Luis Rosero M.
El gobierno efectúo un cambio imprevisto de gabinete y de funcionarios de nivel superior, justo cuando se realizaba la sexta revisión del acuerdo con el FMI y las alertas que había señalado este organismo, lo que al parecer motivo el cambio de autoridades. Para el IV trimestre, se acumulan el mayor gasto público que presiona el déficit fiscal, más endeudamiento externo, de déficit de generación eléctrica, de seguridad y la necesidad de retornar la senda del desarrollo.
En la cuarta revisión del acuerdo con el FMI, el gobierno no cumplió con las 4 metas de déficit: dos del Presupuesto General del Estado (PGE) y dos del Sector Público No Financiero (SPNF). Por ello, el FMI recomendó medidas correctivas como la reducción del gasto tributario y cambios en el régimen tributario minero (principalmente el valor de la tasa de fiscalización). Además, dicho organismo señalo tres riesgos para el segundo semestre del año: una crisis energética por la insuficiente generación de MW que afectaría a empresas y hogares; la inseguridad pública que incide en el costo empresarial y provoca restricciones a la actividad económica y el fenómeno El Niño que afectarían la infraestructura y la producción. Estos tres factores reducirían el crecimiento económico.
En la sexta revisión del acuerdo el gobierno debe cumplir la meta en el PGE, a junio de este año, que el balance primario no petrolero (BPNP) y el balance global (BG) tengan déficits menores. Mientras que del SPNF, el balance primario no petrolero (BPNP) y el balance global (BG) del SPNF tengan un déficit más bajo. La guerra EE. UU. – Irán incremento de los precios del petróleo (WTI para el país) y de los derivados que aumentó los ingresos petroleros, pero también elevo el costo de los combustibles importados reduciendo el ingreso neto petrolero. Así, hasta el 23 de julio, de este año, los ingresos petroleros alcanzaron US$ 1561 millones cifra cercana a la de 2025. Según las estimaciones, se calcula que los ingresos netos petroleros alcanzarían en 2026 unos US$ 900 millones. Por tanto, por estos ingresos adicionales de petróleo, mayor ingreso tributario y las utilidades de las empresas públicas, el BPNP y el BG del PGE , a junio, debieron tener un superávit con lo cual se habrían cumplido estas metas. También el BPNP y el BG del SPNF debieron haber registrado déficits menores a la meta, por dichos ingresos. Pero al mismo tiempo, aumentó el gasto público por el servicio de la deuda y otros gastos, pero se redujo la obra pública y se redujo los gastos en sueldo de la burocracia.
Pero están pendiente otros compromisos. Como el informe actuarial auditado de la seguridad social de 2026 y la auditoría de los estados financieros en Petroecuador. Por eso, es relevante el nombramiento Bernardo Cordovez como nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo y Cynthia Gellibert como presidenta del Consejo Directivo del IESS (PCDIESS). Cordovez ocupaba este cargo (PCDIESS), por lo cual conoce la situación del IESS y buscará dinamizar la economía que que no crecio en el II trimestre de 2026 y más aún, si sigue la tendencia económica del primer semestre, no se alcanzaría la meta de crecimiento de 2.7% prevista para 2026. Gellibert buscará vender los bienes del IESS por dos mil millones para darle liquidez y evitar que el IESS siga desinvirtiendo para cubrir las pensiones, protegiendo su fuente de inversión, y se aplazaría la reforma del IESS hasta 2028.
El punto central de la negociación con el FMI no es solo recibir el saldo del crédito de US$ 1300 millones pues debe pagarle en tres años (2026-28) $ 3090 millones, por lo que el gobierno podría requerir una nueva emisión de bonos soberanos o un nuevo crédito del FMI para cubrir las obligaciones con este. Por eso, la negociación apunta además a un financiamiento con el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad del FMI, para hacer frente a los shocks externos ya sean de carácter económico o climáticos y, de este último, tiene la justificación de enfrentar el fenómeno El Niño. El riesgo que corre el país es continuar con la trampa de endeudamiento externo. Los resultados, a setiembre, del gasto público son US$ 20395 (4% más que sept/2025) que se deben sobre todo al mayor pago de intereses de la deuda pública que subió a US$ 3583 millones; transferencias y donaciones de capital (asignaciones a GAD) que aumentaron a US$ 2665 millones; en obra pública se gastaron apenas US$ 171 millones y los sueldos y salarios de la burocracia se redujeron a 6805 millones, una baja de 397 millones, lo cual refleja la política de ajuste (austeridad) impuesta por el FMI. El déficit del sector público no financiero de 2025 fue de 2.9% del PIB, 1.7% más del previsto en la IV revisión del acuerdo. Para 2026 se estimó un déficit en 2% del PIB.
Por las alertas del FMI, no es casualidad que el gobierno haya continuado con los estados de excepción y toques de queda para enfrentar el narcotráfico. Se han capturado a cabecillas de bandas y la extradición de estos. Sin embargo, si bien en ciertas zonas hubo una cierta baja de sicariatos, en otras el delito migró a otras provincias, también ha aumentado la extorsión y los secuestros persistiendo el estado de inseguridad ciudadana. La lucha contra los carteles ha elevado el gasto del Centro de Inteligencia Nacional por los servicios militares prestados por EE.UU. Así mismo, el gobierno ha presionado, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, a los COE Nacional y provincial para que presenten los planes para la prevención y auxilio de los efectos del fenómeno El Niño. Más aún, ya asignó un presupuesto de US$ 650 millones para este fin.
Lo complicado es no caer en cortes de energía eléctrica. Desde septiembre la cota de la central Mazar y el caudal que alimenta a la central Coca Codo Sinclair han bajado, provocando una caída en la generación. El Cenace estimó un déficit de 1000 a 1200 MW. Por ello, el gobierno tomo dos medidas. Inicialmente el corte de energía por un día a las empresas de alto voltaje AV1 y AV2, que después se ampliaron a 48 horas. El gobierno solo ha contratado dos barcazas de generación eléctrica por 200 MW, el arrendamiento de motores de generación por 45 MW y ofrece un subsidio a los hogares que reduzcan el consumo de energía. El Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía planteó corte de energía de 2 horas diarias en la madrugada dado que son insuficientes las medidas tomadas. La ONU anticipó hace más de un año El Niño y la capacidad de generación ha aumentado muy poco. Por otro lado, el gasto subió en una serie de programas y transferencias sociales para mujeres, capacitación a emprendedoras, subsidio a viviendas de interés social, programa de gestión hospitalaria y del programa Jóvenes en Acción (se agrego a 700.000 jóvenes con transferencia US$ 400 por mes, por un bimestre, con un gasto de US$ 560 millones). Este último programa otorgaba a los beneficiarios 4 meses de transferencias, con el objetivo de generar empleo, y ahora se las redujo a dos meses, con lo que no se genera empleo de largo plazo y esta política social, al parecer, no se encuadra en la planificación de largo plazo de la política social. En total son cerca de US$ 1000 millones de gasto en el contexto de las elecciones seccionales ad portas. Pero, el problema no es solo que el aumento del gasto eleva el déficit fiscal, pues ya comenzaron las presiones inflacionarias (mayor precio del arroz, huevo, etc.) en tanto que las empresas de AV1 Y AV2 tendrán un aumento de tarifa eléctrica de 150% que aumentarán sus costos y se trasladarían a los precios, presiones que serían mayores con El Niño.
Finalmente, la renuncia de Sariha Moya, ex ministra de Desarrollo Económico y Productivo, provocó la caída de los bonos de la deuda externa del país y un alza en el riesgo país. Ante posibilidad de una nueva emisión de bonos externos, el gobierno trataría de asegurar la sostenibilidad fiscal y la capacidad de pago a los inversionistas para mostrar la fortaleza de las finanzas públicas, cumplir con las metas del acuerdo con el FMI y una nueva gestión de deuda que podría implicar nuevo canje o recompra de deuda para aliviar la presión de los vencimientos a corto plazo. En pocas palabras, lo que esperan los inversionistas es que el país demuestre fortaleza fiscal y un aval del FMI que garantice disciplina macroeconómica y fundamentalmente fiscal que puede implicar mayor tributación y menos gastos tributarios (eliminación de exenciones a tributos). Este sacrificio debería sacar al país de la trampa de la deuda externa, atender los problemas estructurales y retomar la senda de desarrollo.
