La situación de la economía ecuatoriana se ha vuelto crítica como lo reflejan el deterioro de algunos indicadores macroeconómicos y sociales como el aumento de la percepción de riesgo de la deuda externa, iliquidez de la caja fiscal, incumplimientos de algunas metas del acuerdo con el FMI, con desequilibrios macroeconómicos que complican la coyuntura económica.

En efecto, en el artículo anterior sobre la deuda externa, señalamos que el riesgo país, el 4 de febrero, se ubicó en 1096 puntos y el 27 de ese mes alcanzó 1454 puntos, lo que implica que el riesgo de pago de dicha deuda aumentó, lo cual implica que los empresarios deben pagar 13,2% por arriba de las tasas de interés internacionales para contratar un crédito externo y además la desconfianza de los inversionistas extranjeros en el país más aún cuando Moody’s, la calificadora de riesgo, rebajó la calificación de la deuda externa ecuatoriana cercana a los bonos basura.

El aumento de la iliquidez fiscal se refleja en el pedido del gobierno al Banco Mundial de adelanto de 400 millones de dólares del crédito firmado y en los retrasos de los pagos a proveedores, IESS, ISSFA, ISSPOL, jubilados, etc.

Por otro lado, el gobierno ha incumplido las metas, en el acuerdo crediticio, con el FMI en lo referente a las reservas monetarias internacionales (RMI) y del déficit fiscal. Según dicha calificadora, el riesgo país en 2018 fue de 3.6% y en 2019 aumentó a 3.8%, en buena medida por postergar el ajuste fiscal e incrementar la deuda externa para cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto general del estado, lo que a su vez, además de dejar menos recursos para otros rubros, incrementa el servicio de la deuda que crece cada año por el aumento de la deuda externa en 9.9000 millones de dólares, en lo que va del período del gobierno, y aumento de la deuda interna. Tal es la iliquidez de la caja fiscal que, para pagar pensiones del ISSFA, el gobierno emitió deuda interna que fue comprada por dicha institución.

La coyuntura económica se agrava por la crisis del coronavirus, a nivel internacional, que, en lo económico, ha causado la reducción de precio del petróleo ecuatoriano, por debajo del precio presupuestado en la proforma del estado 2020, y la reducción de exportaciones hacia China y otros, la contracción del turismo receptivo, etc. Con los primeros casos de coronavirus en el Ecuador, en Guayaquil, se nota la escasez de mascarillas, alcohol, etc. y la reducción de la actividad en centros comerciales, es ya un preludio de la afectación de otras actividades comerciales que afectaría hasta la proyección de crecimiento para 2020 establecida en 0.2% por el FMI, implicado que, por segundo año consecutivo, tendríamos una nueva recesión con impactos en los indicadores sociales.

Desde el 11 de Febrero, una misión del FMI estuvo en Quito revisando el cumplimiento de las metas del último trimestre de 2019. Como ya dijimos, en ese año no cumplió con las metas de RMI y déficit fiscal. Si hay visto bueno del FMI, espera recibir 348 millones de dólares en Marzo. Para asegurarse dicho desembolso el gobierno se comprometería a eliminar el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, el envío del proyecto de ley de reforma al código de las finanzas públicas (que establecería nuevas reglas presupuestarias) y la autonomía del Banco Central.

El gobierno firmó un acuerdo crediticio por 6.000 millones de dólares (a más de los 4.200 millones de dólares con el FMI) con la CAF, BID, FLAR y Banco Mundial (BM). De éste último, espera recibir en 2019-2020 unos 500 millones y una operación FPI por 350 millones. El financiamiento promedio anual del BIRF será entre 500 y 800 millones. Por ello, le urge al gobierno, para enfrentar la iliquidez de la caja fiscal, los fondos del FMI y del BM. Todo este financiamiento implica el cumplimiento de objetivos que, al igual que con el FMI, implica cumplir metas incluidas en el acuerdo con el Marco de Cooperación con Ecuador (MCE) del BM. Entre ellas, adoptar un modelo de economía de libre mercado comandada por la empresa privada, la eliminación del BIESS y pasar sus operaciones a la banca privada, programas sociales, etc.

Además del déficit fiscal, contracción de la economía, baja RMI, aumento del desempleo, etc. el país enfrenta una abultada deuda externa que lleva a la interrogante de la sostenibilidad de la deuda, que ha sido agravada, por la coyuntura, y genera incertidumbre sobre la capacidad el país para servirla.

En lo que va, del periodo de este gobierno, la deuda externa ha aumentado en 9.900 millones de dólares, que ha conducido a que el porcentaje de la deuda total este por arriba del 40% del PIB como lo señala la Constitución. Más aún, a fines de la primera semana de Febrero de 2020, Moody’s rebajó la calificación de la deuda ecuatoriana de B3 a CAA1, lo que significa una calidad especulativa y de muy alto riesgo, cercana a la calificación de bonos basura. Eso llevo a que el riesgo país sobrepase la barrera de los mil puntos para ubicarse el 4 de Febrero en 1096 puntos. Desde el 22 de Enero dicho riesgo aumentó 244 puntos. Eso implica menos confianza en la capacidad de pago del país para cubrir la deuda externa.

Las razones que anota, dicha calificadora de riesgo, es la demora en la aprobación de reformas económicas, acordadas con el FMI. En especial, le preocupa el déficit fiscal. Con la aprobación de la  ley  de Simplicidad y Progresividad Tributaria, una reforma tributaria, que creo varios impuestos, se estima que rendirán adicionalmente 540 millones de dólares en 2020 y en los 2 siguientes años, pero que no son suficientes para reducir dicho desequilibrio fiscal. El déficit, según la calificadora, fue en 2018 de 3.6% y en 2019 creció a 3.8%. En el 2020, para incrementar los ingresos el gobierno espera implementar la eliminación de los subsidios a la gasolina super y extra. En este año, la situación fiscal se ha complicado pues, por la epidemia del coronavirus en China, este país redujo su demanda, lo que afecto al precio del crudo ecuatoriano, fijado en 51 dólares en la proforma presupuestaria, bajando alrededor de 10 dólares debajo de esa meta y, por otro lado, el cierre de exportaciones de flores a ese país, por San Valentín, agrava la coyuntura económica- Y más preocupante, se tornaría la situación fiscal, por el el crecimiento de la economía en 200 que, según el FMI, sería solo de 0.2%. Con por lo señalado, puede llegar a cero.

Pero a Moody´s no le preocupa la capacidad de pago del país, en el corto plazo, sino la de 2022. Por un lado, el programa con el FMI concluye en 2021. Por otro, el 2020 es un año político, considerando Moody’s que el gobierno tome nuevas medidas, excepto la eliminación del subsidio a las gasolinas, para incrementar los ingresos fiscales, y, en 2021 las elecciones se celebraran a fines de febrero. La posesión del gobierno sería en Mayo y, hasta que el nuevo régimen tome decisiones habrá un compás de espera por parte de los empresarios en relación a sus decisiones de inversión. Según la calificadora, los problemas de la sostenibilidad de la deuda serían a partir de 2022, dado los fuertes vencimientos de la deuda y en 2023 las necesidades de financiamiento del gobierno central estarían alrededor del 7 u 8% del PIB. Según el Vicepresidente de Riesgo Soberano, de Moody’s, aún con un reperfilamiento de la deuda, el país corre el riesgo de default.

Pero no solo es un problema de deuda externa sino además interna. El gobierno tiene deudas con los proveedores, con el IESS alcanzaría a 5000 millones y además tiene deuda con los GADs. En otras palabras, los vencimientos importantes de deuda externa  tendrá que enfrentarla el próximo gobierno a más de cumplir con los compromisos de pago de deuda interna señalados.

El actual gobierno obtuvo financiamiento de varios organismos multilaterales: FMI, BID y Banco Mundial (BM).  Con este último firmó un acuerdo crediticio para financiar algunos proyectos, en el periodo 2019 – 2023, que obliga al cumplimiento de algunos compromisos en el  Marco de Cooperación  con Ecuador (MCE). Se trata de lo que se llamó una condicionalidad cruzada con el FMI.

El MCE comprende 3 áreas y, en cada una de ellas, hay objetivos específicos. La primera área es la de Apoyar las bases para un crecimiento inclusivo que busca alcanzar 3 objetivos: mejorar la eficiencia del gasto público, mejorar las condiciones para el desarrollo del sector privado y mejorar la inclusión y la intermediación del sector financiero.

El MCE reconoce explícitamente que el gobierno busca cambiar el modelo de crecimiento para que sea impulsado por el sector privado, a diferencia del gobierno anterior en que el motor de la economía era el sector público. Para ello, busca darle mayor espacio al sector privado mediante inversión extranjera directa, privatización de la propiedad o administración de los activos públicos, integración al mercado mundial con acuerdos de comercio y mejorar la competitividad. En otras palabras, lo que el gobierno no ha dicho, lo dice claramente el BM: un modelo de libre mercado, con mínima regulación y comandado por el sector privado. Ya conocemos cuales son los efectos económicos y sociales de este esquema, solo basta mencionar el caso de Chile. Para ello propone una mejora del clima de negocios, cambios normativos que faciliten la participación del sector privado en la economía y, lo que llama el BM, “mejorar la complementariedad entre las instituciones financieras públicas y privadas.” Esta es una forma encubierta para señalar el traspaso de negocios financieros de los intermediarios públicos a los privados.

En cuanto al sector real, plantea explotar principalmente más el sector primario (frutas y verduras, minería, turismo y transporte). En cuanto al sector financiero diagnostica que hay distorsiones que dificultan el acceso a recursos tanto de empresas como de personas. Señala que el sector público ha desplazado al sector financiero privado generando una intermediación deficiente y bajo acceso a los recursos financieros. Manifiesta que las cooperativas de ahorro y crédito  han tenido un papel preponderante que ha limita la inclusión financiera y restringido el financiamiento del Banco Central. El objetivo del BM es respaldar la reforma del sector financiero para hacerlo más eficiente y que asignen más recursos a empresas y personas. Para este objetivo propone el BM:  “Se prevé que la función del sector financiero público pasará a bancos de segunda línea, lo que permitirá que los bancos privados crezcan  y proporcionen el financiamiento necesario a los empresas y hogares.” Dicho en términos claros: eliminar o reducir la banca pública y pasarle el negocio financiero a los bancos privados.

En el caso del BIESS, la recomendación es muy clara. Según el MEC, se propone “La eliminación del BIESS… que administra el sistema de pensiones mediante inversiones en hipotecas y letras estatales…se desarrollaría un mercado de deuda…que permitirá transferir estos activos financieros de bancos públicos a bancos privados.” En otras palabras, quitarle al IESS la concesión de créditos hipotecarios y quirografarios y entregárselos a bancos privados.

Recordemos que fue el IESS el que manejaba los créditos hipotecarios y que comenzó a desarrollar este nicho de mercado dando la posibilidad que muchos, en especial la clase media, comprara su vivienda con este financiamiento. Después, en 2009, con la creación del BIESS, este desarrolló dicho mercado cobrando tasas de interés muy bajas en relación a las de la banca privada. El BIESS continuó con la labor del IESS posibilitando que miles de afiliados obtuvieran su vivienda. El BIESS es un modelo único en América Latina, donde los recursos de los afiliados se orientan no solo a los créditos hipotecarios sino además créditos quirografarios, créditos de consumo. Es inaudito que el BM proponga, con débil argumento, que se le pase el negocio de los créditos hipotecarios a la banca privada. Donde quedan los derechos de los afiliados. EL BIESS ha entregado dichos créditos cerca de la mitad de la tasa de interés a la que ofrece la banca privada. Sin duda, el BIESS tiene problemas, principalmente de morosidad de su cartera y gobierno corporativo, que puedan corregirse mediante una buena administración, de lo cual trataremos en un artículo posterior.