Los resultados de la consulta popular determinaran cambios en la Constitución y varias leyes relacionados con los 5 temas del referéndum y, en las dos preguntas de la consulta popular, habría cambios legales. Esto abre la puerta además para más cambios el diseño institucional de país, que implantó el régimen anterior, y nueva de dirección en la política económica.

La consulta tiene un sesgo a favor del sí; la campaña ha sido desigual, pues poco acceso han tenido a medios de comunicación las organizaciones que están a favor del no. Además, la campaña del (oposición: derecha, partidos y movimientos nuevos, FUT, CUT, AP, etc.)  ha principalmente en medios de comunicación, mientras que los del No se han concentrado en visita puerta a puerta y en las redes sociales. Según 3 encuestadoras, el sí ganaría en todas las preguntas, sin embargo no está claro cuál puede ser el efecto sobre el resultado de la campaña en las redes. De las 5 preguntas del referéndum, dos son claves para el gobierno. La segunda, respecto a la cesación de los miembros del CPCCS y el nombramiento de uno transitorio, elegido en base a una terna que enviará el ejecutivo a la Asamblea, lo que significa que puede cambiar a las autoridades de control, del CNE, Defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura, etc. abre la posibilidad de la influencia gubernamental sobre éste. Más aún, en el anexo a esta pregunta, se señala que el ejecutivo enviará un proyecto de ley para cambiar la organización y funcionamiento del CPCCS. Pero la pregunta clave, para el régimen y oposición, es la 3 sobre la no reelección, lo que significa cerrarle el paso a Correa para que se postule a la presidencia y al nuevo movimiento que quiere crear, y establecer restricciones para que éste no pueda participar en las elecciones seccionales de 2019. De ganar el sí, vendría el reparto de la torta con la derecha, la oposición y movimientos sociales afines al gobierno.

Después se daría la ejecución de los cambios de la Constitución; la derogación de la ley de plusvalía, con lo que se abandona la política de redistribución de la riqueza que había iniciado el gobierno anterior. Luego vendría la implantación de un nuevo Código de Trabajo que, al parecer, implicaría nuevos contratos laborales especiales para determinadas actividades económicas y la flexibilización laboral. Seguiría una serie de reformas al marco institucional como al Código de la Producción,  ley de alianzas público-privado, etc. La orientación de estas reformas sería flexibilizar el marco legal para otorgar más incentivos y mayor participación del sector privado. Luego vendría la reforma al Código Monetario para trasladar el dinero electrónico a la banca privada y se aprovecharía para otros cambios. Posteriormente cambios en el Código Tributario, Losep, Ley de Empresas Públicas, leyes de seguridad social, etc. en la misma dirección y ajustes en el sector público, sobre todo en los seguros sociales.

Pero no solo se trata de una reforma institucional. Dado  que los desequilibrios macroeconómicos se agudizan: déficit fiscal, déficit comercial, liquidez fiscal, deuda pública y financiamiento, subempleo, débil nivel de actividad económica, etc. vendría un cambio en el equipo económico y una nueva orientación en la política económica hacia la ortodoxia comenzando con un ajuste fiscal y una reforma estructural del estado,  sector externo, competitividad, reajuste en política social, etc. El triunfo del Si,  le daría al régimen respaldo político y credibilidad para acometer el cambio del diseño institucional y el viraje económico.

Ciertas medidas de política económica,  revelaciones de audio y una serie de errores son factores que van incidir en la consulta popular. El gobierno requiere de respaldo de la población y político para conformar su base de apoyo popular clave para su fortalecimiento,  gobernabilidad y credibilidad.

Hay dos medidas de política económica que influirán en la decisión del voto por el no en la consulta. La primera es haber tomado 300 millones del fondo de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas y, más aún, el haber señalado que son recursos ociosos en una coyuntura en que las necesidades de esas dos provincias son apremiantes como consecuencia del terremoto. La otra medida es seguir con la política de agresivo de endeudamiento. La semana pasada el gobierno anunció la colocación de deuda pública, en el mercado internacional de 3.000 millones que, con las dos emisiones anteriores, sumarían 7.500 millones de dólares  por lo cual, de los 300 millones tomados, se conoce que son por problemas de liquidez de la caja fiscal y para mantener un alto gasto y déficit fiscal. En otras palabras, se posterga el ajuste y se anuncian más medidas de política social, en este mes, a fin de ganar apoyo para el sí en la consulta.

Por otro lado, en  las revelaciones de audio de E. Mangas se conoce la estrategia política del gobierno. En cuanto al dialogo, se reveló, que éste fue solo una fachada en que se escuchaba a los actores pero no se tomaba en cuenta ciertas demandas de los sectores económicos como muestra la ley de reactivación económica. Si se ha dado concesiones a los sectores sociales e indígenas, por la necesidad de respaldo  a la consulta.

La renuncia del Ministro de Inclusión Económica y Social, del Secretario Técnico de Reconstrucción de las dos provincias señaladas, el nombramiento en el Banco del Pacifico de un dirigente de ABA, en TC a un familiar de un miembro de la ID, etc. generan complicaciones al régimen. Los dos primeros son cuestionados por malos manejos.

Por otro lado, la poca movilidad en la campaña de la consulta, por parte del gobierno; la participación de Correa, en la misma, recorriendo casa por casa, alentando el voto por el No y la fuerza de campaña, en las redes sociales, por el No, por parte del ala correista de AP, va sumando apoyo a esta posición.

Sin embargo, el contenido y estructura de la consulta está hecha de tal manera para inclinarse por el sí. Comenzando por la primera pregunta del referendum que prohibiría la participación de corruptos en la vida política, la cuarta que señala que no prescriban los delitos sexuales, la quinta que se prohíba la minería en zonas intangibles; de la consulta,  pregunta 6, que se derogue la ley de plusvalía y, pregunta 7, incremente la zona intangible y reduzca la explotación petrolera en el Yasuní,  en todas estas preguntas la mayoría votaría por el sí.

La clave de la consulta,  en el referéndum, son las pregunta 2 que prohíbe la reelección y la 3 que nombraría a un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Si gana el sí, se le cerraría el paso a Correa y con el nuevo Consejo se nombrarían otras autoridades de Control. El gobierno busca ganar, a toda costa, la consulta popular con el apoyo de la oposición, Democracia Sí, ABA, Pachakutik, ala morenista de AP y ciertos movimientos sociales para apuntalar su credibilidad, apoyo político y popular. Después vendrá la repartición del poder entre los aliados y el ajuste fiscal.

México  es un país pujante, con un pueblo valeroso, culto, posee buenas universidades, con varios premios nobel, tiene una economía semindustrializada y con una juventud que se revela ante la crítica situación social, política y económica. El gobierno agravó la crisis con sus políticas que han aumentado la corrupción, impunidad, pobreza, desigualdad, inflación, etc. A seis meses de las elecciones presidenciales se enfrenta a una encrucijada y debe decidir entre el cambio y la continuidad.

El actual presidente, Peña Nieta, efectúo reformas estructurales, de carácter económico, en el área energética, telecomunicaciones, fiscal  y bancaria, que se orientaron a una mayor liberalización de estos mercados; en lo social, la principal fue la reforma educativa. Como resultado de la primera, hay una liberalización de los precios de los combustibles, que ha dado lugar al aumento continuo del precio de la gasolina super, diésel y del gas. En Enero de este año, los mexicanos fueron afectados por el aumento del precio de la tortilla, un alimento clave de su dieta. La reforma energética ha incidido en la inflación a tal punto que alcanzó, el año pasado, 6.7%, la mayor en 17 años, superando en más del doble el objetivo inflacionario del Banco de México.

En 2017, el nivel de violencia alcanzó los máximos históricos. En efecto,  hubo alrededor de 25.000 asesinatos producto de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado. Pero además, lo grave es el nivel de impunidad que reina en ese país, en el cual la mayoría de los casos quedan en el olvido. Adicionalmente hay que contar los 31.000 desaparecidos que refleja un cuadro aterrador producto de la violencia.

Aunque el nivel de pobreza en 2016 disminuyó a 43.6%, sin embargo son 53.4 millones de pobres, la extrema pobreza, que observó la misma tendencia, alcanzó 7.6% que representaron 9.4 millones. El mayor nivel de pobreza se registra en los estados de Chiapas (77.1%), Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%) y Veracruz (62.2%). En los dos primeros hay mucha población indígena y el tercero esta asolado por la narcoviolencia. Pero además, según el secretario de  la OCDE, la desigualdad del ingreso en  México es el doble de los países de la OCDE, y en los últimos 20 años, hasta el 2015, el nivel de pobreza no había cambiado. Esto es una muestra de cómo los intereses y malos políticos pueden destrozar un país.

A esta situación social y económica la posible salida del TLCAN, que afectaría su economía, la continuación de la construcción del muro en su frontera y las deportaciones de mexicanos desde EE. UU.

Los 3 principales candidatos son del PRI, de México al Frente, MF, (PRD, MC y PAN) y Morena. Los dos primeros significarían la continuidad y el tercero el cambio. El PRI ha llevado al país a la crítica situación y las cifras muestran como aumentó la violencia, corrupción e impunidad. El candidato del MF es del PAN, de derecha, en el poder antes de Peña Nieto, que contribuyó al deterioro económico y social. Morena ofrece un cambio. El deterioro de la situación contribuye a que este en primer lugar de las preferencias electorales.  La encrucijada es la derecha o el progresismo, continuidad o cambio.