Luis Rosero M.
El gobierno envío proyecto de ley combo, con carácter de económico urgente, que propugna reformas estructurales (laboral y tributaria) y otra institucional. Previamente, la Secretaría Nacional de Planificación aprobó el Plan de Desarrollo titulado Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025 que está relacionado con dicho proyecto.
La reforma laboral propuesta establece un régimen laboral paralelo al del Código de Trabajo (CT). Crea un contrato individual de trabajo alternativo (de tiempo definido e indefinido) al del CT que mantiene los beneficios sociales, vacaciones y fondo de reserva pero con un cálculo diferente al del CT para los casos de desahucio y despido intempestivo que se inscriben en un nuevo contexto. Sin embargo, por varios mecanismos, reduce el costo salarial. Es una forma de flexibilización laboral. Mantiene y define al emprendedor y al artesano, estableciendo un régimen tributario especial para ambos grupos. Dicha reforma se inscribe en el objetivo 1 del eje económico, que busca generar empleo a través de nuevos tipos de contrato de trabajo y fomento de inversiones, del Plan de Desarrollo.
La reforma tributaria incluye varias partes. Crea una contribución temporal al patrimonio para personas naturales cuyo patrimonio sea mayor a 500.000 dólares y para las sociedades cuyo patrimonio sea de un millón de dólares o más, por dos años (2022 – 2023). Implanta un régimen impositivo voluntario, único y temporal, para quienes decidan repatriar sus activos (capitales) en el exterior. Establece un Régimen tributario especial para Emprendedores y Negocios Populares –RIMPE- en que incluiría a los artesanos como negocios populares. El RIMPE es un impuesto a la renta y lo tributaran quienes tengan ingresos de 20.001 a 300.000 dólares. Esta parte de la reforma tributaria se relaciona con el objetivo 4 del eje económico que busca la sostenibilidad fiscal y reducir el déficit fiscal. Establece cambios en la tabla del cálculo en el impuesto a la renta implicando que lo pagaran quienes tengan ingresos netos desde $ 11.310,01 anuales y además hay una reducción en las deducciones en el impuesto a la renta con lo cual aumenta la base imponible lo cual significa que a partir de ingresos de 2670 mensuales los contribuyentes pagaran más, pero esto es de carácter permanente. Se elimina el RISE y el impuesto para microempresas. Se establecen nuevos porcentajes de la base imponible del ICE y se lo elimina para los planes de telefonía móvil a personas y empresas y en el IVA se eliminan el cobro a algunos productos entre los que están: glucómetros y otros aparatos médicos, papel y libros, vehículos eléctricos para transporte público y carga, toallas sanitarias y otros para higiene, servicios de hoteles a extranjeros. Se establecen incentivos tributarios –no pago de impuesto a la renta o ISD por 15 años- a nuevas inversiones. No se toca el ISD como se prometió. De acuerdo a Expreso, las declaraciones del Ministro de Finanzas, con el ajuste a las deducciones del impuesto a la renta aumentará los ingresos fiscales en 700 millones y la contribución especial temporal al patrimonio otra cifra igual con lo que el total que dejará la reforma será 1400 millones con lo cual se aspira a ir reduciendo el déficit fiscal de 2021 de 4.8% del PIB, hasta llevarlo a cero hasta 2025. También se obtendrían más recursos fiscales con el aumento de la explotación petrolera, la privatización, concesión y por la reactivación económica.
El Plan de Desarrollo señalado incluye 5 ejes: económico, social, seguridad integral, transición ecológica y el institucional. Las reformas institucionales se refieren a la reforma a una serie de leyes entre las que están: Código de Trabajo, tributarias, planificación y finanzas públicas, sectores estratégicos, entre otras. Tanto las dos reformas estructurales (laboral y tributaria), las institucionales y el Plan de Desarrollo se analizaran por separado, las que serán expuestas en los siguientes artículos.
Las reformas estructurales y las institucionales planteadas en el proyecto de ley se inscriben en la corriente neoliberal y probablemente también en la renegociación del convenio de crédito con el FMI que tradicionalmente incluyen políticas de ajuste, reformas estructurales e institucionales que buscan la vigencia de una economía de mercado. El proyecto tiene varios aspectos, sobre todo en las reformas institucionales, que lleva a preguntarse ¿si es constitucional? La reforma tributaria afecta permanentemente a la clase media baja y alta. Los integrantes de esta última y los empresarios pagaran una contribución que es temporal y la reforma laboral es una forma de flexibilización que raya con la precarización laboral. Lleva a interrogarse entre el límite entre el trabajo formal e informal. Por ello, el régimen tiene precaución en la política tributaria y otras por el temor a la protesta social.