Luis Rosero M.
En la última semana de Mayo se cumpliría el primer año de gobierno de Lasso, período en que no ha logrado enfrentar con eficacia la crisis de seguridad ciudadana, ni varios problemas en la salud pública, ni dar solución inmediata a problemas urgentes, etc. y si a eso le agregamos la crisis institucional en la Asamblea, en la justicia, en las fuerzas armadas, etc. observamos que se ha configurado una crítica coyuntura social, institucional, de gestión gubernamental, etc. que dio lugar a una crisis de gabinete (3 ministros renunciaron) y una alta funcionaria relacionada con los derechos humanos.
A más de las masacres en las cárceles, en Abril de 2002, explotó un coche bomba cerca de un recinto carcelario de Guayaquil y además se detectaron 5 bombas en el parqueo del centro comercial Albán Borja, en el que se ubica la Unidad Judicial, en el que se iba a tratar el habeas corpus solicitado por un líder de una banda. Si esto fuera poco, continúa incrementándose la inseguridad ciudadana por las muertes violentas, sobre todo en zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), en la que solo en 2 días, de la última semana de Abril, se cometieron 18 asesinatos por sicariato, todo esto sucedió aún con los militares en las calles. Es un reflejo de la falta de una estrategia efectiva para frenar a los grupos ligados al narcotráfico que mantienen en zozobra y temor a la población de dicha zona y que se ha extendido a varias provincias de la Costa. Esto provocó la renuncia del Ministro de Defensa, de la Secretaria de Derechos Humanos que presidia el organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social y la renuncia, de Nelsa Curbela, presidenta del organismo creado por el Ejecutivo que buscaba reducir la violencia en los centros carcelarios. Más aún, el Presidente declaró estado de excepción y toque de queda en Guayas, Manabí y Esmeraldas, lo que demuestra la gravedad de la situación. Más aún, sicarios mataron un policía, en Guayaquil, durante el estado de excepción.También se registró una violación, en Quito, de una alumna del colegio Dillon. Fabricio Vela, del programa A primera Hora, de radio Sonorama, entrevistó al abogado defensor de la familia de la afectada que señaló que no se aceptó de inmediato la denuncia en la Fiscalía, la rectora del plantel ocultó el nombre de éste y las autoridades del mismo supusieron que la adolescente estaba alcoholizada todo lo cual dio lugar a que escapará el violador. Estos hechos muestran la crítica coyuntura en la seguridad ciudadana que, en parte, está ligada con la crisis en la justicia.
En efecto, algunos jueces han otorgado habeas corpus violando procedimientos legales y que a otros se les otorgue la libertad reduciendo la pena u obtención de la libertad, lo que permite a los que violan la ley cambien la cárcel por medidas cautelares. Lo más increíble, en el caso de la violación de la alumna, es que no se haya aceptado la denuncia y no se realizará la flagrancia por no conocerse el nombre del violador. Este hecho muestra que algunos procedimientos legales, favorecen al que comete el delito. Por otro lado, la Asamblea se haya atrapada en un conflicto jurídico entre los partidos que quieren destituir a su Presidenta y esta ha acudido a acciones de protección por supuesta violación de sus derechos, lo cual además de tener paralizada la actividad legislativa, y, a decir de algunos asambleístas, hay intromisión en sus funciones por otros poderes del estado. Por otro lado, la Corte Constitucional rechaza la ‘injerencia’ en sus funciones por parte de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura por los habeas corpus concedidos. No solo hay una crisis institucional en la Justicia sino que además se trataría de involucrar también a la Corte Constitucional.
Adicionalmente, hay carencia de medicinas en hospitales públicos, se despidió a personal de salud y deudas del IESS y Ministerio de Salud a clínicas privadas. El Universo reportó que los pacientes tienen que comprar medicinas y otros insumos médicos y, por otro lado, dichas deudas frenan la atención de pacientes derivados, por dichas instituciones, a tales clínicas. A más de eso, las inundaciones producto del fuerte invierno ha provocado muchos damnificados, daños en viviendas, infraestructura física, etc., sobre todo en regiones de la Sierra, pero con poca atención prioritaria. A más de eso, los maestros realizaron manifestaciones en Quito para el alza de sus sueldos. Y en la protesta del 1 de Mayo, ya se habló de que se vayan todos, de aplicar la muerte cruzada y adelantar las elecciones así como la revocatoria del mandato. A eso se suma que todavía no hay solución al irrespeto al precio oficial del arroz y del banano, por las que los agricultores realizaron protestas por varios meses. Se dio una solución parcial con los primeros aumentando el precio oficial de la saca de arroz, pero sigue el irrespeto en el banano. Esto provocó la renuncia del Ministro de Agricultura. Para agravar el panorama la visita de Don Naza, que captaba dinero ilegalmente con su pirámide, a las instalaciones del Ministerio de Defensa, deja dudas sobre la participación de algunos miembros en ese negocio ilícito, la acusación de EE.UU de narcogenerales en la Policía, etc. agravan la coyuntura que vive el país.
A marzo, por el aumento de los precios del petróleo, como efecto de la invasión rusa a Ucrania, y mejora en la recaudación tributaria, se registró un superávit fiscal de 690 millones. Lo paradójico es que, según Expreso, esta situación, declaró “Ilan Goldfajn, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, crea un espacio para que el país pueda hacer «inversiones que fomenten el crecimiento, así como para producir colchones para asegurar la sostenibilidad fiscal en el largo plazo». Hay los recursos para atender estas necesidades apremiantes pero el Ministro de Finanzas está esperando que el FMI le diga en que gastar dichos recursos, valiéndose de la renegociación del convenio firmado con este organismo.
Este conjunto de hechos, además de los efectos ya señalados, muestran la inestabilidad política del régimen y generan una pérdida de la credibilidad de la población en la Justicia, Asamblea, Ejecutivo, Fuerzas Armadas, etc. así como la falta de una repuesta ágil y oportuna a los problemas de los hospitales públicos, respeto a los precios oficiales de productos agrícolas y poca ayuda a damnificados por las inundaciones agrava la crisis de las principales funciones del estado y contribuyen a la falta de gobernabilidad. El gobierno, con distintas tácticas mediáticas, trata de desviar la atención para camuflar su falta de capacidad en su gestión. Este torbellino profundiza la crisis coyuntural y genera dudas sobre la gestión eficaz del régimen, lo cual puede llevar a una bola de nieve que arrase con todo. Ya se escuchan voces de que se “vayan todos”, que fue la consigna de los piqueteros (desempleados), de los cacerolazos de la clase media y la asamblea de vecinos (pobres) que llevaron a la renuncia del Presidente de la Rúa, a fines de 2001, como epilogo de la crisis argentina.
Pensamiento y comportamiento 