Luis Rosero M.

Con resultados de la elección presidencial, dados por el CNE con corte a las 8:10 H de hoy, con el 92% de las actas validas escrutadas, hay un empate técnico entre D. Noboa (ADN) y L. González (RC), con lo que habrá una segunda vuelta electoral para definir la elección del primer mandatario. El 8% de las altas faltante podría llevar a un empate definitivo. Las elecciones de asambleístas nacionales y provinciales reflejo el peso de ambos movimientos políticos obteniendo la mayor parte de la bancada de la Asamblea, tanto nacionales como provinciales, mientras que en los asambleístas del exterior hubo sorpresas. Lo crucial en la elección, en la segunda vuelta, será las alianzas que definirán al ganador como ya habíamos anticipado hace semanas. Los resultados muestran el fracaso del exit poll y su publicación en la TV estatal y una privada y que dejan dudas sobre la veracidad de estas encuestas Esta elección se dio en el marco de una múltiple crisis del país, entre la que destacan la de seguridad, energética, empleo y la social.

Como es característico en el país, en las elecciones generales, hay una amplia dispersión en número, ideología y programas de gobierno de organizaciones políticas. Para el caso de la elección presidencial, hubo 16 candidaturas. El resultado, según los datos del CNE, muestra nuevamente la polarización entre dos movimientos políticos antagónicos, lo que reflejaría una tendencia a la bipolaridad  (Noboa, ADN 44.3% y González, RC5 43.8%) con una serie de movimientos minoritarios que alcanzaron pocos votos a excepción de PKT, con N. Iza que logra el tercer lugar (5.26%)  y el cuarto PSP  (2.71%) con A. González.  El quinto (0.7%, PSC) y sexto puesto (0.5%, PS) no alcanzan ni el 1% de la votación. Mientras que la decena de organizaciones restantes están por debajo del 0.5%, sumando todas juntas solo 2.46% de la votación. Pero el voto nulo llegó al 6.7% y el ausentismo 21.5%. También se revela la tendencia hacia la muerte política de partidos tradicionales como el PSC y ID, la misma suerte puede correr Construye (0.36%), una fracción de la derecha, que no alcanzó ni siquiera el 0.5% de los votos. También Creo (0.26%), aunque es un partido nuevo, perdería su presencia política.

 El resultado marca también diferencias en los resultados por regiones. RC5 gana en la costa, en las provincias más pobladas de la costa, supera con amplia diferencia en Manabí, Los Ríos y Santa Elena. En Guayas, El Oro y Esmeraldas la diferencia, aunque mantiene el primer lugar, es menor. En la sierra, solo triunfa en Imbabura y gana solo en dos provincias de la amazonia: Sucumbíos y Orellana. En cambio, ADN gana, en la sierra, con amplia diferencia, en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Cotopaxi, Imbabura, Azuay. Lo mismo pasa en las provincias amazónicas como Morona Santiago, Pastaza y Napo. La votación del correísmo se afianzó en la costa que le da la mayor votación, en cambio Noboa alcanza el primer lugar por el favoritismo en la sierra y parte de la amazonia.

Respecto a las elecciones legislativas, seis aspectos importantes. Uno, aumentó el número de asambleístas de 137 a 151 debido al aumento de la población. Dos, 93 buscan la reelección, que fueron elegidos en las elecciones anticipadas de 2023. Tres, De estos, 25 asambleístas participan por otro movimiento político, los cuales se cambiaron principalmente a ADN que fue aumentando sus curules en la Asamblea. Cuatro, la calidad de asambleístas elegidas es cada vez menor, medida por el numero de leyes que aprobaron y el escaso criterio para seleccionar los temas relevantes, que cada vez su gestión legislativa se va deteriorando. Cinco, de los 2133 candidatos a asambleístas 236 tienen procesos judiciales, o sea el 11%. Y sexto, el CNE denuncia a candidatos de ADN por infracciones electorales por entrega de cocinas de inducción durante la campaña electoral.

Los resultados para asambleístas nacionales, refleja la misma polaridad anotada, ya que ADN alcanza el primer lugar (43.5%) y RC5 y Reto 33 llega a 41.1%. La misma tendencia se refleja en los asambleístas provinciales. En Los Ríos obtiene 44.5%, en Santa Elena RC5 34.5%, en El Oro 36.5% y en Esmeraldas 46% mientras que ADN 31.6%, 24.5%, 33.6% y 30,7% respectivamente, aunque el CNE no entregó resultados para Guayas y Manabí hasta el cierre de este artículo. Respecto a los asambleístas del exterior en Europa, Oceanía y Asia gana ADN (46%) y en segundo lugar RC5 (41.6%), pero con escasa diferencia. En cambio, ADN gana ampliamente en Canadá y EE.UU (53.1%) y en Latinoamérica, el Caribe y África (59.7%) mientras que RC5 logra solo 34.1% y 27.2% respectivamente. Es sorpresa este resultado, ya que el correísmo tenía el mayor favoritismo en las 3 regiones de los asambleístas del exterior. En el caso de Canadá y EE.UU., incidiría el bono que otorgo el gobierno para los ecuatorianos deportados de esas regiones.

De acuerdo a estos resultados preliminares del CNE, se daría una segunda vuelta pero si hay una diferencia entre Noboa – González de apenas o.5%, en la segunda vuelta van a pesar el tercer y cuarto puesto. Las alianzas se tornan vitales para ambos candidatos para ganar la presidencia. Como un posible aliado de la RC5 serían PKT (5.26%), PS (0.53%), Centro Democrático, CD (0.39%) y UP (0.39%). Mientras que Noboa tendría alianza con el PSP (2.71%), PSC (0.71%), Construye (0.36%), Avanza (0.32%) y Creo (0.26%).  Si se diera este tipo de alianza, el resultado de la segunda vuelta en la elección presidencial sería muy reñido y ajustado. Sin embargo, los votos no son endosables, pero si se concreta la alianza de RC5 con PKT y CD tendría mayores posibilidades de triunfo el correísmo. En tanto, en la Asamblea la mayor parte de las curules serían para ADN y RC5, tanto en asambleístas nacionales y provinciales mientras que en los asambleístas del exterior la mayor parte de las curules la tendría ADN.

En el caso, de RC5 su empate es sorprendente pues en su campaña se cometieron muchos errores sobre todo por las declaraciones de su candidata a CNN y uno de sus ministros, lo que lleva a especular que fueron los errores del gobierno que pesaron más en su resultado electoral como el caso de los apagones, en los que se no actuó a tiempo; la no eficacia de la estrategia de seguridad, de no permitir la asunción al poder de la vicepresidenta electa popularmente, la permeabilidad de las otras funciones del estado, el acoso judicial a su opositores, etc. Sin embargo, estos errores, que redujeron su votación, fueron compensados parcialmente por los programas y subsidios del gobierno como el programa de becas para mujeres, entrega de viviendas populares (Guayas, El Oro), la condonación de deudas de escaso monto en los bancos estatales, la entrega de un bono de $ 400 dólares a personas desempleadas y no estudiantes, la entrega de un bono de un salario mínimo para los ecuatorianos deportados del exterior, etc. La campaña electoral va a ser muy combativa y se utilizará todo recurso para denostar al adversario, jugará aún más la geopolítica, uso del aparato estatal, fake new, etc. Esperemos que los candidatos estén a la altura de las circunstancias y que sean democráticos aceptando los resultados electorales verificados.

Luis Rosero M.

El próximo 9 de febrero de 2025 se celebran las elecciones generales (presidenciales y legislativas) en el marco de una múltiple crisis (de seguridad, energética, económica, social, institucional, etc.), de los problemas de gestión gubernamental y, ahora, de la presión de la geopolítica. En este escenario crítico, la decisión de votar es fundamental para elegir a los mejores candidatos que, en el caso del presidente, debe ser un lider que pueda enfrentar con éxito la crisis, enrumbar al país por la senda del desarrollo que implique crecimiento, equidad, política social, integración y trabajo a fin de que mejoren las condiciones de vida de la población en especial de los marginados y los grupos más vulnerables de la sociedad.

El escenario electoral es muy crítico pues ha crecido la violencia política en último año. En 2024 fueron asesinados 3 alcaldes y en 2025 el burgomaestre de Arenillas. Las muertes violentas en enero de 2025 superaron a las de los años anteriores y las constantes masacres a familias se repiten. Este clima de violencia mantiene el estado de temor, miedo y zozobra en la población. De ahí que debe revisarse la estrategia de seguridad gubernamental. Las FF.AA. realizan operativos, hay detenciones continuas de sospechosos y se cercan zonas peligrosas enteras pero, después de un tiempo, la violencia resurge. Bajan algunos delitos pero aumentan otros como el secuestro y las extorsiones.

Por otro lado, hasta la tercera semana diciembre de 2024 sufrimos apagones que afectaron a la población y sectores productivos. No es problema reciente, los dos últimos gobiernos no realizaron las inversiones y mantenimientos necesarios de la infraestructura eléctrica. El actual gobierno tardó en contratar el incremento de la oferta eléctrica. Las lluvias, después de la sequía, contribuyeron al funcionamiento de las hidroeléctricas, reactivó una hidroeléctrica, barcazas eléctricas y se potenció ciertas centrales térmicas. Sin embargo, el incumplimiento de contratos hizo que se perdieran de generar 500 MW, que no se han podido reponer, y si se presenta el estiaje hay riesgo de nuevos apagones. El Consejo Consultivo de las Ingenierías y Economías, advirtió la posibilidad de apagones en abril de 2025, demandado que se transparente la información sobre la real situación del parque térmico y de los contratos de emergencia.

En cuanto la crisis económica, el Banco Central corrigió las estadísticas de crecimiento del I y II trimestre de 2024. En el IT de 1.2% se pasó a -1%, en el IIT de -2.2% se ajusto a -4% y en el IIIT la contracción fue de -1.5%. Con estos resultados, esta claramente establecida la tendencia de recesión. En el IV T, por efecto de los apagones tanto en hogares como en ciertas industrias, cayeron las ventas de negocios y ciertos sectores económicos con lo que habría decrecimiento, por lo que en el año 2024 la economía habría tenido un crecimiento negativo del al menos -1.5%. En el IV trimestre por los apagones se perdieron 249.000 empleos. La recesión del año anterior provocó efectos en el mercado de trabajo y en lo social. Así, la tasa de empleo adecuado cayó a solo 33%, mientras que el subempleo subió a 24.5% y el empleo informal alcanzó 58%. En lo social, la pobreza por ingresos aumento dos puntos, llegando a 28%, mientras que la pobreza extrema también creció registrando 12.7%. Pero también hay otros problemas económicos como el elevado crecimiento de la deuda externa, que aumenta el riesgo de su pago; el déficit fiscal de alrededor de 2% a pesar del incremento del IVA y otras contribuciones fiscales.

La crisis institucional se refleja por la corrupción en el sector público, que incluye a la justicia, el uso del poder central para irrespetar la independencia de otras funciones del estado, las acciones de un presidente que encarga el poder a una funcionaria pública y no a la vicepresidenta elegida popularmente, que han sido cuestionado por rasgos inconstitucionales, el acoso judicial por el poder central contra opositores,  los conflictos de intereses entre los que están en el poder y los del país, ceder ante las presiones geopolíticas, etc. No porque se tenga buenas relaciones con un gobierno, se debe bajar la guardia. En caso de los migrantes, deportados por EE.UU., se quejan por el irrespeto en su traslado y trato como si fueran delincuentes por venir esposados y encadenados. Lo mínimo que debe exigir el gobierno es un trato digno y defender a sus compatriotas. Este mismo país aplicó aranceles a sus socios comerciales en el tratado T-MEC que violaría el mismo. Se requiere además una reforma judicial y que los organismos que velan por el respeto a la constitución, actúen y tomen las decisiones oportunas y a tiempo, de manera de frenar las violaciones de la carta magna.

En síntesis, los cuatro problemas principales que afronta el país son: el aumento de la violencia, el riesgo de nuevos apagones, crisis económica que impacta en el desempleo, subempleo y aumento del sector informal. En lo social, se incrementó la pobreza y la extrema pobreza. En este escenario, se torna crucial elegir al candidato presidencial que sea un estadista, que proponga un proyecto nacional de desarrollo con equidad, que defienda el interés común y no de los particulares, que tome las decisiones adecuadas ante los problemas del país con entereza y decisión y busque el bienestar de las mayorías. En cuanto a la asamblea, escoger a los mejores candidatos que no defiendan sus intereses políticos y personales sino que vayan a plantear y aprobar leyes que respete un acuerdo de mínimos de las fuerzas políticas y la legislación vaya en beneficio del país, la sociedad y población.

La grave y múltiple crisis que afronta el país hace necesario un plan de gobierno con aspectos fundamentales para tratar la crisis de seguridad, energética, económica y social, que se traduzcan en políticas de estado. Se requiere un acuerdo sobre aspectos centrales, entre las principales fuerzas políticas, que apoye la estrategias, políticas y programas que permitan sacar al país de la crisis múltiple. No es un problema de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Este acuerdo mínimo debe ser mantenido en los siguientes gobiernos, desechando la práctica de eliminar las políticas que aplicó el gobierno anterior. Este acuerdo de mínimos puntos debe ser de consenso entre dichas fuerzas y la sociedad para sacar al país de la encrucijada en que se encuentra.

Luis Rosero M.

A la escenificación del proceso electoral que se va conformando, antes de las elecciones presidenciales de febrero, se agregan otros elementos, relacionadas con el exterior, como la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de los cuatro jóvenes de Las Malvinas, la visita del líder de la oposición venezolana y la geopolítica. Entre los componentes internos están el debate electoral y los resultados de las encuestas.

La CIDH condenó al estado ecuatoriano por la desaparición y asesinato de los 4 jóvenes de Las Malvinas y solicitó “investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar.” Pero, además, rechazó las declaraciones del ministro de Defensa quien amenazó con sanciones a la jueza que concedió el hábea corpus a los familiares de las víctimas. Este monstruoso acto es un crimen sin precedentes en el país, por la crueldad y perversidad del mismo ya que no solo basto el crimen sino además la incineración. Este cruento asesinato causó un impacto en la sociedad ecuatoriana que a su vez muestra el grado de inseguridad que vive el país.

Otro aspecto importante, en el escenario electoral, es la visita del opositor venezolano Edmundo González y la invitación a un almuerzo, por parte de la presidencia, a los alcaldes de Guayaquil y Quito,  Prefecta del Guayas y de Pichincha que fue rechazada por ellos por su posición política. Esta decisión era de esperar por parte de estos alcaldes y prefectos, y el comunicado del gobierno en que “reafirma su compromiso con la democracia y los valores que la sustenten así como su rechazo a la dictadura de Nicolas Maduro….Reiteramos el apoyo al pueblo venezolano en su búsqueda de libertad.” Al parecer se esta utilizando este evento en la campaña electoral, donde el gobierno aparece como defensor de la democracia y la libertad, mientras que los cuatro opositores señalados estarían en detrimento de esta forma de gobierno. Es claro que, hasta que no se presenten las actas electorales del triunfo de Maduro, su gobierno carece de legitimidad democrática. Pero esto es un hecho y otro usarlo en el período de campaña electoral.

El rechazo del presidente Petro a recibir vuelos con colombianos deportados desde EE.UU. y la decisión de Trump de imponer un arancel de 25% a los productos colombianos y la suspensión de visas americana es una represalia que representa el uso de un instrumento de comercio exterior como mecanismo de repuesta a un problema migratorio. Se trata de aplicar una medida comercial con fines políticos. Como ya lo ha señalado Krugman, que imponer aranceles a los productos canadienses y mexicanos es como “arrojar arena a los engranajes del comercio y la fabricación internacionales y… son destructivas y basadas en obsesiones personales.” Se trata de la posición del país más poderoso que viola las reglas y principios establecidos por la OMC. Es un duro golpe para la economía de Colombia, que en repuesta impuso un aumento de 25% a los productos norteamericanos. Sin embargo, en las negociaciones Petro cedió y aceptó los términos de un acuerdo para zanjar las diferencias. Con Trump, las decisiones económicas pueden tener otra utilización. EE. UU. acaba de suspender la asistencia a todos los países, incluido Ecuador, excepto Israel y Egipto. El presidente ecuatoriano, al parecer tiene buenas relaciones con Trump, por la tendencia política que profesan ambos. Pero, los intereses geopolíticos juegan y, con el tipo de acciones impuestas a Colombia, todo se puede esperar de Trump, por lo que el gobierno del país debe tener cautela en sus relaciones con EE.UU., la sanción a nuestro vecino es una señal de advertencia. Ecuador esta en el segundo puesto de migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera norteamericana, por lo que si es tema que nos puede afectar como país. Recordemos que los migrantes ecuatorianos enviaron alrededor de 6000 millones de dólares en 2024, que supera en mucho las exportaciones de camarón, el primer producto de exportación.  En la geopolítica, pesan más las condiciones e intereses del país con mayor poderío. Después vendrá el apropiarse del Canal de Panamá, etc. Lo que esta despertando Trump es la unidad latinoamericana entre los países que defienden la dignidad, la soberanía, la libertad, los intereses de la nación y el bienestar de su pueblo. Veremos de qué lado esta cada país.

Respeto al debate electoral, el candidato oficial y del correísmo siguieron su agenda. El presidente se remitió a sostener que está haciendo una buena gestión recalcando su lucha contra el crimen organizado y lo que han manifestado algunos candidatos ya lo ha hecho su gobierno. La candidata correista tuvo un desempeño regular pero se vio afectada por los ataques que recibió de Andrea González que le valió para catapultarse al tercer lugar y subir al 4% en las intenciones del voto. Sin embargo, Noboa y González conservaron su primer y segundo lugar, con mínimas variaciones, en las preferencias electorales después del debate. Según Comunicaliza, D. Noboa subió en intención del voto 0.8% alcanzado 36.9% en intención del voto mientras que L. González bajó 0.7 puntos ubicándose en 32.4%, posiblemente por las acusaciones de A. González, conservando el segundo lugar.

Las encuestas electorales ya comenzaron a mostrar los resultados, que podrían influir en la decisión electoral. Comunicaliza, según encuesta de enero 23, estableció que la valoración del presidente respecto a su gestión, un 53% la calificó muy buena y buena mientras que el 40.2% la valoró como mala o muy mala que significó un aumento de 2% en estas dos últimas valoraciones. Pesaron de manera negativa, en esta valoración, los apagones de hasta 14 horas, y, de forma positiva la terminación de los mismos. En cambio, la candidata del correísmo, la encuesta califico su valoración con 41.4% como muy buena y buena, en tanto que como muy mala o mala 39.7%, una subida de estas dos últimas valoraciones de 6.3%. Si consideramos la diferencia en la intención del voto, entre el primer y segundo lugar de la candidatura presidencial, hay un 4.5% a favor del presidente. O sea, una poca diferencia que, considerando un 60% de indecisión según Cedatos, podría señalarse que hay un empate técnico entre los dos candidatos.

En síntesis, según los artículos que escribí sobre este tema, los componentes más importantes del escenario electoral son la gestión del gobierno (apagones, alza del IVA), el aumento de la violencia e inseguridad ciudadana, la posible inconstitucionalidad del nombramiento de una vicepresidenta y el encargo del poder a ésta y no a la vicepresidenta electa popularmente, la contracción económica, los elementos externos señalados (la condena de la CIDH por el caso de los jóvenes de Las Malvinas, la visita del opositor venezolano y la geopolítica), el debate electoral y los resultados de las encuestas son los que influirán en la decisión electoral. Como va la tendencia, lo más probable es que haya una segunda vuelta electoral para la elección presidencial.

Luis Rosero M.

Al escenario electoral se suman otros componentes como el decrecimiento económico y la inconstitucionalidad de decisiones tomada por el gobierno central. En el artículo anterior, sobre este tema, señalamos que los iniciales componentes son el aumento de la violencia, las decisiones cuestionables del presidente del no encargo de la presidencia a la vicepresidenta elegida por votación popular y el aumento de la inseguridad ciudadana.

Todo escenario electoral, de una elección nacional, se enmarca dentro de un contexto socio-económico-político. Respecto al segundo aspecto, uno de los temas claves es el comportamiento de la actividad económica que se mide por la evolución del PIB. Sobre este tema, el Banco Central acaba de publicar los Resultados del III Trimestre de 2024, de las Cuentas Nacionales, en el que se señala que la economía, en el tercer trimestre, decreció -1.5% interanual. En el segundo trimestre, de ese año, la contracción fue de -2.2%, lo que demarcaría la tendencia a una recesión económica en 2024.

El decrecimiento del III trimestre se explica por una fuerte contracción de la inversión (-6.2%), crecimiento negativo de las exportaciones (-5.1%) y contracción del consumo del gobierno (-1%). El crecimiento negativo de la economía no fue mayor debido a que el consumo de los hogares, principal componente de la demanda agregada, aumentó 2.9%. A nivel sectorial, 10 de los principales sectores económicos decrecieron destacándose manufactura de productos alimenticios (-4.8%), suministro de electricidad y agua (-5%), refinados de petróleo (-4.1%), alojamientos y comidas (-1.4%) y comercio (-0.9%). Entre los sectores importantes que crecieron están construcción (4.1%) y manufactura de productos no alimenticios. El decrecimiento del sector electricidad y agua, se explica parcialmente por los cortes de luz de la última semana de septiembre y la sequía causó la reducción de los caudales de ríos que restringió la producción de agua que tuvo que racionarse en varias ciudades del país. El decrecimiento del tercer trimestre impactó en la reducción del empleo y el aumento de la migración al exterior. En octubre y noviembre continuaron los apagones, que llegaron a cortes de hasta 14 horas para el sector residencial y de 24 horas en ciertas semanas para el sector industrial. Como resultado, según Análisis Semanal, se perdieron 249000 empleos, lo que implicaría que habría decrecimiento económico en el IV trimestre. En consecuencia, si en los tres trimestres continuos con contracción económica hubo depresión. Esto llevó, al Banco Mundial a proyectar que el país decreció -0.7% en 2024.

Otro elemento nuevo del escenario electoral es la decisión de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucional la sanción de 150 días, el 8 de noviembre de 2024, que impuso la ministra de Trabajo a la vicepresidenta, lo que sirvió para suspender a la segunda magistrada del país, con lo que habría quedado fuera del cargo en la campaña electoral y, en consecuencia, si el presidente pedía licencia no se podía hacer cargo la vicepresidenta. La CC argumentó que se violó el debido proceso ya que no se tomo en cuenta la garantía de ser juzgado por una autoridad competente y que agregue  en las normas ministeriales que quedan excluidas de sanción administrativa los funcionarios públicos de elección popular. La sanción fue anulada, en diciembre 23, por la jueza Nubia Vera, que además decidió que la ministra de Trabajo pida disculpas públicas por la sanción establecida a la segunda mandataria. Queda claro que se buscó, con esta decisión del ministerio de Trabajo, impedir que la vicepresidenta se haga cargo del poder si el presidente pide licencia para hacer campaña. Dada esta decisión, el mandatario nombró a otra vicepresidenta por decreto y le encargo dos veces el poder. En un reportaje de CNN, de Fernando Rincón, para el constitucionalista Gonzalo Muñoz el encargo de la presidencia a la vicepresidenta por decreto es inconstitucional. En suma, se trata de interpretaciones del régimen de la constitución. Por ello, en ésta se estableció que la CC es la institución que esta facultada para determinar si una decisión gubernamental es constitucional o no.

En síntesis, la contracción económica o decrecimiento económico genera un deterioro en el mercado de trabajo, incide en el aumento del desempleo, subempleo y la migración externa, que a su vez pesa en la decisión del voto. Mientras que las decisiones que ha tomado el régimen respecto a la vicepresidenta, la una es claramente inconstitucional como lo ha determinado la CC y la otra podría tener el mismo carácter si así lo establece la CC. Se agrega otro rasgo del régimen en su afán de captar el poder. Habría que esperar la decisión de la CC, sobre el nombramiento por decreto de una vicepresidenta y esperar que todas las instituciones del estado acaten su sentencia para mantener el estado de derecho y la democracia.

Luis Rosero M.

En el escenario electoral están resurgiendo hitos de violencia, acciones cuestionables del presidente respecto al impedimento a encargar el poder a la vicepresidenta electa popularmente y nombrar a la vicepresidenta nombrada por él y el enfrentamiento con quienes se oponen a sus decisiones, etc., la crisis económica, social, de seguridad, etc. Este crítico escenario es el telón de fondo de la campaña electoral.

No ha pasado ni un mes desde el sepelio de los cuatro jóvenes de Las Malvinas, un hecho doloroso y cruel. Para complicar el caso, el ministro de Defensa, en su declaración de disculpas públicas, como titula El Universo, según el Comité de Derechos Humanos hubo un acto de represalias contra la jueza que lleva el caso y la Corte Nacional de Justicia expuso “Amenazar o sancionar a los jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a estos principios y al debido proceso”. La declaración del ministro fue intimidatoria. Más aún, el ministerio de Defensa, las FF. AA. , el ministerio del Interior y la Procuraduría del Estado apelaron la sentencia de desaparición forzada. Por otro lado, se han registrados hitos de violencia, en lo que va del mes, como: el 4 de enero, 3 miembros de una familia fueron muertos a balazos en Ciudad de Dios, un sector popular de Guayaquil; el fin de semana pasado, en Pascuales, mataron a 10 personas; el asesinato del alcalde Arenillas, ocurrió este fin de semana, con lo cual ya van 4 alcaldes, con muertes violentas, en los últimos diez meses y ayer, 12 de enero, 5 personas fueron acribilladas en un restaurante de Manta. Lo más crítico es que esta ola de violencia se registra, en el marco de un nuevo estado de excepción, decretado a principios de enero, en siete provincias. Justo estas muertes violentas ocurrieron en Guayas, Manabí y El Oro, que están incluidas en dicho estado. Nuevamente vuelve a resurgir la violencia. Surge otra vez la interrogante ¿esta funcionando la estrategia y táctica de inteligencia de las FF.AA. para enfrentar la violencia criminal? El resurgimiento de la violencia vuelve peligrosa la campaña electoral.

En su afán, de no encargarle el poder a la vicepresidenta elegida por el voto popular, el presidente nombró a C. Gellibert, Secretaria General de la Administración Pública, como vicepresidenta. Con el decreto 500, el presidente le encarga la presidencia desde las 17 00h del jueves 9 de enero hasta las 16 h 459 del domingo 12 de enero en el que además se señala que por fuerza mayor -hacer campaña electoral- se separen los periodos en el que el presidente ejerce su cargo del que realiza actos proselitistas en la campaña electoral. Es un decreto que, primero, hay dos vicepresidentas; segundo, señala que encarga el poder para hacer campaña electoral estableciéndola como una circunstancia de fuerza mayor y tercero, el primer mandatario había declarado que no encargaba el poder y, por ello, no iba a realizar campaña. Ahora resulta, que hace campaña y encarga el poder pero a la vicepresidenta nombrada por él. Todos estos actos podrían tener vicios de inconstitucionalidad. Precisamente, por ello, el secretario de la Asamblea devolvió dicho decreto por no cumplir con artículos de la constitución, ley orgánica de la Función Legislativa y del Código Civil. Noboa denunció a dicho secretario por arrogación de funciones. La Corte Constitucional estableció su programación en los siguientes meses en la que se incluye el análisis del decreto 494 y 500, relativos al ejercicio de funciones de la vicepresidencia y el encargo de la presidencia respectivamente. En suma, tenemos acciones del presidente que, al parecer, interpretan la constitución a su modo.

El ex presidente O. Hurtado, de la misma tendencia política que Noboa, en entrevista en Ecuavisa, señaló que el presidente está usando la figura de nombrar a una vicepresidenta por decreto para impedir que la vicepresidente, elegida por voto popular, ejerza sus funciones y es un abuso de poder clarísimo y que por ese camino se esta produciendo una ruptura del orden constitucional por el presidente. Tildó al decreto 500 como una sapada, una viveza. La constitución y la ley es clarísima respecto al encargo del poder. Expresa que el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE,  la Corte de Justicia y la Corte Constitucional  deberían intervenir y no explica porque estos organismos no ponen orden en este caos gestado desde las oficinas del presidente…..Por el camino que va el presidente va a ser sometido a un juicio por el Congreso (Asamblea) Nacional. El mismo esta creando condiciones, causas y motivos para que un acto de esta naturaleza llegue a producirse. …Hurtado se pregunta ¿Por qué tiene que pagar el orden democrático, el régimen constitucional, el estado de derecho, el imperio de la ley, la independencia de la justicia elementos de la democracia por una equivocación, una niñería del presidente….? Estos actos no despiertan confianza en las finanzas internacionales por actos de esta naturaleza….esta enviando una mala señal que el presidente puede hacer lo que le de la gana al margen de la constitución y de la ley…los inversionistas dicen que no hay garantía del imperio de la ley. Esto no solo es un perjuicio para el gobierno, es un perjuicio grave para el país….Lo que responde la Asamblea al decreto 500 tiene un mensaje implícito es decirle al presidente que proceda de acuerdo a la constitución y con la ley. El presidente esta creando condiciones, pruebas para ser enjuiciado por el Congreso Nacional y destituido, que la Contraloría examina su conducta por peculado….. hay atropellos al orden democrático….Hurtado hace un llamado al restablecimiento del orden constitucional, que pida la licencia el presidente. Más aún, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil, según lo publicado por El Universo, “que han emergidos tintes autoritarios expresados en la imposición de una autoridad nacional al pretender no solicitar licencia de los cargos públicos para intervenir en la campaña electoral, con el silencio encubridor del Consejo Electoral.”

En síntesis, la ola de violencia desatada en la primera quincena de enero y el uso de las instituciones del gobierno central para presionar decisiones de la justicia sería una práctica de injerencia en otra función del estado que va conformando el escenario electoral. Pero hemos detallado, las declaraciones de O. Hurtado, ex presidente, porque califica las acciones del presidente, al no encargar el poder a la vicepresidenta elegida popularmente y encargar al poder a una vicepresidenta, funcionaria de su gobierno, como inconstitucional e ilegal que podría dar paso a un juicio político. Finalmente, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil tilda al régimen, por esta decisión, de autoritario. Las decisiones y acciones del régimen muestran el rasgo del mismo, que es otro de los componentes del escenario electoral y que pesará en la campaña electoral. No sólo que la decisión de encargar la presidencia a la vicepresidenta nombrada sería inconstitucional sino que siendo presidente candidato establece desigualdad de condiciones en la campaña electoral con el resto de candidatos presidenciales, por eso la ley establece que debe pedir licencia un presidente que es a la vez candidato.