Luis Rosero M.
El gobierno anunció que se incrementará la oferta eléctrica con las contrataciones realizadas y que se reducirá la duración de los apagones. La duda es si se efectivizará esa oferta, por lo que el país seguirá dependiendo de esto y de la naturaleza para eliminar o reducir los cortes de luz. La información, al parecer, revelaría que los apagones podrían reducir su duración diaria.
En el Plan Maestro de Electricidad 2018-2027, se estimó las necesidades de inversión en el sector eléctrico, en función de la demanda, para ampliar la oferta de energía eléctrica. Si la demanda crece más que la oferta eléctrica, habría un déficit de energía que no cubre totalmente la demanda. En 2023, el déficit fue 465 MW. En octubre de ese año, se iniciaron los apagones en el país, por el estiaje y la no previsión, por parte del ministro Santos Alvite, para atender el estiaje que se adelantó un mes, por lo que fue censurado por la Asamblea. Los gobiernos de Moreno y de Lasso, no realizaron las inversiones (construcción de otros proyectos y mantenimiento de las plantas hidro y termoeléctricas) en el sector eléctrico, previstas en el Plan Maestro de Electricidad, lo que aumento el déficit anual de energía. O sea, hace un año ya se conocía que había dicho déficit. A fines de 2023 el Ministerio de Finanzas, del gobierno de Noboa, debitó de las cuentas de CELEC 500 millones y también de Petroecuador, lo cual dejo sin recursos a la primera para mantenimiento termoeléctrico. Ya para 2024 dicho déficit aumentó a 1080 MW. La ex ministra de Energía, del gobierno Noboa, en su juicio en la Asamblea, presentó un escrito en el cual señala que desde el 24 de noviembre de 2023 inicio una «carrera contrarreloj para evitar nuevos apagones para el segundo semestre de 2024…. Durante los primeros días de abril, se registraron tanto altas temperaturas como sequías y disminución exponencial en los caudales de los ríos (escenarios completamente atípicos para este mes). Por ello, el 1 de abril alerté a las máximas autoridades sobre la situación que estábamos atravesando, indicando que todos nuestros esfuerzos se concentrarían en manejar cuidadosamente los embalses y en utilizar la generación térmica que habíamos recuperado hasta el momento.” Más aún, en abril de 2024, el gerente de CELEC advirtió de la posibilidad de un colapso del sistema eléctrico. Y el 16 de abril, de ese año, el gobierno anunció el cronograma de apagones.
Recién en junio de este año, se decretó la emergencia eléctrica y se iniciaron las rondas de negociaciones para proveer de más energía eléctrica. En la primera contrató 341 MW con varias empresas, de las que ya entro en operación la barcaza eléctrica. Sin embargo, según Primicias, en esta ronda, la efectivización de lo contratado, con la empresa americana Progen, por 150 MW, estaría en duda. Con esta, el gobierno firmo dos contratos, el primero, de 50 MW, se vence el 5 de noviembre de este año y, el segundo, de 100 MW, que vencería a principios de diciembre, pero la empresa solicitó la ampliación de los plazos para postergar la entrega de lo acordado por los huracanes en La Florida. En una entrevista, el presidente declaró que estaría trayendo turbinas en aviones de la FF.AA. Por otro lado, las posibilidades de contratación de energía de Colombia, sería con empresas privadas, a fines de noviembre, y con los precios que establezcan estas. En consecuencias, hay incertidumbre sobre la duración de los apagones en noviembre. A partir del 31 de octubre la duración de los apagones se redujeron entre 10-11 horas y se anunció que en el feriado de noviembre serían de 6 horas e incluso a 4 horas en las provincias de Chimborazo, Santa Elena y Esmeraldas por el aumento de caudales de los ríos que abastecen a las centrales hidroeléctricas en dichas localidades. En la primera ronda, también se contrató con Austral Technical 89.9 MW, que se deberían entregar a fines de diciembre.
En la segunda ronda de negociaciones, se contratarían siete proyectos 719 MW. De estos. 300 MW, con dos contratos. El primero, con 260 MW, que operaría en diciembre de este año y enero del próximo. El segundo sería de 40 MW. Además, el gobierno anunció que en diciembre entraría a operar la central Toachi-Pilatón, que terminaría su construcción. Sin embargo, toda central hidroeléctrica debe ser primero sometida a pruebas. El resto del incremento de oferta eléctrica, o sea 419 MW, entraría a operar en el I cuatrimestre de 2025. En este período, como antes, el país dependería del comportamiento del invierno, las corrientes de aire, influencia de El Niño y La Niña, y que haya suficientes lluvias para que pueda llenar los embalses de la mayoría de las hidroeléctricas que son las que abastecen las dos terceras partes de la energía eléctrica del país.
De la primera ronda de negociación recién, a partir del 16 de setiembre de 2024, entró en operación la barcaza de generación eléctrica. Por lo que, con problemas de cumplimiento de contratos de los 150 MW con Progen, hay la probabilidad que, por lo menos hasta noviembre seguirían los apagones pero con menor horas de duración diaria. En diciembre, dependiendo de que las empresas oferentes cumplan con los contratos y entre en operación la central Toachi-Pilatón, podrían continuar los cortes eléctricos reducidos.
En síntesis, dada la información señalada, lo más probable es que continúen los apagones, aunque de menor duración diaria, en los dos últimos meses del año. En el primer cuatrimestre del año 2025, dependiendo de la normalidad del invierno y que las empresas oferentes cumplan con lo contratado, podría reducirse el tiempo diario de los apagones. El gobierno, con las contrataciones, busca repotenciar y aumentar la generación termoeléctrica, para superar temporalmente la crisis, pero se sigue manteniendo una matriz energética basada en energía hidráulica (agua) y termoeléctrica (combustibles fósiles). Para cubrir el déficit de energía, con otras fuentes renovables (fotovoltaica, eólica y vapor), requeriríamos un mediano y largo plazo, que son importantes para suplir los problemas de sequía que afecta a las hidroeléctricas. En este marco, la Asamblea aprobó la reforma energética propuesta por el ejecutivo y dio luz verde a la Ley para impulsar la iniciativa privada en la generación eléctrica, que permitiría al sector privado invierta en proyectos de hasta 100 MV en energías renovables. La participación del sector privado esta contemplada en la constitución bajo la égida del estado. Sin embargo, ciertos empresarios buscan la creación del mercado mayorista de energía a cargo del sector privado, o sea la privatización del servicio de provisión de energía eléctrica. En la constitución de 2008 se establece que el estado es el que debe desarrollar el sector eléctrico considerado como un área estratégica.
Además, el gobierno aumentó la tarifa al sector industrial que abarca a mineras, petroleras y acereras, con lo cual redujo el subsidio a éstas. Esto abre la posibilidad de que se ajusten también a otras actividades económicas y al sector residencial.