EN LA CUERDA FLOJA (I)

Luis Rosero M.

La admisibilidad del juicio político al presidente, emitido por la Corte Constitucional (CC), pone al gobierno al filo de la navaja su continuidad en el poder y refleja la grave crisis política, social y económica en que esta sumido el país y que puede generar una convulsión social y ahondamiento de la crisis.

Tres actos de violencia significativos revelan la gravedad de la crisis de seguridad ciudadana y de corrupción. El asesinato del director de un hospital público en Esmeraldas y de la directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado, en Guayaquil, revelan hasta donde pueden llegar las garras de la corrupción. El ataque y adhesión al cuerpo de explosivos a un guardia de seguridad, en Sauces 9, un populoso sector de Guayaquil, muestra como el crimen organizado, a través del miedo, busca imponer la extorsión (“vacunas”) como un pago por un supuesto servicio de protección y finalmente el asesinato de Rubén Cherres expone los mecanismos que pueden utilizarze para silenciar a actores ligados a esquemas de corrupción en empresas públicas. El presidente viajo, el año pasado, a Israel para tratar de implementar un sistema de seguridad y estrategia de inteligencia. Hace poco renunció el secretario anticorrupción denunciando a las bandas organizadas de corrupción y el secretario de seguridad realiza acciones infructuosas. No hay, en el gobierno, ni política de seguridad y estrategia de inteligencia para enfrentar la inseguridad ciudadana ni una política pública para enfrentar la corrupción. La repuesta del presidente ha sido estado de excepción y ahora porte de armas para poner mano dura a la violencia. La ineficacia del gobierno para enfrentar la violencia y combatir la corrupción conlleva cada vez mas la desaprobación de la gestión del régimen y la violencia, aumenta su intensidad, sigue imparable. La Posta denunció algunos hechos de corrupción y entre los implicados esta Cherres y según un observatorio el país está en el puesto 15 de 193 países en tener presencia de bandas delictivas. Surgen otras hipótesis ¿hay ineficacia en frenar la violencia o es una forma de desviar la atención acerca de la corrupción en el sector público?  ¿La mano dura para frenar la violencia y el porte de armas puede dar lugar a batallas de la población con los delincuentes generando víctimas que ocuparan los espacios de los medios de comunicación y desvió de la opinión pública? O más grave aún, ¿el estado está dominado por mafias?

Si bien la crisis política se agravó con la pérdida del referéndum que el gobierno convocó y se convirtió en una evaluación y rechazo a su mala gestión gubernamental, el juicio político lleva al régimen a caminar por la cuerda floja y corre el riesgo su continuidad como ya lo previeron, meses atrás, instituciones financieras. La repuesta del presidente fue de que se trata del asesinato de su reputación. El juicio político, es un epilogo, de un manejo ineficiente de la gestión gubernamental, de una crisis social que se refleja en el aumento del subempleo, pobreza y hambre, de un modelo económico que no cuaja y que persiste en una política de atraer inversión extranjera, que no llega, y, un ajuste que reduce la inversión pública y el gasto social, y que provoca un bajo nivel de actividad económica, de una política agresiva de endeudamiento que hipoteca al país. No se trata de la reputación de una persona, sino de los graves problemas estructurales que han llevado al país a una grave crisis política, social y económica. El tema de fondo son los problemas de la población, de la gente, de los marginados, de una estrategia económica ineficaz y que busca obtener equilibrios macroeconómicos, a toda costa, olvidándose de la gente. Hay que enrumbar al país por nuevos horizontes que genere crecimiento, reducción de la inequidad y bienestar.

Al régimen, aunque se mantiene caminando en la cuerda floja, se le presentan otras opciones. La negociación de los votos para el juicio político que recordar la obra Por la plata baila el perro de Pedro Jorge Vera o la entrega de instituciones públicas a los adversarios. Una segunda posibilidad es que se rompa el acuerdo UNES-PSC o negocien con el gobierno.  Otra opción descartable es la renuncia porque sería aceptar, dejar dudas sobre los hechos de corrupción y la decisión de no querer que asuma la segunda magistratura al poder y la última la muerte cruzada que tiene sus riesgos. Con tan baja aprobación, por parte de la población, el régimen volvería a perder las elecciones. El juicio político deberá concluir en 45 días, o sea el 3 de Mayo. Si quiere hacer uso de esta norma constitucional, debe hacerlo en los primeros días de ese período, pues mientras más avance el tiempo mayores son las posibilidades de sumar votos en contra y la triple crisis avanzaría provocando más rechazo de la población. En caso de destitución del presidente y la asunción del vicepresidente, él será un rehén de la oposición. Vendrá un mes y medio de incertidumbre, que seguirá agravando la triple crisis y afectará significativamente a la economía y consecuentemente la crisis social se ahondará. Ya el Banco Central rebajó su proyección de crecimiento y el riesgo país ya ronda por los 2000 puntos, un reflejo de la grave triple crisis del país, más aún cuando los organismos especializados informan de la posibilidad de un fenómeno de El Niño, en el segundo semestre de este año.