqueza lo que genera dudas sobre el porqué de este ocultamiento. Y, en el caso de funcionarios en ejercicio, lleva a problemas en su credibilidad en el ejercicio de su cargo. Las offshore, posibilitan la opacidad y falta de información sobre la riqueza poseída y, aunque puedan ser legales, son un mecanismo para posible evasión de impuestos, lavado de activos o escondite de la riqueza, lo que resultaría antiético e inmoral.

Luis Rosero M.

El proyecto de ley Creando Oportunidades, devuelto por la Asamblea, tiene algunas de las exigencias del FMI en la renegociación del acuerdo que incluye reformas estructurales (laboral, tributaria y libre comercio) a más de un ajuste fiscal. En este artículo daremos un vistazo de dichos compromisos.

La devolución, por el Consejo de Administración Legislativa, de la Asamblea, se debe a la que trata varias materias en el proyecto, por lo cual es inconstitucional. Esta resolución, se da casi simultáneamente, a la aprobación de la renegociación del acuerdo del Servicio Ampliado por el FMI que le da acceso al país de 800 millones de dólares en este año y otros recursos provenientes de los organismos multilaterales de crédito en los siguientes años.

Como anticipamos, en el artículo anterior, que el proyecto podría ser inconstitucional porque al menos contiene 3 materias: una reforma laboral, otra tributaria y además una institucional. La primera reforma crea un régimen laboral paralelo al del Código del Trabajo. Propone la reducción de los costos de contratación y despido de trabajadores que, según la teoría neoclásica, dichos costos desalientan la generación de empleo. En efecto, al establecer nuevos tipos de contratos alternativos por tiempo definido e indefinido, se plantea en el primero que las 40 horas de trabajo podrán ser distribuidas en 6 jornadas de trabajo a la semana con 6 a 12 horas, con lo cual se elimina el pago de las horas extraordinarias los sábados, domingos y feriados que tienen un recargo de 100%, la indemnización por desahucio baja de 25% a 15% y el pago de despido intempestivo pasa de 100% por año de trabajo (máximo 15 años) a solo el 50% (tope 25 años). Si bien se respetan los beneficios sociales, se trata de una reducción del costo de contratación y despido y nueva forma de flexibilización laboral.

Por otro lado, la reforma tributaria a más de crear contribuciones temporales (a ricos y empresas grandes) y permanentes (clase media) incluye la eliminación del IVA a productos de higiene femenina, eliminación del ICE a telefonía celular, entre lo más relevante para la generación de ingresos públicos por alrededor de 1000 millones (700 millones por la reforma tributaria y 300 más por mejora en el cobro de impuestos), según declaraciones del Ministro de Finanzas. Pero, el acuerdo con el FMI, según dicho funcionario, incluiría además un ajuste fiscal de 3.500 millones hasta el 2025, lo que significaría un 4.5% del PIB, con lo que se eliminaría el déficit fiscal hacia fines de ese año.

En cuanto al comercio exterior, el gobierno busca la celebración de acuerdos de libre comercio con México, Rusia, China y EE.UU. Está yendo muy rápido, en las negociaciones, con el país azteca ya que eso le daría la posibilidad al país de entrar a la Alianza del Pacifico integrada por Chile, Colombia, Perú y México. Dichos acuerdos podrían incrementar las exportaciones hacia esos países pero también tienen sus efectos sobre la industria, la agricultura y otros sectores. Para poder intervenir en los nuevos mercados es necesarios incrementar la competitividad.

 La declaración del FMI, sobre la aprobación de la renegociación, señala que las autoridades se comprometen a lograr la sostenibilidad fiscal (consolidación del gasto y reforma tributaria) y “La necesidad de mejorar la competitividad y elevar el crecimiento potencial hace que sea imprescindible emprender reformas estructurales, fundamentadas en un diálogo nacional. En este sentido, los esfuerzos que están desplegando las autoridades para establecer nuevos acuerdos internacionales de comercio y reformar el mercado laboral pueden ayudar a fomentar el crecimiento del sector privado y la inversión extranjera directa.”

Sin embargo, la mejora de competitividad que está en función de la productividad, con el proyecto se realizaría con una reducción de los costos laborales; para la sostenibilidad fiscal se aplica un fuerte ajuste del gasto cuyo mayor monto será en 2022 –que incluye reducción del tamaño del sector público y privatizaciones- y el libre comercio que si bien trae aumentos de exportaciones genera impacto en los sectores productivos. En otras palabras, la creación del empleo se lograría con la disminución del costo laboral, más inversión y mayores exportaciones. Pero la generación de empleo, debería estar sustentada por el aumento de la demanda interna (consumo, inversión, gasto público) y externa así como la reactivación económica. Para ello debe crearse las condiciones para estimular dicha demanda. Sin embargo, en 2022 el fuerte ajuste fiscal reducirá el gasto público en 2000 millones que no se compensaría, en ese año, con el incremento del consumo e inversión privada y las exportaciones.

Luis Rosero M.

El gobierno envío proyecto de ley combo, con carácter de económico urgente, que propugna reformas estructurales (laboral y tributaria) y otra institucional. Previamente, la Secretaría Nacional de Planificación aprobó el Plan de Desarrollo titulado Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025 que está relacionado con dicho proyecto.

La reforma laboral propuesta establece un régimen laboral paralelo al del Código de Trabajo (CT). Crea un contrato individual de trabajo alternativo (de tiempo definido e indefinido) al del CT que mantiene los beneficios sociales, vacaciones y fondo de reserva pero con un cálculo diferente al del CT para los casos de desahucio y despido intempestivo que se inscriben en un nuevo contexto. Sin embargo, por varios mecanismos, reduce el costo salarial. Es una forma de flexibilización laboral.  Mantiene y define al emprendedor y al artesano, estableciendo un régimen tributario especial para ambos grupos. Dicha reforma se inscribe en el objetivo 1 del eje económico, que busca generar empleo a través de nuevos tipos de contrato de trabajo y fomento de inversiones, del Plan de Desarrollo.

La reforma tributaria incluye varias partes. Crea una contribución temporal al patrimonio para personas naturales cuyo patrimonio sea mayor a 500.000 dólares y para las sociedades cuyo patrimonio sea de un millón de dólares o más, por dos años (2022 – 2023). Implanta un régimen impositivo voluntario, único y temporal, para quienes decidan repatriar sus activos (capitales) en el exterior. Establece un Régimen tributario especial para Emprendedores y Negocios Populares –RIMPE- en que incluiría a los artesanos como negocios populares. El RIMPE es un impuesto a la renta y lo tributaran quienes tengan ingresos de 20.001 a 300.000 dólares. Esta parte de la reforma tributaria se relaciona con el objetivo 4 del eje económico que busca la sostenibilidad fiscal y reducir el déficit fiscal. Establece cambios en la tabla del cálculo en el impuesto a la renta implicando que lo pagaran quienes tengan ingresos netos desde $ 11.310,01 anuales y además hay una reducción en las deducciones en el impuesto a la renta con lo cual aumenta la base imponible lo cual significa que a partir de ingresos de 2670 mensuales los contribuyentes pagaran más, pero esto es de carácter permanente. Se elimina el RISE y el impuesto para microempresas. Se establecen nuevos porcentajes de la base imponible del ICE y se lo elimina para los planes de telefonía móvil a personas y empresas y en el IVA se eliminan el cobro a algunos productos entre los que están: glucómetros y otros aparatos médicos, papel y libros, vehículos eléctricos para transporte público y carga, toallas sanitarias y otros para higiene, servicios de hoteles a extranjeros. Se establecen incentivos tributarios –no pago de impuesto a la renta o ISD por 15 años- a nuevas inversiones. No se toca el ISD como se prometió. De acuerdo a Expreso, las declaraciones del Ministro de Finanzas, con el ajuste a las deducciones del impuesto a la renta aumentará los ingresos fiscales en 700 millones y la contribución especial temporal al patrimonio otra cifra igual con lo que el total que dejará la reforma será 1400 millones con lo cual se aspira a ir reduciendo el déficit fiscal de 2021 de 4.8% del PIB, hasta llevarlo a cero hasta 2025.  También se obtendrían más recursos fiscales con el aumento de la explotación petrolera, la privatización, concesión y por la reactivación económica.

El Plan de Desarrollo señalado incluye 5 ejes: económico, social, seguridad integral, transición ecológica y el institucional. Las reformas institucionales se refieren a la reforma a una serie de leyes entre las que están: Código de Trabajo, tributarias,  planificación y finanzas públicas, sectores estratégicos, entre otras. Tanto las dos reformas estructurales (laboral y tributaria), las institucionales y el Plan de Desarrollo se analizaran por separado, las que serán expuestas en los siguientes artículos.

Las reformas estructurales y las institucionales planteadas en el proyecto de ley se inscriben en la corriente neoliberal y probablemente también en la renegociación del convenio de crédito con el FMI que tradicionalmente incluyen políticas de ajuste, reformas estructurales e institucionales que buscan la vigencia de una economía de mercado. El proyecto tiene varios aspectos, sobre todo en las reformas institucionales, que lleva a preguntarse ¿si es constitucional? La reforma tributaria afecta permanentemente a la clase media baja y alta. Los integrantes de esta última y los empresarios pagaran una contribución que es temporal y la reforma laboral es una forma de flexibilización que raya con la precarización laboral. Lleva a interrogarse entre el límite entre el trabajo formal e informal. Por ello, el régimen tiene  precaución en la política tributaria y otras por el temor a la protesta social.

Luis Rosero M.

Hasta la tercera semana de Junio de 2021 se había logrado detener a varios implicados en las inversiones externas en bonos con las empresas de Chérrez. Ya se inició los procesos judiciales con las inversiones internas, pero todavía no logra recuperarse las inversiones ni se ha tocado a las autoridades de supervisión que estuvieron relacionadas con dichas inversiones.

Las inversiones con Jorge Chérrez fueron por 693 millones de dólares que, por este caso, tiene un proceso judicial en su contra como algunos ex funcionarios del ISSPOL. Cherrez fue vinculado, por una jueza de Pichincha, y a 5 personas más al proceso penal que se inició el 24 de febrero de este año, entre ellos 2 ex funcionarios del ISPSOL y 3 directivos de empresas que participaron en las transacciones, entre ellos 2 ex gerentes de Decevale y Luis Dominguez. El 17 de setiembre se vincularon a 6 ex funcionarios de Decevale y siguen inmovilizados títulos relacionados con el ISSPOL en el Deposito Centralizado de Valores del Banco Central.

También la institución realizó inversiones internas en fideicomisos, facturas comerciales, obligaciones y en terrenos por un total cercano a los 200 millones. De dichas inversiones, hay vencimientos que no ha permitido recuperar ni el capital así como sus rendimientos. El 31 de agosto, de este año, se detuvo a 9 exempleados y mandos intermedios de Delcorp y Ecuagran, empresas relacionadas. No sólo que   dos están relacionadas sino que además Fertisolubles es coparticipe en una de ellas. En 2019, la empresa Fertisolubles, principal accionista de Delcorp, aceptaba las facturas de ésta. Las dos primeras empresas no han podido devolver el capital y el rendimiento de las inversiones en facturas comerciales que realizó ISSPOL. Sin embargo, el presidente ejecutivo de Ecuagran había salido del país el 5 agosto de 2020.

Según la Superintendencia de Compañias Delcorp acumula ya 26.5 milllones en facturas comerciales vencidas. También, según la misma superintendencia, Ecuagran emitió obligaciones a largo plazo  por 20.4 millones y Delcorp 18.2 millones. El ISSPOL invirtió en los papeles de estas dos empresas pero también el BIESS, la CFN y  el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. Según Expreso, el parte policial señala que los títulos emitidos por estas empresas quedaron impagos y se desviaron los fondos para los que fueron creados. El mismo diario detalla que de la quinta y sexta emisión de obligaciones, en 2018 y 2019,  hay un saldo por pagar, por Delcorp de 2.4 y 14.7 millones respectivamente.  En tanto que, Ecuagran, tiene vencidos de las 3 últimas emisiones de obligaciones (2017, 2018 y 2019) más de 20.4 millones. Lo más paradójico es que en el proceso del lanzamiento de las obligaciones participaron empresas estructuradoras y calificadoras de riesgo que fueron autorizadas por la Superintendencia de Compañias. ¿Cómo pudo ser posible que se autorizaran emisiones de nuevas obligaciones en 2019 cuando dichas empresas no pudieron pagar las del año 2018? Recordemos que en ese periodo estuvo de Intendente de Valores Carlos Murillo, que fue destituido en 2020 y no recibió sanción alguna. Todo esto ocurrió en el período en que Rodolfo Kronfle fue presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y la hija de dicho intendente trabajaba en dicha bolsa en el periodo de Kronfle.

En el caso de las inversiones nacionales del ISSPOL, la investigación no solo debe realizarse a los directivos y empleados de casas de valores, estructuradores, calificadoras de riesgo y auditoras sino que debe extenderse a las autoridades y funcionarios de los organismos de supervisión y control de las operaciones en el mercado de valores para revisar su accionar en el caso ISSPOL, lo que puede aportar datos relevantes a fin de recuperar los fondos de las inversiones.

Luis Rosero M.

De las declaraciones de funcionarios públicos e información de medios se desprende que, con el nuevo convenio con el FMI reajustado, se aplicaría un fuerte ajuste fiscal en 2022 y algunas reformas estructurales orientadas a seguir implementado la libertad del mercado y reducción del tamaño del estado así como medidas de compensación social.

El acuerdo reajustado le permitirá acceder del FMI unos 2.500 millones  (1500 en este año y 1000 en 2022) y otros 2000 millones vendrían de organismos multilaterales. El déficit fiscal sería alrededor del 6% del PIB, del que se aspira que en 2025 llegue a cero.  Para disminuir éste, el ajuste fiscal en 2021 sería de cerca de 1500 millones de los que 430.8 millones serían en sueldos (lo que implicaría despedir a empleados públicos) mientras que en 2022 sería alrededor de más de 2000 millones  que llevaría más despidos tanto por la terminación de contratos como por la reducción del tamaño del estado. El gobierno optó para reducir el déficit disminuir el gasto público más que incrementar los ingresos del estado. Hasta el fin del gobierno se aplicaría una reducción del gasto de 4000 millones, de los cuales más del 50% se realizaría en 2022.

Entre las reformas estructurales estarían una reforma tributaria, reforma laboral, recorte del tamaño del estado, apertura económica, reforma al mercado de capitales y mejora del entorno empresarial para incentiva la inversión.

En cuanto a la reforma tributaria, se esperaría no aumento del IVA, crecimiento de la recaudación en impuesto a la renta a los que ganen más 1000 dólares (empleados públicos y clase media), una contribución especial a la clase alta, eliminación del impuesto a la herencia, reducción gradual del impuesto a la salida de capitales y medidas contra la evasión y elusión tributaria.

La reforma laboral está orientada a continuar con la flexibilidad en el mercado de trabajo. Al parecer se establecerían unas normas legales para un grupo de este mercado que implicaría nuevas formas de contratación (incluye emprendedores, los del sector informal y otros). Al parecer para ellos se modificaría la ley de reparto de utilidades, el pago de beneficios sociales y formas de afiliación a la seguridad social. Por otro lado, para los trabajadores del sector formal se mantendrían amparados con el actual código de trabajo.

El recorte del tamaño del estado mediante despidos, iniciado en 2021, continuaría hasta el fin del gobierno. Mientras que en 2022 comenzaría la concesión (carreteras, hidroeléctricas, refinerías y otras) y la privatización de instituciones públicas, entre ellas, CNT, banco del Pacifico, etc.

La apertura comercial está enfocada en celebrar acuerdos de libre comercio. Está en proceso el que se firmaría con México que continuaría con Rusia, China, EE.UU y otros países. Estos acuerdos tienen su pro y contra. En lo primero estaría el aumento de las exportaciones y, en lo segundo, la afectación de la agricultura, industria y otras actividades económicas.

El mercado de capitales en el país está estancado y desprestigiado por los casos ISSPOL y otros, a pesar de que hubo una reforma en el mismo. El gobierno anuncia otra reforma al mercado de capitales la cual debe estar orientada a cambiar la estructura de financiamiento de corto a largo plazo, mejora de su funcionamiento y restructuración de los esquemas de supervisión y regulación que han sido irrespetados como lo muestra el caso ISSPOL.

Finalmente, se buscaría mejorar las alianzas público-privado y dar incentivos para incentivar la inversión privada y extranjera, tanto por el lado tributario como mejorar el entorno empresarial.

En síntesis, el acuerdo pone acento en un fuerte ajuste basado en el gasto público, varias reformas estructurales que darían más libertad a los distintos mercados y reducir el tamaño del estado pero también trae aparejado compensaciones sociales para mitigar el hambre y la pobreza vía subsidios y reactivación económica para generar empleo.