Los datos publicados, hasta la fecha por el Banco Central y el INEC, mostraron, en 2019, una caída del crecimiento, aumento del desempleo, subempleo y pobreza, lo que auguran que continúe esta tendencia en 2020.

La tendencia a desaceleración de la economía, en 2019, se refleja por las variaciones trimestrales del PIB. En el I trimestre hubo un crecimiento de 0.6% y en el II trimestre bajó a 0.3%. La tendencia se estima que seguiría en el III trimestre y en el IV trimestre que, se hubiera recuperado por los pagos del décimo tercer sueldo y compras en las festividades de Diciembre, se vio afectado por el paro indígena. Si bien crecieron algunos sectores, entre ellos la minería, por el inicio de las exportaciones metálicas, en cambio los principales sectores generadores de empleo decrecieron, entre ellos el comercio evIndustria (en la que decrecen las subramas más importantes) En las previsiones económicas, recientemente publicada por el BCE, estima que habría una contracción de 0.08%. Este resultado se basa en disminución del gasto público en -2.3% y de la inversión de -3.1%. Sin embargo, el FMI sigue manteniendo que hubo una contracción de -0.5% mientras que el Banco Mundial estima que decreció -0.3%. Estos resultados tuvieron su impacto en el deterioro del mercado de trabajo y aumento de la pobreza.

En efecto, según datos del INEC, L tasa de empleo bruta urbana, cayó casi un punto (0.9%) mientras que la tasa de empleo adecuado disminuyó 1.3% ubicando en 48%, lo que significó la eliminación de 115.782 puestos de trabajo formal. La disminución más drástica, de este último, se dio en Quito en que cayó 3.6%, en parte explicado por el despido de burócratas, seguido de Guayaquil que bajó en 1.4%. De las ciudades principales, la única ciudad en que creció esta variable es Cuenca en la que el empleo pleno aumentó 2.6%.   Esto afecto las tasas de desocupación y subocupación. Así, si bien la tasa de desempleo urbano aumentó 0.1%  la tasa de subempleo creció en 0.7% alcanzando el 17%. Entre las ciudades principales con mayores tasas de esta variable, están Guayaquil con 16.2%, Quito 13.9% y Ambato 13.6%. En ésta última variable destaca el aumento del empleo informal en el que los ingresos laborales son menores al salario mínimo, no hay afiliación al seguro social y se trabaja menos de las 40 horas.

Como consecuencia del deterioro del mercado de trabajo también las condiciones sociales de la población empeoraron. En efecto, la pobreza, a nivel nacional aumentó 1.8% alcanzando un cuarto de la población (25%). Lo más crítico es la pobreza rural, creció en el mismo porcentaje, ubicándose en 41.8%. Por ciudades, los más altos índices de pobreza fueron en Guayaquil (11.2%), Machala (9.2%) y Ambato (8.3%). Pero no solo aumentó la pobreza sino que también la desigualdad medio por el coeficiente de Gini.  De estos datos, resulta que el mayor deterioro social se dio en Guayaquil y Ambato, lo cual incidió en aumento de los índices de delincuencia.

En última revisión del acuerdo con el FMI, este organismo proyectó para 2020 una tasa de crecimiento de 0.2% mientras que el Banco Central proyecta 0.7%. Sin embargo, dado que este año se hará un nuevo ajuste fiscal, regirán los nuevos impuestos, se aprobarían reformas estructurales (al mercado de trabajo, nuevas normas presupuestarias, a la seguridad social, etc.) por lo cual se prevé conflictos con el gobierno y, más que todo, es un año electoral, lo cual llevaría a un crecimiento cero o más probable negativo, lo que implicaría un segundo año consecutivo de contracción económica con las consecuencias de mas deterioro en el mercado laboral (mas desempleo, subempleo y mayor sector informal), crecimiento de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida.

DOS DÉCADAS DE DOLARIZACIÓN

Luis Rosero M.

En Enero de 2020 se cumplieron 20 años de dolarización en el país, aunque legalmente aplicada en Marzo, de ese año, generado varios efectos económicos. Este esquema monetario fue instaurado para enfrentar el descalabro económico que vivió el país en el año 1999. En este artículo revisaremos las fortalezas y debilidades en cuanto a la estabilidad de precios, cálculo económico y sostenibilidad así como los riesgos de la dolarización.

En 1999, el Banco Central no pudo sostener las bandas cambiarias –para mantener el tipo de cambio en un rango- y declaró la flotación, con lo cual el dólar se disparó. Dicha entidad entregaba créditos de liquidez a los bancos, los cuales con estos recursos especulaban en el mercado cambiario –compraban dólares, que aumentaba su cotización, para obtener pingues ganancias-. El precio del dólar seguía imparable. La quiebra de algunos bancos, aumentó la desconfianza en el sistema financiero, llevando a un pánico financiero. Ante este escenario, se aplica el congelamiento 50% de los depósitos. El gobierno para reducir el déficit fiscal elevó el IVA, el impuesto a la Renta y elevó el precio los combustibles. Que, por un paro de transportistas e indígenas, obligó al congelamiento de éstos. La crisis financiera se manifestaba como círculo perverso de emisión monetaria-depreciación de la moneda-inflación. Ésta llegó al 52.2% y la contracción de la economía fue de -7.2%.

Como medida desesperada, para superar la crisis financiera-económica, el gobierno de Mahuad adoptó la dolarización. Este esquema monetario, se basa en un tipo de cambio fijo implícito. Con éste se eliminaron las expectativas de inflación que generaba un tipo de cambio flexible desbocado. Uno de los efectos positivos de la dolarización ha sido la estabilidad de precios. En efecto, en el 2000 la inflación fue de 91.1%, en 2001 bajó a 22.4% y desde 2002 alcanzó un dígito. En 2019, llegó a –ser negativa: 0.7%. Sin embargo, si bien bajó la inflación, en el año 2000, hubo un reajuste de precios que elevó el costo de la canasta familiar básica. En efecto a Enero del 2000, fue de 219,9 y a Diciembre de 2019 alcanzó 715,08 dólares. O sea que, en ese periodo aumento, en 3.25 veces que, comparado con el ingreso familiar mensual, siempre hubo una restricción en el consumo familiar, o sea que dicho ingreso no alcanza a cubrir el costo de dicha canasta.

Otro aspecto positivo de la dolarización es reducir la incertidumbre que, al eliminarse el riesgo cambiario, permitió realizar con más exactitud el cálculo económico y así contribuyó a que se tomaran las decisiones económicas con más certeza.

La sostenibilidad de la dolarización depende del sector externo. Esto significa que para mantenerse se requiere mantener el ingreso suficiente de dólares (exportación, remesas, rentas del exterior, etc.) para cubrir la salida de estos (importaciones, pago de rentas al exterior, de deuda externa, etc.).  El ingreso de dólares al país depende principalmente de la evolución de la economía mundial (shocks externos), exportaciones, del tipo de cambio real y de las remesas. Sin embargo, el país sigue dependiendo principalmente de las exportaciones tradicionales y, en este período, han crecido poco las exportaciones no tradicionales.  El tipo de cambio ha estado sobrevaluado en varios períodos, lo implica problemas de productividad y competitividad externa.

Entre los principales riesgos, en dolarización, están los shocks externos y la restricción financiera externa. Lo primero porque un shock externo puede generar una reducción de ingresos de dólares y, si no se toman medidas, puede generar escasez de divisas, contracción económica, etc. La evolución de la economía muestra una tendencia histórica a shocks externos, que generan crisis económicas recurrentes y de ahí la necesidad de un mecanismo estabilizador.  La restricción externa depende crucialmente de las exportaciones y de la política económica. Las primeras, a su vez, están relacionadas con la productividad y competitividad así como de la diversificación de estas. La política económica debe cuidar los desequilibrios macroeconómicos sobre todo el déficit fiscal y de cuenta corriente. En la medida que estos sean financiados con deuda externa aumentan la restricción financiera externa y de ahí los problemas de sostenibilidad de la dolarización. En este gobierno, la deuda externa ha aumentado en más de 9000 millones de dólares la deuda externa, a tal punto que, según el FMI, la deuda pública ya supera el 40% del PIB, que es límite establecido en la Constitución. Así la caída de la convertibilidad en Argentina y la crisis actual de este país, se explica porque el nivel de actividad económica, el control del tipo de cambio y financiamiento del déficit fiscal se hizo con deuda externa.

La segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Extendida, firmado con el FMI, flexibilizó los condicionamientos tanto en el ajuste fiscal como en las reformas estructurales. Estas se aplicarán entre 2020 – 2021.

En 2019, el déficit fiscal alcanzó 4% del PIB, por lo escasa reducción del gasto y una menor recaudación fiscal. En 2020, en el área fiscal, comenzarán a regir los nuevos impuestos creados con la ley de Simplicidad y Progresividad tributaria (principalmente el impuesto a las plataformas digitales, ICE a la telefonía móvil postpago a empresas,  impuesto temporal a grandes empresas e impuesto a las fundas plásticas, que se cobrará a partir del Abril) que aumentaría los ingresos fiscales en 0.5% del PIB en 2020 y 2021 y se espera una focalización moderada de los subsidios a los combustibles, principalmente de la gasolina extra y del diésel, que generaría un ahorro 0.2% del PIB en 2020 y 2021. En cuanto a la monetización de activos –concesión de entidades públicas- se otorgaría a la central hidroléctrica Sopladora, de la cual se espera ingresos por  800 millones. Se postergaría, para el siguiente año, la concesión de las líneas eléctricas de trasmisión (rendimiento de 800 millones), el campo petrolero Sacha (1.2 mil millones) y la refinería de petróleo Esmeraldas (300 millones).  Además se espera una reducción de 0.3% del PIB en la masa salarial, que incluye el despido selectivo de empleados públicos en varias instituciones, en tres de ellas se exige la eliminación de burócratas que irían hasta el 50% de su plantilla laboral. Así mismo, se seguirá reduciendo el gasto en bienes y servicios. Con todas estas medidas, se espera reducir el déficit fiscal a 1.7% del PIB. Las necesidades de financiamiento alcanzarían a 5.600 millones de dólares, cuyas fuentes de créditos serían multilaterales, préstamos interbancarios, emisión de bonos y CETES. Por otro lado, respecto a los atrasos a los acreedores del sector público de 1692 millones, se cancelarían en tres meses, que es una de las exigencias del FMI para el año 2020. Además, el gobierno llegó a un acuerdo con el Banco Central para pagar su deuda, por lo que en 2020 deberá pagar 181.3 millones por créditos que dio dicho banco a entes estatales, y el siguiente año deberá cancelar 420 millones.

En cuanto a las reformas estructurales, el gobierno enviará por separado los cambios normativos en el Banco central, a las normas presupuestarias y en la regulación y supervisión financiera. También se incluiría la reforma a la seguridad social y un proyecto de ley anticorrupción. El acuerdo no incluye la reforma laboral, pero el gobierno buscará que se apruebe ya que, según el FMI, ayudaría a mejorar la competitividad de la economía y reducción de la informalidad. Esta reforma cuenta con la asesoría del Banco Mundial y OIT que, como ya hemos comentado en artículos anteriores, buscará la flexibilidad laboral (trabajo por horas, labor de 40 horas en cualquier día de la semana, nuevos contratos, etc.). El FMI señala que reduciría el costo de contratación y le daría más dinamismo al mercado de trabajo. También se espera reforma en la ley de empresas públicas, en especial de la propiedad de éstas y. en las asociaciones pública-privada, que hasta ahora no ha funcionado.

La reforma al Banco Central, como ya hemos comentado en artículos anteriores, incluiría su autonomía, gobernanza, prohibición de la financiación del déficit cuasifiscal, recapitalización y restablecimiento del equilibrio en los balances

En lo social, si bien se espera un incremento para los distintos programas de asistencia subsidiados, se aplicarían los nuevos los requisitos de elegilibidad para aumentar la cobertura en 350.000 pobres a su acceso, según el FMI.

El propio FMI reconoce que el gobierno quedó debilitado políticamente con las protestas de Octubre y la no aprobación del mega proyecto de ley urgente en Noviembre del año pasado, por lo que pone en duda que puedan aprobarse, por parte de la Asamblea, los proyectos de ley de presupuesto y la reforma al Banco Central.

El FMI proyecta un crecimiento de apenas 0.2% para 2020 debido a efectos de la protesta social, la incertidumbre política sobre la inversión (por ser año electoral) y menor ajuste fiscal.

La segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Extendida, firmado con el FMI, flexibilizó los condicionamientos y metas relacionados con el área fiscal y política social pero mantiene las exigencias para las reformas estructurales en lo presupuestario, banco central y regulación y supervisión del sistema financiero. En este artículo me referiré a la situación macroeconómica y social de  2019.

Las protestas de octubre, de este año, echaron abajo la propuesta de eliminar totalmente los subsidios a los combustibles y, como efecto de ésta, la Asamblea rechazó, en Noviembre, el mega proyecto de ley que pretendía un fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales. Ante la presión indígena, el gobierno optó enviar por partes dicho proyecto y moderar el aumento impositivo (que analizamos en las entrega del 25 de noviembre y 3 de diciembre). Con la revisión señalada se moderaron las exigencias en las áreas señaladas, incluidas las reformas estructurales. Así, la consolidación fiscal, exigida por el FMI, redujo su objetivo de 5 a 4% del PIB para el saldo primario no petrolero. En otras palabras, se rebajaron las metas del déficit fiscal.

En la revisión, para 2019, se establece que el gobierno no alcanzó a cumplir la meta del déficit primario (no  logró la concesión de activos públicos) y en reservas internacionales. La iliquidez del sector público resultó latente.  Así,  la crisis de la caja fiscal se refleja en los atrasos a los acredores del sector público que serían, en este año, de 1.692 millones de dólares que incluye 628 a los proveedores, 477 a la seguridad social y 585 a los GAD. El gobierno continuó con su política de reducción de gastos, pero más que reducir los gastos corrientes redujo considerablemente el de capital.

Para poder pagar los gastos, el gobierno ha acudido a emitir deuda externa e interna, incluyendo el crédito de 5000 millones del FMI, lo que ha llevado a que la deuda pública alcance el 49.6% del PIB por arriba del 40% que señala la Constitución.

Según el FMI, el crecimiento económico, en el I Semestre de 2019, solo fue de 0.4% (vs. 1.1% en el mismo período de 2018), tanto por la reducción del consumo como de la inversión, lo que muestra la desaceleración de la economía. De acuerdo con el FMI, las protestas de Octubre impactaron en -0.4% en el PIB, aumento del riesgo país a 1400 puntos (después del rechazo del mega proyecto de ley) y se registra un déficit en la cuenta corriente (4% del PIB en 2018), en parte por el aumento de las importaciones a mayor ritmo que el de las exportaciones, financiado por el crédito al consumo. El FMI confirma que la economía se contraerá -0.5% en este año, habría un déficit en la cuenta corriente de 0.8% del PIB,  el déficit fiscal de 3.4% del PIB con un déficit primario no petrolero de 1.1% del PIB y las RMI brutas alcanzaría 4.215 millones de dólares.

Estos datos reflejan la delicada situación de la economía, con una contracción de la economía,  desequilibrios fiscal, en cuenta corriente, bajas RMI, etc. pero también con un deterioro social con aumento del desempleo (4.9% a Septiembre)  y subempleo (19.7% a Septiembre), una subida del sector informal, incremento de la pobreza multidimensional (36.6% a Dic. 2018) y la pobreza por ingresos (25.5% a Junio) que reflejan una reducción del nivel de vida y disminución del poder de compra por un alto costo de la canasta familiar básica que llegó a 715 dólares (Noviembre) cuando el salario básico solo es de 394 dólares, lo que refleja una brecha de consumo para las familias de -321 para una familia con un perceptor de ingreso.

El Congreso aprobó la ley de de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.  El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció, el 17/12/2019, que ésta contiene un conjunto de medidas sociales y económicas que intentan paliar la crisis, en estas áreas, y reducir los desequilibrios macroeconómicos. El proyecto contempla seis grupos de medidas: sociales, tributarias, reactivación, tarifas de bienes y servicios básicos, deuda pública y cambiarias

En lo social, debido al descalabro de la seguridad social, se entregará un bono de 5.000 pesos en Diciembre y Enero de 2020 para los jubilados con pensión mínima y, en el plazo de 6 meses, se reemplazará la fórmula del cálculo de las pensiones. El 70% de la recaudación del nuevo impuesto a la compra de dólares se destinará a financiar la seguridad social, con lo cual se cubren los pagos de los bonos y se apuntala la situación financiera de ésta. Se dispone el reintegro del IVA a los sectores más vulnerables. Se faculta al ejecutivo a que de forma obligatoria los empresarios realicen aumentos de los salarios mínimos. Se declara una emergencia sanitaria con un programa de vacunas para prevención y control de enfermedades, se reduce el precio de los medicamentos y se exonera de gravámenes a las importaciones del Ministerio de Salud. Además, el Plan contra el Hambre entregara tarjetas alimentarias. Aún más, el Ministerio de Trabajo anunció un aumento de salarios.

Para reducir el déficit fiscal, se plantea una serie de tributos. Se vuelve a la progresividad impositiva, que se había eliminado en 2015; para incentivar la repatriación de capitales se gravaría la tenencia de activos financieros en el exterior. Si vuelve una parte de estos, este impuesto adicional no se cobraría. Se elimina el impuesto para inversiones financieras, a plazo fijo y en bonos,  en pesos. Se aumentan las retenciones a exportaciones agropecuarias: en 3% a la soya, que quedaría en 33%, el mismo incremento para trigo y maíz, que pasarían al 15%. Se limita las retenciones a los productos agropecuarios a un 5%, que generan valor agregado. Se incrementa el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, la tasa estadística de importación de bienes de consumo

Para la reactivación productiva, se plantea ayudar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y su recuperación, muchas de las cuales quebraron y están en proceso de liquidación, se aplicará un plan de regularización de deuda y fundaciones sin fines de lucro. Se establece una remisión tributaria de intereses de mora y multas. Por otro lado, las importaciones de los sectores productivos se las exime del impuesto del 30% a la compra de divisas y, además, el 30% del impuestos a la compras de divisas, se destinará para obras de infraestructura y vivienda.

En cuanto a tarifas de los bienes y servicios básicos (gas, luz, transporte), que habían aumentado, algunas de ellas más de 1000% en el gobierno anterior, contribuyó,  según el Ministro, al deterioro de la gente y sectores productivos, se congelan por 6 meses hasta mediados de 2020, en el que se establecerá un nuevo esquema que combine la protección social, incentivo de la producción y fomento de inversión en energía. Se proyecta un sistema de tarifas reajustable.

Para la deuda pública, interna y externa, se propone que se le dote al gobierno de poderes especiales para renegociar la deuda en base a la capacidad de pago en un proceso de recuperación económica. En otras palabras, la renegociación apuntaría a pagar lo que se pueda lo que depende de los resultados fiscales y de balanza de pagos.

Para la situación cambiaria, se crea un impuesto de 30% a la compra de dólares, con lo que espera ahorrar divisas y se mantienen otras restricciones de estas compras (200 dólares mensuales), buscando frenar la influencia que tenía sobre el tipo de cambio. 

Según el Ministro, estas medidas son parte de un programa nacional con capacidad de ahorro y generación de capital. Es un programa integral que busca reimplantar la consistencia macroeconómica.

En síntesis, las medidas de corto plazo, del proyecto de ley, buscan en lo económico reducir el déficit fiscal, con esto y el impuesto a la compra de dólares frenar el aumento del tipo de cambio para reducir la inflación y ahorrar divisas; en lo social, si busca proteger y defender a los más vulnerables de la población –jubilados, trabajadores con salario mínimo, gente de escasos recursos, pobres- con bonos, congelamiento de tarifas de servicios básicos y con el control de la inflación. Se busca restaurar la confianza, calmar las expectativas inflacionarias y reducir los desequilibrios fiscales, cambiarios y monetarios y aplacar las condiciones de pobreza y hambre.