Luis Rosero M.
En su discurso de posesión, Castillo, en su plan de gobierno, priorizó la lucha contra el coronavirus, la reactivación económica para generar empleo, lucha contra la corrupción y una fuerte política social para ampliar y mejorar los servicios públicos a fin de mejorar las condiciones de vida de los peruanos.
En cuanto a salud, señaló que ésta es un derecho que el estado debe garantizar. En primer lugar, la vacunación anticovid y la construcción de un sistema de salud que priorizará la atención médica primaria. Para ello construirá hospitales en las diferentes regionales, mejorará la atención de centros y postas de salud y un equipo móvil para atender a las familias.
Planteó el respeto a la propiedad privada, redistribución de la riqueza, control de los monopolios, en especial los del gas y las medicinas, crédito barato a través del banco de la nación, promoción de la inversión y la aplicación del criterio de la rentabilidad social en ésta.
Para la reactivación económica y generar empleo, realizará un programa de inversión pública en infraestructura regional y generación de empleo temporal, reprogramación de deudas de las pymes, programa de crédito para la protección del empleo y priorización de los sectores más afectados por la pandemia: agricultura, pymes, turismo y transportes. En los proyectos de inversión pública se priorizará los de agua, alcantarillado y saneamiento; en vivienda, se impulsará el programa Techo Propio. Hará un reordenamiento del sector minero estableciendo reglas claras. En el sector pesquero asegurará la sostenibilidad. En cuanto a la agricultura asignará más recursos al Fondo Fae Agro y fortalecerá el Agrobanco para el impulso del pequeño agricultor y economía campesina. Fortalecerá del Programa Nacional Mujer emprendedora otorgando créditos. En cuanto a petróleo, la empresa petrolera nacional participará en todas las etapas del proceso incluyendo la comercialización de derivados y regular así sus precios. En transporte y comunicaciones, fomentará la construcción de caminos rurales y mejorará el transporte público. Protegerá el medio ambiente. En lo fiscal, aplicará mecanismos para reducir la evasión y elusión tributaria.
En cuando a la política social, plantea un aumento del presupuesto para la educación pública y superior. En la primera comenzará con el fortalecimiento de la educación parvularia y primaria. Establecerá en las zonas rurales, viviendas y centros de recursos pedagógicos para docentes; alimentación para estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria. En zonas rurales y urbanas implementará un programa de compras estatales con productos locales, para combatir el hambre. Fortalecerá la protección social con el acceso y derecho pleno a salud y pensiones.
En lo política, buscará la formación de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1993 para cambiar, entre otras, las disposiciones que benefician a las grandes corporaciones. Como un gran signo de cambio planteó que no gobernará desde el Palacio de Pizarro, para romper con ataduras de dominación y establecerá en éste el nuevo Ministerio de Culturas.
En síntesis, Castillo establecerá un plan de gobierno nacionalista (elaborado por Francke, su asesor económico) con fuerte énfasis en la política social, priorizando la salud, educación y protección social; una reactivación económica, impulsando la agricultura, pymes, turismo y transporte, para generar empleo, apoyo para las pymes, la mujer y sector informal; renegociará los contratos de inversión en sectores estratégicos con las transnacionales para mejorar los ingresos del estado y aplicará mecanismos para reducir la evasión tributaria. Para llevar a cabo su propuesta, tendrá que luchar en dos frentes. Uno, al interior de su propio partido y con su líder, quien ya le impuso un Jefe de Gabinete, que llevó a Francke a rechazar brevemente el Ministerio de Economía que finalmente aceptó, y, por otro lado, con los partidos de derecha, que dominan el Congreso, y los grupos económicos y sus aliados que buscarán defender sus intereses. Su plan está orientado a la redistribución del ingreso, con servicios públicos de calidad, para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los peruanos, reducir la pobreza y el hambre. Para financiar su plan, buscará obtener mayores ingresos para el estado con la renegociación de contratos que explotan recursos naturales y, por otro lado, reduciendo la evasión tributaria. Castillo tendrá un gran desafío económico –por la contracción de 11.1% del PIB en 2020-, social –para mejorar el bienestar debe reducir el déficit fiscal- y político –debe enfrentarse a los radicales de su partido, negociar por su minoría en el Congreso y con los empresarios-.
Pensamiento y comportamiento 