La coyuntura actual está dominada por lo político. La negociación del proyecto de reactivación económica, de la consulta popular, acuerdo para apoyar el juicio político al Vicepresidente, la formación del capital político, etc. están mediadas por lo político y, en algunos casos, definirán cuál será su desenlace.

Para el régimen es crucial formar su capital político y necesita armar una base de apoyo popular y respaldo de organizaciones políticas que le den sustento. En la coyuntura actual, observamos que está construyendo respaldo de nuevas organizaciones –Democracia Sí, Alba, etc.-,  del ala morenista de AP y de movimientos y organizaciones sociales. Por otro lado, el apoyo popular está basado en ampliar la política social, con el Plan Toda Una Vida.

Democracia Sí está en proceso de aprobación de su personería jurídica. La felicitación del Presidente, en el homenaje, al líder de esta organización, así como el respaldo  de éste último a la consulta popular, muestran que la relación es bidireccional; por otro lado, la labor del movimiento Alba –que promueve el apoyo, en las calles, a la consulta popular- y  la campaña de la Vicepresidenta encargada, impulsando la consulta, buscando el respaldo de organizaciones sociales, son parte de la construcción de la base de apoyo político y formación del capital político del régimen.

Con este objetivo, busca tomar las riendas de AP. Para ello, ha logrado poner de su lado a 44 asambleístas, de los 75 de AP. Pero además, está buscando el respaldo de la mayor parte de las directivas provinciales de AP, para nombrar la cúpula del movimiento y manejar a AP. Por eso, Moreno convocó a reunión de la Directiva Nacional, que destituyeron a la Secretaria Ejecutiva y segundo vicepresidente, y acordó que después fijarán fecha para una Convención Nacional, desconociendo la que hizo el ala correista, apremiado por  el regreso de Correa. En dicha reunión, nombró a sus adeptos para tomar el control de AP. Más aún, quiere copar todo el poder ejecutivo apoyando, en el juicio político, la destitución del Vicepresidente.

La búsqueda de apoyo popular se basa en el Plan Toda una Vida que ofrece casas gratuitas, pensión para  adultos mayores, aumento del bono de desarrollo humano, más apoyo a discapacitados, etc.  A eso se suma el pago a profesores jubilados. Esta política social se mantiene con subsidios y subvenciones, que además permiten mantener bajos precios de combustibles, busca  llegar a los más pobres y marginados de la sociedad y, con dichos precios así como con otros servicios, a la clase media. El respaldo popular se sustenta en la política de redistribución del ingreso. .

La firma del decreto que elimina o rebaja del saldo del anticipo al impuesto a la renta, la entrega del manejo del dinero electrónico a la banca privada, el cambio parcial del equipo económico etc. son concesiones al sector privado para que la oposición apoye el proyecto de ley de reactivación económica que, a más de lo que dice su título,  busca recaudar más para financiar el alto nivel de gasto público y dinamizar la economía.

El regreso de Correa busca armar a los correistas y afianzar el apoyo al No en algunas de las preguntas de la consulta. El régimen depende para tener éxito  de consolidar su capital político para asegurar su destino.

 

La declaración del último ex ministro de Educación, del gobierno de Correa, sobre la ruptura del bloque parlamentario de AP en dos es la crónica de una muerte anunciada. Una parte del bloque apoya al presidente Moreno y la otra es del ala correista, con lo que la continuación el proyecto de la Revolución Ciudadana se vería truncado.

La rebelión de la sede del Guayas de AP contra la directiva nacional y la declaración de Patiño sobre el incumplimiento de Moreno del Plan de Gobierno muestran que la ruptura se dio. Ante esta coyuntura el gobierno buscaría formar una nueva mayoría en la Asamblea con el ala morenista de AP y partidos de oposición.

Dado el anuncio de las recientes medidas, que analizamos en este blog, entre las cuales afectan a empresarios: el aumento del Impuesto a la Renta a las empresas, el incremento del arancel para cientos de productos y el establecimiento de una tasa aduanera. La reacción de las Cámaras fue oponerse a estas medidas y plantean una contrapuesta. También al parecer, algunos partidos de derecha (PSC, CREO) no estarían muy de acuerdo con estas medidas.

De ser así, el gobierno tendría dificultades para que se aprueben en la Asamblea las leyes necesarias para ejecutar las medidas señaladas y otras, con lo que habría incertidumbre respecto a la política económica. La oposición sigue criticando que se mantiene el mismo equipo económico y por lo tanto se está siguiendo el mismo rumbo del gobierno anterior.

El endeudamiento externo de 5.600 millones, en los primeros 5 meses del gobierno, continúa la misma línea del gobierno anterior para obtener liquidez y mantener el nivel de actividad económica. El peso del servicio de la deuda pública de 9.200 millones, en el presupuesto de 2017, es alto y obliga a reducir el gasto para otros rubros, entre ellos los sociales. El presupuesto para este año aumentó, en relación al anterior, y la austeridad es muy tibia, con lo que se sigue aplazando el ajuste y las reformas estructurales.

En el fondo, se sigue trasladando hacia los siguientes años los desequilibrios económicos, entre los que destacan el déficit fiscal, el desempleo y la reactivación económica. Más aún, si el gobierno no logra mayoría parlamentaria para aprobar las leyes que le permitan implementar su plan económico habría incertidumbre y las expectativas de los agentes económicos se tornarían más pesimistas lo cual puede afectar el nivel de actividad económica.

Habría que esperar el próximo año para que, una vez que el gobierno triunfe en la consulta, tome las riendas de la economía una vez que obtenga apoyo popular y aumente su capital político. En consecuencia, es el factor político, con una alianza del gobierno con la oposición, que determinaría hacia dónde va la economía y la política económica.

En la primera semana de asumir el nuevo gobierno colocó 2000 millones de dólares en bonos  en el mercado internacional y, en esta semana el titular de Finanzas anunció la emisión de 2.500 millones más en dichos bonos, a lo que se suma un crédito por 500 millones dado por Golman Sachs con garantía de reservas. Además Petroamazonas emitirá en Noviembre 350 millones O sea que, en 7 meses, el gobierno  aumentaría el endeudamiento externo en 5350 millones, a pesar de haber criticado a su antecesor por mas deuda.

La emisión de los 2000 millones fue a 10 años plazo y 8.8% de interés. Las necesidades de liquidez, y sostener el gasto público son las razones para este crédito. En cambio, el crédito de Golman Sachs es para inversión. La proforma de 2017 incrementó se incrementó en 10% en relación a la de 2016 en términos efectivos. El gasto corriente previsto es de 52%, la  amortización deuda será de  29,1 del total del presupuesto y se mantiene el nivel de inversión. El financiamiento neto previsto alcanza los 4794 millones. Se estima que los impuestos aumentarían en 6,9% en relación al año pasado. El déficit sería de 4.8% del PIB  y la tasa de crecimiento 0.7%.

Las medidas de austeridad fiscal han sido tibias y representan un recorte de menos del 1%. El gasto corriente es alto y no se lo reducido en manera significativa, se mantienen todavía rubros que pueden ser prescindibles. Por otro lado, el tamaño del estado sigue siendo excesivo dado la actual situación de escaso dinamismo de la economía y no se han tomado medidas más drásticas para reducirlo. A eso se suma, los déficits de empresas públicas, como el de Tame que representa más de 170 millones y, para agravar el panorama, la orden de la Contraloría que el IESS debe registrar la deuda del gobierno de cerca de 2000 millones llevaría a que aumente el supuesto déficit actuarial, lo que haría que el déficit fiscal global este muy por arriba del 6% del PIB.

Los problemas de liquidez y el sostenimiento del gasto apuran al gobierno. El nivel del gasto corriente es alto y se ha reducido el de inversión. El FMI anunció que la tasa de crecimiento sería solo de 0.5%, lo que podría bajar los ingresos fiscales, lo cual llevaría a un aumento del déficit alrededor del 5% del PIB. El gobierno sigue postergando el ajuste y la reducción del tamaño del Estado, trasladando el problema hacia el futuro. El nivel de gasto público, dada las condiciones actuales de la economía, y financiado con deuda no es sostenible. Al parecer, lo que el gobierno busca es fortalecerse políticamente ganando la consulta y buscando aliados para fortalecer su capital político, tanto con nuevos movimientos y partidos tradicionales, tratando de formar una alianza que permita mayoría en la Asamblea que viabilice la aprobación de proyectos de ley anunciados, entre ellos el aumento del Impuesto a la Renta a las empresas y la reducción y devolución de otros. Dado que es previsible que gane la consulta, entonces tendría listo el escenario para tomar medidas. ¿Hay que ver si decide el ajuste y recorte del tamaño del estado?

En una nota técnica de la OIT se advierten los problemas de sostenibilidad de los fondos del IESS por la política adoptada por el IESS. De este trabajo, destacan dos medidas. La primera es la reducción de las asignaciones al seguro de pensiones y riesgos del trabajo y un aumento al seguro de salud. Cobertura a nuevos grupos no contributivos que “incremento en los costos sin la realización de los estudios actuariales que garanticen el equilibrio financiero del sistema”.

Dados los problemas financieros que ha enfrentado el seguro de salud, se ha adoptado una política de aumentar su contribución en 4.23% pero se redujo a costo de reducirle la aportación al seguro de pensiones en 3.68%, 035.% a riesgos del trabajo y 0.2% a Administradoras de Pensiones. Esta política durará hasta 2021, en el que el fondo de pensiones solo recuperará 0.92%, salud disminuirá 0.55% y riesgos de trabajo menos 0.17%. Si bien, se contrató un estudio actuarial para estos cambios hay críticas a éste por parte de profesionales de la EPN y de la Oficina Andina de la OIT.

En cuanto a las observaciones de ésta última, hay dos principales. La primera es que para 2017 “los ingresos previstos por cotizaciones del Seguro de Pensiones, representan menos de la mitad de los gastos por concepto de prestaciones, es decir, que para solventar los gastos de este Seguro será necesario tomar de la Reserva 1752 millones de dólares”. La segunda se refiere al Seguro de Salud es que a pesar del incremento de la cotización, para 2017, será necesario gran parte de las reservas para cubrir sus gastos y se prevé que la situación empeore en los siguientes años más aún si se rebaja la tasa de aportación en 3.84% hasta 2021. Entre las principales  recomendaciones de la Nota Técnica es realizar un estudio actuarial integral independiente e identificar las causas del déficit financiero del Seguro de Salud.

Los problemas del Seguro de Salud se han agravado por el aumento de sus costos, en parte, por la construcción de nuevos hospitales y la operación de los mismos. En concreto, la Nota Técnica de la OIT pone en duda de la viabilidad financiera del seguro de salud y de pensiones.

La situación financiera del IESS es complicada y para resolver su déficit actuarial las medidas que se han adoptado en los países con crisis en la seguridad social han sido aumento de la tasa de aportación, de la edad de jubilación y recorte de prestaciones. Las más radicales han sido pasar de un sistema solidario a uno de capitalización individual o sea un sistema de pensiones y de salud privado.

Es necesario la transparencia de las cuentas de seguridad social, la realización de estudios actuariales y la factibilidad de las aportaciones estatales al IESS. El déficit actuarial significa que, por ejemplo, el seguro de pensiones, en un futuro no muy lejano, no pueda cubrir las pensiones de los asegurados. Y ahí, ante la situación de iliquidez, deban adoptarse las medidas señaladas. ¿Esperamos a ver qué pasa o deben sincerarse las cuentas de la seguridad social ahora? No se puede seguir aplazando el problema.