Luis Rosero M.
A los diferentes casos de corrupción, ya señalados en artículo anterior, se suma ahora el robo de las ayudas públicas (bonos sociales) en tanto que a los empleados públicos no se les pagan sus remuneraciones a tiempo, al igual que a los médicos postgraduados, a los GADs y a los proveedores. Esto muestra las prioridades que tiene el gobierno en cuanto al manejo del presupuesto y crisis.
En un artículo anterior, sobre el tema de la corrupción, dije: “A los anteriores casos de corrupción con sobreprecios en mascarillas, en fundas para cadáveres de los fallecidos por coronavirus, en los kits alimenticios para pobres, en insumos médicos, etc. en hospitales públicos, en Municipios y en Prefecturas, etc. ahora se suma la obtención irregular de carnet para discapacitados que permitió importar vehículos de alta gama con exoneraciones tributarias reflejan que los niveles de corrupción han aumentado y, al parecer, ésta campea en varios campos de la administración pública. Lo grave es que, según parece, hay bandas organizadas que están relacionadas, de acuerdo a las denuncias y detenciones, con altos funcionarios públicos, asambleístas, asesores de éstos, jueces, deportistas, etc. Es un panorama desolador, pues aprovechándose de las funciones públicas, han destrozado la ética y moral pública y, lo más grave, aprovechándose de la emergencia sanitaria, mientras la gente moría en las calles y hospitales por el coronavirus. Más aún hay acusaciones de habría un reparto de hospitales públicos a los asambleístas y, aún más, se ha denunciado que la obtención de ciertos cargos públicos están ligados a la aprobación de proyectos de ley.” Además ahora se han cobrado por falsos beneficiarios las ayudas públicas, principalmente los bonos de desarrollo humano, bono de desarrollo humano para la extrema pobreza y bonos para discapacitados. El Universo reporta “El monto a recuperar ascendió a $ 872.200 y, en el 2019 se calculó en 900.279 y la de este año suman casi $ 2 millones, dinero que no llego a los beneficiarios”. En este nuevo caso de corrupción están acusados funcionarios públicos y de instituciones financieros. Es increíble el nivel de corrupción que se ha llegado, el robo de la ayuda social a pobres y discapacitados rebasa el límite de la moral y ética de, al parecer, una banda bien organizada que muestra el grado de miseria humana. Son unos miserables.
Por otro lado, a los empleados públicos no se les paga todavía el sueldo de Junio, o sea casi un mes de atraso, y, más aún, médicos postgraduados que trabajan en hospitales públicos no se les paga desde Octubre del año pasado, según Televistazo. A los GADs se les adeuda sus asignaciones y devolución del IVA mientras que los proveedores siguen esperando se les pague y ahora el gobierno ofrece cubrir sus obligaciones con bonos. Según El Comercio, hasta mayo de este año, los atrasos suman 2.153 millones a los que se agrega la deuda al IESS, que a Julio de 2020, ascendía a 1.336 millones (solo de este año) y al Banco Central por $ 4.076 millones todo lo cual suma $ 7.565 millones. Esto ha provocado que aumente la deuda interna a 13.991 millones de dólares.
Si bien es cierto que, con la pandemia, bajaron los ingresos tributarios, el gobierno ha compensado esta caída con más deuda externa e interna, pero es claro que en el manejo de la política de gasto ha priorizado el pago de la deuda externa. Sin embargo, con la renegociación del 40% de esta se suspendió el pago de la misma hasta que ésta termine, resulta explicable que no pueda pagar a los empleados públicos, porque se sigue pagando la deuda externa correspondiente a organismos internacionales y de gobierno a gobierno.
Es claro que hay una iliquidez de la caja fiscal pero también que la prioridad es el pago de la deuda externa siendo afectados los empleados públicos que además que no les paga a tiempo sufrieron un recorte del 25% de sus sueldos y ahora también están impagos los médicos postgraduados que trabajan en hospitales públicos que son parte de la primera línea en la lucha contra la pandemia. Ellos son los que están pagando parte del costo de la crisis así como los empleados y trabajadores privados que han sido despedidos. El IESS reporta que entre marzo y junio, de este año, se desafiliaron 270.638. Y, al parecer, se vienen más impactos financieros y económicos pues ya se anuncia un cambio en el sistema de fijación de las tasas de interés, que podría implicar la liberalización de éstas.
Cruda realidad!! Excelente artículo !!
Me gustaMe gusta