Como había proyectado, en el artículo anterior, ganó Lopez Obrador (AMLO). Las encuestas de salida de urna pronosticaron el triunfo de su coalición comandada por MORENA, lo que abre la posibilidad de un cambio en México y se prevé una serie de consecuencias políticas, sociales y económicas.

En lo político, según lo que señalan las encuestas de TELEVISA y CNE el triunfo de AMLO sería un margen de 20 puntos sobre ANAYA (derecha), del PAN, lo que significa un parcial rechazo a la derecha y, al PRI (centro-derecha). La mitad de la población voto por el progresismo y la izquierda, lo que implica romper, por primera vez, con el bipartidismo (PAN-PRI), que se había establecido en los 12 últimos años. También debo subrayar que, de 9 gobernaciones en disputa, las encuestas señalan que la coalición de AMLO habría obtenido 6. Pero además, las proyecciones indican que dicha coalición habría obtenido la mayoría en el Congreso, lo que implica que tendría la fuerza necesaria para aprobar las leyes requeridas para implantar su propuesta electoral. Por otro lado, por primera vez, el PAN y PRI pasan a la oposición. O sea, AMLO logra un gran capital político que abre las esperanzas de cambio pero también una responsabilidad  de cumplir con lo prometido en su plan de gobierno. La elección también muestra el descalabro del PRI pues su candidato habría quedado tercero, según las proyecciones electorales, perdió 6 gobernaciones y quedaría en tercer puesto en el Congreso, lo que  significa el rechazo de la población a un mal gobierno y al descalabro que llevó al país en 6 años de gobierno. En lo económico, aplicó la reforma energética y la educativa, que tuvieron serias consecuencias sobre la población y los maestros a más de agravar la violencia, corrupción, la impunidad y deterioro de las condiciones sociales.

Se debe enfatizar que TELEVISA, el líder de la TV, fue la primera que anunció el triunfo de AMLO y además pasó las entrevistas de los candidatos Meade (PRI) y Anaya  que reconocieron su triunfo. TELEVISA lleva la voz cantante del poder mediático y es la que diseña la imagen de la opinión pública. Y es precisamente, uno de los poderes contra las cuales tiene que luchar AMLO.

Hay que destacar que AMLO gana por la crítica situación política y social. La población estaba harta de la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la inequidad, la redistribución inequitativa del ingreso, la pobreza, etc. Ahora el desafío está en comenzar a cumplir con el plan de gobierno. En lo estructural, está si puede desmantelar la reforma energética y la educativa que AMLO había planteado, lo que implica enfrentarse a los poderes fácticos.  Además deberá luchar contra Trump por el TLC y los  migrantes.

El gran desafío de AMLO es comenzar a cumplir con su propuesta electoral. Entre las más importantes está combatir la violencia, en especial el narcotráfico; luchar contra la impunidad y la corrupción; por otro lado, tratar de mejorar las condiciones sociales y, en lo económico, impulsar el crecimiento con una redistribución del ingreso.  Sin embargo, tendrá que luchar o negociar contra los poderes facticos para que posibiliten el cambio. Por lo menos, se abre la esperanza de una transformación lenta pero con un norte claro apoyado por el rechazo al PRI y PAN de mas de  la mitad de la población que quiere el cambio.

El PRI estuvo en el poder 70 años hasta que, en Diciembre de 2000, asumió la presidencia Fox y le siguió Calderón, ambos miembros del PAN (derecha). En una época el PRI se caracterizó por ser un partido progresista y nacionalista que aplicó una política económica heterodoxa, implementó una  fuerte política social y defendió causas latinoamericanas. Sin embargo, a partir de 1982, con de la Madrid, como Presidente, comenzó a dar un giro hacia una política económica neoliberal, fue relegando el gasto social y abandonando la causa latinoamericana. El PRI retoma el poder con Peña Nieto en Diciembre de 2012.

En su sexenio, las condiciones sociales, de seguridad ciudadana, de derechos humanos y corrupción se han agravado seriamente. A 2016,  los pobres llegaron a 53.4 millones, 43.6% de la población (reducción relativa respecto a 2008). Los no afiliados al seguro social representan 68.4 millones. La concentración del ingreso creció y la pobreza extrema, aunque se redujo,  llega a  cerca de 10 millones de mexicanos. La violencia ha crecido, sobre todo por el narcotráfico: hasta marzo de este año el número de homicidios fue mayor al del periodo de Calderón; hasta Enero de 2018, el número de desaparecidos alcanzó 34.268 personas y la impunidad ha aumentado, como muestra el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para agravar el panorama, la corrupción de funcionarios públicos ha crecido: 16 gobernadores son investigados por corrupción, 10 de ellos están presos y algunos fueron del gobierno de Peña Nieto. En su período ha aplicado reformas estructurales en los sectores de energía, telecomunicaciones y educación, que han liberalizado los mercados y, en el último, buscaba mejorar la calidad de la educación. En los dos primeros, ha provocado desnacionalización de la industria, aumento de precios y concentración del mercado en grandes empresas y la reforma educativa fue impuesta.

En síntesis, hay deterioro social, de seguridad, corrupción y, en lo económico,  se está renegociando el acuerdo de libre comercio con Canadá y EE. UU. México, depende en gran medida, en su comercio exterior, de EE.UU. Un cambio de las condiciones del acuerdo generaría incertidumbre en su economía.

Con este marco, el 1 de Julio, se celebran elecciones presidenciales y del Congreso, en la que hay 3 candidatos con mayor opción. Lopez Obrador (AMLO) postulado por Morena, PT y PES; Ricardo Anaya, Por México al frente, coalición de PAN (derecha)-PRD (ex partido de AMLO) y MC. El candidato del PRI es José Meade (PRI-PVEM-PANAL). Los dos últimos tienen programas parecidos y serían la continuación de la política de Peña Nieto. AMLO en su programa ofrece reactivar la economía con la construcción de infraestructura y aumento de exportaciones, impulsar la agricultura y el turismo, apoyar el emprendimiento; reducir el endeudamiento y la inflación, aplicar un ajuste fiscal y una amplia política social. Se trata de un modelo económico basado en el mercado interno, a diferencia de la propuesta de los otros 2 candidatos que seguirían impulsando el crecimiento co la demanda.

Según la encuesta del diario El Financiero, a mitad de Junio, de este año, las preferencias electorales son de 50% para AMLO, 24% para Anaya y 22% de Meade. La encuesta de la Patronal mexicana, da la misma tendencia. Incluso Moody’s, la calificadora de riesgo, prevé el triunfo de la coalición de AMLO, si la elección fuera limpia y que éste no asusta a los mercados. Pero además, las encuestas pronostican que podría alcanzar mayoría en el Congreso,  abriendo la posibilidad de aprobar las leyes requeridas de su propuesta electoral. El escenario muestra una posible victoria de AMLO. Si las encuestas aciertan, veríamos, posiblemente, un cambio en México, en lo económico, político y social, o sea una política diferente que la aplicada hasta ahora, en estos campos, pero ¿será posible que los poderes fácticos lo permitan?

En la sección Décima del proyecto de ley, se establecen reformas a la Ley de Movilidad Humana dando facilidades migratorias a los inversionistas extranjeros. En la sección Décima Primera, se reforma la Ley de Hidrocarburos, mediante la cual se estipula que en los contratos de exploración y explotación de petróleo el porcentaje de participación del Estado se ajustará en función del precio de referencia y volumen de producción, lo que implica ampliar el aporte que hacen las empresas petroleras al Estado.

En la sección Décima Segunda se elimina el art. 1 de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales que establecía que, en el caso de las personas jurídicas, usadas para defraudar o abusar se podrá cobrar acreencias laborales contra accionistas u otros niveles de propiedad responderán con patrimonio o de bienes que están a nombre de terceros, cuando el obligado principal, no cumpla con sus obligaciones. Esto afectaba principalmente a inversionistas o accionistas nacionales o extranjeros de empresas.

La sección Décima Cuarta reforma la Ley de para el cierre de la crisis bancaria de 1999, señalando que en el art. 6, de esa ley, se agregue el ajuste anual del valor catastral, por el BCE, para los bienes del sector bancario que se transfieren a las instituciones públicas y además se reforman otros artículos de esa ley.

Se reforma la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, agregando el pago de una compensación,  por retiro obligatorio o voluntario, de 5 salarios básicos unificados (SBU), por cada año de servicio hasta un máximo de 150 SBU, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el art. 24 de dicha ley. Este es un beneficio similar a los que reciben los profesores, el que se paga con el Presupuesto del Estado. Con esta reforma, los policías recibirán del ISSPOL este beneficio, lo que significa un egreso adicional, lo que podría afectar la situación financiera actuarial del ISSPOL, sobre todo por qué en la Policía existen alrededor de 50.000 miembros. O sea hay un riesgo de déficit actuarial. En el caso, de que los policías, con 5 años de servicios, no cumplieran con los requisitos establecidos en el art. 24 de dicha ley, el pago del beneficio será con el Presupuesto del Estado. Si bien es justo el pago de ésta compensación, sin embargo debe contemplarse el riesgo actuarial del ISSPOL.

Entre las disposiciones generales, la mas importantes, del proyecto de ley es la que establece la reducción gradual del ISD, con el informe favorable del Ministerio de Finanzas y, de las disposiciones transitorias, están: que la deuda del Ministerio de Finanzas con el BCE no podrá renovar o canjear, o sea ya no tendrá acceso a los recursos del Banco Central y la contratación de nuevo personal de las instituciones públicas  del poder ejecutivo incluido las empresas públicas no podrán contratar nuevo personal de contratación ocasional hasta que el Ministerio del Trabajo no realice una evaluación técnica.

En síntesis, este proyecto de ley busca obtener nuevos ingresos públicos con una amnistía tributaria alentar la inversión privada en base a reducción,  eliminación de impuestos y facilidades de pago de impuestos al comercio exterior, reforma a la ley de ZEDE para inversión en turismo e incentivos a la construcción de vivienda social. Por otro lado, se dan facilidades de visa a inversionistas extranjeros y se elimina la obligación de responder hasta con su patrimonio de acreencias laborales. Se elimina la posibilidad de endeudamiento del Ministerio de Finanzas con el BCE. Resulta preocupante el pago de indemnización por retiro a los policías pues hay riesgo actuarial en el ISSPOL, no es que no sea justa, pero se afecta su equilibrio financiero intertemporal. Por otro lado, al parecer si bien la amnistía tributaria da liquidez al estado si le restamos la reducción y eliminación de impuestos podría haber un resultado neto cero. Lo de fondo es que no hay en el proyecto de ley el ajuste y las reformas estructurales. Al parecer lo que hace este proyecto es preparar el camino para un acuerdo con el FMI, ya que se conoce que además del financiamiento de 8000 millones se requieren 5000 millones más. O sea seguir manteniendo el alto nivel de gasto sin reducir el tamaño del estado y aplazar las reformas estructurales necesarias para el desarrollo del país.

Al final de la sección Octava, Cap. 3, del proyecto de ley, se reforma el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que, en el art. 124 establecía el límite de endeudamiento del sector público de 40% del PIB, con 3 reglas de sostenibilidad de largo plazo. La primera es que no podrá haber déficit en el resultado primario del presupuesto; la segunda, es que si se superase el 40% del límite de la deuda se requerirá justificación y aprobación de la Asamblea, con mayoría absoluta y, la tercera, se establece un fondo de estabilización fiscal. Lo que hacen estas reglas es dar cierta flexibilidad en el manejo de la deuda posibilitando exceder el 40% y se crea dicho fondo con el exceso al precio del petróleo aprobado en el presupuesto. En la situación actual, aunque la amnistía fiscal, establecida en el proyecto, otorga recursos al estado, sin embargo, la reducción de impuestos le disminuye ingresos, con lo que difícilmente podrá el sector publico tener fondos adicionales para financiar el presupuesto de 2018, por lo que tendrá acudirse a deuda pública y la reforma al art. 124 de dicho Código facilita el endeudamiento. Las autoridades declararon que el fondo de estabilización recién se formaría en 2021, al final del gobierno, no lo hacen antes por razones de la liquidez fiscal, que ahora usa la diferencia entre el precio real y el aprobado en el presupuesto como fuente adicional de financiamiento de éste. El tema es que se aplaza el ajuste, probablemente hasta el 2020, ya que 2019 es un año electoral.

Sin embargo, a pesar de la flexibilidad en el manejo de la deuda, el incumplimiento de estas reglas dará lugar a la aplicación de un plan de estabilización fiscal, que establece: reducir el gasto primario hasta alcanzar equilibrio fiscal en 3 años y luego, de este período, aplicará un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para reducir el peso de la deuda al 40% del PIB. En otras palabras, si bien la primera parte del art. 124 reformado, da flexibilidad para sobrepasar el techo de la deuda –por ejemplo, si sobreviniera un shock externo- pone austeridad a fin de que se alcance equilibrio fiscal. La reforma, a este artículo, está hecha para que sea el próximo gobierno el que aplique el plan de estabilización fiscal. El problema de fondo es que se deja de lado el ajuste y las reformas estructurales. Las autoridades dieron a conocer que, en Junio de 2018, darían a conocer medidas de largo plazo.

También se reforma la Ley de Minería, eliminando ciertas exoneraciones que tenían las empresas respecto al pago de tributos, se aumenta el rango del pago de regalías y se incrementa en un 1% el pago de regalías de la mediana y gran minería. En otras palabras, como en el proyecto, el efecto neto tributario, al parecer va a ser cero, se busca otras fuentes de ingresos para el presupuesto del estado. En síntesis, a pesar de que el proyecto da flexibilidad para sobrepasar el límite de 40% de la deuda, le pone límites obligando a tener equilibrio fiscal en 3 años y reducir la deuda a ese porcentaje. Sin embargo, el problema de fondo es que se sigue postergando el ajuste y las reformas estructurales.