Luis Rosero M.
Los desequilibrios macroeconómicos y la crisis social se agravarán, en el último cuatrimestre de año, por varios factores entre los que resalta el estiaje en ese período, lo cual a su vez incidirá en el deterioro de la situación social. Aún más, estas tendencias se darán en el marco de la precampaña electoral de las presidenciales y Asamblea Nacional que afectará las preferencias electorales del candidato oficial por el agravamiento del escenario económico-social.
En lo económico, Primicias pública la Declaraciones sobre el clima de inversión del Departamento de Estados Unidos señalando que el país tiene potencial productivo pero enfrenta tres grandes desafíos en su intento de estabilizar la economía y el clima de inversión: crisis fiscal, inseguridad y crisis del sector eléctrico. Ya lo hemos señalado, en cuanto a lo fiscal, si bien el gobierno ha logrado reducir el déficit fiscal, en base a mayores impuestos y contribuciones, amnistía fiscal sin tocar el gasto público. El peso del ajuste ha recaído sobre la población de menores recursos y grupos vulnerables. Bloomberg ratifica dicha baja señalando que el déficit fiscal en 2023 alcanzó -5.3% del PIB, en junio de 2024 llegó a -3.9% y la meta fiscal para este año es -3,5%. En julio, de este año, el ministro de Finanzas declaró que el déficit de 2024 estaría entre 2500 a 3000 millones de dólares o sea alrededor de -2.5 a -3% del PIB. Esto es sin considerar los costos que demandaría el estiaje.
En cuanto a la crisis eléctrica, provocada estructuralmente por falta de inversión en el sector y coyunturalmente por el estiaje, el gobierno anunció un adelanto de éste. El país enfrenta un déficit de energía eléctrica de alrededor de 1000 MW, equivalente a 7 barcazas, y ha conseguido contratar 341 MW, en los que se incluye la barcaza turca de generación eléctrica, que está ya en el país. El gobierno declaró la emergencia eléctrica, a mediados de agosto de este año, que le permite al Ministerio de Energía la adquisición, arrendamiento y generación adicional de energía que implicaría contratar de 750 MW más, lo que supondría traer dos barcazas más. En esta situación, Colombia limitó la venta de energía al país, para atender sus propias necesidades, y solo será de tipo térmico que es más cara. El ministro de Energía no descartó los apagones, justificándolos por la anticipación de un mes del estiaje, que afectaría a toda la población y a la actividad económica. Además, el gasto de contratación de más energía eléctrica incidiría en un mayor déficit fiscal. Una esperanza del gobierno para 2025 es la entrada de operación de la central Alluriquín, parte del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón que aportaría 254 MW, la cual entraría a operar en el I cuatrimestre de dicho año. La duda es si puede iniciar a generar electricidad antes de la elección presidencial del 9 de febrero.
La emergencia eléctrica y los apagones también incidirán en el nivel de actividad económica. En efecto, la tendencia a la desaceleración, que habíamos advertido, se acentuará porque al estar impedido los negocios y empresas de comercializar o producir a lo que se suma el convenio con el FMI, el cual tiende a contraer la economía, con lo que tendríamos un menor crecimiento económico impactando en el empleo y agravaría la crisis social. En efecto, la tasa de desempleo se ha mantenido en 3.7% entre julio de 2023-2024. Pero, el principal problema en el mercado laboral es el subempleo que registro, al mismo de este año, 20% y el empleo sector informal que alcanzó 54.4% a julio de 2024 respectivamente.
Como consecuencia del deterioro del mercado de trabajo, la migración ha aumentado. En el artículo anterior había señalado que en el primer trimestre de 2024 habrían cruzado la selva de Darién 13405 ecuatorianos. Hasta mediados de agosto, de dicho año, la cifra había aumentado a 14569 ocupando los ecuatorianos el tercer puesto de los migrantes que cruzaron dicha selva. De enero a julio de 2024 fueron detenidos 74175 ecuatorianos por la Patrulla Fronteriza de EE.UU., que representa un 41% más que el mismo período del año anterior.
La crisis social se refleja en el nivel de pobreza. Según el INEC, a diciembre de 2023, el 26% vive en situación de pobreza, lo que implica que 4.8 millones de ecuatorianos, mientras que la pobreza extrema representó 9.8%. Otro reflejo de la pobreza es la desnutrición crónica infantil que, en 2023, alcanzó 20.1% (uno de cada cinco ecuatorianos), mientras que en la población indígena llegó a 33.4% según la OPS. Con la tendencia la desaceleración de la economía, es muy factible que estos indicadores sociales aumentaron en 2024.
En síntesis, la tendencia a la desaceleración económica, en este año, se agravará por el estiaje, los apagones e inseguridad ciudadana que disminuirán el crecimiento económico situándolo en cercano a cero lo que a su vez deteriorará el mercado de trabajo con menor nivel de empleo, aumento del subempleo y mayor tamaño del sector informal. Como consecuencia de esto, los niveles de migración crecerán. A su vez, crecerá la pobreza, el hambre y la desnutrición infantil. O sea, una mayor crisis social que es atenuada parcialmente por las remesas de los migrantes y los subsidios sociales. Los apagones y el deterioro del mercado de trabajo causaran malestar en la población a lo que se agrega el mayor temor y más miedo por la inseguridad ciudadana. Por otro lado, el costo de la emergencia eléctrica aumentará el déficit fiscal de 2024, lo que implicaría una nueva reforma tributaria para el siguiente año. En suma, un escenario económico y social empeorado restará apoyo popular a la candidatura presidencial oficial. El gobierno buscará apalancarla a través de medidas sociales y económicas para compensar la reducción de la popularidad.