Luis Rosero M.
La crisis ambiental y de recursos naturales esta provocando apagones, cortes de agua y genera varios impactos económicos que afectará a toda la población. La gestión de esta crisis, por parte del gobierno, ha sido criticado por algunos sectores. Lo cierto es que la imprevisión llevará a que estos efectos se manifiesten por los menos hasta marzo de 2025, un mes antes serán las elecciones y por la falta de acción a tiempo de la crisis eléctrica el gobierno será afectado. Un gobierno responsable debe planificar la instalación y operación de un sistema de generación mixto con energías alternativas, hidroeléctricas y como emergencia la que se genere con combustibles fósiles.
El efecto invernadero causa el cambio climático que, junto a los fenómenos de El Niño y la Niña, han generado un aumento de la temperatura media del aire en el planeta, a tal punto que la temperatura en el verano de 2024 se convirtió en el más caluroso de la tierra y llevaría a que dicho año sea el caluroso de la historia. En el país, después de pasar por el fenómeno de El Niño, en el invierno de 2024, está sufriendo el impacto de La Niña que provoca escasez de lluvias que se manifiesta en sequía. Por efecto de ésta, se producen incendios. A tal punto que, entre 23 de agosto-28 de septiembre de este año, se han registrado 1337 incendios forestales en 21 de las 24 provincias, según la Secretaría de Riesgos. La sequia y los incendios ha generado el incremento de precios en productos de la canasta básica, principalmente en la sierra. Por otro lado, hay insuficiencia de oferta de maíz que llevaría al aumento del costo de los huevos y los productos que tengan insumos de maíz. En Guayas ya se siente el incremento en verduras y hortalizas. En suma, habrá un aumento de la inflación mientras dure la sequía. La falta de lluvias además esta generando la escasez de agua en los ríos, principalmente de la sierra y la zona donde se ubican las principales hidroeléctricas. En Cuenca, el rio Tomebamba se seco y bajaron su caudal los ríos Yanuncay y el Tarqui. El estiaje, en consecuencia, ya lleva 67 días siendo el periodo de mas larga sequia de la historia. Esto llevo a que la Secretaría de Riesgos declare el estado de alerta roja en 19 provincias, principalmente de la sierra, por el déficit hídrico. En consecuencia, habrá racionamiento de agua en varias provincias. Quito ya anunció su programa de corte de agua.
El país tiene un déficit de oferta de energía eléctrica de 1080 MW. El gobierno para enfrentar la crisis eléctrica contrató, el mes pasado, una barcaza de generación eléctrica de 100 MW, lanzó este mes una licitación de 750 MW de nueva generación eléctrica. Según el Boletín 371 de la Presidencia, de la semana pasada, el gobierno informa que con el primer bloque de generación, que se gestiona, se aportaría 341 MW que incluye la primera barcaza de 100 MW y con un segundo bloque se obtendrían hasta 1020 MW que agrega la contratación de más barcazas y generación en tierra. A pesar de estas acciones recientes del gobierno, en marzo de 2024 Cenace alertó que el sistema eléctrico estaba en condiciones de alto estrés y al borde del colapso. El diario La Hora publicó, el 18/09/2024, un titular “Crisis Eléctrica: El Gobierno se demoró en tomar decisiones y los apagones de 8 horas solo serán el inicio de una situación que golpeará aún más la economía”. El titular ahorra nuestros comentarios. Es claro que el problema eléctrico no es solo responsabilidad de este gobierno. En efecto, ha habido falta de mantenimiento e inversión en algunas las hidroeléctricas, lo que se critica es la falta de acción a tiempo para enfrentar el problema. Más aún, el gobierno envío un proyecto de reforma a la constitución para que el estado deje de financiar los gastos electorales de los partidos que para algunas fuerzas políticas no son más que una cortina de humo frente al problema eléctrico. Además, el presidente envío otro proyecto de reformas a la constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, tratando de dar la imagen de que con esas instalaciones podría reducirse la violencia y la inseguridad ciudadana en el país.
Además del apagón nacional del 19 de septiembre, el 20 de dicho mes Quito y Guayaquil sufrieron cortes de luz sorpresivos, el día de ayer, 12 provincias sufrieron corte de luz; por otro lado, los Ministerios de Producción y Energía elaboraron un plan de racionamiento de energía en el sector industrial que llevará a éste encienda o contrate generadores eléctricos y, en esta semana, habrá los cortes de luz del 23 al 26 de septiembre, pero ahora diurnos, a nivel nacional. Lo crítico es que serán, en Guayaquil, cortes de 6 horas distribuidos en dos jornadas. En otras ciudades, como Quito, serán de hasta 8 horas diurnas. Los cortes de luz continuarán en las siguientes semanas probablemente hasta marzo de 2025 si es que no hay lluvias en las zonas en que están localizadas las hidroeléctricas.
Si bien, lo que esta haciendo el gobierno es enfrentar una situación de emergencia debe planificarse la generación de energía para el corto, mediano y largo plazo. En el primer período, la posibilidad alternativa es la energía solar y eólica; en el mediano, interconexión o compra de energía a otros países y en el largo inversión en nuevas hidroeléctricas y en mantenimiento de las existentes. La generación con combustibles fósiles o con termoeléctricas es muy cara, se terminará el petróleo y tiene un alto impacto ambiental. Un gobierno responsable debería desarrollar un sistema de generación de energía mixto que combine las energías alternativas (solar, eólica). Hidroeléctricas y para situaciones de emergencia la que se genere con combustibles fósiles o termoeléctrica.
En el artículo “Crítico escenario económico y social el tercer cuatrimestre de 2024”, del 26 de agosto, había señalado el aumento de la crisis en esos ámbitos. Ahora, el Banco Central ya lo confirma al anunciar que la economía crecería 0.9% en 2024, pero ahora con los apagones, la sequía y la escasez de algunos productos el crecimiento sería cero o cercano a éste, la inflación sería más alta con lo que el costo de la vida se encarecería, aumentaría el desempleo, subempleo y la informalidad lo cual a su vez aumentaría la pobreza y el hambre. Más aún, esto se daría en medio de la crisis de inseguridad ciudadana. En suma, deterioro económico y social de la población en el marco de las acciones del crimen organizado que generan más temor, miedo e incertidumbre en la población.