Luis Rosero M.
Milei continua con su esquema económico que busca la estabilización de precios que, según su doctrina, depende crucialmente de la variación del tipo de cambio, del déficit fiscal y emisión monetaria. En lo estructural, se vale del aparato estatal para la destrucción del estado, se encamina al levantamiento de las restricciones cambiarias (levantamiento del cepo), reducir los desequilibrios macroeconómicos y su meta final es aplicar la dolarización. Logró el superávit fiscal, pero haciendo recaer el peso del ajuste sobre los más débiles de la sociedad (asalariados, empleados, informales y desempleados), jubilados y clase de media. Todo esto ha sido posible, por la aprobación del Congreso de la ley Bases (ómnibus) y la desregulación (DNU) que fueron apoyadas por el PRO (Macri), el radicalismo (del expresidente Alfonsín) y los legisladores libertarios. En este artículo, trataremos de como la política económica ha afectado las condiciones sociales de las mayorías.
En política económica, hay distintas formas de reducir y eliminar un desequilibrio macroeconómico. Para alcanzar el superávit fiscal, el gobierno aplicó la reducción de subsidios a los servicios y bienes básicos (transporte, gas, electricidad, etc.) lo que ha llevado al aumento de precios de éstos. Por otro lado, busca una realineación de los precios relativos que ha conducido al incremento de algunos bienes. Los jubilados perdieron poder adquisitivo con la inflación que no ha sido recuperado aún con los bonos que le entregó el gobierno. Este llegó al extremo de vetar totalmente la ley de movilidad jubilatoria que permitía compensar la pérdida adquisitiva que fue avalada por el FMI. En consecuencia, el fuerte ajuste también lo están pagando los jubilados. Estos tratando de defender su nivel de vida han protestado, opuesto resistencia y el régimen los reprimió salvajemente. Se han convertido en nuevo opositor al gobierno en las calles, defendiendo su nivel de vida. En suma, si bien la inflación mensual se ha reducido a 4.2% en agosto, sin embargo, la inflación anual es muy alta alcanzando 236.7% en dicho mes. Esta es la que importa, ya que refleja la inflación acumulada y como ha aumentado el costo de la vida. En efecto, según el INDEC, para un hogar de 4 miembros, la canasta básica total, en diciembre de 2023, fue 495.798 pesos, mientras que en agosto de 2024 llegó a 939.886, que representa un incremento de 89.5%. En tan solo 9 meses, del gobierno actual, el costo de la vida ha aumentado 90%, deteriorando la calidad de vida de los argentinos. El costo social, de la política económica del gobierno, no solo se refleja en el deterioro del nivel de vida sino además en el aumento de la pobreza. Según un estudio de la Universidad Católica Argentina esta llegaría alrededor del 54%, que se debe a la recesión empujada por el esquema de política económica del gobierno. Pero no todo es porcentaje se debe al gobierno actual, en lo que va del régimen este habría aumentado la pobreza en 13%.
Además, de la variación de los precios de los servicios y productos básicos que ha aumentado el costo de la vida, a lo que se suma la devaluación del peso que ha influido en las expectativas inflacionarias. Así, la variación cambiaria del dólar del mercado negro (blue) entre diciembre 2023 – agosto 2024 alcanzó 27.3%. La variación máxima de este fue el 16 de julio de 2024 donde llegó a 1500 pesos y de ahí ha comenzado a reducirse llegando el 13 de setiembre a 1265 pesos. En agosto 2 se cotizó en 1395 pesos y septiembre 2 llegó a 1305 pesos, una reducción 6.4%. Esta variación es importante, ya que el gobierno ha señalado que cuando la variación del tipo de cambio alcance 2% podría levantar las restricciones cambiarias.
Si bien, ha logrado bajar la inflación mensual, el gobierno enfrenta otros retos. Tiene iliquidez en divisas y las RMI del Banco Central son bajas. Esta última, es importante para la intervención de dicho banco en el mercado cambiario. Las reservas bajas limitan dicha intervención. Los exportadores se niegan a vender rápido sus divisas esperando que el tipo de cambio suba, lo que afecta a la liquidez en divisas del país. En consecuencia, la falta de divisas impide que el Banco Central pueda reducir el tipo de cambio. Se ve lejano que se levanten las restricciones cambiarias. Por otro lado, hay dificultades para cubrir el servicio de la deuda interna y externa. El gobierno reestructuró la deuda interna cambiando los bonos a más largo plazo. En la externa, se encamina a una renegociación de ésta ya que se registra una tendencia insuficiente divisas para servirla.
El ajuste del gobierno, ha reducido además el gasto público en varios rubros como ciencia, educación, eliminó el ministerio de la mujer, redujo el presupuesto a universidades, etc. Bajó, el 2 de septiembre, el impuesto país a las importaciones de 17.5% a 7.5% para tratar de reducir el precio de los bienes importados e influir indirectamente sobre el precio de los bienes de la canasta básica total. Sin embargo, esta medida reduce los ingresos fiscales que lo compensó reintroduciendo el impuesto a las ganancias (ingresos) de un grupo de trabajadores y empleados.
En síntesis, el ajuste fiscal ha recaído principalmente sobre asalariados, jubilados y clase media que está desapareciendo. No lo paga la casta como prometió, más bien se ha deteriorado el nivel de vida de estas clases sociales. Pero, además, la recesión que se estima en una contracción de -3.5% del PIB traerá aparejado aumento del nivel de desempleo, subempleo y del sector informal que sumaría más pobres. En definitiva, el costo de la crisis y del ajuste fiscal lo están pagando los más débiles de la sociedad. El deterioro del nivel de vida continuará con las reformas estructurales, principalmente por la de la reducción del tamaño del estado. Esta carga de la crisis a dichos grupos sociales solo es comparable al ajuste ultra draconiano de Grecia de 2010-2011, una tragedia griega. La alianza de la derecha con Milei ha permitido aprobar leyes que remite el ejecutivo sin embargo el Senado acaba de aprobar una ley de financiamiento universitario que mejora su presupuesto y rechazo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgaba cien mil millones de pesos de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado, hecho que ocurre por primera vez en la historia del Congreso. Dada la crítica situación social, al parecer, esta decisión podría poner limites al afán del gobierno de imponer su esquema de libertad de mercado en todas las áreas de la sociedad.
Pensamiento y comportamiento 